El Gobierno de Puerto Rico presenta detalles del plan para afrontar la grave crisis fiscal
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, adelantó hoy que el plan fiscal a largo plazo que redacta el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico estará centrado en tres áreas —crecimiento económico y reformas estructurales, estabilidad financiera y las reformas institucionales— que, a su vez, derivarán en 132 proyectos en 14 estrategias principales, aunque estos proyectos no necesariamente redundarán en medidas legislativas o nuevas leyes.
Un borrador de este plan se espera que esté listo en las próximas dos semanas, anticipó el secretario de la Gobernación, que también dijo que ha habido conversaciones con los acreedores sobre lo que incluirá este plan. «Las metas deben estar atemperadas o alineadas con el plan (fiscal). Sobre ese particular son las conversaciones informales que se tienen con los acreedores», sostuvo.
«Algunas estrategias que se han estado trabajando en términos de crecimiento económico y reformas estructurales se ha hablado de promover el crecimiento, mejorar la facilidad de hacer negocios, (y) reformas laborales en el sector privado para incentivar la creación de más empleos», afirmó Suárez en una rueda de prensa en La Fortaleza.
En el área de estabilidad financiera, anticipó que se está manejando la «transformación del Departamento de Hacienda, la evaluación de todo el régimen contributivo de corporaciones», «mejorar la eficiencia del Departamento de Educación, reformar el sistema de salud pública, reducir las apropiaciones a entidades independientes o fiscalizar el uso de los recursos a esas entidades independientes, alcanzar la sustentabilidad de las corporaciones públicas, la reorganización de la estructura gubernamental, capitalizar y reformar los sistemas de retiro, (y) el intercambio de deudas de Puerto Rico».
En términos de las reformas institucionales, indicó que incluirán «la creación de la junta de control fiscal y el reformar las instituciones gubernamentales que tienen que ver con la data financiera, la data que se provee a los mercados financieros y cómo darle mayor transparencia a los mercados financieros sobre la data que maneja el Gobierno».
Sin embargo, sobre la junta de control fiscal, que tendrá a su cargo fiscalizar el cumplimiento del plan fiscal a largo plazo, poco se ha establecido, más allá de que están evaluando sus implicaciones constitucionales porque podría tener poderes sobre el Ejecutivo y la Legislatura. Sobre los nombramientos, inicialmente Suárez dijo que los haría el gobernador. Hoy se limitó a decir que «la forma en que se designan tiene distintas variantes. Es por el Gobierno y por el Ejecutivo».
Aunque se ha planteado la posibilidad de que sea el Congreso federal el que nombre esta junta, el secretario de la Gobernación sostuvo que «simplemente ha habido rumores», pero no «una medida especifica». «Vamos a ver si esos rumores se dan en un planteamiento», declaró.
En Estados Unidos, ha habido juntas de control fiscal en Washington DC y en la ciudad de Nueva York, entre otros. En el primer caso, fue el Congreso el que nombró la junta, que tenía poderes sobre el gobernador de Washington DC. En el caso de la ciudad de Nueva York, fue la Legislatura del estado la que nombro la junta fiscal, que tenía poderes sobre la Legislatura municipal y el alcalde. No ha habido casos de juntas fiscales nombradas por el propio ente que se va a fiscalizar.
Por otro lado, Suárez declaró que el plan fiscal incluirá recortes en gastos gubernamentales, pero rechazó decir la cantidad a la que podrían acercarse. Sí dijo que serían menores a los $1,000 millones que recomendó el informe Krueger en recortes.
Sobre la participación en estas reuniones, el funcionario sentenció que «han actuado alrededor de 50 oficiales de Gobierno de 25 agencias, expertos en cada uno de los temas, expertos financieros, economistas, tanto del sector privado como del público, economistas del sector sindical, abogados de la Coalición del Sector Privado, abogados del sector sindical, académicos, organizaciones sin fines de lucro y distintas organizaciones del sector privado que han traído sus propuestas». Sin embargo, aunque se le solicitó, no ha provisto una lista de nombres específicos.
