Crisis fiscal: tras el impago, principales bonistas empiezan presión contra el Gobierno
Los principales bonistas de Puerto Rico, Oppenheimer Funds y Franklin Advisers, solicitaron mediante carta al gobierno de Puerto Rico que realice cuanto antes el pago de $58 millones de la deuda que venció hace seis días de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés).
En una misiva de seis páginas enviada al presidente de la PFC, José Pagán Beauchamp y con copia a la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) Melba Acosta Febo y a todos los miembros de la Junta del BGF, este miercoles los principales bonistas de Puerto Rico le recordaron al gobierno dos leyes locales que facultan al secretario de Hacienda a desembolsar el dinero para el pago de la deuda.
Específicamente Franklin y Oppenheimer destacaron en su misiva al gobierno que las leyes 113 de 1994, la ley 164 de 2001, establecen que el gobierno de Puerto Rico debe cumplir con el pago de principal e intereses de sus obligaciones.
“La ley provee el siguiente mecanismo para el pago: Se autoriza al Secretario de Hacienda a adelantar los fondos necesarios para pagar principal, intereses y cualquier otro pago relacionado a dichos adelantos, compromisos, obligaciones y préstamos. Cualquier cantidad adelantada será reembolsada al Secretario de Hacienda mediante las asignaciones presupuestarias autorizadas bajo esta Ley”, reza la carta que a su vez cita el Artículo 5 de la Ley 164.
Asimismo los principales bonistas de Puerto Rico resaltaron en su carta que llevan más de 30 años ayudando a Puerto Rico en su desarrollo y se mostraron sorprendidos que se haya suspendido el pago de la PFC sin ni siquiera haber comenzado el gobierno a negociar con ellos para reestructurar su deuda.
“Las leyes requieren que el Estado Libre Asociado cumpla con sus Notas, y dos leyes explícitamente le dan al secretario de Hacienda el poder para cumplir con esas obligaciones – aunque el Ejecutivo tiene este poder para llevar a cabo estas leyes. El secretario de Hacienda, debe ejercer ahora esa autoridad y adelantar los fondos para que la PFC pueda hacer el pago de agosto. Por la presente exigimos a la PFC que tome todas las medidas necesarias para cumplir con las Notas, incluyendo obligar al BGF y/o al Secretario de Hacienda a transferir o a adelantar al Fiduciario a los efectos de que se pueda realizar el pago de agosto”, culmina la misiva.
Esta carta podría ser el primer paso de una batalla legal de los bonistas contra el gobierno de Puerto Rico.
Lobbies estadounidenses sacan partido con crisis de Puerto Rico
Los lobistas estadounidenses son los únicos que sonríen actualmente ante la crisis de Puerto Rico, pues han recibido cuantiosas sumas de dinero por parte del Gobierno de Alejandro García Padilla.
Según cifras oficiales, el Gobernador ha otorgado hasta 125 millones de dólares a consultores y lobistas norteamericanos en los últimos cuatro años.
Con una deuda que asciende a los 73 mil millones de dólares, el hecho ha causado controversia en los puertorriqueños, principalmente en la oposición.
La deuda de Puerto Rico venció el pasado 1 de agosto
Los acuerdos con estas empresas tienen ramificaciones en casi todas las áreas del Estado y abarcan, entre otros, el sistema educativo, la reestructuración de la deuda pública, las emisiones de bonos y la Autoridad de Energía Eléctrica, la corporación pública más grande de Puerto Rico.
También los sindicatos han alzado su voz contra el Gobierno por dilapidar los escasos fondos públicos en empresas de lobby estadounidenses y han denunciado que estas acciones responden a las presiones de Wall Street y empresas multinacionales cuyas políticas neoliberales van en contra de los obreros y las clases más pobres del país.
Mientras la prensa local calificó a estas adjudicaciones como una “lluvia de contratos”, funcionarios de gobierno las justificaron alegando que Puerto Rico no contaba con los especialistas apropiados. Muchos en la isla se preguntan ahora cuán correcta es esta afirmación tras los deficitarios resultados que se observan en todas las áreas donde intervinieron estos lobbies.
En contexto
La deuda de Puerto Rico supera su Producto Interno Bruto (PIB) en más del cien por ciento, según los analistas. A pesar de ser un Estado libre Asociado a los EE. UU., no puede pedir rescate financiero a este país. Oppenheimer Founds y los bonistas son los principales acreedores en Puerto Rico. Los recortes sociales son la primera consecuencia del impago de la deuda. Ya han afectado al sector público y el sector educativo.
Se prevé que además de los recortes, se eleven los impuestos en la Isla y haya encarecimiento de los servicios básicos como la luz eléctrica.
Diferentes sectores han criticado que con 10 años de recesión en Puerto Rico, se siga “pagando la deuda con deuda”, por lo que muchos piden se revise las deudas, se clasifiquen y se priorice en realidad qué debe cancelar el país caribeño.
