Costa Rica: Gobierno convocará a diálogo nacional sobre salarios del sector público
El gobierno convocará a un diálogo nacional para discutir un plan de ordenamiento del empleo en el sector público, incluyendo las remuneraciones, anunció este martes la ministra Olga Marta Sánchez quien aseguró que ya se preparan varios proyectos de ley en esa dirección.
Sánchez prometió que en dos semanas se dará a conocer un “informe integral” sobre el empleo público y las remuneraciones, que servirá de base al debate.
Dicho informe contendrá aspectos como la evolución de las remuneraciones en el sector público en su totalidad, la estructura y composición de los salarios, las asimetrías y diversidad de regímenes y la comparación con el empleo en el sector público.
Sánchez dijo que el gobierno ya trabaja en la elaboración de varios proyectos de ley que ayudarían a ordenar el empleo público y a lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en lo servicios que se prestan a los ciudadanos.
Uno de estos proyectos pretende poner tope a los salarios más altos de la administración y a las llamadas pensiones de lujo (superiores a los 6.600 dólares).
También anunció que seguirá renegociando las convenciones colectivas en las instituciones del Estado que contengan cláusulas excesivas.
La ministra aseguró que ya se han denunciado y sometido a revisión convenciones colectivas en el Banco de Costa Rica, Acueductos y Alcantarillados, Japdeva, Recope e INA y se seguirá haciendo en todos aquellos casos en que se considere que existen cláusulas excesivas.
El mes pasado, el diputado libertario Otto Guevara dio a conocer una lista de altos salarios en instituciones como el ICE y la Universidad de Costa Rica, las cuales fueron replicadas por un diario.
Según dijo Guevara, tales salarios resultan desproporcionados con los que ganan trabajadores de la misma categoría en el sector privado.
Tanto el ICE como la UCR emitieron declaraciones aclarando que las cifras divulgadas contenían errores importantes, porque estaban basadas en la planilla de un mes en que se hicieron pagos retroactivos a muchos trabajadores y, por tanto, sus salarios reales son inferiores.
Por su parte, varios sindicatos del sector público organizaron una masiva manifestación en San José, el pasado 27 de julio, para denunciar lo que calificaron como «una campaña de odio», dirigida a enfrentar a los trabajadores privados contra los públicos.
La dirigencia sindical rechaza que el déficit fiscal sea culpa de los empleados públicos y señalan como responsables del problema a los empresarios evasores de impuestos, que –según afirman- escamotean al fisco una cifra igual o superior a la que se recauda.
