Contraloría y Ministerio Público investigarán presuntos sobornos hechos en el país en caso Petrobras
El contralor general de la República, Fuad Khoury, señaló que su institución coordinará acciones con el Ministerio Público, a fin de establecer acciones respecto al caso Lava Jato, que involucra presuntos sobornos hechos por empresas brasileñas en el Perú.
“En conversaciones con el Ministerio Público hemos quedado en trabajar de la mano para utilizar nuestros recursos en las investigaciones”, señaló en declaraciones a la prensa luego de reunirse con el presidente del Congreso, Luis Iberico.
En Brasil la llamada megainvestigación a la estatal Petrobras ha sido bautizada como Lava Jato [lavado de coches], que ha llevado a la detención que altos directivos de empresas brasileñas y políticos como el ex ministro José Dirceu en el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, implicados en presuntos actos irregulares en ese país.
Esta semana, la prensa sacó a la luz el nombre de Zaida Sisson, esposa de un exministro aprista y cercana a Dirceu, quien es acusada de haber realizado gestiones para favorecer con contratos a firmas brasileñas en el anterior gobierno aprista.
Khoury refirió que la Contraloría en su momento realizó un seguimiento sostenido a la ejecución de las carreteras, que tuvieron a cargo las empresas brasileñas implicadas y que dicha información fue remitida al Ministerio Público.
“Hemos revisado 21 informes, los hemos puesto a disposición del Ministerio Público”, aseveró.
Agregó que la Contraloría General cuenta con recursos técnicos y de ingeniería para respaldar investigaciones realizadas por el Ministerio Público.
“Ha estado en Brasil el fiscal Hamilton Castro, creemos que por la importancia del caso tenemos que trabajar de la mano.”, aseveró.
Propuestas
El Contralor General sostuvo hoy una reunión con el presidente del Congreso, Luis Iberico, a quien explicó el alcance de dos nuevos proyectos de ley anticorrupción presentados por dicho organismo
Una de las nuevas iniciativas legislativas propone que las adendas de modificación de los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) cuenten con un informe previo de la Contraloría con el propósito de que los potenciales problemas puedan ser detectados y corregidos oportunamente.
Las adendas suelen demandar montos adicionales de inversión que podrían ocasionar inconvenientes en el financiamiento del proyecto y en su operatividad, situación que podría generar un desequilibrio financiero y en el peor de los casos, representar un problema para la culminación de la obra.
Según la Contraloría, la inversión de las concesiones de la Carretera Interoceánica por ejemplo, se incrementó en casi 100 por ciento en comparación a la inversión estimada inicial, firmándose en estos proyectos 34 adendas.
En 2005 la inversión inicial se estimó 800 millones de dólares y aumentó a más de 2,000 millones en los gobiernos anteriores.
Actualmente, la Contraloría General está auditando ocho adendas a Carretera Interoceánica Sur- Tramo 2, siendo el monto fiscalizado S/. 1,179 millones.
La mencionada entidad propuso la exigencia de un informe previo antes de la firma de las adendas de las APP, tras el “Estudio sobre las causas y efectos de las renegociaciones contractuales de las Asociaciones Público – Privadas en el Perú”.
En dicho informe se analizaron diez contratos de concesión suscritos (del 2000 al 2013) correspondientes a los sectores económicos: transportes, saneamiento, generación y transmisión eléctrica y agrícola.
