Varela cumple su 1° año de gobierno en medio de fuerte crisis con partidos aliados
Al cumplir su primer año de gestión gubernamental, este miércoles 1 de julio de 2015, el presidente de la República, Juan Carlos Varela podría sufrir su más duro revés político desde su ascensión al poder, en lo que desencadenaría la pérdida del control del poder total de la Asamblea Nacional, el cual compartirían ahora la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Cambio Democrático (CD).
Resulta ser que en una mala jugada política, el oficialista partido panameñista provocó la rotura del pacto de gobernabilidad con el que había sido su brazo político cogobernante, el PRD, luego de que la línea dictada desde el palacio de Las Garzas no aceptara la línea oficial del PRD que promovió la candidatura del diputado Crispiano Adames. Los panameñistas promovieron al perredista Rubén De León, con el apoyo de los diputados perredistas: Elías Castillo, Pedro Miguel González, Quibián Panay González, Leandro Ávila y Javier “Patacón” Ortega.
Por medio de una declaración, la dirigencia del PRD anunció la noche de este martes, 30 de junio de 2015, que el pacto de gobernabilidad con el oficialista partido Panameñista había llegado a su fin.
La rotura de la alianza fue confirmada por el secretario General del PRD, Carlos Pérez Herrera, quien pasada las 11:00 p.m. de este martes, 30 de junio de 2015, argumentó que “el gobierno y la bancada panameñista han tenido una posición intransigente de no avalar la candidatura de un diputado del PRD para dirigir la Asamblea”.
Pérez Herrera reprochó a los panameñistas “el pretender buscar de una manera antidemocrática y oscura, utilizando las mismas prácticas que tanto criticaron en el pasado como tratar de propiciar el ‘tranfuguismo’ de alguno de los miembros y diputados del partido y fracturar al partido y a la bancada para hacerse de la mayoría en la Asamblea Nacional”.
En base a lo anterior, el dirigente aseveró que “es por ello que el PRD no le ha quedado de otra que no poder seguir con el acuerdo legislativo, toda vez que uno de los puntos, además del acuerdo, era que en el segundo año ellos iban a apoyar al candidato del PRD y el candidato del PRD tiene un solo nombre y es Crispiano Adames”.
Al ser interrogado sobre qué pasaría con la primera vicepresidencia de la Asamblea, Pérez Herrera reveló: “el PRD ha iniciado conversaciones con otras bancadas, como la de CD, donde conversamos… en el Hotel El Panamá, el diputado Adames y una comitiva lo acompañamos para él solicitarle el apoyo a los miembros de CD y ellos hicieron la propuesta de que pudiesen apoyar a Crispiano Adames si un diputado o diputada de ellos pudiese participar en la directiva de la Asamblea; y nosotros hemos venido acá al partido para comunicarle eso al resto del CEN y a la bancada de diputados y hemos estado de acuerdo con este planteamiento y se lo estamos comunicando”.
El gobierno de las medias tintas
Tras un año en el poder, el panameñismo se arroga el retorno de la institucionalidad y pone a supuestos corruptos ante la justicia
‘No nos enfoquemos en el pecador, sino en el pecado’, suelta Juan Carlos Varela, arrinconado por preguntas sobre el futuro de las causas judiciales por corrupción que bombardean la opinión pública.
Su respuesta es una sentencia bien pensada que, paradójicamente, lo enfrenta con su estilo de gobernar.
Un año después de tomar posesión, su administración ha llevado a la justicia a la mitad del gabinete de Ricardo Martinelli, pero ha quedado coja con las reformas que prometió para combatir el mal uso de los recursos del Estado.
Varela, de tendencia conservadora, contará este miércoles un primer año de gestión caracterizado por medias tintas. Aunque denunció el malgasto de $1,200 millones desde el Programa de Ayuda Nacional (PAN), no ha dado cierre definitivo a esta controversial oficina.
También podrá recordar que prometió atajar las concesiones lesivas al Estado. En este aspecto, se ha logrado desenmarañar en el Ministerio Público el escándalo de la recaudadora Cobranzas del Istmo; sin embargo, a finales del año pasado admitió una factura de $7 millones en comisiones para esta empresa, pese a la orden de la Corte Suprema de anular el contrato que sostenía el negocio.
LO RELATIVO
En cuatro páginas, el gobierno del ‘Pueblo primero’ retrata su estrategia para combatir los delitos contra la administración pública y recomponer los tejidos políticos y sociales que, según la sociedad civil organizada, rompió Martinelli tras cinco años de poder.
Lo primero, una constituyente, el viejo reclamo de la mayor parte de los sectores productivos que ven cómo la Carta Magna de 1972, la de los militares, se ha quedado desfasada.
Varela había prometido que prepararía el terreno para hacerlo, pero tras llegar al poder flexibilizó su discurso: no será hasta hoy cuando anuncie qué pasará con la convocatoria que se debate entre rumores políticos sobre las pocas posibilidades de que, en efecto, se cumpla.
El dossier de promesas electorales del varelismo sostiene que la nueva constitución debe subsanar, por ejemplo, el presidencialismo excesivo que permite al jefe del Ejecutivo nombrar a los magistrados. Debe, además, limitar el poder político, y permitir a todos los grupos sociales acceder a sus derechos civiles y económicos sin contratiempos.
En menor escala, la promesa de eliminar la prescripción de los delitos de corrupción no ha pasado siquiera el filtro del Ejecutivo, y no se ha discutido una propuesta para prohibir el clientelismo político, vacío en el que los diputados se ampararon para repartirse el año pasado $25 mil cada uno en bonos navideños, tras la supresión de las partidas circuitales (otra de las promesas electorales).
Tampoco se ha puesto sobre la mesa la idea de una norma que prohíba a los corruptos laborar directa o indirectamente en el Gobierno.
TIEMPOS POLÍTICOS
¿Por qué? Los motivos son diversos. Por un lado, su gobierno pasa desapercibido entre una oposición fragmentada y cuestionada (y hasta desmantelada), y por otro, el Legislativo, que ha enfocado sus esfuerzos en investigar a la Corte Suprema de Justicia (tal como lo sugirió Varela en campaña).
Como nunca en los últimos 25 años, dos magistrados salieron de sus cargos: Alejandro Moncada Luna fue condenado a cinco años por enriquecimiento ilícito y Víctor Benavides renunció antes de que se le imputara el mismo supuesto delito.
Sin embargo, Varela ha hecho poco todavía por cumplir la promesa de adecentar la justicia. No ha dicho quiénes ocuparán las vacantes y la búsqueda no ha sido abierta, como había prometido. La vicepresidenta Isabel de Saint Malo asegura que están requiriendo del ‘mejor perfil’ y el Gobierno sostiene que estas dos primeras vacantes no serán sometidas a consulta, sino las otras tres que deberá rellenar antes de 2019.
El procedimiento se aleja de los métodos que establece el Pacto de Estado por la Justicia, de 2006, que el mandatario aseguró aplicaría, como Martinelli nunca hizo.
En ese sentido, el presidente tiene pendiente la creación de un Consejo Superior de la Judicatura que se encargará de las funciones administrativas del Órgano Judicial. El reemplazo de corregidores por jueces de paz y el establecimiento de métodos alternos de solución de conflictos no ha pasado el visto bueno legislativo por la oposición de los alcaldes, que reclaman su autonomía .
TRANSPARENCIA
La Corte Suprema espera que el Consorcio Teyco-CSA, contratado en 2013 para construir la sede de Santiago —proyecto que no se ejecutó— le devuelva los $2 millones que le dio entonces como adelanto.
Su esperanza habría cuajado sin problemas si el Gobierno, como reza en su propuesta de campaña, hubiera pasado una norma para establecer los procedimientos para que el Estado recupere sus recursos perdidos (o robados). Hasta la semana pasada, el Ministerio Público había cautelado sólo el 7% de los $1,200 millones que se esfumaron del PAN.
El Gobierno sí ha logrado recortar los gastos innecesarios del presupuesto de la Asamblea Nacional para sufragar el proceso de descentralización municipal que Martinelli ordenó suspender. Aunque hace justamente un año entró en vigencia, Varela ha dejado su ejecución para enero de 2016. Ha ordenado al Pronadel estudiar los mecanismos para empoderar a los gobiernos locales, pero la negociación con los alcaldes no ha avanzado desde enero.
El mandatario también prometió ahorrar dinero con la creación de una plataforma de contratación pública transparente (aún en papel) y con métodos de transparencia que obliguen a las entidades públicas a rendir cuentas periódicamente (la Antai, dirigida por Angélica Maytín, ha sido cuestionada por el exceso de viajes, y la Ampyme, con Ada Romero al frente, ha estado en el ojo de la crítica pública por supuestos malos manejos).
El tráfico de influencias, que también prometió combatir, no ha tenido contratiempos. En Veraguas, denuncian que un diputado del oficialismo domina las concesiones de buses interprovinciales. Los ministros Milton Henríquez y Álvaro Alemán, así como el exjefe del IMA, Edwin Cárdenas, han sido embatidos por nepotismo. Sólo Cárdenas dejó su cargo.
¿Se cumplirán los cambios que ha prometido el presidente? ¿Podrá, como ha sostenido, recomponer los tejidos políticos con su premisa de reprender el pecado y no al pecador? ¿O seguirán las medias tintas?
El segundo acto de la obra de Varela entra en escena desde hoy. Veremos
