Parlamento condena intentos de desestabilización y Correa critica paro del 13 de agosto
Con 84 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones, el pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes una resolución en la que rechazó «categóricamente todo tipo de violencia” y además condenó «todo intento desestabilizador del sistema democrático» ante las manifestaciones que se han registrado recientemente en el país contra políticas del gobierno.
El texto de la resolución fue presentado por el asambleísta Fausto Cayambe, del movimiento oficialista Alianza PAIS (AP), quien argumentó que la iniciativa se basa en la necesidad de que “la primera función del Estado discuta sobre los últimos acontecimientos políticos que ha vivido el país”.
Después de un debate de más de dos horas, los legisladores resolvieron aprobar el documento en el que también se reconoce “el derecho constitucional de la ciudadanía a manifestarse democráticamente y libremente expresar sus opiniones en el marco de la Constitución”.
En el texto, la Asamblea también resolvió «condenar y denunciar todo intento desestabilizador del sistema democrático y constitucional».
En la resolución, de dos páginas, también se hace referencia al proceso de diálogo nacional que impulsa el régimen con todos los sectores de la sociedad. “En un estado de democracia, donde hay un estado de gobernabilidad pueden haber errores, para eso son los diálogos, para poder enmendar errores y eso no está mal y no significa que estemos retrocediendo”, señaló la asambleísta Zobeida Gudiño, del movimiento oficialista Alianza PAÍS, durante el debate.
En sus intervenciones los legisladores se refirieron a los “intentos desestabilizadores” que se han presentado por parte de ciertos sectores de la oposición. La asambleísta Alexandra Ocles manifestó que “es válido oponerse” y aclaró que desde el oficialismo se respeta “las distintas posiciones políticas de los actores políticos (…) y la oposición decente y coherente que propone debates y presenta propuestas”.
Precisó que lo que no se acepta es “la violencia con la que muchas de estas protestas se han dado en estos días y rechazamos toda forma de violencia”.
Por su parte, legisladores de la oposición descalificaron la propuesta y condicionaron el diálogo con el gobierno nacional. Lourdes Tibán, asambleísta por el movimiento Pachakutik, señaló que para acceder al diálogo, primero se debe dejar de analizar el paquete de enmiendas constitucionales, incluida la que permite la reelección indefinida, y derogar ciertas leyes como la de Aguas, que ya fue aprobada, o suspender el debate de la de Tierras que está en marcha.
Por medio del documento, los legisladores también convocan a la sociedad “civil y política a sumarse al gran diálogo nacional para garantizar la justicia social y equidad en el marco del buen vivir”.
Las manifestaciones registradas hace unos días comenzaron en rechazo a los proyectos de ley sobre herencias y plusvalía enviados por el gobierno a la Asamblea Nacional y retirados temporalmente después con el objetivo de ampliar el debate sobre justicia social y equidad en una «gran diálogo nacional».
Durante las protestas se registraron incidentes violentos como ataques a periodistas y a policías. En total unos 15 uniformados resultaron heridos en las manifestaciones, tres de ellos resultaron con fracturas ocasionadas por algunos opositores en la noche de protestas más agresivas.
Presidente Correa considera al paro de oposición del 13 de agosto como «un puñado de contradicciones»
El presidente Rafael Correa recordó este martes «el daño» que provocaron los paros y huelgas en gobiernos pasados, al cuestionar las motivaciones de la paralización anunciada por sectores de oposición para el 13 de agosto que se presenta como «un puñado de contradicciones» al tiempo que llamó a la ciudadanía a responder a esa acción con más trabajo.
«El jueves 13 de agosto, tod@s a trabajar con mucho más amor por la Patria nueva, y rechazar el pasado de paros y huelgas, que tanto daño nos hizo. ¿Ya lo olvidaron? A cuidar nuestras carreteras, que los mismos de siempre no las cierren ni destruyan», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Para ese día organizaciones sindicales de oposición como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores (Cedocut), además de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), sectores de maestros y médicos, entre otros, participarán en un «paro nacional» para protestar contra varias políticas del gobierno.
«Lo que no logran en las urnas quieren lograrlo por la fuerza», afirmó Correa, al criticar que esos sectores, que representan una minoría, quieran imponer su «plataforma de lucha» cuando solo han obtenido «el 3% de los votos».
Se refirió además al «puñado de contradicciones» que enarbolan los sectores que llamaron al paro. «‘Libre ingreso a la universidad’: nunca lo hubo. Hoy, con el sistema meritocrático, la matrícula de los indígenas y más pobres se ha triplicado. ‘Menos impuestos’: los pobres no pagan impuestos. Jorge Herrera y Severino Sharupi (Conaie) ni siquiera han declarado impuestos en últimos años», señaló Correa.
«¡Qué rol tan anti histórico!», exclamó.
Sobre Senain
En sus mensajes en la red social, el presidente también se refirió a los cuestionamientos en la prensa y por parte de la oposición hacia la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), a la que se ha señalado de mantener contratos con la empresa italiana Hacking Team, que vende programas de espionaje a gobiernos e instituciones, lo cual ha sido negado por el propio mandatario y la Secretaría.
«La prensa corrupta y oposición son capaces de convertir a Víctor Jara en torturador y a (Augusto) Pinochet en filántropo humanista», opinó.
En ese marco recordó las transformaciones impulsadas por su gobierno tanto en las instituciones como en las regulaciones de la seguridad nacional en el país. Enumeró entre ellas el hecho de que la Senain tenga mando civil y sea controlada por la Contraloría, la Fiscalía y la Asamblea Nacional, y que su «búnker», como lo describieron algunos medios, sea una mansión incautada a los exbanqueros William y Roberto Isaías, condenados por peculado bancario y hoy prófugos en Estados Unidos.
También se refirió a la nueva ley de seguridad, que reemplazó a la Ley de Seguridad Nacional de la época de la dictadura y la Guerra Fría, y que se creó luego del ataque de fuerzas militares colombianas perpetrado en 2008 contra un campamento de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), instalado subrepticiamente en territorio ecuatoriano.
Este hecho, que significó la violación de la soberanía de Ecuador por parte de Colombia, evidenció además que «nuestros servicios de inteligencia estaban financiados por y dependían» de la embajada de Estados Unidos en Quito, añadió Correa.
