Fuga imperdonable – Diario La Jornada, Méxio
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La segunda huida de Joaquín El Chapo Guzmán Loera de una cárcel de máxima seguridad, ocurrida la noche del sábado pasado en el reclusorio de El Altiplano –la primera tuvo lugar en el penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001– obliga a poner en tela de juicio todo el discurso y las acciones oficiales en materia de seguridad, combate a la delincuencia organizada y lucha contra la corrupción. No es fácil entender, en efecto, cómo pudo escapar de la prisión más vigilada del país el hombre a quien los gobiernos de México y Estados Unidos describieron como un delincuente sumamente peligroso, o el más peligroso, y por cuya localización llegaron a ofrecer, respectivamente, 30 millones de pesos y siete millones de dólares.
De entrada, las explicaciones dadas por el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dejan entrever una completa pérdida de control en el penal de El Altiplano y sus alrededores por parte del gobierno. No puede comprenderse de otra manera que la organización que concibió, planeó y ejecutó la fuga de El Chapo y las obras necesarias para ello haya logrado su cometido por medio de un trabajo de ingeniería que no puede calificarse sino de monumental, y que necesariamente requirió de una vasta operación de inteligencia, de infiltración en la estructura administrativa de la cárcel, de supresión de los mecanismos de vigilancia sobre ella que habrían debido realizar instancias superiores del poder público, y de meticulosa coordinación en el momento de la fuga.
El episodio, pues, no sólo permite a la sociedad hacerse una idea del poderío y la capacidad de la delincuencia organizada, sino también de la suprema indolencia y la gravísima descomposición que imperan en las instancias gubernamentales.
En términos penales y políticos, el escape de Guzmán Loera constituye un golpe demoledor a la credibilidad de por sí mermada de las instituciones y de sus más altos mandos. No está de más recordar que la administración federal anterior no sólo quedó marcada por su sangrienta estrategia de seguridad nacional, sino también por su incapacidad para recapturar al Chapo, incapacidad que alimentó las sospechas de la existencia de un pacto entre el jefe del cártel de Sinaloa y el calderonato.
Tales sospechas se fortalecieron cuando el actual gobierno, a poco más de un año de su arranque, logró en Culiacán la ansiada captura y la presentó como un triunfo mayúsculo en el combate a las organizaciones delictivas.
Hoy, esa ostentación se le revierte de manera inevitable a la administración peñista, cuyo titular llegó a decir en una entrevista televisiva que una segunda fuga de quien es considerado el máximo capo del narcotráfico sería imperdonable y dio todas las seguridades de que el Estado cumpliría con su obligación de mantenerlo en la cárcel.
Hoy no sólo resulta inevitable poner entre comillas la condición de máxima seguridad de las cárceles nacionales que así se ostentan, sino también conceder que han ganado elementos de verosimilitud las percepciones sociales de que las estrategias contra la corrupción, la inseguridad y la delincuencia son meros ejercicios de simulación.
El mensaje a medios ofrecido ayer por Rubido evoca la conferencia en la que Jorge Tello Peón (quien se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública) anunció en 2001 la primera fuga, en tanto que la treintena de detenidos de esta ocasión se parece mucho a la manera en la que el gobierno de Vicente Fox circunscribió la responsabilidad a medio centenar de empleados y funcionarios de bajo nivel.
Hoy resultaría inaceptable negar, como se hizo entonces, responsabilidades políticas mayores entre quienes tienen en sus manos la tarea de organizar, supervisar y controlar el funcionamiento de los penales en el territorio nacional.
Cabe preguntarse, finalmente, si es razonable y pertinente que el presidente Enrique Peña Nieto haya anunciado que no interrumpirá su viaje a Francia, porque tal decisión ahondará la precariedad de su imagen pública. A fin de cuentas, él es el responsable máximo de la seguridad en el país y, de acuerdo con el discurso oficial, el reo fugado la noche del sábado representa la mayor amenaza a esa seguridad.
