Curuguaty: se vuelve a postergar el juicio y familiares temen «sentencia cantada»
Por cuarta vez se suspendió ayer el juicio oral y público del caso Curuguaty y si bien se fijó para el lunes 3 de agosto, es prácticamente un hecho que se postergará, porque el nuevo defensor anunció que recusará al presidente del tribunal, por supuesta preopinión. La situación motivó la airada reacción de algunas personas que acompañaron la audiencia.
Luego de que once de los doce acusados renunciaran a ser defendidos por los abogados particulares Guillermo Ferreiro y Vicente Morales, la responsabilidad pasó al defensor público Joaquín Díaz, quien se presentó como representante legal de Felipe Nery Urbina, acusado por frustración de la persecución penal.
El profesional pidió la asistencia de otros letrados y tiempo para estudiar el caso, en atención a que los acusados afrontan los cargos de invasión de inmueble ajeno, tentativa de homicidio doloso y asociación criminal.
Cambio de defensores
Ayer, Díaz se presentó con sus colegas Federico Hetter, Ana María Esquivel y Carlos Arce, pero los once acusados ya habían tomado otra decisión, pues en la noche anterior otorgaron poder al abogado Víctor Azuaga. Así las cosas, los defensores públicos quedaron a cargo de la defensa de Felipe Nery Urbina. Aceptada la personería de Azuaga en representación de Rubén Villalba, Felipe Martínez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López, Alcides Ramírez y Juan Tillería, el primer impase registrado tiene relación con el tiempo para preparar la defensa.
Si bien tanto Azuaga, como los defensores públicos, los fiscales Jalil Rachid, Juliana Giménez y Liliana Alcaraz y el tribunal integrado por Ramón Trinidad Zelaya (presidente), Benito González y Samuel Silvero estaban de acuerdo que la defensa necesita tiempo, la duración fue motivo de discordia.
La fiscala Alcaraz pidió que no fuera de más de tres días, tiempo considerado insuficiente por la defensa. Finalmente el colegiado resolvió declarar cuarto intermedio hasta el lunes, lo cual fue objetado por Azuaga.
Ante la ratificación del tribunal de la fecha fijada para la continuidad de la audiencia, el letrado no ocultó su molestia, en especial por los motivos aducidos por el tribunal.
“El presidente dijo que la prensa, la gente y otros esperan la sentencia, eso quiere decir que él está preopinando. No quiero pensar, pero seguramente ya está todo…”, indicó Azuaga, tras anunciar la recusación a Trinidad Zelaya por preopinión.
“Esto es una payasada”
“Esto es una comedia, un teatro armado por la justicia, una payasada”, expresó visiblemente ofuscado el político Domingo Laíno, al retirarse de la sala.
“Es imposible ver todo un expediente en cinco días. El plazo que ha dado de unos días es absolutamente insuficiente para que la defensa pueda leer, examinar todo el expediente y todas las actuaciones, nuevamente se nota que el tribunal de sentencia viola los derechos procesales y el derecho a un juicio justo”, expresó a su vez Alberto Alderete, expresidente del Indert y defensor de los derechos humanos.
Desalojo con 17 muertos
La llamada “masacre de Curuguaty” se registró durante un desalojo en Campos Morombí, realizado el 15 de junio de 2012, que dejó un saldo de 17 muertos –seis policías y once campesinos– y derivó en el juicio político al expresidente Fernando Lugo y su posterior destitución. A la par de los 12 adultos acusados, la fiscalía también acusó a una adolescente cuyo juzgamiento –igualmente previsto para el lunes– se pospuso a noviembre.
Caso Curuguaty: Familiares de víctimas temen «sentencia cantada»
Los familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de 11 campesinos y 6 policías y la destitución del presidente Fernando Lugo, temen que el tribunal que atiende la causa contra 12 de los 13 acusados de participar en la matanza dicte una «sentencia cantada».
Martina Paredes, hermana de dos de los labriegos fallecidos, manifestó su temor a que el resultado del proceso esté decidido de antemano y sea una condena para los acusados.
«Nos daba miedo que esta sentencia estuviera ya cantada, que ya se supiera de inicio lo que iba a pasar con los compañeros acusados y el juicio no sirviera. Y mientras, no sabemos quién mató a nuestra gente, ni uno solo está procesado», dijo.
Paredes hizo estas declaraciones después de que el juez suspendiera hasta el próximo lunes el juicio contra doce de estos campesinos, iniciado ayer.
Todos ellos se reparten cargos que oscilan entre tentativa de homicidio, invasión de inmueble ajeno, coacción grave y asociación criminal.
La última de las acusadas, menor de edad en el momento de los hechos, será juzgada el próximo 2 de noviembre con arreglo al sistema penal adolescente.
El juez Ramón Trinidad Zelaya, presidente del tribunal a cargo de la causa contra los doce adultos, suspendió el proceso hasta el próximo lunes a pedido del nuevo defensor de once de los acusados, después de que estos renunciaran ayer a los abogados de su defensa.
El nuevo abogado pidió más tiempo para estudiar la causa, pero Zelaya argumentó que no se concedería un plazo mayor a tres días, dado que «la prensa y la gente quieren conocer ya la sentencia».
Paredes consideró «ridículo» que para el juez sea más importante «la prensa y la gente» que los afectados por la sentencia.
La campesina está apoyada por otros familiares de las víctimas y de los acusados, que se han desplazado a Asunción desde el departamento de Canindeyú para seguir el proceso.
También los acompañan personalidades del mundo de la cultura, defensores de los derechos humanos y observadores internacionales que asisten al juicio.
«Queremos ser como ustedes, que también luchan por la justicia», expresó Paredes a la argentina Nora Cortiñas, una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo, que viajó a nuestro país para acompañar el proceso.
Después de cada sesión del juicio, los familiares y miembros de la sociedad civil se reúnen en las gradas de la plaza aledaña al Palacio de Justicia, en la que se ha instalado una pantalla gigante para que se pueda seguir el proceso también desde el exterior.
En estas reuniones intercambian sus impresiones sobre el avance del proceso, las declaraciones de jueces, abogados y fiscales y las posibles acciones a adoptar.
Perla Álvarez, activista campesina, presentadora de televisión y miembro de la Academia de la Lengua Guaraní, explicó a sus compañeros en esta reunión posterior al juicio que se debe «acompañar tanto el proceso judicial como la ocupación de las tierras de Marina Kue».
Se trata del lugar donde ocurrió la masacre, un terreno en disputa que fue reocupado por familias campesinas hace un mes.
«Pedimos que se investigue la muerte de los campesinos en Curuguaty y las torturas que sufrieron muchos de nuestros compañeros. Y reclamamos la nulidad de este juicio», aseguró.
Opinó además que «el caso de Curuguaty marca una tendencia» a nivel regional que apunta a una «mayor opresión y represión de los campesinos».
Más de 300 policías acudieron a Curuguaty, departamento de Canindeyú (norte), el 15 de junio de 2012 a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras que reclamaban para la reforma agraria en ese distrito.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo, cuyo origen aún es desconocido y en el que perdieron la vida once campesinos y seis policías, además de dejar varios heridos.
No hay ni un solo imputado por la muerte de los once campesinos en la masacre.
