Corrupción: mancha imborrable del Gobierno federal – Revista SinEmbargo, México
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Los casos de supuesta corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno federal, incluidos el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera Hurtado, con el Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, además de los que han protagonizado funcionarios del Gobierno del Estado de México y ahora también Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Enrique Ochoa Reza, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con OHL México, que encabeza José Andrés de Oteyza Fernández-Valdemoro, no sólo no se han investigado a fondo, sino que se han dejado pasar como si los señalamientos fueran poca cosa y como si la sola sospecha de un crimen de ese tamaño no fuera suficiente para, incluso, exigir la renuncia de varios de las decenas de involucrados, incluyendo a los empresarios corruptores.
Esa mancha para el Gobierno federal pudo borrarse a tiempo e incluso convertirse en una oportunidad para mostrar que en la actual administración había voluntad política y determinación para hacerle frente al cáncer de la corrupción que, hoy por hoy, es el origen de los principales males del país.
Sin embargo, a la luz de la inacción del Gobierno y de su desinterés por combatir la impunidad, la mancha –que además cada día se hace más grande– permanecerá ahí y marcará a Peña Nieto y a su administración como la que más sospechas de corrupción acumuló en la historia… considerando, claro, que el sexenio no ha cumplido ni la mitad de su periodo.
Ayer, por ejemplo, el prestigiado The New York Times publicó que la relación del Jefe del Ejecutivo federal con el empresario Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, “es uno de los varios escándalos recientes que han planteado difíciles preguntas para el Presidente, manchado su legado y erosionado aún más la ya tambaleante fe de las personas en las instituciones del país”.
Las periodistas Paulina Villegas y Frances Robles también dan cuenta del decreto presidencial que el pasado 9 de julio firmó Enrique Peña Nieto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, para la construcción de una autopista privada que realizará la subsidiaria de Grupo Higa, Constructora Teya.
“Después de años de manifestaciones y batallas legales, el Presidente Enrique Peña Nieto firmó este mes una orden ejecutiva que aprueba la expropiación de 38 hectáreas de lo que muchos consideran tierra sagrada. Y no es de extrañar que lo haya hecho, argumentan los pobladores. El mismo contratista que cavará a través de su tierra ha celebrado el título a la mansión de la familia del Presidente, proveído una casa al Secretario de Hacienda sin ningún beneficio y ha hecho miles de millones de dólares en acuerdos con el gobierno”, planteó el reportaje publicado por The New York Times.
Y además, lanzó una pregunta inquietante: “¿Cómo hizo un amigo del Presidente que empezó vendiendo equipos de oficina como Post-it para levantar un imperio de miles de millones de dólares en contratos gubernamentales, conseguir luz verde para pavimentar un bosque protegido y para ganar ofertas para construir hospitales y trenes?”.
Por supuesto, el de OHL es otro caso que ha horadado la confianza de los mexicanos en sus gobernantes. A pesar de las múltiples pruebas surgidas de grabaciones lanzadas en las redes sociales, que involucran en actos de presunta corrupción a funcionarios del Estado de México y federales con ejecutivos de la constructora española, nadie desde el Gobierno o los poderes Legislativo y Judicial han movido un dedo para investigar qué es lo que realmente pasa entre esa compañía, que ha ganado millones y millones de pesos en contratos, y los encargados de la administración pública, quienes supuestamente son los responsables de cuidar los recursos que son de todos los mexicanos.
Estos son sólo dos casos, pero hay mucho más qué contar de la corrupción en México, tanto a nivel federal como en los estados y municipios, pero si el primero que debe respetar y hacer respetar la Ley no lo hace, el resto hace de las suyas con un descaro que ya es total.
La mancha de la corrupción, entonces, ya ha ensuciado a esta administración, y su nulo combate a la impunidad no hace sino agrandarla cada día que pasa.
