Amnistía Internacional denuncia violación de derechos a hijos de haitianos
En contexto: El 17 de junio concluyó en República Dominicana el Plan Nacional de Regularización en el que sólo pudieron inscribirse 288.500 personas, es decir, el 55% del número estimado de inmigrantes (en su mayoría haitianos). Comenzó así un proceso de deportación masiva que viene siendo repudiado por diversas organizaciones y líderes regionales
Amnistía Internacional (AI) informó que ha podido constatar y documentar decenas de casos de violación de derechos a dominicanos de ascendencia haitiana a los que el Estado se ha negado a proporcionar los documentos de identidad correspondientes.
Según un informe que recoge la evaluación del «Plan de naturalización especial» para hijos de extrajeros, realizada por una delegación de AI que estuvo en el país entre el 14 y el 27 de junio, en decenas de casos los derechos de las personas resultaron “descuidados o severamente afectados”.
Los comisionados dijeron, conforme lo señalado en el informe, que presenciaron obstáculos burocráticos y procesales que impidieron a las personas afectadas acceder a sus documentos de identidad en varias comunidades hasta el 22 de junio.
“Las autoridades deben permitir un proceso de seguimiento exhaustivo en el que participen organizaciones de la sociedad civil, que confirmen que la población del llamado grupo A recibe sus documentos, pueden inscribir a sus hijos y tienen todos los derechos que les otorga la ciudadanía», indicó la entidad.
Destaca igualmente, que los clasificados en el grupo A tengan ahora que pasar por un proceso más largo para inscribir a sus hijos.
El tiempo es mayor, reseña, que el que habría pasado si hubiesen podido registrar a sus vástagos dentro de los 60 días siguientes al nacimiento.
Sugiere en este aspecto, que las autoridades dominicanas proporcionen ayuda legal y financiera a los afectados, ya que el retraso en la inscripción es imputable al Estado.
De acuerdo con lo reportado por la Junta Central Electoral (JCE), en el referido grupo A estarían unas 55,000 personas que ya pueden pasar a recoger su documentación.
AI también se manifestó preocupada por las personas que conforman el grupo B, que son unas 8,755 que nacieron en el país de padres extranjeros indocumentados y que no fueron registradas legalmente.
El organismo critica que este segmento no ha recibido una respuesta a su solicitud a cinco meses de haber vencido el plazo.
Dice igualmente, que le inquieta más la suerte de quienes no se acogieron a la Ley de Naturalización, porque el Estado dominicano “no parece conocer que muchas personas se quedaron fuera del proceso, y niega que la gran mayoría sigue siendo apátrida”.
De este segmento, AI asegura haber entrevistado a decenas de personas, que no se inscribieron por distintas razones, entre éstas, desconocimiento del proceso, falta de recursos para pagar los documentos, incapacidad para aplicar dentro de la fecha límite o imposibilidad de obtener los documentos de identidad de sus padres.
La delegación de AI pudo comprobar además, que tras el vencimiento del plazo establecido por la ley 169-14, el 1 de febrero 2015, no existe ningún recurso legal para las personas menores del grupo B que no pudieron acceder a la nacionalidad dominicana ni obtener documentos de identidad, “esenciales para el ejercicio de derechos humanos como el acceso a una educación superior, a atención médica o a un empleo”.
“Este grupo representa una de las poblaciones más vulnerables y marginadas de la República Dominicana, la mayoría vive en la pobreza extrema en comunidades rurales remotas, corren el riesgo de violencia y explotación y, debido a su condición de indocumentados, son incapaces de mejorar su situación socio-económica y registrar a sus propios hijos”, dice el informe.
De igual modo, observaron que algunos hospitales niegan el certificado a los nacidos de madres haitianas, lo que impide automáticamente la declaración de nacimiento de los bebés.
También expresó su preocupación por la existencia de un registro civil separado llamado “libro de transcripciones”, a donde la Junta Central Electoral (JCE) asienta a dominicanos de ascendencia haitiana.
La preocupación en este aspecto, parte, según el organismo internacional, del hecho de que el referido libro no está bien definido en la ley 169-14, por lo que podría prestarse en el futuro a la comisión de actos de arbitrariedad.
No obstante todo lo anterior, AI dijo acoger con satisfacción el anuncio de la JCE del pasado 26 de junio, en el sentido de que 55.000 personas nacidas en la República Dominicana de padres extranjeros indocumentados y cuyo nacimiento fue registrado en el llamado grupo A, podrán acceder a sus documentos de identidad.
Reconoció igualmente, que la Ley 169-14 de naturalización trató de ofrecer una solución a las personas de ascendencia haitiana, a quienes durante años se les negaron sus documentos de identidad, “incluidos los que quedaron apátridas por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2013”.
República Dominicana explica ante la OEA que no tiene apátridas
El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Andrés Navarro, negó aquí ante el pleno de los miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en el país exista un solo caso de apatridia, al tiempo que garantizó que el gobierno no expulsará a dominicanos del territorio nacional.
El Canciller afirmó: «No hay ninguna justificación para seguir repitiendo, sin ninguna evidencia que la respalde, la preocupación de que en nuestro país hay cientos de miles de apátridas en peligro de ser expulsados».
Navarro abogó para que la comunidad internacional conozca los resultados reales del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que encamina el gobierno del presidente Danilo Medina, el que calificó «como reforma migratoria sin precedentes apegada a las leyes dominicanas y con irrestricto cumplimiento al respeto de los derechos humanos».
«Todo lo que pedimos, lo único que exigimos es que se conozca la verdad del proceso migratorio dominicano», enfatizó.
Agregó que gracias a la iniciativa dispuesta por el presidente Medina, alrededor de 55 mil personas y sus descendientes han visto reconocida su ciudadanía dominicana por parte de la Junta Central Electoral (JCE). Mientras, 8,755 hijos de padres extranjeros ilegales que se inscribieron en el Libro de Extranjería podrán acceder al proceso de naturalización en un plazo de dos años, los que cuentan en ese lapso con un estatus transitorio de residencia en el país.
Subrayó que al cierre del plazo de inscripción, el pasado 17 de junio, 288,486 personas solicitaron su regularización y están a punto de recibir el estatus legal, «un 69% de los extranjeros irregulares según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) llevada a cabo en el 2012».
Navarro concluyó invitando a conocer a fondo la realidad de la República Dominicana, en materia migratoria,
OFENSIVA EN LA ONU
El embajador jefe de la Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francisco Cortorreal, informó del trabajo de información y orientación que desarrolla con embajadores y otros diplomáticos extranjeros, sobre «la realidad y la verdad de la aplicación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros», ante las críticas recibidas. El diplomático reveló que se está llevando a todas las misiones diplomáticas acreditadas en la ONU las informaciones que le ha proporcionado la Cancillería sobre el Plan. «Toda esa documentación la hemos traducido al inglés, francés y otros idiomas y la estamos enviando como una comunicación oficial del gobierno dominicano», expresó Cortorreal.
