Presidente panameño participará en diálogo con indígenas que resisten proyecto hidroeléctrico
El presidente Juan Carlos Varela ha decidido esperar hasta el inicio de su segundo año de gobierno para involucrarse a profundidad en el conflicto que se teje alrededor del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco.
El mandatario aseguró que el próximo 2 de julio se dará inicio a la mesa de diálogo ampliada en el distrito de Tolé, de la cual él formará parte.
A pesar del anuncio hecho por el mandatario, un grupo de indígenas liderados por Ricardo Miranda, miembro del movimiento M-10, opositor a la obra sobre el río Tabasará, dio a conocer el inicio de una huelga de hambre con el objetivo de llamar la atención de las autoridades gubernamentales y conseguir la cancelación definitiva de la construcción de la represa.
La exigencia del cierre del proyecto de parte del M-10 ha sido la constante desde el inicio de la primera ronda de negociaciones, en febrero pasado, en las que solo participaron representantes del Gobierno, del M-10 y del sistema de Naciones Unidas como facilitadores.
Las peticiones de los indígenas no calaron en ese entonces —y todavía no lo hacen— en el gobierno, que ha manifestado la necesidad de continuar con el proyecto, separando del mismo a la actual empresa concesionaria Generadora del Istmo, S.A. (Genisa)
La decisión de separar a Genisa fue tomada sin el total convencimiento de la comisión de alto nivel del gobierno.
El ministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vásquez, fue uno de los que se opuso a esta medida ‘apresurada’, dijo, apostando a un mayor estudio del caso.
Pero luego de una breve segunda etapa de negociaciones, se desató el disgusto de los pueblos indígenas, que se abocaron a realizar nuevas manifestaciones en toda la provincia de Chiriquí, bloqueando la entrada al proyecto hidroeléctrico.
El conflicto por la cancelación de Barro Blanco, entre sus picos y valles, data de cerca de siete años. El mismo ha trascendido las presidencias de Martín Torrijos (quien lo autorizó), Ricardo Martinelli (quien lo ratificó) y, ahora, Juan Carlos Varela.
Al gobierno actual le corresponderá decidir si se llega a terminar la construcción o si se cancela la concesión de la obra, que alcanza el 95% de avance.
El proyecto está suspendido temporalmente por órdenes del Ministerio de Ambiente, desde el pasado 9 de febrero, al confirmarse el incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental,
