Nuevos sindicatos se suman al paro de mañana por mejoras laborales y en rechazo al TISA
Piden, claro está, más dinero para salarios, pero también aprovechan para meter en la bolsa de reclamos otro surtido de reivindicaciones. Mañana para el Pit-Cnt de 9 a 13 horas y marchará desde Plaza del Entrevero al Palacio Legislativo. Lo hace por un mayor presupuesto para la educación y la salud y también en rechazo de las negociaciones que lleva adelante el gobierno de Tabaré Vázquez para integrarse al Trade in Services Agreement (TISA) que apunta a liberalizar el comercio de servicios.
La ola de paros que comienza esta semana y que se irá acentuando a medida que se acerque el debate presupuestal termina con la «luna de miel» del Pit-Cnt con el nuevo gobierno de Tabaré Vázquez que acaba de cumplir 100 días.
Fernando Pereira, uno de los coordinadores del Pit-Cnt, dijo a El País que se debe defender una educación pública como forma de reducir la brecha entre ricos y pobres y que eso es difícil con profesores y maestros que comienzan ganando $ 14.000. Para el sector privado, la principal reivindicación es que el salario mínimo se eleve a $ 15.000 (el 1° de enero pasó a $ 10.000). Según Pereira, aunque se haya desacelerado la economía, está previsto que crezca 15% en el lustro y los salarios deben acompañar esa evolución. «Nadie nos va a regalar nada. Los sindicatos tenemos que luchar», sostuvo.
Más allá de la plataforma del Pit-Cnt, están también las de cada sindicato en particular. Mañana no habrá clases en las escuelas y liceos públicos y privados de todo el país. El paro de la educación durará todo el día. De 8 a 18, en tanto, se atenderán solo las emergencias en los hospitales públicos. Adeom Montevideo no recogerá los residuos, las oficinas de la Administración Central no trabajarán y tampoco habrá taxis. En tanto, los ómnibus circularán normalmente, ya que la Unión Nacional de Obreros Trabajadores del Transporte (Unott) adhiere pero no para. Los trabajadores bancarios pararán desde las 11 a las 13 horas.
Sectores.
La educación, cuna de algunos de los gremios más aguerridos, se viene trenzando con el gobierno desde hace rato. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) se pelea con este gobierno desde antes de que asumiera. Es que las cartas ya estaban echadas: el presidente Vázquez eligió a María Julia Muñoz para que fuera su ministra e incidiera en las políticas educativas, y no una espectadora de lujo de lo que sucede con los consejos desconcentrados.
Pero el problema central que expresan los sindicatos de la educación, tanto Fenapes como la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), tiene que ver con el dinero. Piden pisos salariales de $ 30.000. Y para eso, advierten, se debe llegar al 6% del PBI para la educación —pero solo para alguna educación. Lo que los sindicalistas reclaman es que el porcentaje que prometió Vázquez se vuelque solo para la ANEP y la Universidad de la República (UdelaR). Hoy, el 4,8% del PBI que se invierte en la enseñanza va para estos organismos, pero también con él se financia el Plan Ceibal, la educación militar y todo tipo de taller o curso que se haga a funcionarios del Estado. Además, según supo El País, una parte del nuevo Sistema Nacional de Cuidados se solventará con el dinero del presupuesto educativo.
Los sindicatos de la educación hacen mañana un paro de 24 horas (no de 9 a 13 horas como el Pit-Cnt), ocuparán liceos y marcharán por el centro de Montevideo. No es la primera medida de fuerza que toman. Pararon el 27 de mayo en todo el país y además llevaron a cabo 100 asambleas (algunas con paro) en los 19 departamentos.
La situación en el sector de la salud también está bastante movida. La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) protagonizó ayer un paro de 24 horas y en horas de la mañana algunos cientos de personas marcharon desde el Hospital Pereira Rossell hasta el edificio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), en Luis Alberto de Herrera y Bulevar Artigas. Con grandes pancartas, reclamaron más dinero y mejores condiciones de trabajo.
Pidieron un salario mínimo de $ 30.520 ($ 6.520 más de los que el presidente del gremio, Pablo Cabrera, dijo el mes pasado en una entrevista con El País que reclamarían). Esto en un principio, porque a futuro también piden exclusividad salarial, lo que implica ganar $ 45.000 por seis horas de trabajo. Además, piden incluir todos los servicios de salud en la ley de insalubridad, lo cual también significa un aumento de los sueldos. Por otro lado, se quejan de la inseguridad en los centros de salud.
La FFSP no es el único gremio de la salud en pie de guerra. El Sindicato Único de Licenciados en Enfermería (SULE), que no es reconocido por ASSE ni por la Federación, pide también por salarios de $ 30.000. Además reclama la finalización de las reformas iniciadas en 2012 en el Pereira Rossell y más contrataciones de personal para el CTI pediátrico.
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), en tanto, que ya ganó en la Justicia la primera batalla por un aumento salarial de 26%, también pelea en esta puja de cara al Presupuesto. Semanas atrás, la jueza Josefina Tommasino, en lo civil de 19° Turno, le dio la razón a los 3.800 judiciales que entablaron el pleito, aunque el gobierno todavía tiene la instancia de apelación. Si pierde, la administración Vázquez deberá desembolsar US$ 50 millones.
Adeom, en tanto, pide aumentos salariales en Montevideo, pero sin duda su pelea mayor está en Salto, donde desde ayer empezó una huelga.
Huelga de ferroviarios se extiende por 48 horas.
Los trabajadores de AFE pararán a partir del jueves por 24 horas y no descartan ocupar las oficinas en las que trabajan. La Unión Ferroviaria (UF) está peleada con el gobierno desde 2011, cuando el entonces presidente José Mujica firmó un decreto por el que dejaba en manos de AFE solo el mantenimiento de la red ferroviaria y transfería a una sociedad anónima estatal de derecho privado, Servicios Logísticos Ferroviarios, todo lo vinculado al transporte de cargas y pasajeros.
El plan era que el grueso del personal de AFE pasara a la nueva sociedad que sería más ágil porque no dependería de la burocracia que exige la administración pública. La UF se resistió al cambio, ya que sostiene que de esta manera el gobierno busca convertir una empresa pública en una privada. «A esto se suma que a nivel mundial ya está demostrado que al dividir una empresa en dos, los costos se multiplican», sostuvo ayer el secretario general de la UF, Georgy Martínez, en un comunicado de prensa.
