México: asesinato de candidatos y boicots electorales marcan la previa de los comicios federales del domingo
El domingo 7 de junio, casi 84 millones de mexicanos acudirán a las urnas para las elecciones federales en las que se elegirán 300 de los 500 diputados federales (los restantes 200 son repartidos de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos por cada partido), gobernadores para nueve estados, diputados locales en 17 de los 32 estados, como así también presidentes municipales.
La violencia empaña elección: 8 candidatos son asesinados y muchos más sufren acoso
El proceso electoral que vive el país es atravesado por la violencia y los homicidios relacionados con el crimen organizado. Políticos son blanco de las narcoejecuciones que conllevan un mensaje: “Llegue quien llegue tienen que cuadrarse”. Decapitaciones, 8 muertes violentas a candidatos (el último hoy mismo) y a más de 10 funcionarios públicos, amenazas, atentados y zonas de alto riesgo estigmatizan las campañas del 2015 como unas de las más violentas. Un activista reflexiona, el problema se agravó cuando el Gobierno del Presidente Enrique Peña intentó evadir públicamente el tema de la inseguridad…
l asesinato de funcionarios o de candidatos no es un delito nuevo para los miembros del crimen organizado en México, pero sin duda en la actual administración, en el presente proceso electoral se ha recrudecido.
Al menos ocho candidatos han perdido la vida en este año electoral por disparos de armas de fuego, algunos de ellos con desproporcionada brutalidad incluso con la decapitación o la incineración.
En la mayoría de los casos, el modo de los ataques alude a la utilizada por los grupos armados del narcotráfico y el crimen organizado, además de abandonar los cuerpos con mensajes firmados por cárteles de la droga.
Hoy mismo ocurrió otro asesinato, Miguel Ángel Luna Munguía, candidato a Diputado federal por el Distrito 32 en Valle de Chalco, en el Estado de México, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue ejecutado en su casa de campaña, ubicada en la colonia Xico.
ELECCIONES EN BARBARIE
A un mes de arrancar las campañas, el 7 de marzo, cuando los partidos políticos libraban sus procesos internos de selección, en el municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero se registró el secuestro de Aidé Nava González, la precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para la alcaldía.
Los reportes hablan de al menos seis hombres armados quienes levantaron a la fuerza a la perredista en una de sus reuniones de precampaña con pobladores de una comunidad cercana a la cabecera del municipio.
El cuerpo de Nava González fue encontrado cinco días después con marcas de tortura, disparos y desprendida su cabeza. La escena en un camino de terracería incluía un mensaje escrito sobre una sábana blanca: “Esto le va pasar a todos los putos políticos que no se quieran alinear y putos chaqueteros Atte. Puro Rojo ZNS”.
Ocho meses antes de su muerte, en un atentado de alto impacto perdió la vida su esposo, Francisco Quiñones, ex Alcalde de la ciudad y desde el 2012, el hijo menor de ambos se encuentra desaparecido desde que en un video en internet aparece con los ojos vendados y pidiendo su rescate de 300 mil pesos.
Al exceso de violencia con la que se asesinó a la candidata se sumaría la de un joven en San Luis Potosí, quien desapareció en las primeras horas de haber iniciado las campañas.
A quien el Partido Acción Nacional (PAN) reconoció como uno de sus operadores electorales, fue encontrado decapitado. En esa fecha el partido en el estado informó que el joven Alfredo Ordaz, encontrado en el río Moctezuma había desaparecido luego que repartiera propaganda en la ciudad de Matlapa.
El recuento de violencia incluye atentados con armas de fuego a equipos de campaña, daños a propiedad privada, amenazas de muerte que han devengado en renuncias en candidaturas, entre otras agresiones.
Ante los datos de violencia, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) entrevistados por Zeta no dan muestras de preocupación: “Son lamentables los asesinatos de los candidatos, pero confío en que los mexicanos serán maduros, que podrán ejercer libremente su derecho a voto”, declara optimista Marco Antonio Baños.
La Diputada federal del PRD, Lizbeth Rosas Montero advierte: “Nosotros sí creemos que es necesario elevar el nivel de alerta al máximo; nosotros sí creemos que es necesario que se involucre al Poder Legislativo a través de su Comisión Permanente en la coordinación de la Seguridad Ciudadana en este proceso electoral”.
SALDO TRÁGICO
Son siete candidatos o precandidatos quienes han sido privados de la vida ente el 18 de febrero y el 18 de mayo, según un estudio realizado por la Vicepresidenta de la directiva de la Cámara de Diputados. Además de registrarse 43 víctimas de agresiones relacionadas con las campañas.
El último caso se sumó ayer.
El 14 de mayo en Yurécuaro, Michoacán fue ejecutado al finalizar un mitin político, Enrique Hernández Saucedo, abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la Presidencia Municipal de esa ciudad. El cuerpo del candidato recibió varios impactos de bala por parte de un grupo de hombres que viajaban en una camioneta. En la escena se lesionó a 3 personas más, entre ellas una menor de edad. Hernández Saucedo había sido líder de las autodefensas en ese municipio.
El miércoles 27 de mayo, la procuraduría de Justicia anunció que se dictó auto de formal prisión a 3 mandos policiacos, entre ellos el director y el subdirector de la Policía Municipal, responsables del ataque.
Según la Procuraduría estatal, los autores intelectuales fueron dos líderes delincuenciales, Alfonzo Guerrero Covarrubias y Heraclio Guerrero Martínez, quienes operaban una mina de arena en la zona.
Horas después, en otra latitud del país, en Tabasco, Héctor López Cruz, candidato a regidor sería asesinado de 16 tiros de arma larga, luego de concluir una jornada de reparto de propaganda y visita domiciliaria.
López, militante del PRI, quedó boca abajo y sin vida a la puerta de su casa en el poblado de Mecatepec, perteneciente al municipio de Huimanguillo, donde el PRD gobierna.
Diez días después del homicidio del candidato a regidor –hasta la fecha impune– en Puebla, José Salvador Méndez, coordinador de campaña de Lorenzo Rivera Sosa, candidato del PRI a Diputado federal, sería asesinado en la vía pública luego de conversar con un hombre afuera de las oficinas partidistas.
LA MARCA DEL NARCO
El primero de mayo un comando armado interceptó la comitiva de campaña de Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa.
A decir de los testigos, según ha documentado la revista Proceso, a punta de pistola los agresores hicieron descender al candidato y a 15 personas de su equipo que se trasladaban en distintos vehículos.
Luego de sentar a algunos en la banqueta de la carretera –10 kilómetros de la cabecera municipal entre Atzacoaloya y Chilapa– y otros recargados de espadas en los vehículos, uno de los agresores preguntó si conocían a “El Chaparro”, presunto líder del crimen organizado. Le respondieron que no, se dirigieron al candidato para llamarlo, al tenerlo de espalda, un hombre le disparó. En el suelo, el cuerpo del priista fue rematado hasta prácticamente destruir su cabeza.
Según los testimonios, el gatillero portaba chaleco antibalas, botas militares y la mitad de la cara cubierta, quien les advirtió al resto del equipo que se fuera “si no querían morirse”.
Los testimonios advirtieron que el comando se dirigió hacia Atzacoaloya, una comunidad indígena donde prevalece la presencia del grupo delincuencial de Los Ardidos que dirigen Celso y Antonio Ortega, hermano del perredista Presidente del Congreso local, Bernardo Ortega.
En Chilapa se vive una cruenta pelea entre grupos de narcotráfico, en esa localidad se registró la desaparición al menos de 16 jóvenes entre el 9 y el 14 de mayo en su mayoría.
DESBORDADA VIOLENCIA
El mapa de los homicidios hacia candidatos abarca también Oaxaca, Jalisco, Tamaulipas, entre otros. Incluso, en algunos casos, los ataques son contra quienes ya ostentan cargo de elección popular.
Por ejemplo, el secuestro y asesinato del Diputado federal, Gabriel Gómez Michel, en Jalisco junto con su asistente el 22 de septiembre del 2014. Los cuerpos fueron encontrados calcinados junto con el vehículo del priista, ex Alcalde de El Grullo.
Además al menos una decena de funcionarios públicos han sido asesinados en Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Coahuila y Oaxaca en lo que va del año.
En este último estado, en la zona indígena Triqui, el precandidato a Diputado federal por el PRD, Carlos Martínez Villavicencio perdió la vida tras ser emboscado junto con dos personas el pasado 18 de febrero.
SEGOB: “DIFÍCIL ESTAR EN CADA UNO DE LOS RINCONES”
Hasta el 21 de mayo, 20 candidatos a diversos cargos de elección popular han solicitado a la Secretaría de Gobernación (Segob), se les proporcione seguridad para realizar sus trabajos de campaña. Todos han recibido respuesta y 20 candidatos cuentan ya con protección.
“Cuando es del ámbito federal, prácticamente en todos los casos se lo ha dado la federación. Cuando es para Alcalde, Diputado local o miembro de la Asamblea Municipal, lo ha ofertado el gobierno del estado, de cada uno de estos estados”, detalló el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
También explicó que los candidatos contarán con seguridad hasta el 8 de junio, pero se puede alargar el plazo, si así lo advierten necesario. Entre éstos, están dos candidatos a Gobernador.
“Las campañas se dan por cientos, se dan en comunidades y es también complejo, muy difícil estar en cada uno de estos rincones”, añadió.
A consideración de Osorio Chong, los estados con un proceso electoral difícil son Tamaulipas, Guerrero y Jalisco.
De acuerdo a Mauricio Juárez, vocero de la SEGOB, por razones de seguridad, los nombres de los candidatos ni distritos electorales por los cuales compiten, pueden ser revelados. Detalló que en los 20 casos, la protección ha sido otorgada debido a la “coyuntura electoral que se vive”, explicó a Zeta.
¿Y QUÉ DICE EL INE?
La autoridad electoral en el país, se muestra optimista y asegura que el ambiente de violencia no impedirá la participación ciudadana. Se le pregunta al Consejero del INE, Marco Baños Martínez:
— ¿Considera el INE que los niveles de violencia el país, brindan las condiciones óptimas para ejercer un proceso democrático como son las elecciones?
“Son lamentables los asesinatos de los candidatos, pero confío en que los mexicanos serán maduros, que podrán ejercer libremente su derecho a voto y existen condiciones para que la autoridad electoral reciba esos votos, los cuente a favor del candidato del partido que decida el ciudadano y que el próximo 7 de junio tendremos instaladas todas las mesas directivas de casilla para tener una jornada electoral tranquila. Ésa es la apuesta del INE y por ella estamos trabajando”.
A decir de Baños desde el 5 de abril, el INE ha recibido 14 solicitudes de protección para candidatos a diputados federales y cinco solicitudes más de candidatos locales, las cuales han sido canalizadas a la Secretaría de Gobernación.
Acerca de las razones para que candidatos soliciten seguridad mientras realizan campañas electorales, el Consejero del INE, Marco Antonio Baños, detalla “son preocupaciones propias de los candidatos, no porque haya amenazas específicas, sino porque de acuerdo a las condiciones del distrito, el candidato ha solicitado pertinente pedir esta consideración”.
Ante los enfrentamientos armados en estados como Jalisco, Tamaulipas y Michoacán, que han paralizado ciudades, el consejero Baños sostiene que el INE no ha desarrollado un plan de patrullaje o vigilancia específica, ya que “no se ha afectado el desahogo del proceso electoral, nosotros seguimos trabajando de manera normal con la organización de las elecciones…pero las autoridades competentes están atentas a lo que pueda surgir”.
De las investigaciones por los homicidios y atentados contra candidatos, el INE no ha recibido información sobre las investigaciones ni el desahogo de las mismas, indicó.
Para el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, “en términos comparativos, el 2010 fue el punto más álgido en el tema de inseguridad para candidatos, a tal grado que fue asesinado en aquel entonces, un candidato a Gobernador. Aquello me pareció más dramático a nivel nacional”.
Aunque el consejero del INE admite “no esperábamos que fuera a haber ese tipo de violencia” y califica de lamentable el asesinato de candidatos, insiste en que corresponde a las autoridades de administración y procuración de justicia, determinar si los hechos se relacionan o no con cuestiones políticas.
Sobre la posibilidad de que el Ejército o fuerzas policiales participen en la vigilancia de la realización de elecciones, el Consejero Ruiz Saldaña, comenta “no podríamos en términos legales y no debemos en términos institucionales, militarizar o hacer policiacas las elecciones”.
O TE CUADRAS, O TE CUADRAS… EL MENSAJE
“Cuando ves que este tipo de delincuencia llega a personas que están en posiciones de peso de toma de decisiones, la preocupación es distinta. No porque el homicidio de un Diputado sea más importante que el de un ciudadano común, para nada, pero el de un Diputado se lee de una manera diferente, como un ataque directo al estado”, apuntó Francisco Rivas Rodríguez del Observatorio Nacional Ciudadano.
El mensaje criminal es muy claro: “Llegue quien llegue tienen que cuadrarse con ellos y tienen que permitirles su operatividad” refirió José Antonio Ortega Sánchez, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal.
Los activistas de la seguridad pública consideran que una parte importante de la agravación de las condiciones, inició cuando el gobierno del Presidente Enrique Peña intentó evadir públicamente el tema de la inseguridad: “Si el problema no es admitido, se le da un combate débil, a un diagnóstico equivocado y las acciones son acciones insuficientes y eso nos lleva a resultados deficientes”, señaló Francisco Rivas Rodríguez.
“Es lo que está pasando ahorita en el país, lo que pasó con el tema del secuestro, la extorsión, con Tamaulipas, con Estado de México, con Jalisco.
“Desafortunadamente parece que el estado mexicano no quiere aprender de su historia, esto no es nuevo, los niveles de violencia –contra candidatos y funcionarios– no son nuevos, se repiten, lo hemos tenido en las últimas elecciones”.
Como antecedente, ambos recordaron el caso de Michoacán en la elección hace 6 años cuando Luisa María Calderón (PAN) y Silvano Aureoles (PRD) denunciaron que hubo grupos del crimen organizado que se pasearon por las casillas con arma largas y lo que hacían era amedrentar aquellos que no iban vestidos con ciertos colores.
“El impacto de Los Templarios, hizo que llegara Fausto Vallejo a Gobernador, y luego ellos pensando que su voto había sido decisivo para que Fausto Vallejo llegara, empezaron a excederse en todas las actividades criminales hasta que hartaron a la población, surgieron algunos grupos de buena fe, en las autodefensas, otros no de buena fe sino auspiciados por CJNG y otros para hacerles frente a Los Templarios, evidentemente que va a tener un impacto directo en la elección y en los gobierno que lleguen a raíz de la votación de 7 de junio”, agregó Ortega Sánchez.
Ambos advirtieron de la urgencia de que el 7 de junio, todas las fuerzas del estado pongan especial atención en estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Veracruz Estado de México, Tabasco, donde la criminalidad organizada ya ha demostrado su capacidad de movilizarse impunemente.
¿QUIÉN TIENE EL CONTROL, ENTONCES?
“Esto apunta a que de nuevo la criminalidad organizada está influyendo en las campañas, no sé si a través de recursos o solo a través de amedrentar a los candidatos, y eso nos debe preocupar con mucha fuerza, advirtió el titular del Observatorio Nacional Ciudadano.
“Porque en la medida que ejerce ese poder, en la medida que comete esos crímenes pues está mandando mensajes precisos, tanto para el equipo del candidato que falleció como para los otros candidatos”, expuso Rivas Rodríguez
“Si yo hoy fuera un candidato en Chilapa (Guerrero), obviamente tendría mayores consideraciones en mis declaraciones, o tendría un mayor miedo para saber cómo implementar esos programas de seguridad respecto a otro candidato, donde no están pasando este tipo de eventos”.
Respecto al mensaje de los criminales Rivas detalló:
1.- “Es que ahí están, marcar está voluntad de que se les reconozca que ahí están que están presentes y que va a ejercer un poder.
2.- “Es yo dirijo, no solo es si gana el candidato que yo tengo mayor interés en que gane, estoy dirigiendo las elecciones, también al amenazar a todos los posibles candidatos, estoy poniendo muy claro sobre la mesa, que el que va a dirigir las políticas públicas después, voy a seguir siendo yo el crimen organizado.
“Ésa es la señal que tenemos que entender y tenemos que resolver, ahí donde hay vulnerabilidad en las elecciones, ya sabemos cuáles son los estados, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Estado de México, donde sabemos que haya criminalidad organizada, deberíamos tener una atención mucho más fuerte para revisar ¿quiénes son nuestros candidatos? ¿Qué tipo de alianzas tienen? Y qué tanta seguridad les podemos garantizar a ellos y sus familias.
“Lo que deberíamos estar viendo es una respuesta de todas las fuerzas del Estado mexicano para blindar a los candidatos y para no ponerlos en la posición que acepten el peso y las decisiones de la criminalidad organizada”.
CASO JALISCO, EL EJEMPLO
“Alertamos sobre el problema de Jalisco hace año y medio cuando vimos los homicidios de secretarios de estado, Alcalde”, manifestó francisco Rivas del Observatorio.
“Antes del ataque del 1 de mayo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al Ejército entregué un informe sobre Jalisco a organizaciones empresariales, al Gobernador Aristóteles Sandoval, al fiscal Luis Carlos Nájera y al Ejército, donde hablamos de que la violencia de este grupo criminal es primer lugar es desafiando a las autoridades del estado, porque cuando entre el Gobernador a los 9 días le matan a su secretario de Turismo, después secuestran y asesinan a un diputado federal, en mayo del año pasado ejecutan 4 soldados, en este año en Ocotlán los 5 gendarmes asesinados y varios heridos, luego los hechos de Mascota la emboscada a 15 policías estatales, y ahora lo del 1 de mayo, entonces es una afrenta directa a las autoridades del estado, a las autoridades políticas”, refirió también José Antonio Ortega Sánchez del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal.
“…y si lo vemos nacionalmente también va con los candidatos de varios partidos que han sido secuestrado, asesinados, y que están resintiendo esa violencia que sigue permanente en el país. Esto último no lo hemos documentado”.
Del nuevo perfil de los grupos del crimen organizado que están perpetrando estos ataques, Ortega concluyó: “Ellos han creado milicias privadas que son las que están operando, entienden que lo que les da la fuerza es su violencia, entre más descarnada más fuerte, logran impactar más fuerte al grupo contrario, a la autoridad y a la propia sociedad. Y eso les funciona tanto para controlar las plazas como para apoderarse de otras, y teniendo la plaza ellos van a poder operar trasiego de droga, secuestros, cobro de piso, robo de gasolina, todo lo que vienen haciendo”.
43 AGRESIONES
Ataques en campañas de acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados difundido el pasado 27 de mayo: 18 al PAN, 8 al PRI, 6 al PRD, 6 a Morena, 2 a Movimiento Ciudadano, 1 al Partido Social Demócrata, 1 al Partido Humanista y 1 al Partido Verde.
Desde el 18 de febrero hasta el 18 de mayo, 43 personas han resultado víctimas de asesinatos, secuestros, ataques armados, agresiones físicas, robos, quema de casas y vehículos durante el desempeño de tareas electorales.
Según un estudio presentado por la Diputada perredista Lizbeth Rosas Montero, además de los siete precandidatos y candidatos muertos, 36 personas más han sido agredidas “desde recibir amenazas de muerte hasta ataques a su persona o sus bienes”.
Para la legisladora, “el actual proceso electoral es el más violento en la historia reciente del país”. Basta con comparar las cifras mortales de las elecciones anteriores. En 2009 se registraron seis homicidios, en 2010 hubo tres asesinatos, en 2012 cinco más y en 2013 se reportaron tres.
Mientras que en 2015, los estados que concentran el mayor número de agresiones son Guerrero, Michoacán, Tabasco, Oaxaca y San Luis Potosí. En cuanto a partidos políticos, el PAN es el que más agresiones ha recibido contra sus miembros.
La Diputada destacó el clima de inseguridad en el que precandidatos, candidatos, personal de campaña y ciudadanos han estado envueltos durante las jornadas electorales. Un caso, las amenazas de muerte que orillaron a siete candidatos a abandonar la contienda electoral.
Por lo que exigió a la Secretaría de Gobernación, la aplicación de “acciones de mayor alcance antes, durante y después de los comicios” y pidió a su titular, Miguel Ángel Osorio Chong dejar de considerar los hechos como “casos aislados”.
Además de proponer a la Comisión Permanente, exhortar al secretario de Gobernación, presentar ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, un diagnóstico de las condiciones de seguridad en las 32 entidades del país, la Diputada también requirió detalles sobre los mecanismos, programaciones y acciones para garantizar “un clima de seguridad y confianza, que abone en la erradicación del temor y el miedo que pudiera generarse en la ciudadanía para salir a votar este próximo 7 de junio”.
ÚLTIMO CASO EN CHALCO
Hoy mismo, Miguel Ángel Luna Munguía, candidato a Diputado federal por el Distrito 32 en Valle de Chalco, en el Estado de México, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue ejecutado en su casa de campaña, ubicada en la colonia Xico.
De acuerdo con los primeros reportes, tres hombres armados ingresaron a las instalaciones de su casa de campaña y lanzaron varios tiros en contra del aspirante perredista. El candidato fue trasladado inmediatamente a un nosocomio, donde perdió la vida.
El deceso fue confirmado por Javier Salinas Narváez, secretario de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en su cuenta de Twitter:
“Condenamos y pedimos se esclarezca el atentado contra Miguel Ángel Luna, candidato a Diputado federal por Valle de Chalco @PRDmexico. Del hospital se confirma el deceso de Miguel Ángel Luna, mandamos nuestros más sentido pésame a su familia, exigimos pronta justicia”
Mientras tanto, el PRD, también a través de su cuenta de Twitter, condenó los hechos y exigió el esclarecimiento del “condenable suceso”.
Exigió también que se garantice la seguridad de todos en el proceso electoral.
Tensión en Tixtla y Chilpancingo por acciones contra los comicios
Durante la jornada para boicotear las elecciones en Guerrero ayer se vivieron momentos de tensión: en Chilpancingo fueron detenidos tres normalistas de Ayotzinapa que presuntamente retiraban propaganda política. Trasladados al cuartel de la policía estatal, fueron liberados dos horas después. En Tixtla, padres de los alumnos desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes cerraron el paso a policías federales que viajaban en 15 camiones y 13 camionetas; pretendieron tomar la ciudad.
Por la mañana, padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, así como campesinos, colonos y maestros aglutinados en el concejo municipal popular, y el Movimiento Popular de Guerrero (MPG) bloquearon accesos y salidas de la cabecera municipal de Tixtla.
Casi al mismo tiempo, miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), apoyados por los padres de familia de los 43 desaparecidos, tomaron la caseta de Palo Blanco, de la Autopista del Sol México-Acapulco, de las 10 a las 13 horas, y dieron paso libre a los automovilistas que transitaban.
Allí se vivieron momentos de tensión luego de que los contingentes se posesionaron de una pipa cargada de gasolina, que estacionaron cerca de las cajas de cobro de la caseta, lo que preocupó a directivos de la Policía Federal, que trataban de negociar que les entregaran el vehículo, lo que finalmente ocurrió.
Sin embargo, la mayor tensión se produjo después de las 16 horas, en el entronque de la vía Chilpancingo-Chilapa, en el acceso que va a la cabecera municipal. Los contingentes de padres de familia, normalistas de Ayotzinapa e integrantes del MPG retuvieron cuatro camiones y cinco patrullas pick-up, con decenas de policías federales, que portaban armas largas.
Esto propició que arribaran al lugar decenas de policías federales –en unos 15 camiones y siete patrullas–, que permanecieron una hora, que transcurrió en un ambiente ríspido, hasta que los agentes optaron por regresar a Chilpancingo.
Los contingentes advirtieron a los policías federales que no se atrevan a ingresar a Tixtla, porque no permitirán que se instalen las urnas y casillas para las elecciones del domingo, hasta que regresen con vida los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre pasado.
En Tlapa, cerca de 200 colonos y taxistas, de un grupo de choque del PRI, y del Partido los Pobres de Guerrero (PPG), que portaban palos y machetes, desalojaron del ayuntamiento a miembros del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), luego de que éstos habían quemado 116 mil boletas electorales.
El gobernador Rogelio Ortega estuvo ayer en Tlapa. En un acto oficial, entregó el edificio del ayuntamiento al alcalde interino, Isaías Rojas Ramírez, mientras el vocero del MPG, Juan Tenorio Villegas, culpó al gobierno estatal de enviar al grupo de choque, conocido en Tlapa como Los Cholos.
Sostuvo que los hechos ocurrieron cuando más de 200 personas de las colonias Caltitlán y El Peligro, encabezadas por el delegado municipal del PRI, Ever Mateos, y el candidato a la alcaldía de Tlapa por el Partido de los Pobres, Francisco Zurita Mejía, irrumpieron la zona. En el desalojo participaron militantes del Partido del Trabajo, enviados por el alcalde con licencia de Tlapa, Victoriano Wences Real, así como taxistas encabezados por, Rolando Morales Prieto, hermano del candidato priísta a la alcaldía de Tlapa, Javier Morales Prieto.
