Farc denuncian que el paramilitarismo aún «actúa impunemente» en el país
Los negociadores de las FARC en La Habana insistieron este domingo en sus denuncias de que el paramilitarismo sigue existiendo en Colombia, donde «actúa impunemente» y afirmaron que es «incompatible» con un acuerdo de paz.
«El paramilitarismo sigue existiendo en Colombia, se extiende nuevamente por todo el país y actúa impunemente», señaló la guerrilla colombiana en un comunicado leído a los medios por el comandante del equipo negociador, «Joaquín Gómez».
El grupo insurgente cito datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos (Siaddhh), según los cuales desde que se inició la presidencia de Juan Manuel Santos, se han registrado 1.762 agresiones contra defensores de derechos humanos, incluyendo 1.128 amenazas, 283 homicidios y 171 atentados.
Además refirieron que, de acuerdo con informes de Naciones Unidas, en el primer trimestre de 2015 más de 25 líderes sociales, políticos y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados.
«Desde el inicio de los Diálogos de La Habana han sido exterminados más de 100 militantes de Marcha Patriótica y la Unidad Nacional de Protección (UNP) reportó que entre 2012 y 2015 recibió 37.444 solicitudes de protección. Apenas atendió la mitad», añade.
Las FARC indicaron que se trata de «agresiones sistemáticas, con patrones de ataque y que existen trabas en las investigaciones de estos casos.
Aseguran que los responsables de estos crímenes «son en su inmensa mayoría paramilitares» y denunciaron que existen en Colombia más de 80 estructuras de estos grupos como las denominadas «Águilas Negras», los «Rastrojos», el «clan Úsuga» y el «Erpac».
«Las autoridades -en una actitud claramente negacionista- sostienen que los grupos paramilitares dejaron de existir», afirman.
El comandante guerrillero recordó que las FARC-EP han propuesto a la Mesa de Diálogos de Paz que una Comisión se encargue específicamente del «esclarecimiento y desmantelamiento definitivo del paramilitarismo, tal y como está establecido en la Agenda».
En ese sentido insistió en la necesidad de nombrar esa Comisión «cuanto antes» y de aprobar «nuevas leyes y políticas públicas para erradicar estas estructuras, así como para prevenir definitivamente su reaparición».
En estos momentos en la mesa de negociación de La Habana, las delegaciones abordan el complejo tema de las víctimas, en el que pretenden llegar a «algunos acuerdos mínimos» al terminar el actual ciclo de conversaciones, cuyo cierre debía producirse este domingo pero fue aplazado para el próximo jueves.
La existencia del paramilitarismo es incompatible con un acuerdo de paz
El paramilitarismo sigue existiendo en Colombia, se extiende nuevamente por todo el país y actúa impunemente.
Según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos (Siaddhh), desde que se inició la presidencia de Juan Manuel Santos, se registraron 1.762 agresiones contra defensores de derechos humanos: 1.128 amenazas, 283 homicidios y 171 atentados. La Fiscalía solo está investigando 442 de estos casos, sin mayores avances. En 2014 -durante los Diálogos de Paz- se incrementaron las amenazas en un 133%, siendo asesinados 55 defensores. La mayoría eran líderes indígenas, adscritos a juntas de acción comunal o campesinos, es decir, población del campo colombiano.
Según Naciones Unidas en el primer trimestre de 2015 más de 25 líderes sociales, políticos y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados. Desde el inicio de los Diálogos de La Habana han sido exterminados más de 100 militantes de Marcha Patriótica. La Unidad Nacional de Protección (UNP) reportó que entre 2012 y 2015 recibió 37.444 solicitudes de protección. Apenas atendió la mitad.
Se trata de agresiones sistemáticas, con patrones de ataque y existencia de trabas en las investigaciones en estos casos. Los responsables de estos crímenes son en su inmensa mayoría paramilitares, existiendo en Colombia más de 80 estructuras de estos grupos. Las Águilas Negras encabezan la lista, aunque las autoridades -en una actitud claramente negacionista- sostienen que los grupos paramilitares dejaron de existir. El listado de grupos paramilitares responsables continúa con los Rastrojos, el clan Úsuga y el Erpac.
Las FARC EP hemos propuesto en la Mesa de Diálogos la puesta en marcha de un mecanismo para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo, tal y como se establece en el apartado 7 del punto 3, del Acuerdo General de La Habana. Igualmente, pedimos el desmantelamiento efectivo del paramilitarismo, única forma de cumplir con lo establecido en el apartado 6, “Garantías de Seguridad”, del punto 3 del Acuerdo.
Todas las colombianas y los colombianos sabemos que el paramilitarismo es una grave realidad en nuestro país, y sin su desaparición no podrá haber paz efectiva y duradera. No es realista pensar que un fenómeno de tal magnitud puede ser extinguido simplemente con las conclusiones que en su caso alcanzará en el futuro la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y No Repetición, que actualmente discutimos en la Mesa. Nadie en su sano juicio aceptaría en Colombia que las garantías de “seguridad” para los firmantes del acuerdo de Paz consistan en tener una supuesta protección personal, en lugar de acabar con el mayor de los factores de riesgo para la vida, la integridad y la paz: el paramilitarismo.
La falta de voluntad en acabar efectivamente con el paramilitarismo solo puede leerse por la sociedad colombiana como falta de voluntad para construir la paz.
La Comisión que se ponga en marcha para cumplir con el compromiso establecido en el Acuerdo General sobre esclarecimiento y desmantelamiento del paramilitarismo, debe aclarar la historia y la actual situación de dichas estructuras en el país: cuerpos paramilitares, estructuras parapolíticas, grupos de mercenarios así, como sus formas de operación, conducción, vínculos con entidades o agentes del Estado y fuentes de financiamiento. Es obligación del Estado procesar eficazmente la información que, procedente de esa Comisión, llegue a su conocimiento, con el fin de desmantelar las estructuras paramilitares y parapolíticas, las bandas criminales, casas de pique o los grupos de mercenarios que subsistan en el país, antes de la firma de los acuerdos de paz.
Deben aprobarse nuevas leyes y políticas públicas para erradicar estas estructuras, así como para prevenir definitivamente su reaparición. Debe evitarse que en el futuro y como ha venido ocurriendo a lo largo de nuestra historia, el Estado, sus agencias o sus agentes puedan crear, apoyar o mantener relaciones con estructuras paramilitares o mercenarias. En la Nueva Colombia que surja tras la firma de un Acuerdo de Paz, solamente el Estado democrático puede ser titular del monopolio de la fuerza y el uso de las armas, y ello con la única finalidad de salvaguardar la soberanía nacional y los derechos fundamentales del pueblo colombiano.
Si ello no es así, con toda seguridad se repetirá el genocidio político ya padecido por la Unión Patriótica, y todos sabemos que ningún dispositivo de protección individual, estará en condiciones de evitarlo.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC EP
Propuesta de Farc sobre reclusión abre el debate
La declaración que dio a EL TIEMPO de ‘Pastor Alape’, uno de los jefes negociadores de las Farc en La Habana, en el sentido de que esa guerrilla consideraría la reclusión especial si la comisión de la verdad se lo pide, fue recibida con agrado por varios sectores del país. Pero también hubo críticas.
Es la primera vez que ese grupo insurgente admite la posibilidad de la reclusión, aunque no se están refiriendo necesariamente a que esta sea en una cárcel.
Claro que ‘Alape’ señala como condición que esa comisión establezca la responsabilidad de todos los sectores que incitaron y promovieron la guerra.
Para Roy Barreras, copresidente de ‘la U’, en la medida en que la guerrilla comprenda que tiene que asumir sus responsabilidades ante la justicia transicional, podrá allanarse el camino de la paz. “Eso implica penas alternativas que seguramente incluyan la no reclusión en cárcel, pero penas al fin y al cabo”, señaló.
El senador Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal, consideró “muy importante” la declaración del negociador de las Farc, sobre todo por la disposición que empieza notarse en la guerrilla a aceptar la justicia transicional.
Por su parte, David Barguil, presidente del Directorio Conservador (que tiene críticas al proceso de paz), destacó que haya miembros de las Farc “que estén entendiendo” que este proceso debe resultar en una justicia, “así sea transicional”, y que los crímenes cometidos por ellos deben llevar a unas penas privativas de la libertad, que en el marco de la negociación se definirá en dónde deban pagarlas.
Para monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, “es importante que las Farc dejen abierta la posibilidad de reclusión”, pero consideró fundamental que haya acuerdos y compromisos de no repetición.
La Corte Penal Internacional
Precisamente a mediados de mayo estuvo en Bogotá, en un foro de EL TIEMPO, James Stewart, vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), quien dijo que los Estados miembros del Estatuto de Roma tienen la “discrecionalidad” de diseñar los modelos de justicia transicional que se requieren para acabar un conflicto armado.
Agregó que las “sanciones penales efectivas” pueden adoptar “distintas formas”, y que los máximos responsables de crímenes de guerra tienen que ser perseguidos y castigados, aunque no especificó qué tipo de condena se les debe imponer.
En ese mismo foro, el fiscal colombiano, Eduardo Montealegre, manifestó discrepar de la posición de la CPI, que se orienta a sostener que se requiere un mínimo de pena privativa de la libertad.
Y también recordó que el mismo Estatuto de Roma les deja a los países un margen de discrecionalidad para definir “penas alternativas serias que sean diferentes a la privación de la libertad”, cuando sea necesario.
Pero, por supuesto que no todos están de acuerdo con que los jefes de las Farc no terminen en una cárcel.
Blanca Flórez, presidenta de la asociación Los que hacen faltan, integrada por los familiares de más 2.700 personas secuestradas por las Farc y cuyo paradero nunca se volvió a saber, catalogó de “terrible” la propuesta de ‘Alape’.
“Eso no nos gusta en ningún momento porque esos bandidos han bañado de sangre nuestro país. Ellos tienen es que pagar pero en una cárcel”, dijo la mujer.
Señaló que los jefes guerrilleros deben responder por sus crímenes, y antes de cualquier acuerdo debe haber verdad para las familias de los secuestrados.
Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (Sac) catalogó la propuesta de “gaseosa, como todo lo de las Farc” y dijo que “el país no quiere la paz a cualquier costo”.
De otro lado, el senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, dijo que el planteamiento de ‘Alape’ es “confuso, ambiguo y engañoso”.
Explicó que el guerrillero dice que revisarán el tema “si la comisión de la verdad manda a la cárcel a todo el mundo”. Para él esa comisión no puede ser la que defina una verdad judicial ni quién debe ir a la cárcel.
Para el analista León Valencia, la idea no es que sea la comisión de la verdad la que juzgue, sino que esta debe ser como la que hubo en Sudáfrica –del más alto nivel y neutral– para que escuche a los involucrados y, de acuerdo con sus contribución a la verdad, decida quiénes deben pasar a los tribunales y quiénes no.
Y Carlos Lozano, director del semanario de izquierda Voz y quien conoce a esa guerrilla, dijo que el planteamiento de ‘Alape’ es el de ese grupo, pero aclaró que la propuesta de las Farc no es que sea una justicia selectiva para ellas sino para que se les aplique a todos los que han tenido participación en el conflicto.
