Enjuician a la cúpula completa de un batallón acusado de más de 70 casos de falsos positivos

330

Desde hace pocas semanas viene desarrollándose un hecho de gran trascendencia que tiene que ver con uno de los periodos más lúgubres en la historia reciente de Colombia: los llamados falsos positivos. En silencio, y lejos de la atención de los medios, se están desarrollando en Medellín y Bogotá las audiencias de un juicio que por sus características resulta inédito.

Por primera vez, desde hace ocho años cuando estalló el escándalo de ejecuciones extrajudiciales por parte de integrantes del Ejército, toda la cúpula de un mismo batallón, es decir, la totalidad de los oficiales de mayor rango de una misma unidad militar fueron acusados por la Fiscalía y están en juicio por la muerte de decenas de personas indefensas. No se trata de un asunto menor.

Durante los últimos años los colombianos han conocido los casos y la forma macabra como en diferentes lugares del país algunos militares asesinaron a sangre fría a personas inocentes, que eran presentadas como bajas en combate y grandes éxitos operacionales. Por esos hechos hay cerca de 3.000 uniformados detenidos, de los cuales 815 ya han sido condenados. La mayoría de estos últimos son suboficiales y soldados. De esa cifra tan solo hay cinco oficiales con el rango de coronel condenados por esas ejecuciones. De allí la importancia de lo que está ocurriendo. En un
solo proceso la Fiscalía demostró e imputó la responsabilidad de otros cinco coroneles, lo que implica que en una sola investigación logró duplicar el número de oficiales de ese alto rango vinculados con falsos positivos.

El caso tiene que ver con el Batallón Pedro Nel Ospina de la IV Brigada con sede en Medellín, que opera en la comuna 13 y el oriente antioqueño. Los uniformados que están en juicio desde hace dos meses son los coroneles Édgar Ávila, quien era el comandante de esa unidad; José Zanguña Duarte, segundo comandante del batallón; Diego Padilla, jefe de operaciones; Raúl Huertas y Carlos Cadena, también de operaciones. Todos fueron detenidos entre marzo y abril de este año cuando comenzaron las audiencias contra ellos, la última de las cuales ocurrió el pasado 8 de mayo. Varias de esas diligencias han resultado polémicas pues con diferentes argumentos algunos jueces no permitieron a familiares de las víctimas presenciarlas. En otras, los abogados de varios de los implicados o ellos mismos no se han presentado con artimañas para dilatar el juicio. Lo que ha hecho diferente este caso, de los otros que la Fiscalía adelantó por ejecuciones extrajudiciales, es que quienes ahora están en juicio no están siendo procesados por hechos aislados sino por una cadena completa de asesinatos que abarcan 72 homicidios en un periodo de tan solo un año –2006 a 2007–, época en la que el comandante del Ejército era el general Mario Montoya.

La investigación impulsada por el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Misael Rodríguez, fue adelantada durante varios años de forma minuciosa por el valiente fiscal 57 de Medellín, Luis Fernando Zapata. Él logró encadenar y demostrar, con testimonios y pruebas contundentes, que asesinatos que parecían aislados en diferentes regiones de Antioquia realmente seguían un maquiavélico modus operandi del Batallón Pedro Nel Ospina. Sus pesquisas le permitieron imputar y llevar a condenas, desde las estructuras de menor rango que participaron en las ejecuciones hasta llegar a los máximos responsables de eesa unidad militar.

Como ya ha ocurrido en otros casos de uniformados involucrados en ejecuciones extrajudiciales, el oficial de mayor rango que hoy está en juicio, el coronel Ávila, comandante del batallón para la fecha de los hechos, tiene una hoja de vida llena de logros militares que en su momento lo convirtieron en uno de los oficiales más condecorados, admirados y consentidos por los altos mandos de la época.
La razón era bastante simple.

Entre 2006 y 2007 el coronel Ávila logró que su batallón quedara en el primer lugar de ‘bajas’ entre todas las unidades del Ejército a nivel nacional. Era la época en la que al interior de esa institución se incentivó y premió a quien mayor número de muertos presentara. En ese momento a pocos les importó y no cuestionaron cómo un batallón de ingenieros, que no era unidad de choque, combate o de fuerzas especiales, terminara como el más eficiente y con el mayor número de ‘muertos en combate’.

Gracias a sus ‘logros’ se disparó la carrera militar del coronel Ávila, la de los otros coroneles con rango de mayores para la fecha de los hechos, y otros subalternos del batallón. Ávila no solo logró medallas, reconocimientos y viajes, sino que alcanzó a ocupar importantes cargos. En mayo de 2009, el ministro de Defensa lo nombró director de la Justicia Penal Militar (JPM). Para ese momento, el escándalo de los llamados falsos positivos estaba en uno de sus puntos más álgidos y a pesar de que muchos de los familiares de las víctimas ya señalaban y denunciaban a Ávila y otros oficiales del Batallón Pedro Nel Ospina, el gobierno salió en defensa del oficial por medio de comunicados de prensa ante las voces de protesta que no entendían cómo un hombre señalado de ejecuciones extrajudiciales podía estar al frente de la JPM.

La carrera de Ávila y sus antiguos compañeros de la época del Batallón Pedro Nel Ospina siguió sin mayores tropiezos durante años. Tras salir de la JPM fue comandante de la VIII Brigada en el Eje Cafetero entre 2010 y 2011. De allí fue designado agregado militar en la Embajada de Colombia ante el gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte con sede en Londres. A su regreso pasó al retiro, según informó el Ejército a SEMANA. Hasta hace pocos meses fue decano de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada.

Con lo que no contaban él ni los otros oficiales que estuvieron bajo su mando en el polémico batallón de Medellín es que algún día la justicia los tocaría, como acaba de ocurrir. Por lo que sucedió en el Pedro Nel Ospina, la Fiscalía arrestó a más de 20 militares, varios de los cuales ya confesaron los homicidios y empezaron a contar lo que en realidad pasó. Esas colaboraciones y confesiones, que hoy tienen al excoronel y exdecano tras las rejas junto a otros cuatro coroneles, sencillamente son escabrosas.

En varias de las audiencias públicas que recientemente se desarrollaron contra Ávila y los otros coroneles, la Fiscalía mostró testimonios y confesiones de los propios autores materiales sobre la forma como asesinaron a casi un centenar de personas. Los casos son aberrantes.

Uno de estos es la de un campesino detenido por un teniente y un soldado del batallón, a quien transportaban en una camioneta. Cuando se dirigían al lugar en donde sería asesinado, el joven logró saltar del vehículo y cayó por un barranco. Durante toda la noche el teniente llamó a otro grupo de soldados y lo buscaron por la maleza. Un conductor de bus que pasaba por el lugar les dijo a los uniformados que unos kilómetros atrás un joven malherido le había pedido ayuda y le contó que lo iban a asesinar. Los uniformados rápidamente fueron al lugar señalado y ‘recapturaron’ al joven. Lo llevaron hasta la base militar en el sector de Alto de Minas. Allí le dieron comida, lo bañaron, le cambiaron la ropa y lo tuvieron amarrado a un árbol todo el día. Al caer la noche lo montaron de nuevo a la camioneta y lo llevaron a una carretera en donde le dispararon.

Otro hecho que causó gran impacto durante la audiencia fue el del asesinato de cuatro hombres que con engaños fueron llevados hasta el batallón. Allí los militares los transportaron en un carro hasta una vereda. Les dijeron que corrieran y a los pocos metros les dispararon. Uno de ellos cayó por un barranco. Los uniformados los dieron por muertos a todos. Horas más tarde llegó al lugar una comisión del batallón entre las que iba una juez militar para verificar las bajas producto de ‘un enfrentamiento con guerrilla’. Ante la sorpresa de todos, el hombre que había caído por el barranco comenzó a gritar que estaba vivo y a pedir ayuda. Sin problema los uniformados que le habían disparado se acercaron al borde del barranco y lo remataron. “Yo no vi nada”, dijo la juez militar.

Como estos dos hay otros 70 casos que han sido expuestos en las audiencias. El modus operandi de los miembros de ese batallón era similar. Conseguían personas indefensas, las secuestraban, las llevaban a zonas despobladas, las asesinaban, les plantaban armas al lado de los cuerpos y las reportaban como bajas en combate. Los autores materiales ya confesaron muchos de esos hechos y a su vez explicaron cómo toda la cúpula del batallón, comenzando por el coronel Ávila, sabía y patrocinaba ese tipo de acciones. Hoy esos cinco coroneles están en juicio y responden por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple y falsedad ideológica en documento público. El caso del Pedro Nel Ospina, el batallón de la muerte, con seguridad seguirá dando mucho de qué hablar sobre una de las épocas más oscuras en la historia reciente del país.

Semana

Más notas sobre el tema