«El cerco del Comando Sur: datos sobre las bases gringas en América Latina». Artículo publicado en el sitio venezolano Misión Verdad, que analiza el avance de las bases militares estadounidenses en la región y la presión que ejercen las mismas a Venezuela

En 29/06/2015

En ese momento se puso en evidencia el funcionamiento operativo de la red de bases estadounidenses, coincidiendo con una serie de cambios tácticos y de estrategia del Pentágono a nivel mundial, como se vio en Siria donde privilegió la guerra a distancia en vez de una invasión, lo cual debe ser analizado para entender el contexto de asedio de espectro completo actual contra Venezuela, descrita por la doctrina militar estadounidense como parte del «Arco de Inestabilidad» a nivel mundial.

Nuevo enfoque

Es importante empezar por la base de Manta ya que es un símbolo de las modificaciones en la estrategia de la doctrina operativa del ejército norteamericano a nivel mundial, donde se privilegian bases pequeñas con poca cantidad de efectivos y la suficiente infraestructura para recibir un importante despliegue aéreo, marítimo y de infantería, de ser necesario, de acuerdo al documento «Estrategia Nacional para una Nueva Era», firmado durante la Administración de Bill Clinton.

Esto formalmente comienza cuando caduca el acuerdo militar con Panamá gracias al acuerdo Torrijos-Carter en el que se establecieron plazos para que Washington traspase el control del Canal de Panamá. El Pentágono, en consecuencia, tuvo que reordenar sus bases en Florida (Estados Unidos), Soto Cano (Honduras), Puerto Rico, Comalapa (El Salvador), Reina Beatriz, (Aruba), Hato Rey (Curazao) y Manta (Ecuador), donde se pone en marcha lo que se conoce como el establecimiento de Centros Operativos de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) para que tengan un pequeño número de militares, una desconocida cantidad de contratistas, una continua actividad de inteligencia vía monitoreo, rastreo satelital, patrullaje; activas para despliegues rápidos si es necesaria una intervención directa en el lugar de la base u otros sitios cercanos o distantes, como hubiese sido utilizada la base de Palanquero (Colombia), para enviar grandes aviones hacia parte de África en caso de una eventualidad.

Bajo la «lucha contra el narcotráfico» es que se vendió la permanencia y aumento de la presencia militar estadounidense con el desembarco de la IV Flota y la formación de miembros del aparato de seguridad de otros países, una clásica forma de intervención de Washington. Así fue cómo se continuó con la ampliación de su influencia y control en las áreas estratégicas sobre los recursos naturales de América Latina, como el Amazonas, la Faja del Orinoco y el Acuífero Guaraní, entre otras.

Para esto hay un sistema de bases militares o convenios de cooperación que se basa en privilegiar pequeños sitios, delegar la adjudicación a contratistas para vincularse después y tapar los rastros que vinculen al Pentágono en estas relaciones que supuestamente son para luchar contra el narco o tareas humanitarias, de acuerdo al libro Territorios vigilados de la investigadora argentina Telma Luzzani. Así, a las bases convencionales como las conocemos (gran número de militares, equipamiento, aviones, buques, entre otras condiciones ya conocidas), se le suman las FOL.

Despliegue y guerra irregular

Y estas más de 80 bases operan desde México hasta Chile, pasando por Paraguay en Mariscal Estigarribia, donde está la mayor pista de aterrizaje de América Latina, y Chile con Fuerte Aguayo, sólo por nombrar algunos de los sitios que se conocen entre la maraña de desinformación, donde, por ejemplo, se intenta ocultar que Perú y Colombia son paradas de aprovisionamiento de la IV Flota, y se envía 250 marines a Honduras de las Fuerzas de Tareas Especiales para «luchar contra el narcotráfico, tareas humanitarias y formar a otras fuerzas».

Este despliegue en Honduras es parte del reenfoque de la Administración Obama, en el cual se privilegia el uso de intervenciones encubiertas en vez de las directas, luego de que se comprobara que Estados Unidos ya no puede predominar en escenarios de invasión, como sucedió en Irak y Afganistán. De acuerdo al analista militar cubano David Ignacio Martín, los últimos documentos militares y las declaraciones de altos rangos militares estadounidenses destacanla Guerra No Convencional, o irregular, como la doctrina predominante de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que para fines prácticos comenzó a ser publicada justo antes que iniciaran las «primaveras árabes» y se dieran los escenarios libios y sirios.

En este sentido, el desembarco en Honduras apunta a fortalecer el papel del Comando de Operaciones Especiales, que durante la Administración de Obama pasó de operar en 60 países a 150 con los múltiples objetivos de asesinar, secuestrar, realizar supuestas «misiones humanitarias» y formar a ejércitos de otros países (o fuerzas irregulares destinadas a iniciar movimientos armados contra los gobiernos enemigos) para que sustituyan a Estados Unidos en el campo de batalla, tal como lo explica una norma secreta firmada por el ex jefe del Pentágono, luego de la CIA y finalmente destituido por un escándalo de faldas y correos electrónicos, el general David Petraeus.

El uso y despliegue de fuerzas de operaciones especiales y la utilización de Centros de Operaciones Avanzadas (FOL) se enlaza con otros ingredientes pregonados por la Administración Obama, en la que se hace énfasis seis puntos: operaciones de las fuerzas especiales, aviones no tripulados, espías, socios civiles, guerra cibernética y combatientes subrogados (ejércitos irregulares que, en el caso venezolano, pueden ser identificados con el paramilitarismo, en el caso ucraniano con el movimiento nazi, y en el mundo árabe-musulmán con el Estado Islámico, Al Qaeda y diversos grupos yihadistas implicados en Libia y Siria, por ejemplo).

Toda esta nueva doctrina, en la que también funcionan las contratistas militares (mercenarios), es conocida en la actualidad como la guerra híbrida, posmoderna o líquida, en la que campañas de comunicación 2.0 se combinan con cyberterrorismo, manifestación de calles de «los socios civiles» (ONGs, políticos, estudiantes, periodistas, académicos, entre otros) financiados por Washington a través de la Usaid, la NED o Freedom House y acciones encubiertas de agentes especiales, privados o combatientes subrogados para en primer lugar intentar quebrar el frente interno vía «revoluciones de colores», o llevar progresivamente al «enemigo o adversario» a un escenario de guerra civil en la que los costos no sean altos en intervención y todo el peso político, social y económico caiga en las espaldas del país atacado.

Bajo esta lógica es que funciona el Comando del Sur, y este es el tipo de función que cumplen sus bases.

El cerco a Venezuela

La guerra irregular se escenifica aquí desde el terreno de las comunicaciones y medios digitales, los espías (cuyo punto más visible fue la detención del agente de la CIA, Thimoty Tracy), la guerra cibernética (escenificada a gran escala con el hackeo al CNE el 14 de abril de 2013 y las denuncias del presidente de Conatel, William Castillo), los socios civiles financiados por Washington y los combatientes subrogados, que andan vestidos de paramilitares luego de haber sido formados en Colombia para la guerra sucia.

Estos no sólo asumen tareas militares, como los paramilitares, sino que también apuntan a respaldar el ataque a la moneda, el bolívar, y la economía venezolana con teorías, rumores, matrices de opinión y denuncias falsas, acordes a la guerra económica emprendida por el gran capital financiero y el eje Madrid-Miami-Bogotá.

También hay indicios de que existirían contratistas militares como Dyncorp involucrados en planes golpistas, como sucedió con el alquiler del avión Tucano destinado a bombardear Miraflores, así como monitoreo satelital y de comunicaciones sobre Venezuela bajo el modelo denunciado por Edward Snowden, entre otros hechos comprobables donde se pone en funcionamiento la estructura de las bases militares en la región bajo una perspectiva global.

Con base a esto, se presta apoyo logístico y de «ideas», además de acciones tácticas, a los grupos destinados a sabotear la economía, la infraestructura y los servicios, como se ve en la constante guarimba eléctrica, los ataques cibérneticos al sistema alimentario armado por el Estado venezolano y los saboteos contra la estatal Pdvsa, por nombrar los casos más evidentes.

Por citar una eventualidad: hoy en día, esta estructura militar estadounidense permitiría montar una Sala de Operaciones Especiales (la que en términos de operaciones psicólogicas ya existe) para planificar y ser los ojos de las acciones militares en el terreno de un ejército irregular que inicie una guerra en Venezuela.

Este es el modelo de guerra no convencional aplicado en Siria para apoyar a los yihadistas islámicos y que toma puntos operativos alrededor del país, como Turquía, Jordania e Israel, donde existe presencia militar estadounidense. Por caso, esto mismo podría ser replicado tanto en Colombia, como en Aruba, Curazao, Panamá, Honduras o Perú.

Lo paradójico es que, al igual que en 2002, Estados Unidos desembarca más de 3 mil militares y un portaviones nuclear en Perú (el país que sustituyó el papel de Manta en Ecuador) en el mismo momento que declara a Venezuela como «una amenaza inusual y extraordinaria» para su «seguridad nacional», y en paralelo la Exxon Mobile (Rockefeller) intenta crear un escenario de conflicto con Guyana, que acaba de participar en un ejercicio militar conjunto con el Comando Sur.

Esta orden ejecutiva, en términos militares, formaliza implícitamente la activación de toda su mecánica de poder blando y duro, y sus más de 80 bases militares en la región tienen su papel a cumplir, si se tiene en cuenta que éste es sólo un paso formal enmarcado en la «Doctrina de Guerra Irregular de la Armada de Estados Unidos», donde se califica a Venezuela como uno de los «campos de batalla».

Las evidencias hablan por sí solas: