Corte Suprema abre proceso penal al expresidente Martinelli por espionaje
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en sesión extraordinaria, abrió causa penal al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública y contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, por los “pinchazos” que se dieron durante su gobierno (2009-2014).
Como fiscal del proceso fue designado el magistrado Harry Díaz; como juez de garantías actuará Jerónimo Mejía, quien ya ejerce esa función en la causa que se sigue a Martinelli por la compra irregular de alimentos deshidratados con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
La decisión fue comunicada por la CSJ, al concluir un pleno extraordinario que inició hoy, a las 3:00 p.m.
A favor votaron Díaz, Mejía, Abel Zamorano, Harley Mitchell, Oydén Ortega –fiscal en el caso del PAN-, José Ayú Prado –actual presidente de la CSJ- y Secundino Mendieta, suplente de Hernán De León. Ayú Prado y Mendieta presentaron un voto razonado. En contra votó Luis Ramón Fábrega. Víctor Benavides -que actualmente afronta una investigación por la presunta comisión de delitos de enriquecimiento injustificado y contra la integridad sexual- no acudió al pleno ni habilitó a su suplente Nelly Cedeño.
Como querellantes fueron admitidos los políticos Mitchell Doens, Bernabé Pérez, Javier Ujuleta, Balbina Herrera, Juan Carlos Navarro y Mauro Zúñiga; el diputado José Luis Varela –hermano del presidente de la República, Juan Carlos Varela-; el abogado Rosendo Rivera Botello –que en el pasado representó a Martinelli-; el catedrático Miguel Antonio Bernal, y el periodista Rubén Polanco, del diario La Prensa. Cada uno de ellos querelló individualmente a Martinelli. El pleno extraordinario de hoy fue convocado precisamente para decidir qué hacer con las 10 querellas.
Los magistrados desestimaron el delito de revelación de secretos empresariales, atribuido por el diputado Varela en su querella. El pleno argumentó que Varela no acompañó su denuncia con la respectiva “prueba sumaria”, como actualmente exige la Ley 55 de 2012 (“Ley Blindaje”), aprobada precisamente en el gobierno de Martinelli.
Las causas judiciales abiertas a Martinelli deben ser dirimidas en la CSJ, dada su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), que asumió el 1 de julio de 2014, al día siguiente del término de su mandato presidencial.
El exgobernante reaccionó a través de su cuenta en la red social Twitter, como es habitual en él, desde que se marchó de Panamá, el 28 de enero pasado. Dijo considerarse a si mismo un «perseguido político».
El Ministerio Público probó que se interceptaron las comunicaciones de unas 150 personas, entre empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos opositores al gobierno de Martinelli. El 17, 18 y 20 de agosto debe llevarse la audiencia preliminar a Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional, por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad de secreto y el derecho a la intimidad. También fueron llamados dos exfuncionarios –Ronny Rodríguez y William Pittí-, que están prófugos.
La investigación inició el 29 de julio pasado por parte del fiscal Auxiliar Marcelino Aguilar, y la concluyó el fiscal adjunto Ricardo Muñoz.
Garúz y Pérez están detenidos desde enero pasado. Actualmente se encuentran en El Renacer.
La máquina pinchadora, adquiridad por $13.4 millones a una empresa israelí con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), está actualmente desaparecida. El actual director del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, presentó una denuncia al respecto.
El paradero actual de Martinelli se desconoce. A mediados de abril, La Prensa lo localizó instalado en un condominio de lujo en Brickell Avenue, Miami.
