Corrupción en el gobierno de Guatemala: Corte suspende antejuicio al presidente en el Congreso
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió suspender de forma provisional el trámite de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, promovido por el diputado Amílcar Pop, y que actualmente se encontraba en manos de la Comisión Pesquisidora del Congreso.
Según Martín Guzmán, secretario de ese órgano constitucional, votaron a favor de suspender las diligencias del antejuicio, los magistrados Roberto Molina Barreto, María De los Ángeles Araujo y Héctor Hugo Pérez Aguilera.
Mientras que Héctor Efraín Trujillo Aldana, en calidad de suplente de la magistrada presidente, Gloria Porras, así como Mauro Roderico Chacón Corado votaron en contra del amparo provisional promovido por la abogada Karen Fischer a favor del mandatario.
Entre los argumentos que se mencionan, de estos últimos dos magistrados en sus votos razonados, es que Fischer no tiene legitimación para actuar de esa manera, debido a que el agravio fue directo y personal en contra de Pérez Molina.
Hasta ayer por la noche la CC aún no había informado por escrito sobre los votos razonados.
Las razones
El Secretario de la CC dijo que los argumentos sobre los cuales los tres magistrados lograron detener provisionalmente todos los efectos, trámites y actuaciones para retirarle la inmunidad a Pérez Molina, están basados en una supuesta omisión de los artículos 4 y 16 de la Ley de Antejuicios, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al momento de remitir el expediente al Congreso para su continuidad.
“En alguna medida, la Corte advirtió que la CSJ al disponer la remisión de las actuaciones al Congreso para la continuación de las diligencias de antejuicio, no observó lo previsto en los artículos 4 y 16 de la Ley en Materia de Antejuicio”, subrayó.
Además, agregó, “los aspectos fácticos sobre los cuales decidió la Corte radican en que se está haciendo una continuación de esas diligencias contra el funcionario, sobre la base de una sindicación de comisión de delitos que se formuló contra terceras personas”.
El Artículo 4 indica, “…la denuncia podrá ser presentada por cualquier persona a la que le conste la comisión de un acto o hecho constitutivo de delito por parte de un dignatario o funcionario público, y no simplemente por razones espurias, políticas o ilegítimas”.
Sin embargo, en la resolución con la que la CSJ remite el antejuicio al Congreso señala, “…esta corte advierte que, los hechos denunciados no son espurios, políticos ni ilegítimos”.
elPeriódico tuvo a la vista el informe escrito que el presidente Otto Pérez Molina envió ayer a la Comisión Pesquisidora en el Congreso, horas antes de la resolución de la CC.
En el mismo resalta que “la CSJ al conocer de las diligencias de antejuicio de mérito omitió el análisis adecuado, que le obliga a calificar con suficiencia y con base en razones técnico jurídicas convincentes los hechos denunciados, mucho menos se pronunció si los hechos eran espurios, políticos o ilegítimos, ya que, únicamente, se limitó a concluir que la denuncia cumplía con los requisitos de admisibilidad”.
Admisión de amparo
La abogada Karen Fischer en su calidad de ciudadana “afectada” presentó el 11 de este mes la acción de amparo ante la CC a favor de Pérez Molina.
Explicó que desde el miércoles pasado esa Corte conoció ese amparo, sin embargo, no dictaminó debido a que no se habían recibido los informes de la CSJ y del Congreso.
En la reunión del pleno de magistrados, que duró 2 horas 55 minutos, de las que, la discusión del caso fue de una hora y media, no participó la presidenta de ese organismo debido a que se encuentra en una comisión en Costa Rica.
Pesquisidora se queda en impasse
Mientras que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) deliberaban si fallaban a favor del amparo interpuesto por Karen Fischer en defensa de la figura presidencial; el diputado Hugo Morán, de la bancada Creo, integrante de la Comisión Pesquisidora, exigía que “inmediatamente” se elaborara el informe circunstanciado al Congreso, en el que se manifestara que es viable retirarle la inmunidad al mandatario.
El argumento de Morán era que Pérez Molina había incumplido en asistir a la Comisión, quien escucharía su defensa ante los señalamientos del diputado Amílcar Pop, quien lo denunció por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio. Su propuesta fue rechazada por los otros miembros de la Pesquisidora: Fernando García y Armando Chun Chanchavac ambos del partido Lider y Mario Linares del Partido Patriota (PP).
La solicitud generó un cruce de palabras entre Morán y el diputado García, quien ayer dirigió la Comisión, tras la renuncia del diputado Baudilio Hichos, señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por su presunta vinculación en un contrato anómalo de Q2.1 millones.
“No podemos parcializar una decisión, nos tomaremos el tiempo que sea necesario para revisar el informe que envió el Presidente” insistió el diputado García, ante la insistencia de Morán. En tanto, se tuvo a la vista la respuesta de Pérez Molina, que pidió a la Pesquisidora declarar sin lugar el antejuicio solicitado por Pop.
Renuncia Hichos
Hichos, que fue electo presidente de la Pesquisidora, dijo que su renuncia era para darle oportunidad a los demás integrantes a hacer su trabajo, en tanto que, él se pondría a disposición como “colaborador” ante el MP y la CICIG. Incluso el congresista manifestó que solicitaría al pleno un “permiso especial” si fuera necesario.
Por su parte, los cuatro integrantes de la Pesquisidora indicaron que trasladarían un informe a la Junta Directiva del Congreso, para que se convocara a una sesión extraordinaria y se eligiera al miembro faltante en el pleno.
Hasta ayer, las siguientes actuaciones se mantenían en impasse debido al amparo provisional de la CC en favor de la acción de Fischer.
El informe
Carlos Alvarado, de la Secretaría General de la Presidencia, entregó por escrito la respuesta del presidente Otto Pérez Molina. En el documento, que consta de 21 páginas, el mandatario describió: “la acusación en el delito de asociación ilícita es imprecisa; en el de incumplimiento de deberes, se establecen argumentos falaces; y el de encubrimiento propio no cuadra como delito penal”.
Sindicalistas y campesinos unen fuerzas en manifestación capitalina
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) y sindicalistas del área de Salud bloquearon las principales vías que conducen hacia el Obelisco, Hipódromo del Norte, Calzadas Roosevelt y Aguilar Batres, en la ciudad capital, para pronunciarse en contra de la reforma de Ley de Servicio Civil y para, según ellos, plantear una agenda de demandas históricamente relegadas.
En el área del Obelisco, el STEG estuvo liderado por Joviel Acevedo, quien indicó que la agenda contiene una serie de demandas que “la oligarquía” tiene como factura a la sociedad. Además, señaló que las manifestaciones también iban encaminadas para exigir la aprobación de la ley de desarrollo rural integral, la nacionalización de la energía eléctrica y la ley de minería, entre otros, así como en contra de la corrupción.
“Como movimiento siempre hemos denunciado la corrupción y no entendemos por qué ahora se indignan unos grupos, si esta situación permanece desde que sacaron a (presidente Juan Jacobo) Árbenz y fue allí en donde se crearon los escenarios para que existiera esta cadena de corrupción que hoy aterriza en lo que está sucediendo en el Estado de Guatemala”, refirió.
Acevedo aseguró que la agenda será entregada en el Congreso para que en ese lugar sean escuchadas sus peticiones y les sea dada una respuesta de la misma, la cual con anterioridad fue entregada al presidente Otto Pérez Molina.
En cuanto a las reformas a la Ley de Servicio Civil, el dirigente expresó que la propuesta que plantean es bien clara, en donde piden que se fortalezca su reglamento y así las dependencias del Estado tengan procesos de oposición para que al asumir cargos públicos se elija a la mejor opción, pero no mantienen la misma postura sobre la reforma de la Ley.
AUDIENCIAS
El sindicalista solicitó una audiencia con el Grupo Garante del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia (G4), la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Embajada Americana y la Unión Europea puesto que precisó es necesario que ellos les expliquen el motivo de que sus peticiones no sean tomadas en cuenta cuando salen a discutir los temas de la corrupción.
En tanto, Luis Alpíres, dirigente sindicalista del área de salud explicó que lo que buscan es fortalecer la protección de parte del Estado a los trabajadores.
“No queremos que se promulgue una ley que vulnere los derechos adquiridos por los trabajadores, como los pactos colectivos, pedimos el respeto de tratados nacionales e internacionales en esta materia”, explicó.
