Validez de la movilización callejera (Guatemala) – Por Rosalinda Hernández Alarcón
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Imposible dejar de comentar las movilizaciones ciudadanas que suceden en Guatemala a partir del día 20, cuando decenas de personas demostraron su indignación y exigieron se juzgue al binomio presidencial por su presunta vinculación en actos corruptos. Desde entonces se han realizado mítines y marchas en diferentes lugares del país, destacando las realizadas el 25 de abril en el Parque Central capitalino y el Primero de Mayo. Una primera reflexión: todas estas acciones podrían contribuir en el imaginario social para motivar la idea de que criticar a las autoridades públicas no es delito ni tarea de especialistas, como tampoco lo es exigir castigo a los copartícipes del sector privado que han corrompido las instituciones del Estado, a tal grado, que algunas están en bancarrota o dan servicios de pésima calidad.
Es irónico escuchar cómo representantes empresariales llaman a la ciudadanía a manifestar su descontento por las redes de corrupción descubiertas en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); son los mismos que han criminalizado las protestas comunitarias opositoras a la instalación de grandes hidroeléctricas o industrias mineras. Segunda reflexión: esa calificación contradictoria muestra una doble moral que pretende desconocer o abrogarse en exclusiva para el empresariado un derecho reconocido para todas las personas en la legislación guatemalteca e internacional, de tal manera que esta prerrogativa no se circunscribe para rechazar los robos al fisco hoy investigados por la CICIG, sino incluye la posibilidad de fiscalizar a todos los funcionarios públicos, empresarios, diputados y administradores de justicia, así como de proponer cambios al sistema político que hoy está en crisis.
El despertar de quienes superaron por primera vez el miedo y los prejuicios para salir a la calle, es tangible. Sin duda contribuye a las prácticas democráticas la participación de quienes hicieron de lado el conformismo y la displicencia, además ejercieron su libertad de expresión desde diferentes perspectivas a través de distintos medios para visibilizar su indignación y demandas. Tercera reflexión: la perseverancia de la movilización social y la capacidad de propuesta es en todo caso lo sustancial si se tiene en perspectiva erradicar las opresiones y desigualdades generadas por la concentración del capital, el racismo y la discriminación contra las mujeres. Aquí recupero lo dicho por una compañera, el despertar actual de unos es posible sumarlo a las experiencias de otros, como son las impulsadas durante años por agrupaciones de mujeres, indígenas, campesinas y otras para denunciar el despojo de sus tierras, sus aguas, sus caminos, sus territorios; muchas de ellas han sido reprimidas por ejemplo en Totonicapán, La Puya, Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia, San Juan Sacatepéquez.
Sería necesario analizar cómo entretejer solidaridades entre quienes a partir de abril manifiestan públicamente su descontento, con aquellas personas organizadas desde tiempo atrás que han protestado sin mucho éxito por los abusos cometidos por funcionarios públicos, finqueros, empresarios e integrantes del crimen organizado. Ello podría impedir que quienes participan en movilizaciones sociales sean catalogados de desestabilizadores, bochincheros o “terroristas”; pero sobre todo multiplicar fuerzas para encontrar soluciones en beneficio de las mayorías.
