Una multitud volvió a reclamar justicia por los crímenes de la dictadura militar
Comenzó a las 19.08. El rumor se fue aplacando. Las persianas de plástico en los apartamentos subían para ver pasar a las más de 100.000 personas que marcharon desde Jackson y Rivera hasta la plaza Libertad. Las persianas metálicas en 18 de Julio bajaban con chirridos, a medida que avanzaba la multitud.
“En tu nombre”, rezan los carteles en blanco y negro, con tipografía en mayúscula, acompañados por el rostro de Luisa Cuesta. A la vera, rostros de emoción intentan reconocer las caras en los carteles que marchan adelante, sostenidos de mano en mano.
Una niña aprende a susurrar su canción favorita. Elena Zaffaroni eleva el cartel de quien fuera su compañero, Luis Eduardo González, y la escoltan su hijo Emilio y su nuera, que está dando de mamar a “la garota”, como llama la integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos a su nieta Beatriz. La multitud avanza y entre tres amigas una espeta: “Es demasiada hipocresía”.
A las 19.10 la marcha se frena. ¿Por quién doblan las campanas que se oyen a lo lejos? Una bebé hace gestos de saludo a su madre y le muestra sus championes azules desde el cochecito. A estas madres jóvenes se les permite romper el silencio porque, en el camino, enseñan a preguntar(se). Algo de esto dijo el músico argentino León Gieco, quien participó por primera vez en esta movilización y expresó que tuvo “sensaciones conmovedoras” al marchar en silencio: “Estas marchas son muy importantes para el pueblo, sobre todo para la juventud, para preguntarse qué nos pasó a todos en Sudamérica”. “Es un honor que me hayan dejado participar y cantar ‘presente’ ante el nombre de cada desaparecido”.
A las 20.55 empiezan a decir 200 nombres y, firme en su andador, una septuagenaria con la remera negra de “Todos somos Familiares” grita: “¡Presente!”. Plenaria Memoria y Justicia interpela en las escalinatas del Banco República de 18, entre Minas y Magallanes, con su pancarta negra que en letras blancas afirma: “Nos duele el silencio. Gritemos justicia”. Anuncio que cumplieron al finalizar el Himno Nacional en la plaza Cagancha.
Raquel trabaja desde hace cuatro años como acomodadora de taxis en 18 y Aquiles Lanza. Ve pasar a una mujer retacona que respira de manera dificultosa y dice que esta “marcha por los desaparecidos” le “toca”: “No me gustaría que me pasara a mí”.
A las 21.19 terminan de leer la lista. Las pancartas ya están frente a la Suprema Corte de Justicia. Los aplausos que gritan duran cinco minutos. “Tiranos temblad” es entonado fuerte y varios puños se ponen en alto. Otra vez el aplauso atronador. Una amiga le avisa por celular que ella está por la calle Tacuarembó; hasta allí -o más- llega la marcha que ruge contra la impunidad.
Enfermito
El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, dio la nota por segunda vez en una semana especial. Mientras Luisa Cuesta evoluciona favorablemente en el hospital, recuperándose del accidente vascular que tuvo el 6 de mayo; mientras Jorge El Tambero Zabalza encabeza la marcha en silla de ruedas junto con otras dos militantes sociales, el jerarca volvió a criticar a las organizaciones de derechos humanos que han denunciado públicamente que su cartera no entrega documentación sobre integrantes de las Fuerzas Armadas que pudieron estar implicados en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Un día después de la creación por decreto del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Fernández Huidobro indicó que “colaborará” en la entrega de información, “como siempre lo hemos hecho” y sostuvo que las organizaciones “mienten descaradamente”. “Todos los que hablan mal de las Fuerzas Armadas y los militares […] son enfermitos y enfermitas”, remató.
Gastón Grisoni, de la Asociación de Ex Presos y Presas Políticos (Crysol) opinó que las declaraciones del ministro “son desafortunadas” y valoró la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que, a su entender, “manda un mensaje contundente de la voluntad política del Poder Ejecutivo de avanzar sustancialmente en investigar, esclarecer y sancionar las violaciones a los derechos humanos”.
El diputado por el Partido para la Victoria del Pueblo (PVP), Luis Puig, consideró que “el más contundente planteo respecto de la continuidad o no del ministro al frente de Defensa lo da el compromiso de la gente, de los miles de jóvenes que año a año se suman a esta marcha”. “La presencia del ministro de Defensa es contradictoria con la política estatal de derechos humanos y de avanzar en la búsqueda de verdad y justicia”, opinó.
Además, Puig calificó los dichos del coronel Guillermo Cedrez como “apología del terrorismo de Estado” por “vanagloriarse de haber secuestrado y torturado”, en referencia al reconocimiento del militar de la existencia de fosas clandestinas y de la coordinación represiva de los años 70 y 80 en el Cono Sur denominada Plan Cóndor, a la que comparó con la que llevan actualmente los gobiernos democráticos en su lucha contra el narcotráfico.
Por su parte, el diputado del MPP Alejandro Sánchez dijo que no compartía los términos en los se que expresa el ministro. “Hay que trabajar por la verdad y no poner ningún obstáculo. No aporta nada este tipo de debates desde el lugar ni con los argumentos que se dan”. Evaluó que durante el gobierno de José Mujica hubo “avances sustantivos en la obtención de información y en la búsqueda de restos [de desaparecidos]”.
Marys Yic creó, junto a Mirta Toledo, un grupo de familiares de los 209 asesinados políticos que ayer marchó por primera vez como tal. “Nos dimos cuenta de que en soledad no podíamos hacer nada, que teníamos que juntarnos”. Yic dijo que mientras siga Fernández como ministro “no creo que haya cambios”. “La información está trancada en el Ministerio de Defensa”, afirmó. Lo sabe por la búsqueda que hizo sobre el asesinato de Nuble, su padre, cometido el 15 de marzo de 1976. Lo secuestraron de su casa el 22 de octubre de 1975 y estuvo cinco meses desaparecido, en los que pasó por distintos centros de detención y tortura. Desde Defensa “me dijeron que no me podían dar los legajos de los militares que estaban en el batallón en el momento que mataron a mi padre, porque no tenían el nombre completo de los oficiales ni sus direcciones, siendo que yo tengo el expediente donde están los nombres y las firmas de todos, además de 30 testigos de su secuestro, tortura y muerte, y 20 testigos de que estaba enfermo. Es una tomadura de pelo”.
