Jesús Santrich, integrante de la delegación de paz de las FARC: «Hay una rotunda incoherencia del gobierno entre su discurso y sus acciones»
Por Dick Emanuelsson
“Con dolor tenemos que decir que nos obligan a actuar militarmente en momentos en que abordamos en la mesa el tema de las víctimas del conflicto, en momentos en que estas han clamado por el cese bilateral”, dice el comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP e integrante de la Delegación de Paz en la siguiente entrevista al reportero de ANNCOL, Dick Emanuelsson. Y agrega:
A estas alturas de la vida, el gobierno ya debería tener bien claro al menos dos asuntos elementales, y es que los guerrilleros de las FARC-EP preferimos hacernos matar antes que someternos, y que jamás las guerras se han terminado por acuerdos jurídicos. El caso colombiano no será el primero y menos luego de medio siglo de conflicto.
¿Que conclusión política concreta hacen las FARC sobre el bombardeo y la obsesión de dar con los comandantes y arrasar con campamentos guerrilleros?
Lo primero es que en torno al propósito de alcanzar la paz hay una rotunda incoherencia del gobierno entre su discurso y sus acciones. Es totalmente absurdo pensar que incrementando las operaciones militares y paramilitares se va a acelerar el proceso. Por el contrario, la masacre de 26 guerrilleros en Guapi y de diez más en Antioquia, afecta gravemente el desarrollo de los gestos recíprocos de desescalamiento del conflicto en que las partes se habían empeñado, pues se ha puesto en evidencia que del lado del gobierno no existe voluntad política para disminuir la confrontación.
Es un contrasentido de Santos pretender acelerar unas conversaciones a punta de bombardeos guiados por la venganza respecto a acciones que la insurgencia ha realizado en respuesta al asedio contra sus unidades en tregua. Así se están dando pasos hacia atrás y se colocan obstáculos a la redacción de acuerdos en la Mesa, lo cual se suma a los problemas que se crean cunado nos pretenden imponer visones intransigentes que son inadmisibles, como aquello de querer que los guerrilleros terminen en la cárcel por haber hecho uso al derecho a la rebelión contra regímenes corruptos y podridos como el de Colombia. Actuar de esa manera con una justicia con el prestigio por el suelo frente una ciudadanía que tiene descreimiento no solo respecto a la rama judicial sino en relación con la institucionalidad en general, es postergar que el anhelo de reconciliación de los colombianos se convierta en realidad.
El proceso realmente se pone en peligro, porque los plenipotenciarios insurgentes vinieron a La Habana a trabajar un acuerdo y una agenda que mandata buscar la paz; no vinimos a ser testigos de las pataletas del gobierno cuando tiene resultados adversos en el campo de batalla o del morbo que denota el jefe de Estado cuando anuncia las muertes de guerrilleros.
Ha sido suspendido el cese al fuego unilateral pero no los diálogos. ¿Cómo se verán afectados éstos por el bombardeo?
En parte esta pregunta ya está respondida, pero agregaríamos que a todas luces el mandato de quienes votaron por la reelección de Santos, era el de hacer la paz, y esto implica tener un comportamiento en consecuencia. A la gente que confía en el proceso hay que atenderle sus expectativas, por eso nosotros creemos que había que brindar sin mezquindades la posibilidad del cese de fuegos, y pusimos todo de nuestra parte declarando la tregua unilateral, de la cual nadie puede decir que no hubo un beneficio tangible para el país. Desafortunadamente el establecimiento no quiso valorar este gesto y lo que ha ocurrido es que se lesionó inmensamente la confianza que se había ido construyendo entre las partes, y que incluso creíamos estimulada con la participación de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la guerrilla. Ahora el gobierno, como activando un raudal de agua fría contra la esperanza de reconciliación de las mayorías, con sus acciones y nuevas declaraciones guerreristas, le da juego a los enemigos de la paz.
La actitud de Santos nos coloca en la situación de desarrollar contra nuestra voluntad unos diálogos bajo el fuego. Pero lo que más termina afectado es la tranquilidad de la población que resiste la inclemencia de la guerra; de hecho ya hay desplazamientos de centenares de personas de las áreas donde se efectúa la ofensiva del gobierno. Es paradójico que nos sigamos matando en medio de unas conversaciones de paz, solo para darle satisfacción en litros de sangre a los guerreristas que se oponen a la solución política.
Muchos críticos del cese al fuego unilateral advertían que era como darle al enemigo la otra mejilla. ¿Que puede provocar la suspensión de alto al fuego, sabiendo que Santos ha dado la orden a las FFMM de estar alertas e intensificar los operativos que incluyen bombardeos?
Ya decíamos que el cese unilateral del fuego había salvado vidas y bienes, entonces imaginen lo que significaría para Colombia un cese bilateral; entpor eso, no creemos que la determinación política unilateral que tomó la guerrilla y trató de preservar durante más de cinco meses haya sido un error. El cuestionamiento hay que hacerlo a la contraparte que no tuvo la grandeza de dar el paso hacia el armisticio por el que tanto han clamado las víctimas y las mayorías.
Al menos la guerrilla ya no podrá seguir bajo asedio permanente sin que esto tenga consecuencias para el gobierno. Con dolor tenemos que decir que nos obligan a actuar militarmente en momentos en que abordamos en la mesa el tema de las víctimas del conflicto, en momentos en que estas han clamado por el cese bilateral. El gobierno hace esto, tomando el camino de la intransigencia y la prepotencia, beneficiando a quienes se lucran de la guerra sin poner un solo muerto. Ahora tendremos que echarnos todos al hombro los efectos de estas incoherencias gubernamentales, pero teniendo claro que la responsabilidad de lo que ocurra es de un gobierno al que le ha faltado decisión de paz en una hora en que las cosas estaban dadas para que el proceso saliera adelante.
Las FARC-EP no se van a acabar a punta de bombardeos, pero es profundamente lamentable y doloroso que tengan que seguir muriendo combatientes de lado y lado, y causándose victimizaciones dentro de la población que sufre los rigores de la guerra, estando en el desarrollo de un proceso de paz. Pero, además, es deplorable que se produzcan bombardeos no por razones de defensa y del conflicto, sino por que se crea que eso pueda tener impactos de favorabilidad en las encuestas.
A estas alturas de la vida, el gobierno ya debería tener bien claro al menos dos asuntos elementales, y es que los guerrilleros de las FARC-EP preferimos hacernos matar antes que someternos, y que jamás las guerras se han terminado por acuerdos jurídicos. El caso colombiano no será el primero y menos luego de medio siglo de conflicto.
¿Que pasa ahora sobre los programas de los desminados, una de las armas más importantes para un movimiento irregular que no posee de armas antiaérea o armas pesadas?
Imaginamos que usted habla de los programas de descontaminación del territorio de restos explosivos, como los sembrados por el ejército o que han abandonado adrede en áreas pobladas que resultan victimizando a gente inocente como ocurrió en Toribío y en Buenos Aires (Cauca) donde recientemente murió una niña y un niño fue mutilado. Lo correcto sería que este programa de descontaminación siga su marcha respetando los protocolos de mutuo compromiso entre las partes y que se desarrollan bajo la coordinación de Ayuda Popular Noruega, lo cual implica el cese de fuegos en las áreas donde se desarrolle la labor de descontaminación y limpiezas de este tipo de artefactos. En todo caso, en el protocolo la insurgencia no renuncia al derecho que tiene a defenderse de las agresiones de la contraparte, pues el Programa tiene un sentido estrictamente humanitario que no involucra la capacidad de reacción de la guerrilla.
¿Cual es el mensaje al movimiento por la paz y al movimiento popular colombiano que han acompañado el proceso de paz hasta ahora?
Con las decisiones equivocadas de Santos pierde el país entero, pero aún en medio de las insensateces del gobierno y en medio de las adversidades, nuestro mensaje es el de cerrar filas en torno a la defensa del proceso y levantar más en alto la justa bandera del cese bilateral de fuegos. Se debe reclamar sensatez, porque no se puede jugar con el sentimiento colectivo de paz que invade a los colombianos. Ahora debe haber más participación y mayor decisión de las comunidades en el desenvolvimiento del proceso, porque los asuntos de la guerra y de la paz son cosa que conciernen a todos los colombianos; no se trata de una propiedad del gobierno con la cual puede hacer y deshacer a su antojo.
Santos pide a las FARC acelerar las negociaciones y cada vez se escucha más la exigencia santista de la entrega de armas. ¿Es factible ese paso con el saldo que ahora se produce de 36 guerrilleros muertos?
En la Agenda no está incluido que deba haber entrega de armas, así que tal exigencia no cabe. Pero también el desenfoque de Santos se pone en evidencia cundo se solaza con la muerte y ordena seguir escalando la confrontación en esta hora en que se vislumbraban nuevos avances. Ningún proceso se acelera con más fuego ni sosteniendo la equivocación de décadas del gobierno de que la paz pueda ser asimilada a una paz de los sepulcros. Y el problema se torna más complejo, porque persiste la injusticia y la desigualdad. Debe haber cambios, deben sentarse las bases de la justicia social para que se pueda fundar la paz.
No se puede lograr la paz manteniendo una guerra económica contra las mayorías nacionales, poniendo en marcha en el Congreso y Cortes iniciativas que desconocen los Acuerdos de La Habana, como el Plan Nacional de Desarrollo y las que acentúan las restricciones a las libertades. No se puede lograr la paz si por cuenta del terrorismo de Estado continúan los asesinatos, desapariciones, encarcelamientos de defensores de derechos humanos, desplazamientos forzados, o si se siguen trazando líneas rojas que no permiten abordar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Una paz duradera debe edificarse sobre la roca de las transformaciones estructurales que permitan la superación de la desigualdad y la miseria que afecta a la mayor parte de la población. Si el gobierno insiste en desconocer los derechos de esas mayorías lo que va a provocar es que se profundice la crisis humanitaria y la conmoción social, alejando la posibilidad de firmar el Acuerdo Final.
