Guatemala: con movilizaciones en varias ciudades, organizaciones campesinas se suman al pedido de renuncia del presidente
A partir de las 6 horas de hoy están previstos bloqueos y manifestaciones en la capital y varios puntos de la provincia, por parte de organizaciones campesinas que exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y del vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre.
La petición de dimisión al mandatario se fundamenta en que él debió haber tenido conocimiento de las mafias incrustadas en la Superintendencia de Administración Tributaria y como jefe del Ejecutivo debió haber tomado medidas correctivas para frenar la corrupción, pero no lo hizo, aseguran los dirigentes.
Esta manifestación busca sumarse a las tres realizadas hasta ahora —a partir del 25 de abril—, aunque estas últimas no han bloqueado la libre locomoción.
Es organizada por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y sindicalistas de Salud que no están afiliados al Frente Nacional de Lucha.
En la capital se espera una concentración de unas 50 mil personas que saldrán a manifestar de El Trébol, Obelisco, Centra Norte y Periférico, para converger todos en la Plaza de la Constitución.
Bloquearán rutas
Por aparte, se esperan bloqueos en rutas principales de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Huehuetenango.
Los manifestantes también piden la renuncia del recién electo vicemandatario, por su participación en la anulación del juicio por genocidio que favoreció al ex presidente de facto Efraín Ríos Montt.
Además, la protesta pedirá que se enjuicie y castigue a los empresarios que hicieron uso de la red denominada La Línea para evadir impuestos en Aduanas. También demandan la nacionalización de la energía eléctrica, libertad de supuestos presos políticos y que se deje de perseguir a líderes comunitarios y campesinos.
Otras peticiones incluyen la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural. Además, exigen suspender el proceso electoral para convocar a una asamblea nacional constituyente, que sea plurinacional e incluyente, para que haya una refundación política del Estado, en beneficio de los pueblos, indicaron en un comunicado.
Paralizan arterias
El pasado 23 de febrero fue la última vez que esa organización efectuó bloqueo de rutas. En esa ocasión, fueron 27 sitios del país los afectados.
Los manifestantes comenzaron el bloqueo a las 6 horas, e interrumpieron la circulación de vehículos por seis horas.
Debido a esa paralización, la Cámara de Comercio presentó un recurso legal para desbloquear las rutas por considerar que esta expresión conlleva costos económicos.
Bloqueos
Kilómetro, 178, El Zarco, Santa Cruz Muluá, Retalhuleu.
kilómetro 112, Cocales, Patulul, Suchitepéquez.
kilómetro 157 Nahulá, Sololá.
Kilómetro 188 en cuatro caminos, San Cristóbal, Totonicapán.
kilómetros 54, Sanarate.
Kilómetro 82, aldea El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.
Kilómetro 243, Morales, Izabal.
kilómetro 132, en la cumbre de Santa Elena. Las Verapaces.
En la capital
TRÉBOL. Empieza en el Trébol, se dirige por toda la avenida Bolívar hasta llegar a la 18 calles, luego se enfila para llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego se dirigen a la Corte de Constitucionalidad (CC), luego llegan al Congreso para finalizar en la Plaza de la Constitución.
OBELISCO. Inicia en el Obelisco, luego se enfila por toda la Avenida La Reforma, para luego integrase a la 7ª avenida para llegar a la CSJ, posterior se dirigen a la CC, luego al Congreso para finalizar en la Plaza de la Constitución.
CENTRA NORTE. Empieza en Centra Norte para dirigirse por la Calle Martí y José Milla y Visaurre para dirigirse en la 10 avenida, luego llega a la CC para subir juntos al Congreso y llegar a la Plaza de la Constitución.
PERIFÉRICO. Inicia en Periférico a un costado de la colonia 4 de febrero, llega a la 9 calle para buscar la CC, luego suben al Congreso para concluir en la Plaza de la Constitución.
Presidente rescindirá contratos cuestionados que había defendido
Durante su visita a una actividad de exportadores, el presidente Otto Pérez Molina anunció que ha dado la orden de que se evalúen algunos contratos que han sido cuestionados por anomalías en el proceso de adjudicación.
“Hay varios contratos que despertaron mucha duda y están siendo revisados y cancelados. Se van a deducir responsabilidades al respecto de esos contratos anómalos”, informó el mandatario.
Pérez Molina explicó que entre algunas contrataciones que serán rescindidas está el arrendamiento del estacionamiento del aeropuerto La Aurora a la empresa Constructores y Consultores Viales, S. A. (Cocvisa) por 15 años, en donde el Estado perdería Q2 millones anuales.
Sobre este arrendamiento, explicó que la Dirección General de Aeronáutica Civil tomará el control a partir de la cancelación. Además, el gobernante dijo que el contrato para construir una terminal de combustible en La Aurora también será cancelado.
El interventor de esta entidad, Jair Samayoa, indicó que se va a cumplir la orden de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y del Presidente, “estamos preparando la papelería para notificar a las empresas”, dijo. A pesar de que algunas semanas atrás, al ser consultado por elPeriódico al respecto de estos contratos, Samayoa los defendió y los justificó con que ambas contrataciones traerían beneficios al país.
El Presidente también resaltó que ya se rescindió el contrato de Q115 millones con la empresa M. Tarcic para limpiar el lago de Amatitlán, mientras que la PGN interpuso una denuncia contra la firma. En tanto, el Ministro de Salud solicitó a una evaluadora estadounidense que revise la fórmula para tener otro dictamen que explique de qué se trata.
Otro contrato que el sector empresarial pidió cancelar es el adjudicado el año pasado por la Dirección General de Migración a favor de Security Assistance Group, S.A. por US$109.7 millones (unos Q878 millones) para optimizar el sistema de control migratorio. Sin embargo, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, descartó que esto sea posible, aunque aseguró que se instalará una mesa técnica para analizarlo.
Pide “reacciones inmediatas”
Las declaraciones del mandatario fueron dadas tan solo a unos minutos de diferencia de que el sector privado se manifestara sobre el mismo tema.
Son contratos con costos multimillonarios y otros hechos que no están cuantificados como las plazas fantasmas, comentó Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), al pedir al Ejecutivo acciones inmediatas para frenar la corrupción.
Algunos de los temas han sido denunciados desde hace algunos años y hasta ahora no se tiene una reacción del Presidente, dijo el empresario al enfatizar que el liderazgo del gobierno y quién debe tomar acciones inmediatas es Pérez Molina.
Tras demandar que se revisen varios contratos y otras denuncias contra las contrataciones para la Industria Militar y las realizadas por carteras como Energía y Minas; Cultura y Deportes; y secretarías, en especial la de Comunicación Social de la Presidencia, Briz solicitó que se decrete la lesividad de las adjudicaciones que corresponda.
Aunque no se solicitó la renuncia de Pérez Molina, la cúpula empresarial exigió al Ejecutivo una reacción inmediata para demostrar un compromiso de lucha contra la corrupción.
Los contratos a los que se refirió el Presidente fueron publicados en investigaciones realizadas por elPeriódico. En su momento, Pérez defendió los negocios que ahora acepta para cancelarlos.
Demandan acciones al Congreso y al TSE
Además demandan al Congreso la modificación de varias leyes para fortalecer la transparencia en el gasto público y el sistema de justicia, para castigar a funcionarios y empresarios implicados en casos de corrupción.
“Estamos trabajando nuevas propuestas específicas que se discutirán con sectores de la sociedad, para hacer cambios estructurales”, dijo el presidente del CACIF al enumerar leyes específicas como la de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); la Contraloría General de Cuentas; la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y las de Probidad y Amparo.
El sector privado también solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) una estricta supervisión en la regulación del financiamiento de los partidos políticos y que se logren en el Congreso las reformas a la Ley Electoral.
En cuanto al Organismo Judicial, pidieron una ágil investigación del caso de La Línea.
Contratos a revisar
El de registro y control migratorio; la terminal de combustibles en el aeropuerto La Aurora; la limpieza del lago de Amatitlán; dos frecuencias otorgadas por la SIT; la compra de medicinas, la compra de maquinaria pesada por el Mides, las cámaras de vigilancia, infraestructura carcelaria, radiopatrullas y helicópteros y todas las denuncias contra el MEM, Ministerio de Cultura, secretarías, y adquisiciones para la industria militar.
