Ayotzinapa: a ocho meses de la desaparición de los estudiantes, cuatro marchas simultáneas exigirán justicia
Al cumplirse ocho meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero y el asesinato de otros seis jóvenes, los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos encabezarán este día cuatro marchas simultáneas que convergerán en el Zócalo.
Los puntos de salida en los cuatro puntos cardinales son Taxqueña, Indios Verdes, Zaragoza y Auditorio Nacional. Desde ahí marcharán a partir de las 10 de la mañana.
La movilización se da a menos de dos semanas de que se realicen las elecciones intermedias en el país, mismas que los padres han amenazado con boicotear por considerar que no existen las condiciones para que se lleven a cabo.
Los padres de Ayotzinapa insisten en que boicotearán las elecciones del 7 de junio en Guerrero
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y otras organizaciones insistieron en que impedirán, el próximo 7 de junio, la instalación de casillas electorales en Guerrero. Señalan la violencia que vive la entidad, y la falta de respuesta del Gobierno mexicano a la desaparición de los estudiantes, hace justos ocho meses, dijo en entrevista con SinEmbargo Melitón Ortega, vocero de los familiares.
El padre de Mauricio Ortega, normalista desaparecido en Iguala, expuso que los familiares de los normalistas evitarán la instalación de las casillas, ante la falta de respuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) a su petición y del Gobierno mexicano de dar con el paradero de sus hijos.
“Como padres y las organizaciones decimos que no se permitirá la instalación de las casillas en todo el estado. No puede haber elecciones cuando hay 43 jóvenes que no aparecen y se viven momentos tan difíciles”, afirmó.
En marzo una comisión de padres de los 43 normalistas anunciaron en conferencia de prensa que no habría elecciones en Guerrero.
“Le vamos a decir al INE que no debe haber elecciones en Guerrero, porque votar por la clase política es votar por narcopolíticos y significa la muerte”, dijo Melitón Ortega, en esa ocasión.
El vocero de los padres de los normalistas aseguró que las autoridades electorales hicieron caso omiso a la solicitud de detener los comicios en la entidad, que realizaron los familiares de los estudiantes hace dos meses.
“Las autoridades dicen que todo está en orden, cuando nosotros vemos que todos los días hay desapariciones y asesinatos. No vamos tan lejos, Chilapa [donde desaparecieron entre 15 y 30 personas este mes] está a media hora de camino de Tixtla, donde se encuentra Ayotzinapa”, afirmó.
Ortega detalló que la CRAC está entre las organizaciones que apoyarán los padres de los 43 el 7 de junio.
Aunque la Unión de Pueblos Originarios de Guerrero (UPOEG) se sumó a la búsqueda de los estudiantes en Iguala en un principio, Melitón indicó que los familiares no han tenido contacto con ellos para la movilización que realizarán el próximo mes.
Ortega agregó que los familiares no “agredirán a nadie” el 7 de junio, y que no “caerán en provocaciones”.
“Vamos hacer lo que nos corresponde. Vamos actuar con orden y prudencia. A los ciudadanos les hemos pedido que se solidaricen con el movimiento”, dijo.
El vocero de los padres de los 43 indicó que los familiares siguen en “pie de lucha” y exigen al gobierno mexicano dar una respuesta convincente sobre el paradero de sus hijos.
“Nosotros no vamos a bajar la guardia. Queremos la presentación con vida de los estudiantes, que abran nuevas líneas de investigación. Exigimos que el Estado mexicano haga lo que tiene que hacer”, afirmó.
“EL EJÉRCITO NOS DIJO QUE ÉRAMOS UNOS RATEROS”
Los padres de los normalistas no han abandonado la búsqueda por su cuenta. La semana pasada tres padres fueron detenidos por elementos del Ejército mexicano en Morelos cuando se trasladaban a la Ciudad de Mexico en una camioneta del gobierno de Guerrero.
“Iban en una camioneta que fue tomada desde hace dos o tres meses para la búsqueda de los jóvenes. Me dicen los abogados que fueron liberados”, dijo Ortega.
Aunque en un primer momento se informó que fueron agentes de la Policía Federal los que realizaron la detención, posteriormente se dio a conocer que el arresto se llevó a cabo por militares.
Los tres padres que fueron detenidos fueron: Clemente Rodríguez Moreno, Emiliano Navarrete y Bernabé Abraham.
Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, quien manejaba el vehículo reportado como robado, reveló que los militares los llamaron “rateros” y amenazaron con encerrarlos en una cárcel de alta seguridad.
“Nosotros les dijimos que el camión es parte de la escuela. Es parte que se le ha quitado al gobierno para nuestro movimiento. Muchos padres no trabajamos por estar buscando a nuestros hijos, entonces les tomamos prestados al gobierno los camiones para movilizarnos. Pero el Ejército no entendió y como yo llevaba el carro, yo era el más perjudicado”, narró Clemente.
El padre de Cristian Alfonso aseguró que los militares violaron sus derechos, al mantenerlos retenidos durante seis horas, sin alimentos y bajo amenazas.
“Nos estuvieron cuestionando, nos dijeron un montón de cosas, que éramos unos rateros. Yo les dije que si nos iban a detener, que nos llevaran al cuartel a ver si nos entregan a nuestros hijos. A mí me decían que me iban a procesar, que me llevarían a una cárcel de alta seguridad, como si fuera yo un encapuchado o un delincuente. Les dije que no les tenía miedo”, expuso.
Clemente es uno de los padres más activos en el movimiento. El pasado 1 de diciembre, en una de las movilizaciones en el Distrito Federal, declaró que el ex Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero les ofreció “mucho dinero”, por abandonar la búsqueda de sus hijos.
Rodríguez Moreno se dedicaba a vender agua embotellada antes de la desaparición de su hijo. Hoy no trabaja y se encuentra de tiempo completo en la búsqueda.
“Yo veo que el Gobierno federal se está poniendo más duro. Quiere que nos resignemos, que superemos el dolor, pero no podemos. Los padres vamos a seguir hasta que no los entreguen”, dijo.
LOS AVANCES DEL GRUPO DE EXPERTOS
Melitón Ortega y Clemente Rodríguez coincidieron en que esperan el informe final del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de los peritos argentinos sobre los restos que se encontraron el río San Juan en Cocula.
“Las recomendaciones que están haciendo los expertos de la Comisión son muy importantes, pero el gobierno mexicano no quiere atenderlas. Hay una negativa de que los expertos se entrevisten con los militares que estuvieron esa noche en Iguala. Desde un principio se negaron a que los padres entráramos a los cuarteles”, dijo.
Ortega expuso que el grupo de los cinco expertos de la CIDH cuenta con el respaldo de los padres de los 43 normalistas desaparecidos y que esperan la información que revelarán en los próximos meses.
Hasta el momento los expertos realizaron recomendaciones importantes a la Procuraduría General de la República (PGR): entra ellas investigar posibles casos de tortura en los detenidos por los hechos del 26 y 27 de septiembre y reclasificar el caso urgentemente de secuestro a desaparición forzada.
A mediados de este mes, Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh), reveló en entrevista con SinEmbargo que los tres testigos que apuntalaron la “verdad histórica” con la que Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR, concluyó que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula, Guerrero, y luego desechados en el Río San Juan, confesaron que fueron torturados.
“El principal caso de violaciones a los derechos humanos del país, debería ser el más cuidado. Entonces empezar a tener alegaciones de tortura le pone un asterisco fuerte en la investigación, porque el núcleo central de la investigación de la PGR parte justo de tres confesiones autoinculpatorias: las de ‘El Pato’, ‘El Chereje’ y ‘El Jonas’; de ahí se desprende todo el caso de la PGR, y su ‘verdad histórica’ se sustenta en declaraciones que pudieron ser obtenidas bajo tortura”, expuso Patrón Sánchez.
En noviembre de 2014, Murillo Karam anunció que Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, fueron los autores materiales del crimen cometido en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
“Los detenidos señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos e hicieron guardias y relevos para asegurarse de que el fuego durara horas, arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje”, declaró ante los medios de comunicación el entonces Procurador.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que son coadyuvantes en la investigación gracias a la que firmaron un Acuerdo de Colaboración Técnico con el Gobierno federal y con los familiares de los estudiantes, recomendaron n su último informe a las autoridades mexicanas investigar casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes.
“En el caso de los detenidos, los del Penal de Nayarit, nos han dicho que fueron víctimas de tortura. Hubo un grupo numeroso de los 16 que entrevistamos que nos dijeron esto. Vamos a seguir con las visitas”, explicó Carlos Beristain.
Los expertos dijeron que las violaciones al debido proceso pueden impactar negativamente a la investigación.
Mario Patrón, quien también es coadyuvante en las investigaciones y que tiene acceso a los informes de los expertos de la CIDH y al expediente, precisó los nombres que el grupo de especialistas no reveló. Se trata de los tres principales inculpados, quienes fueron mostrados en video a la prensa por Murillo Karam, el mismo día en que oficialmente dio carpetazo a la investigación sobre el caso Iguala.
De comprobarse que fueron torturados, dijo, la “verdad histórica” se vendría abajo por completo y sería culpa de la PGR.
“Si la tortura es comprobada, podemos tener un problema de ilicitud de prueba. Quien estaría poniendo en riesgo la justicia y la verdad en torno al caso sería la PGR. El grupo de expertos ha sido precavido y dice que seguirán indagando en torno a estas declaraciones”, detalló el defensor de derechos humanos.
Patrón Sánchez añadió que el expediente de Ayotzinapa está plagado de confesiones que luego se anulan. Su primera línea de investigación se sustentó en dos confesiones y al final, se cayó.
“Está vinculada con las fosas de Cerro Viejo, donde dos personas que dicen ser de Guerreros Unidos afirman que ellos participaron en comprar la gasolina, en la ejecución de los estudiantes y que fueron a enterrarlos. Luego se corroboró que no eran los estudiantes con las pruebas de ADN. Esa es la incertidumbre que hay en la investigación”, explicó.
El director del Centro Prodh precisó que también es relevante que el grupo de la CIDH haya puesto en entredicho el móvil que sustenta la “verdad histórica” de la PGR y, por tanto, del Gobierno federal.
En su tercer informe, los especialistas negaron en su informe el móvil que argumentó la PGR: que los los estudiantes iban a boicotear un acto del matrimonio Abarca [José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa], ahora encarcelado por su presunta responsabilidad en la desaparición de los estudiantes-.
De acuerdo con la información divulgada por los expertos, los normalistas de Ayotzinapa no iban a “boicotear” el evento político de María de los Ángeles Pineda, esposa del ex Edil de Iguala, Guerrero, Abarca Velázquez. Los estudiantes llegaron tiempo después de concluido el acto público.
En su momento, Murillo Karam aseveró que las investigaciones apuntaban a que los muchachos “iban a Chilpancingo a botear para venir a una manifestación el 2 de octubre. Pero se los llevaron directo a Iguala. En el camino les dijeron que iban a impedir que hubiera un evento político”.
A la fecha, la Procuraduría ha mantenido esa versión: los normalistas intentaron sabotear a los Abarca. Y según la dependencia, fue el Presidente Municipal quien dio la orden de detener a los jóvenes la noche del 26 de septiembre.
Sin embargo, la investigación de la CIDH determinó que el desarrollo de los hechos tuvo más de 10 escenarios y momentos del 26 de septiembre, a partir de la información existente en el expediente y de la obtenida por el propio grupo de expertos.
“Del análisis de la información realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se desprende que los estudiantes llegaron tiempo después de que se terminara el acto de la presidenta del DIF el día 26 y el ataque se dio en otro lugar. Las autoridades tenían desde el inicio el conocimiento de que se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se encontraban en acciones de boteo y toma de buses para sus actividades”, dice el documento.
Hoy, como parte de la 12 Acción Global por Ayotzinapa, se realizará una marcha que partirá desde cuatro estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México: Zaragoza, Indios Verdes, Observatorio y Taxqueña.
La salida desde los distintos puntos se realizará a las 10:00 horas rumbo al Monumento del Ángel de la Independencia. A las 16:00 horas partirá una marcha rumbo al Zócalo capitalino.
