Puerto Rico: llaman a la unidad política contra medidas económicas de EEUU

Una convocatoria estilo Vieques es el llamado que ha hecho la senadora Rossana López León, al comparar el trabajo que hay que acometer para lograr que el Gobierno de Estados Unidos exima a Puerto Rico de las Leyes de Cabotaje con el trabajo que se hizo para sacar a la Marina de Guerra de Estados Unidos de la isla municipio de Vieques.

“Lo importante es que la gente se sienta convocada y la gente se apreste a ser parte de esta iniciativa. Esto no es algo de la senadora Rossana López, esto es algo de país que se tiene que unir”, expresó en exclusiva a CLARIDAD la Presidenta de la Comisión del Senado de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, a la luz de las revelaciones de la investigación que realizó esa comisión sobre el impacto económico del costo de fletes marítimos entre Puerto Rico y Estados Unidos a consecuencia de la imposición de las Leyes de Cabotaje de Estados Unidos. (Vea páginas 6 y 7)

Sobre los aspectos más sobresalientes de la investigación, López León dijo que se pudo evidenciar que los tres objetivos de la Ley de Cabotaje, contenida en la Ley Jones de 1920, que fueron “proteger” la industria de los barcos estadounidenses, “proteger” los empleos y utilizarlos para propósitos bélicos, ya no tienen razón de ser. La investigación reveló que en los pasados 70 años esa industria ha perdido 200 mil empleos. También, que después de la Guerra de Correa los barcos de la marina mercante estadounidense no se han usado para propósitos bélicos. La misma Oficina de Contabilidad General (GAO) ha reconocido que los barcos de la marina mercante estadounidense que operan en nuestra jurisdicción tienen al menos 35 años de construidos “por lo cual coincidimos con el GAO de que es una marina mercante obsoleta y ciertamente no apta para la guerra”.

Más importante aún, la Senadora destacó que se pudo identificar la situación de “inseguridad nacional”, en que se encuentra Puerto Rico dado a que el 80% de lo que se consume en el país depende de las importaciones, las cuales se pueden ver afectadas porque suceda un accidente marino, una huelga o algún desastre natural, junto al hecho de que sólo tenemos capacidad para una semana de abastos. Esta situación –dijo- que se ha visto agravada por la salida de la empresa mercante Horizon Lines, con lo cual sólo quedan dos empresas que transportan carga a Puerto Rico.

López León agregó que la situación es peor porque el 94% de lo que recibimos proviene del puerto de Jacksonville, en la Florida, y es allí donde se está decidiendo “qué se monta, y cuándo se monta y a qué precios y eso ha triplicado los costos”. Denunció que antes un contenedor que salía de Jacksonville costaba $3 mil y con la salida de Horizon hay comerciantes nativos pequeños, a los cuales les han cobrado hasta $6 mil dólares por contenedor.

Sobre esta facturación, apuntó que una de las recomendaciones del Informe es que el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) haga un análisis sobre si tiene facultad –como tiene con relación al precio de la gasolina y medicamentos– para imponer topes a los márgenes de ganancias de las tarifas de los fletes y para fiscalizar las transacciones.

La Senadora expresó además que ya que se tiene conocimiento de que tres de las marinas mercantes que sirven a Puerto Rico fueron acusadas de oligopolio por el Gobierno de Estados Unidos, el Informe también le peticionó al Secretario de Justicia de Puerto Rico a que evalúe llevar un caso al tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico por el crecimiento en costos.

En ese aspecto, dijo que se espera que una de las navieras que viaja a Puerto Rico comience a operar un barco nuevo para el mes de octubre el cual costará cientos de millones de dólares, costo que de seguro lo van a pasar a los consumidores.

La Senadora reconoció y denunció que la principal limitación para lograr la inserción en el Congreso del tema de la eliminación de las leyes siempre ha sido el poder de presión de cabildeo de las empresas navieras. “Pudimos evaluar que esa industria ha perdido 200 mil empleos, así que si ellos no se diversifican, no cambian su estrategia, van a perder cada día mas empleos”.

López León señaló que existe la posibilidad de lograr una exención administrativa de la ley, por lo que exhortó que “si sacamos a la Marina de Vieques podemos unirnos para otra cosa así. Conforme a eso, a corto plazo establecimos que el Gobierno de Puerto Rico solicite una exención administrativa en 60 días e igual el Senado, conforme a lo que pudimos identificar basado en la situación de crisis nacional que podría generar toda esta situación. Además, de que nosotros estamos en una situación económica que a todas luces vemos que nos está afectando aún más con las situación de las leyes de cabotaje”.

La senadora agregó que está en comunicación con el Primer Ejecutivo para discutir el informe por lo que espera que antes de los 60 días el Primer Ejecutivo haga la petición administrativa al Departamento de Seguridad Interna (DSI) de Estados Unidos. La Asamblea Legislativa también deberá aprobar una resolución de petición de exención para presentar al DSI. El Senado deberá aprobar otra resolución de apoyo para trabajar de manera activa en los esfuerzos que están realizando las Legislaturas de las jurisdicciones de Hawai, Alaska y Guam para lograr la eliminación de la Ley Jones de 1920.

Además de lo anterior, López León reveló que se está considerando presentar la situación ante la ONU como una de violación a los derechos civiles y al derecho al desarrollo. Para este esfuerzo, dijo que ya se han tenido conversaciones con el Colegio de Abogados y espera poder hacerlo con otras organizaciones como grupos religiosos. Su intención es que se pueda preparar un plan de todos los foros a donde presentar la situación del País. “Que todas las organizaciones puedan trabajar en sus escenarios lo que es la ley de cabotaje, que se unan a ese reclamo, redes sociales y de todos los trabajos. Necesitamos mucha gente que se una tanto a la parte educativa, como a la parte social, porque vamos a estar utilizando todos los foros que sean necesarios, conforme a que toda la gente conozca lo que es; que vea que un plato de comida al año le cuesta 500 dólares más. Y que cada día se va a poner peor, porque a raíz de esta salida (de Horizon) como están cobrando por contenedores ese costo, se lo van a llevar al consumidor”, manifestó la senadora.

Otras acciones que se disponen en el documento de la Comisión es que se envíe copia tanto al Congreso y al Presidente de EE.UU., así como a todas las organizaciones de legisladores y gobernadores de los estados y de las jurisdicciones y solicitar que estas organizaciones aprueben resoluciones de apoyo a la solicitud de la derogación.

La senadora López León comentó que aunque hay resistencia por parte del Departamento de Defensa, se ha visto una apertura de otros estados como Hawai, Alaska, Maine y New Jersey a los efectos de que se eximan de las leyes de cabotaje. “Hemos estado tocando puertas”, aseguró.