El Salvador: juez acudirá a instancia internacional por caso del expresidente Flores
Luego que la Fiscalía General de la República (FGR) incumpliera con una orden judicial para revelar detalles financieros sobre el expresidente, Francisco Flores, el juzgado encargado del caso comunicó esta semana que recurrirá a una instancia internacional para obtener la información requerida.
De acuerdo a la notificación del juez séptimo de instrucción, Miguel Ángel García, una vez traducida al inglés la nueva solicitud, sería a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se solicite ahora, por asistencia penal internacional, a la Mancomunidad de las Bahamas un informe bancario del expresidente.
“La documentación requerida que debe ser remitida al juzgado correspondiente a la mayor brevedad posible, debe contener información del sistema bancario de dicho país que detalle si Flores posee o ha poseído cuentas bancarias cifradas o cualquier otro tipo de cuentas”, cita la notificación.
García habría tomado la decisión de apelar directamente ante instancias internacionales, luego que la unidad financiera de la Fiscalía General justificó esta semana al juzgado que no podía pedir a los países que conforman el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) información sobre cuentas bancarias de Flores porque “estaría evadiendo funciones y no tenían la facultad para pedir esa diligencia”.
En este sentido, fiscales del caso, advirtieron a García que está invadiendo funciones que no le competen y que no está facultado para ordenar tal diligencia y que además sería “imposible acatar dicha orden debido a la complejidad de países integrantes de GAFI”
No es la primera vez que el fiscal general Luis Martínez, y su equipo de peritos, nieguen dar información sobre documentos financieros que aludirían a las transacciones bancarias que el exmandatario habría realizado para malversar al menos 15 millones de dólares provenientes de cooperación taiwanesa.
En el último de los casos, el fiscal Martínez, alegó que el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que contiene gran parte de los detalles financieros para acusar a Flores por lavado de dinero, no puede ser de dominio público y mucho menos de la querella en el caso, incluso ni del mismo juez.
Recientemente, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía dirigió una pieza de correspondencia a la querella del caso, para recordarles “que toda la información de carácter profesional relacionada con el ROS, que se tenga en posesión y que sea de exclusiva competencia de la UIF , sea remitida o destruida de forma inmediata”.
En el documento, la Fiscalía apunta que la querella divulgó información no autorizada de la Red contra el Crimen Financiero de los Estados Unidos y que para evitar actuales o futuras investigaciones, o incurrir en sanciones que puedan emitir esta entidad u organismo internacional al país, “eviten divulgarlo”.
La naturaleza de la situación trasciende cuando la querella en el proceso penal contra el ex mandatario apuntó que Martínez representaría un conflicto de intereses por sus nexos con la junta directiva de la empresa Dubrandt SA de CV, cuya directora propietaria es Lourdes Rodríguez de Flores, esposa del expresidente Francisco Flores.
Aunque las dudas también recaen al conocer que fue notario encargado de firmar la declaración patrimonial presentada por Flores Pérez al finalizar su mandato en 2004, Martínez ha manifestado en reiteradas ocasiones que “no ha tenido participación de esa empresa” y que no se debe idear ningún tipo de especulación, ni “atender a gente dedicada a generar informaciones tóxicas para desacreditar”.
Sin embargo, Oscar Campos, coordinador del área de Transparencia de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), una de las organizaciones querellantes del caso, señala que la justificación de los fiscales nuevamente “no es válida” y obstaculiza una etapa que debería servir para reunir las pruebas suficientes para el proceso judicial contra el exmandatario.
“Es lamentable que en un proceso de instrucción y siendo información tan referente a los estados financieros que realizó el expresidente, se comporten de manera tan absurda. Lo vemos con mucha preocupación”, señaló el abogado.
De acuerdo a Campos, la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos establece que cualquier tipo de información financiera que goce de secretos bancarios y que pueda tener carácter de confidencialidad o restricción de su divulgación, deberá ser permitida “siempre y cuando se haga bajo los mecanismo conducentes y para comprobar el delito por lavado de dinero”.
“El artículo 301 del Código Procesal Penal señala que la etapa de instrucción que entramos es el momento procesal oportuno para preparar la vista pública y que permite recolectar todos aquellos elementos que sirven para fundamentar la acusación de la querella o los efectos de defensa del imputado”, reiteró el querellante.
Tanto la querella como el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador siguen esperando la respuesta del Legislativo a la solicitud sobre separar a Martínez del proceso judicial, presentadas el mes pasado.
