Costa Rica: sindicatos y organizaciones sociales avalan proyecto de nueva Ley de Comunicación
¡Mucho ojo! Está usted leyendo el título del presente artículo correctamente: Ley Participativa de Radio y Televisión, un proyecto promovido por un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil costarricense, agrupadas en la Red-MICA: Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
Es que es necesario que usted la diferencie de la Ley de Radio y Televisión, esa del escándalo en desarrollo; escándalo que ya produjo la destitución de los dos máximos cargos ministeriales de la cartera de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).
La Ley Participativa de Radio y Televisión es un proyecto de ley promovido por un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil costarricense, agrupadas en la Red-MICA: Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
A diferencia de la ley que querían los jerarcas despedidos del MICITT, la LEY PARTICIPATIVA DE RADIO Y TELEVISIÓN “defiende derechos humanos básicos, como la libertad de expresión y la libertad de prensa, y garantiza que nunca un medio de comunicación puede ser sancionado, mucho menos cerrado, por la información que difunda a través de sus frecuencias concedidas, a diferencia de la propuesta de borrador presentado por el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)”.
Así nos lo aclaró en un comunicado de prensa la Red-MICA, condenando como todos lo hicimos, lo pretendido por el proyecto hoy afortunadamente enterrado, abortado a tiempo, de la Ley de Radio y Televisión. Sin embargo, curiosamente, no vimos por ningún lado publicado lo dado a conocer por el comunicado de prensa de la Red-MICA. ¿Por qué?
Nosotros pensamos que hay grandes poderes económico-mediáticos que no quieren ni siquiera un cambio mínimo en el actual estado de cosas de las frecuencias de radio y televisión. Que ese actual estado de cosas será más difícil modificar, aunque sea un poquito, en la era de la digitalización del espectro radioeléctrico, especialmente ahora que se acerca el de la televisión.
Que esta era de la digitalización del espectro radioeléctrico sin una nueva ley que lo regule, en vez de democratizar el acceso al mismo, potenciará la tendencia a la concentración, ya en desarrollo, de la propiedad en frecuencias de radio y televisión. Por eso es que se está promoviendo la LEY PARTICIPATIVA DE RADIO Y TELEVISIÓN.
La Ley Participativa de Radio y Televisión tiene como eje transversal el derecho humano a la comunicación; conceptúa al espectro radioeléctrico como un recurso valioso y escaso que pertenece a la colectividad; y la radiodifusión se entiende como una actividad de interés público relevante que debe trascender el enfoque que privilegia la dimensión comercial.
Con fuerte convicción y desde el mismo inicio en que el asunto salió a conocimiento de la opinión pública, expresamos nuestra fuerte oposición al antidemocrático proyecto del MICITT; planteando, además, que los responsables políticos máximos de tal “intentona golpista” contra la libertad de expresión, asumieran responsabilidades. Luego de un “ping-poneo” de culpas por la “torta” entre la ministra destituida y el viceministro también destituido, ambos debieron salir del Gobierno. Pero el daño está hecho.
¿Por qué? Será muy difícil (de por sí ya lo era), que la LEY PARTICIPATIVA DE RADIO Y TELEVISIÓN se abra espacio político de ahora en adelante. Si bien es cierto se están recogiendo firmas para presentarla al parlamento bajo el formato de iniciativa ciudadana, probablemente no habría ya voluntad legislativa para tramitarla y respaldarla.
No dejamos de pensar en una conjura política sofisticada: a propósito del contenido totalitario del proyecto de Ley de Radio y Televisión hoy dichosamente abortado; no habrá posibilidad de discusión futura del tema aunque la LEY PARTICIPATIVA DE RADIO Y TELEVISIÓN no tenga ningún contenido censor. Y la conjura podría haber sido pensada en “combo”: culpar de ese contenido totalitario a Zapote y de paso “volarse” al obispo. Es que todo esto da mucho qué pensar.
(*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
