Arranca juicio a campesinos que se defendieron de fumigaciones con agrotóxicos
Los días 13, 14 y 15 de abril, se realiza el juicio oral y público a seis dirigentes y miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC), imputados indebidamente por cometer supuestos crímenes, cuando intentaban defenderse de fumigaciones con agrotóxicos efectuadas por parte de empresarios productores de soja. Los sojeros venían perjudicando en forma continua a su comunidad y al medio ambiente de la zona, según los labriegos.
El juicio se llevará a cabo en la ciudad de Santaní, ubicada en el departamento de San Pedro. La defensa de los campesinos será ejercida por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), integrada por 36 redes y organizaciones de la sociedad civil, y que constituye el Capítulo paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).
El supuesto hecho investigado ocurrió el 10 de setiembre de 2009, en la localidad de Yurumi, distrito de Choré, situado en el departamento de San Pedro. Los pobladores del lugar venían siendo afectados por las fumigaciones a cultivos de soja ubicados en terrenos vecinos, las cuales eran realizadas en forma inadecuada y así perjudicaban en forma permanente a la comunidad campesina. Por ello, se organizaron y se constituyeron en dicho terreno donde nuevamente se iba a iniciar una fumigación. Aproximadamente 30 personas detuvieron la misma.
Según los empresarios productores de soja propietarios de dichas tierras, los campesinos dispararon con armas de fuego contra ellos, rompiendo el vidrio de un tractor e hiriendo al conductor, quien supuestamente quedó herido en la espalda. Sin embargo, Codehupy
señala que no existen elementos de prueba que acrediten la versión de las supuestas víctimas, y los pobladores afirman no haber utilizado armas de fuego.
En aquel entonces, la fiscal Lilian Ruiz imputó a siete campesinos por homicidio doloso en grado de tentativa, e incluso entre ellos se encuentran algunos campesinos que no se encontraban en el lugar.
El juez penal de garantías, al recibir la causa admitió la imputación por supuesta lesión grave, no por tentativa de homicidio. De igual manera la fiscal Ruiz, sin haber realizado todas las diligencias pertinentes en la causa, acusó a siete campesinos por tentativa de homicidio. La FNC y la ong INECIP presentaron esta semana un pedido de destitución de la fiscal, por encabezar diversos casos de persecución judicial contra dirigentes campesinos, en varios casos, donde también primaban las irregularidades jurídicas, y cuyo trasfondo es la defensa de sectores poderosos, según los mismos.
La acusación que pesa sobre los acusados no tiene sustento alguno, resalta Codehupy. “El Ministerio Público no posee elementos de prueba para sostener dicha acusación y, una vez más, ante la ineptitud del Estado para hacer cumplir la legislación ambiental y abordar el problema de fondo, desde el sistema de justicia se criminaliza a dirigentes campesinos que defienden su vida y su derecho a vivir en un ambiente sano”.
