Chile: Bachelet presenta medidas anticorrupción y anuncia proceso para crear una nueva Constitución
La presidenta Michelle Bachelet presentó en cadena nacional una serie de medidas para combatir las irregularidades y corrupción que afectan actualmente a la política a raíz de los casos Penta, Caval y Soquimich. La mandataria anunció proyectos de ley y el inicio de un proceso constituyente para una nueva carta fundamental.
Para estas iniciativas, la mandataria dijo haber considerado los resultados del Consejo Asesor Anticorrupción, pero además, los proyectos de ley que actualmente se tramitan y las propuestas que le hicieran llegar desde distintos sectores políticos. “Mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero”, dijo.
La política
Uno de los primeros puntos mencionados en la oportunidad fue la necesidad deactuar sobre la actividad política y los partidos, anunciando en resumidas cuentas lo que el Gobierno propone para evitar la ocurrencia de irregularidades y malas prácticas.
1. Se transparentará en un 100% el financiamiento de la política, eliminando los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito.
2. El Estado financiará el trabajo de los partidos políticos. Para ello deberán cumplir con ciertas exigencia, como reinscribir a sus militantes, tener contabilidad transparente y fiscalizada y dar espacio a nuevos líderes.
3. Tanto el Servicio Electoral como el Tribunal Calificador de Elecciones serán fortalecidos para que sean más autónomos y tengan reales capacidades de fiscalización y sanción para hacer respetar la ley. Según la presidenta, se dará autonomía constitucional al Servel.
4. Se regulará detalladamente el financiamiento de las campañas electorales. “Lo importante debe ser el debate de ideas”, dijo Bachelet.
5. Además, sólo se podrá hacer propaganda en zonas delimitadas y serán delito de cohecho los regalos de campaña y el pago de cuentas.
6. Todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no podrán continuar en los cargos de elección popular y perderán sus escaños.
Respecto al Servicio Público, señaló que se ampliará el rango de aplicación para trabajar en el Estado, para que así quienes lleguen lo hagan por mérito y vocación. También se regulará la capacidad del Gobierno de turno para designarlos y removerlos.
Sumado a esto dijo que se aumentarán las exigencias y la fiscalización en el uso de los recursos públicos en el Ejecutivo y en los municipios, “regulando también de manera más precisa a aquellos que prestan servicios al Estado”.
Los negocios
Un segundo punto al que se refirió fue respecto al modo en que se hacen los negocios. “Necesitamos una buena economía para desarrollarnos. Buscar ganancias transgrediendo las normas éticas y legales no es progreso, sino retroceso, por eso tomaremos medidas severas”, argumentó.
Entre estas medidas, la presidenta destacó que se dedicarán a superar los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas. y también se tipificará y sancionará el delito de corrupción entre particulares.
Política y Negocios
Durante los últimos meses, empresarios y políticos se han visto envueltos en irregularidades que ha condenado duramente la ciudadanía. Es por ello que la presidenta Michelle Bachelet indicó que regularán y fiscalizarán estrictamente la relación entre la política y los negocios. “El Estado no es para hacer negocios, y los negocios limpios no se hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado”, dijo.
Para ello señaló que:
1. Se ampliarán y reforzarán las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la función pública. “Ampliaremos el ámbito de la prohibición de contratación en el Estado a parientes de las autoridades”.
2. Se regulará la “puerta giratoria” entre empresas y el servicio público, para impedir que autoridades y ejecutivos circulen sin límites entre ellas.
3. Se establecerá un registro público obligatorio de lobistas, para que todos sepan quiénes representan intereses del mundo privado ante los que toman decisiones en el mundo público.
4. Se deberán evitar los negocios irregulares y especulativos. “Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores”.
5. Se ampliará significativamente la aplicación y el detalle de las declaraciones de bienes, intereses y patrimonio de los servidores del Estado.
Según la mandataria, este punto se aplicaría a los consejeros de instituciones públicas, a los fiscales, a los directores de las empresas del Estado, a los alcaldes, concejales y jefes de unidades claves municipales, a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, y también a las o los cónyuges de las autoridades.
Bachelet enfatizó en que se necesitan mejores leyes y sistemas de fiscalización, así como sanciones efectivas para hacer cumplir la ley y no dejar impune a nadie. Es por ello que la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad y la idea de modernizar el Ministerio Público son proyectos que tendrán suma urgencia.
Educación Cívica
Según expuso en su discurso la mandataria, debemos ser una sociedad de respeto mutuo, de confianza y con sentido de justicia, por esto señaló que la educación cívica, tanto en valores como actitudes, es un pilar fundamental durante la formación escolar.
“Todas las escuelas, universidades y centros de formación deberán tener un programa sólido y explícito en formación cívica. Definiremos códigos éticos para todos los servicios públicos y para el mundo privado”, anunció la presidenta.
Asimismo, expresó la necesidad de contar con una ciudadanía “consciente y vigilante”. Por ello anunció la creación del Defensor Ciudadano, que se encargará de promover y defender los derechos de las personas frente a los actos arbitrarios del Estado.
En cuanto a los plazos para todas estas propuestas, Michelle Bachelet dijo que el Gobierno se puso un plazo de 15 días para las medidas administrativas y para los proyectos de ley un máximo de 45 días para que ingresen al parlamento.
Eso sí, agregó que este mismo miércoles 29 de abril se dará urgencia a la discusión de la Ley de Probidad y Transparencia, y también a la moción parlamentaria que termina con la reelección indefinida de senadores, diputados y otros cargos de elección popular.
Proceso constituyente abierto a la ciudadanía
Ya finalizando su mensaje, la jefa de Estado indicó que este conjunto de medidas ayuda a construir la idea de Estado, democracia y negocios que se quieren tener en Chile. Sumado a esto Bachelet anunció la redacción y aprobación de una Nueva Constitución.
“La tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una Nueva Constitución… En Septiembre daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”.
Para concluir, la presidenta pidió a las autoridades de gobierno, representantes del Estado, a la clase política y a las organizaciones empresariales sumarse a estas iniciativas para así construir mejores cimientos para el país.
Resumen ejecutivo del informe del Consejo Asesor Anticorrupción
Discurso de la Presidenta Michelle Bachelet
Bachelet se juega por Nueva Constitución y “Proceso Constituyente” para salir de crisis de credibilidad de la política
Después de casi tres meses en que La Moneda estuvo a la deriva por el golpe que significó el caso Caval, junto con las tensiones que ha generado el destape de figuras como Giorgio Martelli en el financiamiento de campañas oficialistas y la aparición consecutiva de boletas a SQM, la Mandataria usó la cadena nacional de anoche para dar una fuerte señal de liderazgo y ponerse al frente del proceso de reformas, como el financiamiento estatal de los partidos y la eliminación de los aportes reservados y anónimos a las campañas y también de las empresas, la suma urgencia a la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad y la reactivación de su compromiso de impulsar una nueva Carta Magna.
Es una promesa de campaña y está en su programa de Gobierno. Es la tercera reforma estructural que comprometió y aunque a fines del año pasado había la sensación de que se había diluido, no existían precisiones ni se veían avances, anoche durante la cadena nacional que hizo para anunciar las medidas que adoptará a la luz del informe que le entregó la “Comisión Engel”, la Presidenta Michelle Bachelet se jugó una carta estratégica y anunció el inicio de un “proceso constituyente” para elaborar y aprobar una nueva Constitución.
“En septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”, sentenció Bachelet.
Los casos Penta, Caval y SQM que han dejado en evidencia el oscuro intrincado del financiamiento de las campañas políticas y la cuestionable relación de los partidos con el mundo privado desataron una crisis de credibilidad que –según dijo la jefa de Estado anoche- deteriora la democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad.
Por lo mismo, explicó que el escenario actual requiere de “construir mejores cimientos” y “delinear una idea de Estado, de democracia y de los negocios que queremos construir”.
Para la Mandataria, el paquete de duras medidas anunciadas anoche para fiscalizar la corrupción y el financiamiento de campañas, regular los mercados y resguardar la ética pública, “se complementará de manera natural con la redacción y aprobación de una Nueva Constitución”, precisamente porque implica establecer nuevas reglas del juego para todos los actores del mundo público y privado.
“En esta tarea no voy a vacilar o detenerme, porque honraré el compromiso que asumí con ustedes, con mi patria, cuando me eligieron como su Presidenta para conducir los destinos de la nación”, agregó Bachelet sobre la nueva Carta Magna.
Más allá de la fecha y de hablar de diálogos, debates, consultas y cabildos de los cuales surgiría la nueva Constitución, en la cadena de anoche la Presidenta no detalló las implicancias del Proceso Constituyente, aunque en días previos había dado algunas luces al respecto. Hace una semana, en el desayuno con la prensa nacional, reconoció que el tema constitucional no había avanzado mucho en los meses pasados debido a la intensa coyuntura, pero reiteró que su objetivo era tener una nueva Constitución antes de entregar la banda presidencial el 2017.
En ese momento, Bachelet dijo que ella era partidaria de un proceso de discusión masiva, “casi a nivel de juntas de vecinos” si fuera posible, que lo que le importa es que “no sea la elite solamente discutiendo”, que la masividad es “la única manera de restaurar las confianzas”.
Agregó que no era “prejuiciosa con ningún mecanismo”, que las fórmulas de Asamblea Constituyente que le habían mostrado hasta entonces no eran “lo más conveniente” para la realidad chilena y advirtió que una AC, dependiendo de cómo se conforme, igual puede terminar en que solo la elite del país genere la nueva Constitución.
Informe Engel
El viernes Bachelet recibió el informe del consejo asesor anticorrupción, que tiene unas 260 medidas contenidas en cinco capítulos: prevención de la corrupción, regulación de los conflictos de interés, financiamiento de la política, confianza en los mercados e integridad, ética y derechos ciudadanos. El contenido del documento no era vinculante ni resolutivo, pero Bachelet recogió casi íntegramente los aspectos más relevantes y las medidas más duras que fueron propuestas.
“Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados”, dijo, y a renglón seguido sentenció que “las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito”.
Explicó que será “el Estado el que financie el trabajo de los partidos”, pero que deberán cumplir con una serie permanente de requisitos y controles; anunció la obligación de las colectividades de “reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros” y “tener contabilidad transparente y fiscalizada”.
Bachelet defendió la importancia de la actividad política y de los partidos: “Sé que muchos desconfían de ella, pero si no hay vida política de calidad, no hay democracia, ni derechos ni equidad social. Y a nuestra vida política debemos fortalecerla, transparentarla y, sobre todo, separarla del poder del dinero que ejercen unos pocos”.
Explicó que en paralelo se va a fortalecer al Servel –al que se le otorgará autonomía constitucional– y el Tricel con facultades reales de fiscalización y sanción; se van a ampliar los cargos públicos que requieran concursar vía Alta Dirección Pública y se regulará la capacidad de los gobiernos de turno para removerlos y designarlos. También dijo que se reforzarán las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la función pública, se ampliarán las prohibiciones de contratación en el Estado a parientes de las autoridades, y que lo mismo se hará con el detalle de las declaraciones de bienes, intereses y patrimonio de las autoridades.
Se mantendrá la suma urgencia para crear la Fiscalía de Alta Complejidad y al proyecto de modernización del Ministerio Público. Para el mundo privado, Bachelet dijo que hay que cuidar el modo de hacer negocios y que “buscar ganancias transgrediendo las normas éticas y legales, no es progreso”. Entre las medidas anunciadas se cuentan sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas; tipificar y sancionar el delito de corrupción entre particulares y los pagos indebidos para obtener negocios y, además, fiscalizar estrictamente la relación entre la política y los negocios.
La Presidenta explicó que el contenido de la cadena de anoche no son las únicas medidas que impulsará, es más, precisó que a fines de la próxima semana La Moneda entregará un plan completo para que esté en conocimiento de la opinión pública. Agregó que respecto de todos los anuncios que impliquen medidas administrativas, se autoimpuso un plazo de 15 días para dictarlas y que, en cuanto a todas aquellas que requieren proyecto de ley, serán mandadas a más tardar en 45 días.
Además, hoy –dijo– se dará urgencia de discusión inmediata (tres días en cada cámara del Congreso) para la Ley de Probidad y Transparencia y la moción parlamentaria que termina con la reelección indefinida de senadores, diputados y otros cargos de elección popular.
“Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero”, advirtió.
Tal como se había dicho, Bachelet se jugó el todo por el todo con la cadena nacional de anoche, puso todas las fichas en el tablero y asumió el liderazgo del proceso, después de casi tres meses en que La Moneda estuvo bastante a la deriva por el golpe que significó el caso Caval, junto con las tensiones que ha generado el destape de figuras como Giorgio Martelli en el financiamiento de campañas oficialistas y la aparición consecutiva de boletas a SQM.
“Esta será una de las reformas que marcará el legado de mi Gobierno y la voy a conducir personalmente, con toda mi energía y sin temor de ningún tipo. Porque sé que no habrá desarrollo, democracia, paz social, si no reconstruimos la confianza en nuestra vida pública”, agregó, al tiempo que emplazó a los funcionarios de Gobierno, los representantes de todos los poderes del Estado, los partidos políticos y las organizaciones empresariales a que respalden y se cuadren “con este esfuerzo común”.
