Ayotzinapa: disturbios en Guerrero marcan las protestas a siete meses de la desaparición de los normalistas
Al cumplirse siete meses de la masacre y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, normalistas marcharon en Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero y apedrearon la sede del Congreso estatal, considerado como símbolo de la narcopolítica en la entidad, y quemaron seis vehículos de empresas particulares.
La protesta encabezada por los padres de las víctimas fue dispersada con gas lacrimógeno por policías estatales y los estudiantes respaldados por miembros del magisterio disidente y organizaciones sociales respondieron lanzando piedras contra los uniformados, sin que se registrara un incidente grave.
Posteriormente, los normalistas de Ayotzinapa sostuvieron una confrontación verbal con militantes del PRI, quienes decidieron cerrar una céntrica calle para realizar un mitin proselitista y obligaron a los estudiantes que se desplazaban a bordo de varios autobuses a tomar calles para salir en sentido contrario.
Los priistas iban encabezados por un grupo de choque que dirige Inocente Mojica, dirigente transportista en esta capital acusado de tener nexos con el narco y administrar una flotilla de taxis al servicio de la delincuencia que circulan impunemente en la capital de la entidad.
Por su parte, en el municipio indígena de Ayutla de los Libres ubicado en la región de la Costa Chica, integrantes del movimiento que exige justicia por el caso Ayotzinapa quemaron propaganda afuera de las oficinas de la sede del Distrito 8 del Instituto Nacional Electoral (INE), y del comité directivo municipal del PRI.
También, retuvieron un tráiler tapizado con propaganda de Severo Castro Godínez, exalcalde y candidato a diputado local por PRI-PVEM y que presuntamente iba cargado con despensas.
Mientras que en Tixtla, la guardia comunitaria bloqueó la carretera federal Chilpancingo-Tlapa y retuvo a un agente de la Policía Federal División Caminos, quien permaneció retenido varias horas luego fue liberado.
De esta forma se vivió la jornada de protestas para exigir justicia por el caso Ayotzinapa a siete meses de la barbarie que exhibió el nivel de infiltración del narco en la esfera política y gubernamental, situación que tiene sumida la entidad en una crisis social ante la falta de credibilidad y legitimidad de las autoridades.
En las acciones realizadas en diferentes regiones de la entidad, los manifestantes aglutinados en el Movimiento Popular de Guerrero (MPG) advirtieron que van a boicotear las elecciones del 7 de junio por considerar que la clase política sólo representa a la delincuencia.
La marcha en esta capital comenzó a las 12:30 horas, de la parte norte y avanzó de manera pacífica hacia el sur sobre las principales calles de Chilpancingo.
La protesta era encabezada por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, miembros del magisterio disidente, organizaciones sociales y normalistas que forman parte del MPG, quienes insistieron en señalar que a siete meses de la barbarie de Iguala, aún no hay justicia.
Los manifestantes lanzaron consignas contra los políticos ligados a la delincuencia y reiteraron su advertencia del boicot electoral.
También, realizaron pintas en bardas y paredes donde plasmaron mensajes para seguir insistiendo en su demanda de justicia por el caso Ayotzinapa.
El contingente arribó a la sede del Congreso local y derribaron los portones con vehículos de empresas particulares retenidos previamente, enseguida, los normalistas apedrearon la fachada principal del inmueble considerado como el símbolo de la narcopolítica en la entidad.
Ello debido a que el representante del Poder Legislativo en Guerrero, es el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los líderes del grupo delictivo Los Ardillos que opera impunemente en la región Centro de la entidad y se encuentra afincado en el poblado de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango.
Los manifestantes incendiaron seis camionetas utilizadas para repartir productos de las empresas Bimbo y Marinela.
Enseguida, arribaron policías estatales con equipo antimotín y dispersaron la manifestación lanzando gas lacrimógeno.
Esto provocó que se caldearan aún más los ánimos: los normalistas respondieron con piedras en contra de los uniformados y se desató una trifulca que se prolongó por unos 10 minutos.
Posteriormente los manifestantes se replegaron por distintas calles de la capital rumbo al zócalo capitalino donde miembros de la CETEG mantienen un plantón y tomado el ayuntamiento de Chilpancingo, que es utilizado como refugio.
La acción violenta contra la sede del Congreso estatal ocurre luego de que la fracción parlamentaria del PRD que lidera Bernardo Ortega y los diputados del PVEM, se unieron para evitar que Rogelio Ortega Martínez fuera designado durante la madrugada como gobernador sustituto.
Ello a pesar de que se trata de un acuerdo pactado entre el gobierno federal y la corriente perredista de Los Chuchos donde se filtró la versión de que los diputados locales pidieron dinero a cambio de aprobar la propuesta de ungir a Ortega Martínez como sustituto.
Instalan antimonumento contra la impunidad por Ayotzinapa
Siete meses después del crimen contra los normalistas de Ayotzinapa, cientos de ciudadanos lanzaron un reto simbólico al gobierno federal: instalaron en uno de los camellones de Paseo de la Reforma una escultura roja de metal de más de tres metros de altura donde se lee «+43».
Fue un mensaje contundente: siete meses después de los hechos en Iguala, Guerrero –que dejaron seis personas ejecutadas, tres de ellos normalistas, y 43 más desaparecidos–, la única conclusión del caso es la impunidad.
Unas 400 personas tomaron una vez más las calles para demandar justicia y verdad por esta agresión en lo que fue la undécima acción global por Ayotzinapa. Pero la manifestación fue distinta: más allá de marchas y discursos, varios colectivos se organizaron para, con la ayuda de palas y picos, colocar un «antimonumento» para recordar que ese «crimen de Estado» sigue impune.
Esta estructura se colocó justo en el cruce de Reforma y Bucareli, a fin de que quienes transiten por esta avenida recuerden que aún no hay verdad, justicia ni castigo a los responsables, por lo que se demandó a las autoridades no retirarlo hasta que aparezcan con vida los normalistas.
Al mediodía del domingo parecía que sobre un templete –instalado al pie del edificio de la Lotería Nacional– habría una decena de discursos que reiteraban que los hechos de Iguala se tratan de «un crimen de Estado». Pero a las 14 horas sorpresivamente el orador llamó a poner la atención en el camellón ubicado frente a la Fuente Bicentenario.
Un camión de carga se detuvo en ese sitio y decenas de personas apoyaron con la descarga de las figuras del «antimonumento». Minutos después el conductor de la unidad fue detenido por la policía capitalina, se denunció.
Varios hombres comenzaron a cavar sobre una de las jardineras del camellón de Reforma. Con precaución retiraron las plantas sembradas para hacer un profundo agujero donde se insertó la base de la escultura, cuyo autor se guardó en el anonimato. Mucho más rápido se colocaron los monumentales caracteres del «antimonumento». Una vez colocado el signo de más y la cifra 43 volvieron a maniobrar para colocar las plantas.
Una vez instalado el «antimonumento», Melitón Ortega, uno de los padres de los normalistas desaparecidos, subrayó que han transcurrido siete meses de lucha para los familiares de las víctimas por conseguir la verdad y la justicia, pero a la vez han sido siete meses de «coraje y mucho dolor».
Dejó claro el sentir de los padres: «Se trata de un crimen de Estado cuyo principal responsable es Enrique Peña Nieto. La orden salió de ahí (de Los Pinos); tenemos claro que no hay otro responsable de esa agresión».
Ortega demandó que la Procuraduría General de la República atienda las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se abran nuevas líneas de investigación sobre el caso y se analice la presunta participación en los hechos del Ejército y del gobernador con licencia Ángel Aguirre.
Previamente, durante el acto político-cultural, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, enfatizó: «La comunidad nacional e internacional continúan exigiendo: Vivos los llevaron, vivos los queremos».
Demandó que la Procuraduría General de la República atraiga el caso de Julio César Mondragón –el normalista cuyo cuerpo apareció desollado con signos de tortura–, pues hasta ahora las indagatorias recaen en las autoridades de Guerrero.
El profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México Adolfo Gilly envió un mensaje escrito en el que expresó: «No es posible que hoy, a siete meses de los hechos, el gobierno federal y el gobernador con licencia de Guerrero no sepan la verdad completa».
En el acto también participaron el profesor tzotzil (quien estuvo preso más de 14 años) Alberto Patishtán; las actrices Jesusa Rodríguez y Francesca Guillén, y el director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, entre otros. También hubo música, poesía y performance.
A las 16 horas, varios jóvenes salieron en marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, con una escala en el «antimonumento». Y por la noche, familiares de los normalistas, acompañados de otros colectivos, colocaron veladoras en la Plaza de la Constitución para demandar la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
Hasta el cierre de esta edición se había informado que se mantendrían guardias para evitar que las autoridades capitalinas o federales intentaran retirar el «antimonumento», pues no «se retirará hasta que los normalistas sean presentados con vida». Por la noche la escultura permanecía en ese sitio.
