Representantes de mujeres indígenas de 20 países de la región piden mayor acceso a la justicia
Representantes de las mujeres indígenas de 20 países americanos reclamaron hoy en Lima a sus respectivos Gobiernos un mayor acceso a la Justicia para poder defenderse de la violencia a la que se ven expuestas por amenazas como la trata de personas, los abusos sexuales y los desplazamientos forzados.
Cuatro líderes nativas de Perú, Colombia, Panamá y Canadá coincidieron en señalar, durante una conferencia de prensa, que la carencia de políticas públicas contra la violencia es el mayor obstáculo para la igualdad, tras 20 años de vigencia de la Plataforma de Acción de Pekín, un acuerdo suscrito por 189 países.
En el acto participó la coordinadora del Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alejandra Valdés, quien destacó que el 38% de las indígenas de Perú y Ecuador ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, según un estudio presentado en noviembre pasado.
También participaron las voceras de la Red de Organizaciones de Jóvenes Indígenas de Perú, Tania Pariona; de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, Dialys Ehrman; de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Dayana Urzola Domicó, y de la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá, Dawn Harvard.
REUNIÓN EN LIMA
Las cuatro mujeres representan a las indígenas de sus países en la reunión «Mujeres Indígenas y Beijing+20», que se celebra en Lima hasta mañana para evaluar los avances en materia de igualdad del documento suscrito en 1995 en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer.
Pariona afirmó que las dificultades de las mujeres indígenas para acceder a la Justicia también constituyen «una violencia estructural e institucional ejercida por parte del propio Estado», lo que calificó como «la llaga de la herida más fuerte de nuestros países».
«Nos vemos relegadas en esta nueva etapa que empieza a plantear nuevos objetivos de desarrollo sostenible posteriores al año 2015. Creemos que es momento de aplicar políticas de inclusión que finalmente se reflejen en el cambio de nuestra vida propia y la de nuestras familias», indicó Pariona.
TESTIMONIOS
La panameña Dialys Ehrman, de la etnia kuna, denunció que la violencia hacia las mujeres queda impune en la comarca Ngäbe-Buglé, en el norte de la costa atlántica del país, porque «en esas comunidades no hay mínimamente un juzgado de menores o fiscalía de familia donde la mujer pueda acudir a hacer valer sus derechos».
«En la comarca emberá también se da esa situación, donde tampoco pueden acudir a las autoridades tradicionales, y eso se conjuga con otros factores de salud como el VIH/sida», añadió Ehrman.
La colombiana Dayana Urzola advirtió que el conflicto armado en su país «afectó a 1.400 indígenas entre 2002 y 2010» y alertó de la situación crítica en la región del Cauca (suroeste), donde «las comunidades indígenas están en medio de dos guerras entre militares y guerrilleros».
Urzola dijo que los últimos asesinatos tuvieron como víctimas a líderes indígenas y denunció que también hay violencia sexual y reclutamiento de menores, pero lamentó que la Justicia revisa el caso para luego «no hacer nada con la víctima ni con el victimario».
La canadiense Dawn Harvard aseguró que ser mujer indígena en su país también es un peligro, al comentar que su primer ministro, Stephen Harper, ya manifestó que la violencia hacia las mujeres nativas de Canadá no está dentro de su agenda.
