Puerto Rico: crece rechazo de alcaldes por imposición del IVA
Cinco poderosos alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD), flanqueados por Héctor O’Neill, primer ejecutivo del municipio de Guaynabo y también presidente de la Federación de Alcaldes, le advirtieron ayer al Senado de las graves consecuencias que traería para Puerto Rico la puesta en marcha del IVA y de la propuesta reforma contributiva. También estaba presente Héctor Ferrer, expresidente del PPD.
Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, junto a William Miranda Torres, alcalde de Caguas; José Aponte Dalmau, de Carolina; Ramón Hernández, de Juana Díaz; y Carlos Delgado, de Isabela, recibieron ayer un contundente espaldarazo en su posición de rechazar la medida que cambiaría el sistema contributivo de Puerto Rico e impondría el controvertible IVA.
“Nosotros seguimos hablando con nuestros senadores, senadoras y representantes, con los del distrito y con los del país; seguimos ayudando a que la gente se manifieste y seguimos dando la batalla en todos los frentes para que no se apruebe”, dijo Cruz al concluir la vista de ayer en la Comisión senatorial de Hacienda.
Durante la vista, Cruz propuso mantener el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) actual con un aumento en la captación, aprobar un impuesto para las corporaciones que repatrian sus ingresos y renegociar la deuda.
“Esta deuda es impagable. La pregunta es cuánto más vamos a someter al país a esta agonía de vivir una realidad alternativa diferente a la presente”, dijo Cruz. “No se puede pagar o no se puede pagar toda ahora”.
Cruz argumentó que el plan del gobierno de rembolsar lo pagado en IVA es el mejor ejemplo de que este impuesto afectaría más a los que menos tienen. Dijo que no se ha explicado por qué este IVA tendría que ser de 16% y criticó duramente que aplique a la salud. Mencionó, por ejemplo, lo que le costaría esto a los pacientes de enfermedades terminales como cáncer y dijo que este tipo de gasto no es uno sobre el cual los ciudadanos tengan control. Para ella, el proyecto “no es enmendable”.
“Al país no se le puede atosigar algo que no quiere y el país no quiere el IVA, eso es así”, dijo Cruz.
Como parte de su ponencia, mencionó una situación personal cuando tuvo que realizar varios estudios para descartar que tuviera cáncer.
“En este preciso instante, decenas de mujeres en todo Puerto Rico están recibiendo un diagnóstico de cáncer. Lo que comenzó como una visita de rutina tiene el potencial de convertirse en una larga y costosa trayectoria en busca de la salud plena”, dijo. “No hay opción. Uno no decide, como consumidor, en qué hospital trabaja el oncólogo que lo ve o en qué hospital lo operan”.
Una quimioterapia que ahora cuesta $800, con el IVA costaría $128 más.
“Una vez no parece mucho, pero semana tras semana se acumula y podría hacer imposible el tratamiento necesario para vivir”, dijo. “Respetuosamente pregunto, cuál es el criterio que hace que se le aplique el IVA a una quimioterapia para un paciente que tenga plan médico y que no aplica el 16% a la misma quimioterapia para aquellos con otro tipo de cubierta médica”.
Miranda Torres, por su parte, argumentó que eliminar el IVU para sustituirlo por un IVA atenta contra la autonomía municipal y advirtió que buscará continuar con el cobro del impuesto municipal de 1%, lo que representa $17.4 millones anuales para su ayuntamiento.
“Un IVA desincentivará la inversión momentánea en la Isla por un período desconocido. Los cambios en el patrón de consumo resultarán en pérdidas significativas de empleo y seguramente desincentiva la inversión de empresas de ventas al detal en la isla y ni hablar de que continuará la emigración de talento local promoviendo mayor dependencia”, dijo Miranda Torres.
El alcalde dijo categóricamente que, con estas actuaciones, el gobernador no está cumpliendo con la promesa de campaña de proteger y fortalecer la autonomía municipal.
“Un IVA de 16% en este momento no es la solución. Tampoco lo es atacar y minar la autonomía municipal impidiéndonos cobrar el IVU municipal”, dijo Miranda Torres. “No veo justo cambiar todo sin antes dar una oportunidad a quienes son eficientes en la captación a colaborar en el esfuerzo de ir tras el evasor a cambio de acuerdos económicos y planes de restructuración de Hacienda. Debemos trabajar con el IVU”.
A pesar de que es la primera vista a la que acuden alcaldes del PPD para hablar de la propuesta reforma contributiva, muchas de las preguntas del presidente senatorial, Eduardo Bhatia, fueron dirigidas a buscar cómo estos alcaldes manejan los presupuestos de sus municipios. Esto, luego de insistir en su propuesta de hacer recortes millonarios al presupuesto.
El alcalde de Carolina, José Aponte Dalmau, mencionó por ejemplo la reducción de contratos, la congelación de plazas y la fiscalización del pago de impuestos.
Al hablar de la reforma contributiva, Aponte Dalmau sugirió mantener un impuesto al consumo no mayor al 9%. “Indudablemente el IVA de 16% sacudirá aún más el ya mancillado bolsillo de los puertorriqueños; esos mismos que a diario se enfrentan con la disyuntiva de pagar una factura o acudir al supermercado”, dijo Aponte Dalmau. “Esos mismos que en muchas ocasiones no cuentan con el dinero suficiente para alcanzar una atención médica adecuada”.
Aponte Dalmau argumentó que en cualquiera de los escenarios de la reforma que se han analizado, la carga contributiva es mayor para los ciudadanos.
Un aumento a 16%, dijo, “tendría el efecto de mermar el poder adquisitivo de la población, disminuir los salarios reales y reducir el nivel de consumo personal”.
“La implementación de esta propuesta reforzará la tendencia hacia el empobrecimiento de la clase media que se experimenta en Puerto Rico a partir de la prolongada recesión económica que nos afecta desde 2006”, dijo Aponte Dalmau.
Afectará además, según el alcalde de Carolina, a los pequeños y medianos negocios.
“De particular preocupación resultan los restaurantes y cafeterías locales que con serias dificultades mantienen sus operaciones”, dijo Aponte Dalmau.
La Asociación de Alcaldes, que representa a los alcaldes populares, no ha acudido a las vistas del Senado, a pesar de que estaban en el calendario de vistas.
El alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández, no pudo precisar cuál es la posición del resto de los alcaldes populares sobre este proyecto.
“No tengo forma de apoyar un proyecto donde realmente los asuntos no están claros. Cada cual asume su responsabilidad y yo asumo la mía”,dijo Hernández. “Estamos en un proceso democrático. No tenemos nada en contra del gobernador, entendemos la preocupación del gobernador sobre las finanzas del país, pero tenemos una (postura) que no estamos en posición de asumir a ciegas un proyecto como éste”.
