Ivan Marquez, líder de las Farc: “Que nadie tenga dudas: nuestro propósito es el socialismo”
Por Carlos Aznárez
El jefe insurgente dio un amplio panorama sobre el momento por el que pasan las conversaciones de paz e insistió en la necesidad de avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente.
-A más de un año y medio de haber comenzado las negociaciones de paz, cuál es su balance sobre cuánto se ha avanzado y cuánto falta de concretar en la estrategia que ustedes se plantearon en este ámbito?
-Creo que hemos avanzado de manera suficiente. Ya tenemos en nuestro poder las partes, tres acuerdos parciales: uno, sobre tierras, otro sobre participación política, y un tema muy complejo referido al uso de drogas ilícitas. Sobre todo esto han quedado para un abordaje posterior, 28 salvedades, todas ellas de mucha importancia.
-Nos puede dar un ejemplo de estos temas pendientes?
-Está el problema del latifundio, que el gobierno colombiano no ha querido tocar, porque según su argumentación, piensa que una medida de esta naturaleza podría despertar de nuevo los demonios del paramilitarismo. Y también una resistencia del gobierno a aceptar una propuesta nuestra de ponerle un límite a la extranjerización de la tierra. Otro aspecto nodal es el que tiene que ver con la explotación minero-energética y su impacto socio-ambiental.
Por nuestra parte hacemos todo lo posible para que estas salvedades sin resolver no sean arrojadas al incendio del olvido como parece pretender el gobierno. Entre los puntos políticos pendientes, está la expansión de la democracia para la paz. En ese sentido, insistimos en que es necesario que el Estado deje definitivamente atrás la Doctrina de la Seguridad Nacional, la concepción del enemigo interno y resuelva de una vez por todas el fenómeno del paramilitarismo. Que nadie en Colombia sea perseguido por sus ideas, y mucho menos asesinado. Estos son temas fundamentales para dar pasos hacia la Colombia del futuro. Además es necesario adelantar reformas estructurales como la política del sistema electoral y una que reclama todo el país: la reforma del sistema judicial, corrupto, totalmente dependiente. Nosotros pensamos que todo esto es posible a través de una Constituyente.
-Es totalmente cierto que los avances que usted detalla se han producido, pero también es verdad que en el territorio colombiano no se traslada gran parte de lo que en la Mesa se acuerda. ¿Cuál es la opinión de las FARC-EP frente a esta realidad?
-Lo vemos como una gran incoherencia entre la retórica del gobierno y lo que ocurre en la realidad. Para sumar un poco en torno a las dificultades, el gobierno está paralelamente legislando para reversar cosas que ya han sido aprobadas en la Mesa.
-Por ejemplo?
-Hay un proyecto de ley sobre baldíos, que en lugar de proteger a los campesinos sin tierra busca proteger al capital financiero. A la vez, estamos presentando una protesta enérgica en la Mesa, porque cómo es posible que se siga asesinando a defensores de los derechos humanos, o que se siga revictimizando a las víctimas. Ha ocurrido que muchas ce estas personas que llegaron a La Habana para plantearnos que debemos hacer todo lo posible por asegurar la paz, luego, al volver a Colombia han sido reprimidas, perseguidas, amenazadas. Por eso insistimos en pedir coherencia y seriedad al gobierno, porque cuando se está hablando de paz, estos hechos no se pueden justificar.
-Recientemente el gobierno norteamericano confirmó que uno de sus hombres, Bernard Aronson, actuará como su representante en el proceso de paz en Colombia. ¿Qué opinan de esta incorporación?
–Lo vemos satisfactoriamente porque como ya es sabido, los Estados Unidos tienen un peso muy fuerte en lo político, en lo social, lo económico y lo militar de la realidad colombiana. Ellos tienen una participación muy grande en el financiamiento de la guerra, en el suministro de equipos bélicos y tecnología de punta a las Fuerzas Armadas oficiales.
A nosotros nos parece bien que los EEUU se aparten un poco de esta situación que los ha colocado en impulsores de la guerra y la discordia, y que más bien pongan toda su esfuerzo en ayudarnos a los colombianos a encontrar la reconciliación.
-Sobre el tema del alto el fuego: ¿cuáles son a su entender las razones por la que el presidente Juan Manuel Santos no cede a la propuesta hecha por las FARC de instalar un cese del fuego bilateral?
-Francamente no es entendible ese argumento de que una tregua sería aprovechada política y militarmente por la guerrilla para fortalecerse. No tiene ningún asidero. Además, el cese el fuego, por ahora unilateral, cumplido por nosotros, tiene un sentido humanitario. Pensamos que mientras estamos dialogando no tiene sentido seguir disparándonos, matándonos, y que es necesario generar un ambiente propicio para las conversaciones. Lamentablemente no hemos encontrado una respuesta similar por parte del señor Presidente. Decimos que aquí el gobierno se está comportando de una manera equivocada y que debiera hacer prevalecer el principio de favorabilidad hacia la población civil, que signifique una suspensión de las acciones militares. Y hasta decimos que con esta actitud están violando los Protocolos de Ginebra en su más amplia extensión, porque de lo que se trata es de evitar nuevas victimizaciones.
De todas maneras, creo que Santos está entrando en razones ya que le ha dado instrucciones a sus generales y oficiales que van a hacer parte de la subcomisión técnica que se ocupará del asunto del cese del fuego, que busquen la manera de llegar rápidamente a ese objetivo.
-Según ustedes, ¿el Presidente Santos tiene total control sobre las fuerzas militares oficiales, o hay diferencias en ese terreno?
-Hay que reconocer que en general se observa subordinación de las FFAA hacia el Presidente, pero al mismo tiempo una fuerte influencia negativa por parte de la derecha extrema que lidera Álvaro Uribe Vélez. Nos imaginamos que ese asunto debería estar resolviéndose.
-¿Cuál es su versión de lo ocurrido con el general Alzate, que fuera retenido y luego liberado por las FARC?
–Lo que el general Alzate es lo que realmente ocurrió. Nosotros creemos en su palabra, no es que estuviera realizado cosas “non sanctas” en el río Atrato. Hay un grupo de nuevos oficiales que quieren actuar un poco más favoreciendo a las comunidades con acciones cívico-militares para tratar de recuperar la confianza perdida. Es lógico que la población desconfía, como el mismo Alzate reconoció, y por ello se involucran en este tipo de acciones sociales en una región tan olvidada como es el Chocó, que no tiene energía, ni servicio de agua ni de alcantarillado, y mucho menos carreteras.
En una de esas salidas que hizo de Quibdó, de su fuerte militar, es posible que el general haya descuidado un poco su seguridad y llegó a un sitio donde estaban las FARC. Como él es el jefe de una fuerza de tareas que se ha dedicado a perseguir y bombardear a la guerrilla, entonces fue que se lo retuvo y tuvo que marchar en condición de prisionero.
-Por ser quien era y el cargo que ostentaba Alzate, la guerrilla no dudó en ningún momento en negociar su liberación, por ejemplo a cambio de presos políticos?
-El gobierno se movió rápidamente para abogar por él, y recurrió a los países garantes del proceso (Cuba y Noruega). Desde luego nosotros estamos en una total disposición a generar condiciones favorables al proceso, y por eso tomamos la decisión de liberar a este general, haciéndole notar al gobierno que hay una situación bastante reprochable al interior de las cárceles colombianas con los presos políticos y los prisioneros de guerra. Se los mantiene en condiciones infrahumanas de hacinamiento y violación de sus derechos, y nosotros quisiéramos que esos casos se visibilizaran.
-¿Hubo alguna respuesta a esos requerimientos?
– Al gobierno se le ha metido en la cabeza la ficción de que no existen presos políticos en Colombia, pero las cárceles están llenas de dirigentes populares acusados, la mayoría de ellos, de terrorismo. En Colombia parece que no hubiera otra acusación distinta para poder debilitar el empuje y la fuerza del movimiento social y político.
-Volviendo al Presidente Santos, él ha dicho reiteradamente que es necesario apurar las negociaciones de paz. ¿Cuáles son los tiempos de las FARC para ese cometido?
-Efectivamente se le nota un poco apurado, pero no se puede decir que el proceso no avanza por nuestro quehacer. Hemos colocado sobre la Mesa toda una constelación de propuestas sobre los temas agrario, drogas, participación política y víctimas. Estas son propuestas mínimas y están concebidas para lograr la aproximación de las partes, pero al gobierno le parecen revolucionarias y radicales. Sin embargo, muchas de ellas son mandatos constitucionales y es un deber del gobierno aplicarlas. Nosotros queremos que esta situación cambie y no se obstruya la posibilidad de redactar acuerdos.
-Hay otro tema álgido que es el de la Justicia, que en voz del gobierno se refiere a que la guerrilla “pague por los hechos delictivos cometidos”. O la andanada de epítetos descargada por el uribismo que los acusa de crímenes de lesa humanidad.
-El gobierno no debe confundir el proceso de paz en La Habana con un proceso jurídico. Al conflicto colombiano hay que buscarle soluciones políticas. Nosotros desconocemos el marco jurídico y la justicia transicional que el gobierno ha tratado de sacar adelante ante las Cortes y ante el mismo Congreso de la República. De esta manera se está violando el acuerdo general de La Habana, que ha colocado a las dos partes en un mismo plano de igualdad, por lo tanto embarcarse en aventuras de sacar adelante un marco jurídico no convenido no tiene posibilidades de supervivencia. El gobierno lo que hace es sembrar maleza jurídica para concluir en que los comandantes guerrilleros terminen tras las rejas. Nosotros decimos que no hemos venido a La Habana para que nos pongan presos. Sí hemos venido a buscar soluciones políticas, diplomáticas, al conflicto colombiano. Ahora nos dicen que es imposible evadir el super poder de la Corte Penal Internacional, pero esa Corte no conoce la historia del conflicto colombiano, ni siquiera sabe lo que somos los latinoamericanos. Por eso es que nosotros estamos invocando una doctrina que se llama el “Margen nacional de interpretación” que prevé esto que estoy diciendo.
-El gobierno insiste en que los responsables de situaciones violentas deberán responder por sus hechos.
-Claro, nosotros sabemos que hay responsables pero de allí hacer creer a la opinión pública que la guerrilla es la máxima responsable, es desconocer que estamos haciendo uso de un derecho universal al alzamiento armado contra regímenes injustos y oprobiosos, que somos una respuesta a una violencia que viene desde el poder, y eso está perfectamente demostrado. Acaba de ser entregado a la Mesa el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, que presenta una visión distinta a la que estaba manejando el Estado. Un relato que repose en el fondo de la verdad para zanjar tantas desavenencias.
Este asunto de los máximos responsables también lo hemos venido tratando en la Mesa de negociaciones. Por ejemplo, a los militares que están frente a nosotros, el general Mora Rangel y el general Naranjo le hemos dicho que para las FARC, este tema trasciende a las comandancias de las distintas fuerzas, toca el Palacio de Nariño que es donde están los determinadores, autores detrás del autor. También son responsables los presidentes, los ministros, los partidos políticos, los terratenientes que se apropian de tierras a sangre y fuego, a través del paramilitarismo. O los señores empresarios, por ejemplo los bananeros como la Chiquita Brands o la Drummond que están financiando a grupos de paramilitares, o sectores de la agroindustria que se han apoderado de tierras que pertenecían a campesinos. Es bien sabido que en Colombia hay desplazamiento forzoso de campesinos que se aproxima a los 6 millones. Responsables son los grandes medios de comunicación, la Iglesia, el sector financiero, involucrado en el lavado de activos del dinero proveniente del narcotráfico. Nosotros le hemos dicho al gobierno: persigan a estos que son los que promueven la actividad del narcotráfico. No concentren la acción punitiva en el eslabón más débil de la cadena que son los campesinos pobres y los consumidores.
Nuestra responsabilidad no es la misma de quienes causaron esta confrontación de tantos años. Nosotros nos colocamos siempre en la orilla de los perseguidos. Lo nuestro es un delito político, lo que ocurre es que en Colombia ese delito fue deformado. Ahora decimos que si realmente quieren que haya una solución, a través del beneficio del indulto o la amnistía, se tiene que reversar el delito político a su estado natural. ¿De qué manera?. Incluyendo las actuaciones de la guerrilla como las que se producen en función de la rebelión.
Se nos ha dicho también que para tener un marco de legalidad en torno a los acuerdos, y que para que ocurra un cese judicial definitivo, que es necesario que los jefes guerrilleros vayan a la cárcel. Pero no nos mencionan a los responsables del Estado. ¿Dónde están los presidentes? Lo ha dicho el ex presidente César Gaviria: “las responsabilidades son colectivas”. Nosotros vamos mas allá y decimos que el Estado es la máxima instancia de imputación. Y agregamos: para los guerrilleros, cero cárcel.
-Hay otro tema muy controvertido y que tiene que ver con la dejación de las armas. ¿En que momento se discute concretamente ese punto?
-Nosotros hemos hecho un planteamiento que esperamos sea respondido de manera positiva por la contraparte. Entendemos como dejación de las armas, su no utilización en política, y esto no sólo vale para la insurgencia sino también para el Estado, sus Fuerzas Armadas y policiales. Nos preocupa mucho que la utilización de las armas por parte del Estado ha producido victimizaciones colectivas, que ha provocado el aniquilamiento de alternativas políticas, ha descabezado a toda una generación de revolucionarios como sucedió con los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica, que sufrió 5000 muertos. Como ocurrió con “A luchar”, con el Frente Popular. Las armas que se le confiaron al Ejército para que defendiera las fronteras patrias, las volvió con el pueblo, provocando asesinatos y miles de desaparecidos. Eso sí es grave, y tendrán que responder. Resumiendo: después de un acuerdo de paz, las armas deben hacer silencio. y agregamos un complemento: el Ejército debe regresar a su función constitucional de defender las fronteras.
-No es fácil imaginarse el paso de una organización armada a un movimiento político abierto. ¿Cómo lo están pensando?
-Muchos nos preguntan si nos vemos haciendo política en el futuro. Y respondemos que siempre hemos hecho política. Con armas o sin armas, siempre estamos en función de la política porque tenemos una visión de país, tenemos unas banderas y una plataforma de 12 puntos que presentamos cuando cumplimos 50 años de existencia, y estas son las del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia.
Por otro lado, sabemos que la sola firma de un Acuerdo no nos va a cambiar la situación en Colombia, lo que sí necesitamos es generar una situación distinta, de tolerancia y de democracia verdadera. Queremos que todo nuestro pueblo tenga una vida digna y que Colombia abandone ese tercer y deshonroso lugar que se ha ganado por sus índices de desigualdad.
–Supongo que no será fácil discutir con el actual gobierno el tema de la política económica a aplicar en el futuro.
-El gobierno dice que la política económica no está en cuestión. Y nosotros nos preguntamos: ¿tiene que ser la política neoliberal la que tiene que primar? ¿No nos podemos poner de acuerdo en pensar en otras políticas que beneficien a los colombianos y les den vida digna? Eso es lo que estamos exigiendo: un cambio profundo de estructuras.
Por supuesto que todavía hay un trecho a recorrer. Y volviendo a lo que Ud. planteaba sobre los tiempos, le digo que todo depende de la decisión del gobierno. Si ellos atendieran las iniciativas y propuestas que estamos haciendo, creemos que el proceso podría entrar en una dinámica que puede conducir rápidamente a un acuerdo final. Ahora bien: nosotros no queremos que se mezclen elecciones con el proceso de paz, porque eso enfermaría a este último. No lo deseamos. Y por eso insistimos en rediscutir los puntos pendientes para ver si acordamos. Si esto no fuera posible, esperamos que sean discutidos en una Asamblea Nacional Constituyente.
-Paradójicamente EEUU habla de flexibilizar las relaciones con Cuba, se acerca ahora a la Mesa de negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC, y por otro lado, castiga a Venezuela duramente, jaquea de mil maneras el proceso revolucionario que encabeza Nicolás Maduro. ¿Cómo analizan este panorama de conflicto en América Latina?
-Se ha dicho repetidamente que la paz de Colombia es la paz del continente. Nosotros creemos también que esta paz a alcanzar, tiene que proyectarse hacia el resto de los países. Ojalá estos problemas que acontecen entre Venezuela y EEUU puedan resolverse por vía diplomática y con respeto, abandonando por parte de EEUU la concepción del “patio trasero”. Hay que permitir que los gobiernos decidan el rumbo que deben darle a su destino.
-Recuerdo que en una entrevista que se le hizo hace varios años a Manuel Marulanda, él afirmaba que la lucha de las FARC era por la toma del poder y la construcción del socialismo. Le pregunto: ¿Las FARC de hoy, las que ustedes representan, siguen pensando de la misma manera?
-Por supuesto, seguimos pensando de igual forma. Estamos tratando de avanzar a un estadio que nos permita seguir desarrollando esa lucha en condiciones mejores, pero nuestro propósito es el socialismo. Que nadie tenga dudas de ello. Ese es el sistema que nos va a dar verdadera democracia, justicia social, una paz estable y duradera, y sobre todo, dignidad. Porque el socialismo es Humanidad.
-¿Quisiera agregar algo más, de cara a nuestros lectores del continente?
-Me parece importante saludar a los lectores de este importante periódico, Resumen Latinoamericano, que llega a muchas partes del continente con un mensaje de la resistencia que debe ser tenido en cuenta y que nos pertrecha con argumentos para seguir dando esta lucha necesaria por un mundo mejor.
