El cáncer del glifosato (Colombia) – Por Cristina Vélez Vieira
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.¿Qué dijo la OMS?
El dictamen de la Organización Mundial de la Salud de que el glifosato puede producir cáncer, no sólo constituye un duro golpe a la defensa que el Gobierno viene haciendo de la aspersión aérea ante múltiples tutelas que están en revisión en la Corte Constitucional sino el inicio de una puja en su interior.
La autoridad mundial en asuntos de salud, a través de un estudio de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), reclasificó el glifosato a categoría 2ª (“probablemente cancerígeno”) el pasado 20 de marzo.
La IARC sustentó su decisión en pruebas de que esta sustancia, producida y comercializada mayoritariamente por la firma Monsanto y utilizada únicamente en Colombia para fumigar la coca, causa cáncer en animales de laboratorio y en conclusiones más limitadas de que causa linfoma no hodgkiniano en personas.
Aunque los estudios citados por la agencia no incluyen evidencia nueva (citan un estudio de 2001 y otro de 1991) y han sido puestos en duda por la multinacional Monsanto, es la primera vez que un organismo de este nivel y al que no se le puede atribuir ningún interés partidista da un veredicto sobre los efectos del glifosato en la salud. Lo que pone en aprietos al alto Gobierno y a uno de los ejes de su política antidrogas.
Efectos en la Corte Constitucional
En la actualidad hay dos tutelas que piden la suspensión de aspersión con glifosato pendientes de revisión en la Corte Constitucional. Irónicamente en el escritorio del cuestionado magistrado Jorge Pretelt.
Una es de los cabildos indígenas Kiwe Ukwe, Yu Cxijime en Putumayo y otra del personero de Nóvita, Chocó, contra la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y los Ministerios de Ambiente, Salud, Justicia e Interior.
En fallos similares, la Corte Constitucional (en el caso del Pacífico Nariñense, auto 073 de 2014) y del Consejo de Estado (en el caso de los Parques Nacionales) le había solicitado al Gobierno “dar aplicación del principio de precaución”.
Es decir, ante la incertidumbre y la ausencia de evidencia científica concluyente frente a potenciales daños producidos por el glifosato, la Corte recomendó hacer estudios técnicos y en caso de seguir sin certeza del daño, suspender la aspersión (lo que sí se hizo en los Parques Naturales) o dejar la decisión en manos de las comunidades a través de una consulta previa.
Pero, como lo menciona un concepto que AIDA y la Red de Justicia Ambiental en Colombia emitió por solicitud de la Corte sobre la tutela del Putumayo y de Chocó, estos estudios aún no han sido presentados.
Tampoco el proceso de consulta con las comunidades afrodescendientes que obliga el auto 073 se ha llevado a cabo. Pues según lo afirman fuentes cercanas al proceso consultadas por La Silla, el Ministerio del Interior ha enfrentado dificultades prácticas para convocar los líderes y organizar el proceso.
Y es esta ambiguedad lo que le ha permitido al Gobierno continuar con el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG) en Nariño.
Con la publicación del estudio de la OMS y la evidencia recogida recientemente por el investigador de la Universidad de Los Andes Daniel Mejía (ver #trending lider) sobre los daños del glifosato, expertos en el tema creen que la Corte ya tiene herramientas para emitir un juicio más fuerte contra el Estado. E incluso pedir la suspensión del PECIG.
“Ya es casi como indefendible tener esa posición”, afirmó a La Silla Vacía Héctor Herrera, asesor legal de la red de Justicia Ambiental en Colombia.
La próxima reunión del Comité Técnico Interinstitucional para el desarrollo del PECIG es el 7 de abril y el estudio de la OMS se ve como un tema obligatorio en la agenda.
El problema es que el diseño institucional de este organismo asesor y del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) enreda mucho la toma de decisiones.
“Es un mecanismo de concertación complejo. Están sentados el Ministerio de Justicia, el de Salud, el de Ambiente, la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía. Pero es complicado que un ministro le puede decir a otro, haga esto y esto”, afirmó a La Silla Vacía alguien que conoce el CNE por dentro pero que prefirio no ser citado.
Ante los potenciales riesgos a la salud que señala la OMS, se espera que el que tenga la autoridad técnica para poner el tema sobre la mesa en el CNE sea el Ministro Alejandro Gaviria. Para quién este estudio «reabre el debate sin duda y nos causa preocupación», como lo mencionó el sábado a la Agencia AP.
También tienen el sartén por el mango Minambiente, al ser el encargado del Plan de Manejo Ambiental del PECIG, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la encargada de darle el permiso al glifosato para poder seguir siendo comercializado y usado en el país.
Fuera de eso son estos dos ministerios los que deben decidir si quieren cuestionar el concepto técnico que emitieron en el 2004 en el que afirman que el glifosato no tiene efectos para la salud.
Sin embargo, cualquier solicitud de reevaluación del plan de fumigación ya tiene sus detractores.
Por ejemplo Javier Flórez, actual director de la Política de Drogas del Ministerio de Justicia, institución que preside el CNE, apoya la fumigación como una herramienta idónea para actuar en territorios aislados donde por problemas de seguridad no llega la erradicación manual.
Y argumenta que acabar con el PECIG en estas zonas es entregar territorio a la criminalidad. “Yo apoyo la aspersión aérea donde es inteligente y eficiente hacerlo”, afirmó a la Silla Vacía.
Las cifras muestran que donde no se ha fumigado, como en la frontera con Ecuador, parques nacionales y resguardos, se ha disparado la siembra, lo que le ha dado buenos argumentos al Ministerio de Defensa y a la Policía Antinarcóticos para seguir en su posición de defensa del glifosato. Pero, con esta nueva evidencia de que podría producir cáncer, el primer argumento tiene menos peso.
En el Comité Técnico asesor de este organismo también hay presencia de Estado Unidos (Asiste NAS de la Embajada de los EE.UU.), al estar relacionado con el Plan Colombia, lo que complica aún más el panorama.
Esto se debe a que los que ejecutan los recursos de fumigación son los estadounidenses: los vuelos de fumigación los opera Dyncorp y el herbicida que se utiliza es el ‘Roundup” de Monsanto, una poderosa empresa de ese país. Y como desde que Afganistán prohibió la fumigación, Colombia es el único país que todavía fumiga, el tema es sensible para ellos.
Respecto a la Cancillería, que también tiene poder de decisión, es difícil saber cuál será su postura. Después de darle a Ecuador 15 millones de dólares para que desistiera de su demanda contra Colombia por fumigaciones en las zonas de frontera, planteada en abril de 2008 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, este nuevo estudio podría acarrear una contraofensiva del país vecino. El cual le ha pedido a Colombia reparación por los «daños a Ecuador, a su población y a su medio ambiente».
Así como están las cosas se avecina una puja importante en el CNE y ronda la pregunta de si este es el principio del fin de las aspersiones aéreas.
