Vázquez presenta Comisión de Verdad y Justicia para avanzar en búsqueda de desaparecidos
El presidente electo Tabaré Vázquez dará a conocer hoy en detalle su propuesta para impulsar la investigación sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, tras confirmar ayer la creación de un grupo de trabajo para llegar a la verdad y justicia. Este grupo de trabajo estará integrado por representantes de familiares de detenidos desaparecidos, representantes de las iglesias Católica, Protestante y Evangelista, de la colectividad de afrodescendientes y la colectividad israelita, además de Macarena Gelman y Felipe Michelini.
En esa conferencia el presidente electo adelantará cuales son las temáticas que abordará ese grupo de trabajo, los objetivos establecidos y presentará a sus integrantes.
En una entrevista en enero Tabaré Vázquez anunció que en algunos días estaría presentando nuevas acciones para esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos.
“Hay algunos reclamos de la sociedad civil y de organizaciones que ameritan un nuevo empuje y nuevo encare al trabajo para ver si se puede tener más conocimiento de lo que ha pasado con respecto a los desaparecidos” dijo entonces.
Ayer confirmó la creación de este grupo de trabajo que dará a conocer hoy.
Respaldo de Familiares
Uno de los integrantes de “Familiares de Detenidos Desaparecidos” Oscar Urtazum, dijo a LA REPÚBLICA que esta iniciativa no es una comisión, sino un “grupo de trabajo” que cuenta con el total respaldo del presidente electo, Tabaré Vázquez, para acceder a toda la documentación que pueda tener el Estado en su poder.
Urtazum subrayó que se trata de “un grupo de trabajo, que tiene notorias diferencias con una comisión” y no tendrá representantes del gobierno. Destacó que el grupo de trabajo dependerá “únicamente de Tabaré Vázquez”.
Adelantó que hay un compromiso de que ningún ministro podrá negar información o rechazar un pedido que realice ese grupo de trabajo. “Tabaré ha mostrado en sus dichos voluntad política de que se trabaje en este tema” indicó.
Sostuvo que esta propuesta la ven “como algo nuevo, lo discutimos un poco pero concluimos que no podíamos decir que no. En el andar veremos. Vamos a tener plena libertad para trabajar, hay confianza entre los integrantes”, agregó.
Consultado sobre las expectativas de que este nuevo enfoque contribuya a arrojar luz sobre los detenidos desaparecidos, Urtazum señaló que “nuestra expectativa es poder llegar a la estructura del Estado sobre todo al inexpugnable Ministerio de Defensa. Si nos dan independencia y acceso para trabajar en todos los ámbitos del Estado se podrá avanzar”.
“Hay muchos archivos para demandar, muchos documentos para analizar, mucha cosa que si no es con el apoyo del Estado no se puede hacer” señaló.
Confirmó que la asociación de Familiares estará representada por Emilia Carlevaro una de las fundadoras de Fedefam.
Además trascendió que Ademar Olivera representará a la iglesia Metodista y Susana Andrade, por al colectivo de afrodescendientes.
En tanto ayer, el diputado Felipe Michelini dijo en radio El Espectador, que el grupo de trabajo no dependerá de la información que puedan aportar militares, y que partirán de los datos acumulados durante años tanto en la Comisión para la Paz (creada en el gobierno de Jorge Batlle) como de los datos que surgen de la investigación de la Universidad de la República, de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia y lo que surja del juicio que se lleva adelante en Italia por el Plan Cóndor.
El futuro de la Secretaría de DDHH
Aunque el gobierno electo ha adelantado la mayoría de los principales equipos de los ministerios y entes públicos, nada ha trascendido sobre la Secretaría de Derechos Humanos (encabezada por Javier Miranda) que depende de Presidencia ni de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Esta Secretaría ha ajustado el número de casos de detenidos desaparecidos, recibiendo nuevas denuncias y confirmando casos que anteriores comisiones no han podido constatar.
En un informe presentado en diciembre, la directora general de la Secretaría, Graciela Jorge, dio a conocer una lista de diez “nuevos desaparecidos confirmados, entre los que se encuentran casos pendientes, algunos de los cuales son denuncias recientes de desapariciones forzadas, mientras que otros son casos antiguos que habían quedado pendientes de la Comisión para la Paz”.
Lista actualizada
La Secretaría para el Pasado Reciente actualizó la lista de desapariciones llegando a 192 casos, y se actualizó la lista de asesinatos políticos entre los años 1973 y 1985 a 123.
De estos 123 asesinados políticos, 64 fueron asesinados en prisión, 24 en el marco de operativos represivos, 18 en enfrentamientos con resistencia a la detención y 14 sin identificar.
Un antes y un después
A poco de asumir como presidente en marzo de 2005, Tabaré Vázquez restituyó a la Justicia todas sus prerrogativas, al excluir de la Ley de Caducidad (2006), a numerosos casos de detenidos desaparecidos, y ordenó a las tres ramas militares investigar el destino de los “detenidos desaparecidos”, en el ciclo dictatorial (1973-1985), y proceder a la elaboración de un informe oficial.
El 8 de agosto, se conocieron finalmente los tres informes, rotulados como secreto, firmados por los comandantes Bertolotti (Ejército), Tabaré Daners Eyras (Armada), y Enrique Bonelli (Fuerza Aérea), que a poco de llegar a conocimiento del gobierno, fueron remitidos por Vázquez a la organización de familiares de detenidos desaparecidos.
En cada una de las ramas castrenses, los comandantes se contactaron con actores de aquellos episodios, rastrearon archivos, armaron un puzzle complejo de organismos represivos que actuaban con gran autonomía, y amparados por el secreto de sus operaciones.
Fue esta la primera vez que las FFAA reconocieron oficialmente su responsabilidad y en algunos casos, aportaron elementos que cambiaron el conocimiento sobre el pasado inmediato. La aeronáutica dijo que uno de los detenidos desaparecidos (Ubagesner Chaves Sosa, el primero de los ubicados en diciembre de 2005), murió durante un interrogatorio en la base Boiso Lanza, y estaba enterrado en una chacra, cerca de la ciudad de Pando (Canelones); y afirmó que, en 1976 existió un “segundo vuelo” entre Buenos Aires y Montevideo (5 de octubre), en el que se trasladó a presos políticos capturados en Argentina.
Bertolotti, en su informe, afirmó que “en el año 1984 se posee la convicción que (con los restos de los desaparecidos), se procedió a (su) exhumación (y), cremación en hornos artesanales”. No obstante ello, dadas las dificultades para los sitios de enterramiento, asegura, se puede “arribar a la conclusión de que no habrían sido exhumados la totalidad de los restos, no pudiendo precisarse con exactitud, cuáles fueron exhumados o cuáles no”.
El informe Bertolotti implicó en su momento un avance, pese a los “errores” que contenía, que llevaron al propio gobierno a considerar que existía un 99% de posibilidades de localizar en una zona determinada del Batallón 14, muy cerca de donde años después se ubicó a Julio Castro, el enterramiento de la argentina María Claudia García de Gelman.
Ese hecho, sumado al silencio de los portadores de la información que marcó el período, sembró dudas sobre la actitud de las Fuerzas Armadas ante la firme determinación del Poder Ejecutivo de dar vuelta la página.
