Petrobras en su laberinto (Brasil) – Pablo Jofré Leal
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
La denominada Operación Lava Jato (Lavado Rápido en portugués) llevada a cabo por la Policía Federal Brasileña, que lleva un año ya destapando la red de corrupción de la Empresa Petrobras ha devenido en un proceso político-judicial, que está castigando fuertemente al gobierno de Dilma Rousseff y minando su capital político.
La mandataria brasileña se enfrenta así a su más duro trance político, desde que asumió la presidencia en enero del año 2011 y fue reelecta en octubre del año 2014. Esto, pues la investigación sobre Petrobras sigue entregando sorpresas, profundizando los alcances y sacando a la luz antecedentes de una amplísima red de corrupción. Los hechos investigados han hecho caer estrepitosamente el caudal de adhesión a la presidenta, que sólo entre enero y febrero de este año le ha significó una caída en 19 puntos en lo que es su peor evaluación como gobernante.
Ese derrumbe, no sólo se explica por el tema Petrobras, sino que también por las promesas incumplidas, ya que al asumir un nuevo mandato, tras su victoria de octubre del año 2014, Dilma sostuvo que no elevaría los precios de los servicios públicos, ni recortaría el gasto público, que ha sido uno de los grandes soportes de los gobiernos petistas. Sin embargo, ninguna de las dos promesas se cumplió pues primaron las exigencias de estratégicas pero no populares de atraer inversores, quienes son especialistas en requerir que se tomen medidas de ajuste fiscal para otorgar créditos o no salir volando con sus inversiones a tierras donde les «exijan menos”.
Una de las víctimas del escándalo Petrobras ha sido Graça Foster, Presidenta de la empresa, quien fue sustituida por un banquero cercano a Rousseff y sin experiencia en el tema de los hidrocarburos: Aldemir Bendine, ex Presidente del Banco do Brasil. Este ejecutivo, prometió una gestión «transparente para recuperar la credibilidad de la empresa y recuperarla de la grave crisis que vive”. Bendine, sostuvo en su primera conferencia de prensa que el directorio de la compañía le ha otorgado «total autonomía para determinar su política de precios y proteger el flujo de caja” y en una entrevista dada a la cadena O´Globo – crítica acérrima de Dilma – Bendine explicó que los informes de la prensa que sostienen que la empresa se prepara para registrar una amortización de activos por 31 mil millones de dólares), no reflejan la realidad de la compañía». Pero lo que si refleja la realidad de Petrobras y es innegable es que para Brasil la gigante petrolera es el gran motor del desarrollo de infraestructura en Brasil, ya que representa cerca de 10% de la inversión fija anual y cualquier situación que empañe su visión y dificulte su desarrollo repercute en toda la economía brasileña.
Brasil se encuentra hoy ante un cuadro de corrupción que golpea al petismo, al gobierno, a la administración pública, a los directivos de Petrobras y a la clase empresarial. Esto, porque no olvidemos, aunque a los medios críticos a Dilma no les guste reconocerlo, que no existe corrupto sin que exista alguien que corrompa. Una clase política y empresarial que se ha visto salpicada por un tramado de intereses, dinero, favores políticos y una forma de «hacer política y negocios” de la cual la sociedad brasileña está demostrando su hartazgo. Esa conducta ha pagado su precio. Petrobras: una empresa público-privada brasileña ha perdido 16 mil millones de su valor de mercado y ha provocado la pérdida de empleos para 10.200 trabajadores de las empresas subcontratadas.
A casi un año del inicio de Lava Jato, esa operación de limpieza comienza a dar frutos necesarios, imprescindibles y vitales para erradicar de manera fulminante las conductas corruptas y sancionar ejemplarmente las acciones de este tipo. Eso es lo positivo y debe llegar hasta el fondo y castigar severamente a los responsables. La impunidad, según los analistas consultados no puede imponerse, en cambio la claridad y la determinación de responsabilidades puede ser una buena oportunidad en la hora de las tinieblas para el gobierno de Dilma. Como también una luz para aquellos procesos de corrupción que vinculan los negocios y la política como ha sido el ejemplo en Chile, donde la política nacional se vio sacudida por el denomiando Escandalo PENTA que sacó a la luz la forma irregular de financiamiento de un partido Político de Derecha.
POSIBLE LUZ AL FINAL DEL TUNEL
Para la Presidenta Rousseff, Petrobras dentro de lo obscuro y negativo que significa para su gobierno, puede ser también una oportunidad «el escándalo de Petrobras es simbólico , ya que es el primer gran caso de corrupción que se investiga a fondo. Esto va a cambiar para siempre la relación entre la sociedad brasileña, el Estado brasileño y las empresas privadas» Rousseff sabe que si esas prácticas de corrupción no acaban, no sólo está en juego la posible sucesión de un candidato petista, sino también los sueños de millones de brasileños y el propio caudal político de la mandataria. En la mesa está el manejo de esta crisis, donde debe mostrar absoluta transparencia pues uno de los inculpados tiene nombre de partido: El PT
Las investigaciones llevadas a cabo han demostrado, que algunas de las mayores empresas de construcción de Brasil pagaron sobornos para obtener US$ 23 mil millones en contratos de Petrobras. Empresas que se asociaron para delinquir, en la idea de incrementar los precios de las obras acometidas, pagando, con ese sobreprecio sobornos a ejecutivos de Petrobras y al mundo político. La Fiscalía a cargo de las investigaciones presentó cargos por corrupción, crimen organizado, lavado de dinero contra 37 empresarios de empresas constructoras y 2 ejecutivos de Petrobras. Según el analista Carlos Pereira, «el escándalo en el que está envuelto Petrobras es un desastre para Brasil. La empresa que era un símbolo nacional está hoy frente a una situación triste. Como María Foster, que ha visto su prestigiada carrera destruirse y ha tenido que irse. La compañía cayó víctima de un grupo criminal de políticos” a lo que agregamos, no olvidemos, al mundo empresarial que suele pasar colado a la hora de las acusaciones centrando todo sólo en el mundo político.
Qué duda cabe que las acusaciones de corrupción, sobre todo de una empresa con capital público tienen, claramente, un efecto sobre la confianza de la sociedad, como también sobre el empleo y sobre las inversiones, por tanto sobre la dinámica económica y política del país. Uno de los proyectos que puede verse afectado es el del Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (COMPERJ), situado en el municipio de Itaboraí y cuyas empresas constructoras se han visto paralizadas por las investigaciones de la Policía Federal. Allí laboran, en forma directa, 20 mil trabajadores de 16 empresas que ya han comenzado a disminuir sus plantillas de trabajadores. El COMPERJ es la gran apuesta del Gobierno de Brasil, a través de Petrobras, para convertir el litoral del Estado de Río de Janeiro en el gran centro petroquímico de Sudamérica. Con una inversión de 13.500 millones de dólares su apertura estaba prevista para agosto de 2016, previsión que podría desmoronarse ya que las investigaciones de la Policía Federal sindican a gran parte de esas empresas constructoras como participantes de la red de corrupción de Petrobras.
Los cálculos estiman que con este entramado de ilegalidades en Petrobras, se ha esquilmado a a la sociedad brasileña la friolera de 4 mil millones de dólares. Petrobras ha sido considerada una caja pagadora de favores políticos, no sólo cuando era completamente estatal, sino que tuvo su auge cuando el capital privado entró en su gestión, generando una ampliación de la red de corrupción hacia el partido gobernante, directivos de la petrolera, contratistas, empresarios y mundo privado que se han beneficiado de las jugosas y millonarias cifras de la gigante brasileña.
El Diario Folha de Sao Paulo dio a conocer declaraciones y registros del Ex Gerente de Ingeniera de Patrobras, Pedro Barusco – uno de los imputados a quien se acusa de haberse apropiado de 20º millones de dólares- quien, a cambio de rebaja en las penas y beneficios carcelarios demostró, mediante documentos que guardaba en su poder, que el 1.5% de los 90 mayores contratos firmados por Petrobras entre los meses de mayo del año 2004 (bajo el período de Lula) y febrero del año 2011 (ya bajo la presidencia de Dilma – quien fue a su vez Presidenta del Directorio de Petrobras – se cobraron en conceptos de soborno. Las declaraciones de Barusco llevaron a que la Policía llamara a declarar al tesorero del PT, Joao Vaccari Neto, ya que según Barusco, el partido de Dilma habría recibido entre 150 y 200 millones de dólares entre los años 2003 y 2013 a través de los 90 mayores contratos de la petrolera, asegurando que Vaccari había tenido «participación» en ese desvío. El PT levantó su voz indignado sin embargo las ramificaciones parecen llegar al centro del partido.
LA IDEA OPORTUNISTA
Una de las líneas de análisis «oportunista” que se está barajando por el sector privatizador de la sociedad brasileña, es que ha llegado el momento de quitarle completamente el control de Petrobras al Estado. Panoramas que hemos visto en otras grandes empresas estatales de Latinoamérica cuando se destapa algún hecho de corrupción, en que sirve de excusa y argumento para decir «ven, el estado es incapaz de administrar una empresa, mejor que la tomen los privados” olvidando que una empresa estatl tiene como beneficiario al conjunto de la soceidad y no sólo a un directorio que termina convertido en grupos económicos con poder financiero e influencia política. Es así que el analista y Economista de la universidad de Sao Paulo, Alex Luiz Ferreira afirma que «D esde que el mes de marzo de 2014 la Operación Lava Jato sacó a la luz la red de corrupción en la petrolera Petrobras, esta ha perdido 16.000 millones de dólares de su valor de mercado, por lo que la mejor opción que resta a Brasil para reflotar Petrobras en los mercados sería su completa privatización”.
Esa lógica política y económica ha prendido en los medios de comunicación opositores a Dilma y en una clase empresarial que mayoritariamente se había inclinado por apoyar al derrotado candidato Aecio Neves. «La justificación de la importancia estratégica de Petrobras para el Estado pierde sentido si pensamos que Brasil podría actuar como regulador del mercado y como socio activo de los resultados de la empresa a través de los impuestos, tasas y concesiones a la petrolera, todo ello sin necesidad de ser el accionista controlador» concluyó Ferreira.
En cambio, para el analista mexicano Esteban Garaiz, quien hace un símil con los propios procesos de corrupción en su país afirma que «la experiencia de más de 30 años – de privatizaciones en América Latina – nos muestra de manera indudable que el esquema público-privado en la administración pública resulta mucho más propicio a la corrupción; o sea: a la privatización de lo público. Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil entre los años 1994 al 2002, tomó la determinación de «modernizar” Petrobras, la petrolera nacional brasileña y la abrió parcialmente a la inversión privada y la incorporó a la bolsa de valores. Hoy la Sra. Foster y cinco directores han renunciado. La empresa más grande del país y una de las mayores petroleras del mundo, pionera de las perforaciones en aguas profundas, envuelta en un escándalo de corrupción de proporciones internacionales…el combate a la corrupción (dondequiera) requiere, como la transparencia, de dos elementos indispensables ambos: un equipo técnico capaz y con sentido de servicio público; y también voluntad política firme. De poco, o nada, sirve formar comisiones, secretarías, instancias «autónomas” o cualquier otra burocracia holgadamente pagada, si falta de arranque la genuina voluntad política”.
En ese sentido, las señales que provienen de Planalto indican, que Dilma Rousseff está decidida a limpiar Petrobras, lo que implica también adentrarse en el mundo privado, que ha sido el gran corruptor de la Organización criminal, en esta asociación ilícita creada para adjudicarse obras por un monto de 23 mil millones de dólares. Es lo único que puede hacer Dilma, sacar la basura, abrir las ventanas, sacar todo afuera, transparentar. Tratar de ocultar lo visible, esconder la basura bajo la alfombra no es el camino. Transparencia, destituciones, abrir los libros y las cuentas, desprenderse de toda lacra de corrupción, detener al corrupto y al corruptor, desafiar las presiones, reestablecer las confianzas públicas con medidas anticorrupción efectivas. Todas ellas son la primera señal, la segunda es avanzar hacia una moral distinta donde los intereses sociales sean genuinamente resguardados, aunque se nos acuse de ingenuo a los que propugnamos tal deseo.
