Gobierno responde a la denuncia que hizo el fiscal Nisman contra la presidenta
“No existe prueba alguna”
El gobierno nacional presentó un escrito ante el juez Daniel Rafecas en el que respondió a la denuncia que hizo el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman, entre otros funcionarios. La presentación, que lleva la firma de la procuradora del Tesoro, Angélica Abbona, responde una por una a las acusaciones y presenta pruebas para controvertirlas. “Ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”, dijo. Presentó documentos de Interpol y estadísticas de comercio con Irán que –según señaló– desmienten las afirmaciones de Nisman. “No existe prueba alguna, siquiera de carácter ‘indiciario’, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la presidenta de la Nación, ni a funcionarios del gobierno nacional”, indicó. El fiscal Nisman presentó su denuncia la semana previa a su muerte. En ella, acusó a la Presidenta, al canciller y a dirigentes políticos de haber confabulado para encubrir el atentado a la AMIA y librar de responsabilidad a los acusados iraníes. Cuando se conoció el escrito completo de Nisman –de 289 páginas– se pudo ver que los principales elementos que presentaba eran escuchas telefónicas al dirigente islámico Jorge Khalil, que conversaba con el kirchnerista Luis D’Elía y con el líder de Quebracho, Fernando Esteche. Ni la Presidenta, ni el canciller, ni tampoco el diputado Andrés Larroque hablaban en esas escuchas. También identificaba a dos personas como agentes de la Secretaría de Inteligencia: Ramón “Allan” Bogado y el ex juez Héctor Yrimia. El jefe de la SI, Oscar Parrilli, informó que ninguno de los dos pertenece a la Secretaría de Inteligencia.
La procuradora del Tesoro –en rigor, la jefa de los abogados del Estado– fue la encargada de responder al escrito de Nisman ante el juez Rafecas, que todavía no resolvió si iniciará una causa a partir de la denuncia. Estos son los principales puntos del escrito del Gobierno que contesta las acusaciones de Nisman:
– El Gobierno no cambió su postura: “El Gobierno de la Nación, a lo largo de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ha mantenido una postura clara y enérgica en el ámbito internacional, en particular en sus presentaciones ante la Asamblea General de la ONU, reclamando que la República Islámica de Irán brinde su colaboración en las responsabilidades derivadas del atentado terrorista”. Como pruebas de esto presentó, entre otras cosas, el discurso de la Presidenta ante la ONU del 24 de septiembre de 2013.
– El memorándum no afectó los alertas rojos: “El Memorándum de Entendimiento fue aprobado conforme a los procedimientos de la Constitución”, previo paso por el Congreso nacional. La procuradora del Tesoro remarcó que el objetivo del memorándum fue impulsar la causa AMIA “cuyo trámite se vio gravemente instruido por la imposibilidad de someter a declaración indagatoria a los ciudadanos iraníes imputados en el proceso”. Entre otras evidencias, presentó la negativa británica a extraditar a la Argentina al ex embajador iraní en la Argentina Hadi Soleimanpour. Abbona destaca “la inexistencia de acuerdos bilaterales previos que obligaran a la República Islámica de Irán a extraditar a esas personas”. La procuradora del Tesoro remarcó que ni en el texto del Memorándum como en las acciones que siguió el Gobierno después se puede inferir otro objetivo que el de permitir que la causa avance. “En particular, ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino estuvo orientada a sustraer la causa AMIA de la esfera de decisión del juez natural”, indicó.
– La Interpol lo niega: “Ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”, remarcó la procuradora del Tesoro, que presentó como anexos las comunicaciones entre el gobierno argentino e Interpol. En particular, destacó la nota del 15 de enero de este año del ex director de Interpol Ronald Noble, que desmiente a Nisman cuando afirma que el canciller Timerman buscó gestionar que se cayeran los alertas rojos. “El Ministerio de Relaciones Exteriores mantuvo una conducta coherente y clara en el sentido de que la suscripción del Memorándum no había implicado cambio alguno en la vigencia de las notificaciones rojas de Interpol”, argumentó Abbona.
– No era posible importar petróleo iraní: Luego la procuradora del Tesoro les apunta a otros de los argumentos centrales de la denuncia de Nisman: la idea de que el objetivo de lograr desviar la causa era que la Argentina pudiera adquirir petróleo de Irán. Para esto, presenta informes técnicos del comercio con Irán del Ministerio de Planificación Federal, del de Economía y de la AFIP. En todos se indica que el comercio –del que se detallan los datos entre 1999 y 2015– está en manos de privados, y no son de Estado a Estado. También indica que caen a partir de 2010. En particular, el Ministerio de Planificación desmiente la existencia de la “crisis energética” que sostenía Nisman que obligaba a la Argentina a comprarle petróleo a Irán y también advierte sobre una dificultad técnica: la cantidad de azufre presente en el petróleo iraní. “La República Argentina no podría comprar petróleo iraní por no cumplir éste con la calidad del crudo requerida por las refinerías locales. La calidad del crudo es inferior al disponible en cuencas argentinas, en donde existen saldos exportables”, indica el informe técnico.
– La SI negó que fueran espías: Además, la procuradora del Tesoro indica que “queda desvirtuada la supuesta pertenencia a los cuadros de la Secretaría de Inteligencia de Héctor Yrimia y Ramón ‘Allan’ Héctor Bogado, a quienes el doctor Nisman les atribuye el carácter de agentes de Inteligencia que habrían ‘operado’ en representación del gobierno nacional en el marco del plan delictivo denunciado”. Abbona recuerda que Bogado “había sido denunciado penalmente” por la SI “a raíz de haberse comprobado que ha usurpado la condición de agente estatal intentando realizar maniobras de tráfico de influencias”. Bogado también enfrenta otras causas por presunta estafa.
En línea con lo planteado públicamente por el jurista Julio Maier y por el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni, la conclusión de la procuradora del Tesoro es que “no existe prueba alguna, siquiera de carácter ‘indiciario’, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la presidenta de la Nación, ni a funcionarios del gobierno nacional” que puedan considerarse delitos. El escrito no hace pedidos al juez, aunque de esta argumentación se desprende la idea de que la causa debería cerrarse por inexistencia del delito.
Un pedido de veedor a la CIDH
Sandra Arroyo Salgado, jueza de San Isidro y ex esposa de Alberto Nisman, se ubicó en un papel protagónico y no es sólo por su exposición en el Congreso. A pedido suyo –en nombre de sus hijas– la Defensoría General de la Nación enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para que designe a un veedor que haga un seguimiento de la investigación sobre la muerte del fiscal. Su requerimiento se basa en su papel en el caso AMIA, que hace más de una década tuvo trámite en el organismo internacional. Hoy, también por impulso de la querella de las hijas y la madre del fiscal fallecido, Sara Garfunkel, se hará una nueva inspección ocular en el departamento donde vivía en el piso 13 de las torres Le Parc, en Puerto Madero. Será en presencia de los peritos de parte y personal de la Fiscalía de Viviana Fein, en un procedimiento donde se recogerán rastros para su posterior análisis y se buscará un análisis conjunto de los datos de la autopsia con el lugar y la escena de la muerte.
La autopsia realizada sobre el cuerpo de Nisman hasta ahora reveló datos que descartan la intervención de terceras personas en su muerte. Pero los peritos designados por la querella de la familia, que la semana pasada recibieron fotos y videos del procedimiento, plantean que no se deben analizar los datos de manera aislada. Uno de los especialistas, Osvaldo Raffo, fue gráfico al señalar la idea de que “autopsia y escena” no se pueden interpretar por separado. Por el momento la mayor parte de las pruebas científicas apuntan a que Nisman se habría disparado a sí mismo con una pistola Bersa calibre 22 que pertenecía al informático Diego Lagomarsino. En el baño donde apareció sin vida, en su ropa y en el arma sólo se halló ADN del fiscal y no tenía signos en su cuerpo de haber ejercido algún tipo de resistencia física. El disparo fue arriba de la oreja, ligeramente ascendente, a menos de un centímetro de distancia. A la vez dos estudios de barrido electrónico dieron negativo, al no hallar pólvora en las manos, lo que no es considerado concluyente. El 18 de febrero estarán las conclusiones del estudio toxicológico para saber si Nisman había ingerido alguna sustancia que pudiera afectarlo. Los peritos de parte, que junto con Raffo son Julio Ravioli y Daniel Salcedo (y a quienes se sumará el psiquiatra Ricardo Risso), harán un dictamen. Es posible que también se haga una “autopsia psicológica” para obtener datos personales que ayuden a comprender las causas de la muerte.
La inspección ocular que se hará hoy en el departamento apunta a hacer el análisis integral con la autopsia, revisar el procedimiento que ya se hizo, observar las características del lugar y todos los elementos y recoger muestras nuevas. El juzgado de Fabiana Palmaghini dispuso que “todos los especialistas pretendidos por las partes –acompañados de quienes los asistan– examinen los distintos ambientes a efectos de proceder al levantamiento de rastros de dicho lugar para su posterior análisis”. El procedimiento será supervisado por el jefe de Homicidios de la Policía Federal.
El pedido de un veedor de la CIDH motorizado por Arroyo Salgado fue mencionado por ella incluso ayer en el Senado. Mostraba la intención de que se someta todo a revisión, cuidándose de no parecer proclive a ninguna hipótesis, ni suicidio ni homicidio. La Defensoría General será la encargada de canalizar su petición ante el organismo internacional, según pudo confirmar este diario. Las hijas de Nisman y su madre tienen ahora la representación, como querellantes, del defensor oficial Germán Carlevaro. La jueza se basaría –según allegados a la causa– en vincular la muerte de Nisman con su función de fiscal en la causa AMIA, y en que el organismo suele recibir pedido de veedores cuya función de “observar si se cumplimenta la regularidad procesal”.
Funcionarios relacionados con el trámite de la denuncia internacional que hizo Memoria Activa, contra el Estado argentino en 1999 por privación de justicia, explicaron a Página/12 que los veedores suelen solicitarse ante denuncias y peticiones ya iniciadas. En el caso AMIA, la única peticionaria fue Memoria Activa. La Comisión mandó un veedor al juicio oral: fue a pedido del Estado y en acuerdo con las víctimas. El tribunal oral anuló la causa donde se había acusado a policías bonaerenses en base a un armado y el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín. Fue inevitable la investigación del encubrimiento. La intervención de la CIDH terminó con un informe que declaraba la responsabilidad internacional del Estado argentino (reconocida por un decreto de Néstor Kirchner) y le daba la razón a Memoria Activa en su denuncia por la falta de prevención, investigación y esclarecimiento.
Entre cuestiones pendientes, Fein anunció que son inminentes “los peritajes sobre los equipos informáticos y de telefonía” con “puntos de pericia” de las partes. Permitirá conocer los mensajes, mails y otras comunicaciones que tuvo Nisman en las semanas anteriores a su muerte, cuatro días después de presentar una denuncia por encubrimiento en la causa AMIA contra Cristina Kirchner, el canciller y otras personas.
La Fiscalía también dijo que terminó el análisis de las cámaras de Autopistas del Sol y Autopista Illia, para corroborar el relato de Lagomarsino, quien dijo que el día previo a la muerte de Nisman fue dos veces a su departamento, la segunda para llevarle el arma que le habría pedido prestada. El técnico dijo que volvió a su casa, algo que al parecer se habría corroborado con las filmaciones, y que estaba en duda porque su salida no fue registrada en el edificio. La fiscal aclaró también que las muestras de ADN que se le tomarán a Lagomarsino sólo serán cotejadas con el material genético hallado en una taza de café en la pileta de la cocina.
Sigue el enigma de cuándo y cómo será la declaración del ex jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso. Su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, intentó matizar el misterio. “Supongo que Stiuso va a declarar acá. Hablará la semana que viene. Está dispuesto a declarar”, dijo, pero le restó relevancia su testimonio. “La declaración de Stiuso –señaló– no la veo fundamental.” El ex agente fue citado porque Nisman llamó reiteradas veces a un celular a su nombre, según informó la Fiscalía, en los días previos a su muerte. El día anterior habría una llamada de más de diez minutos. El vínculo entre ambos era conocido.
