El Senado argentino dio media sanción a la disolución de la Secretaría de Inteligencia
Como se preveía, la sesión no iba a resultar extensa y mucho menos peleada. En todo caso, el calor y el (luego frustrado) show mediático se daba unos metros más allá del recinto del Senado, en el Salón Azul, donde la oposición desarrollaba lo que habían denominado Audiencia Ciudadana (ver página 7). Así, los senadores del Frente para la Victoria (FPV) aprobaron la reforma a la Ley de Inteligencia, que incluye la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con 38 votos a favor y apenas siete en contra que aportó el peronismo disidente. El texto normativo, que incluyó nuevas modificaciones, comenzará a ser debatido hoy por la mañana en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo planificó darle sanción definitiva el próximo miércoles 25 de febrero.
El bloque del FPV tenía que conseguir el quórum. Lo logró 15 minutos después de la hora pactada (las 14), con la sorpresiva ayuda del peronista disidente Jorge Garramuño (Tierra del Fuego) quien, a diferencia del resto de sus compañeros del interbloque del peronismo disidente, se sentó en la banca. Sus colegas bajaron al recinto cuando el vicepresidente Amado Boudou anunció el comienzo del debate.
La discusión de la reforma de la Ley de Inteligencia, que incluye la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de la AFI, no escapó al cimbronazo que produjo la muerte del fiscal Alberto Nisman. De hecho, la puntana Liliana Negre de Alonso pidió que el cuerpo realizara un minuto de silencio en homenaje al fallecido fiscal. El bloque del FPV, a través de su presidente, Miguel Ángel Pichetto, se sumó a iniciativa. Un gesto que luego sería reconocido y agradecido por la jueza Sandra Arroyo Salgado, cuando habló ante la audiencia organizada por la oposición (ver página 6).
Pero Pichetto no sólo adhirió al minuto de silencio sino que de paso aprovechó para reconocer que, si bien el proyecto está ligado al caso Nisman, también tiene que ver «con dar transparencia al sistema de inteligencia argentino» porque es «un paso más en el camino que necesitamos para saber todos qué pasó» con el caso del fiscal. Luego, la emprendió contra la investigación de la fiscal Viviana Fein. Sin nombrarla, el senador del FPV cuestionó la lentitud en instruir algunas medidas procesales que perjudican la tarea de desentrañar las razones del fallecimiento. «Tardaron 15 días en hacer un allanamiento a una caja de seguridad. En esa caja, que estaba vacía, había ingresado un familiar, que a lo mejor lo hizo con toda la buena fe, pero podría haber habido elementos. ¡Tarde, siempre tarde!», dijo Pichetto.
Pasado ese momento, Marcelo Fuentes, a la sazón presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, buscó darle un contexto político histórico al devenir de las agencias de inteligencia, el uso y abuso que se les dispensó y la necesidad de contar «con una inteligencia nacional acorde a los desafíos geopolíticos que hoy el mundo ofrece a la inserción de la Argentina». En el aspecto histórico, el senador recordó que las políticas de seguridad e inteligencia en los países de América Latina de los años setenta estaban directamente influidas y determinadas por «el Consenso de Washington, la Doctrina de la Seguridad Nacional y, sobre todo, la tristemente célebre Escuela de las Américas, en Panamá, que establecen la globalización de un criterio de contra insurgencia en la inteligencia de los Estados subordinados a ese esquema». Todas, políticas que la democracia argentina buscó contrarrestar con las sanciones de las leyes de defensa nacional, seguridad interior y la de inteligencia.
Sobre la necesidad de reformar la actual norma de inteligencia, Fuentes señaló que el cambio de contexto mundial, donde la Argentina ganó en estos últimos 12 años un fuerte posicionamiento, la ha colocado como objeto de ataques a partir de los recursos naturales que posee, sobre todo el petróleo y, en ese contexto, dijo, se inscriben los ataques que recibe el país desde los fondos buitre que intentan hacer colapsar la reestructuración de la deuda.
El senador no se olvidó del caso Nisman, pero lo ató a la investigación del atentado a la AMIA y a los intereses y agencias de inteligencia extranjeras que se movieron alrededor para evitar que se avance en el esclarecimiento del caso, y puso énfasis sobre los intentos para hacer caer el Memorándum de Entendimiento con la República de Irán.
En cuanto a la norma, Fuentes dijo que se busca terminar con algunas desviaciones que había sufrido la ex SIDE, como «la investigación criminal» que permitió la generación de»un sistema de vinculación espurio entre magistrados, fiscales y agentes de inteligencia. Y el segundo canal era a través de la injerencia de la inteligencia estratégica militar en las cuestiones que hacen a la seguridad interior.» Todo esto es lo que cambia con la nueva ley porque se dedicarán a «la producción de información para la prevención de delitos federales complejos, terrorismo, trata de personas, tráfico de armas, narcotráfico, delito informático, criminalística, criminalidad económica y financiera, y atentados contra los poderes públicos y el orden constitucional».
Los pocos opositores que participaron de la sesión ya habían anticipado su rechazo al proyecto, pero también advertían en sus discursos su compromiso con el rol que tiene la oposición en el Congreso y la importancia del debate. Adolfo Rodríguez Saá justificó su negativa sosteniendo que el recurso del oficialismo era puro «gatopardismo». El petrolero neuquino, Guillermo Pereyra, se concentró en avalar la tesis opositora de achacarle responsabilidad al oficialismo en la muerte de Nisman. Mientras ellos hablaban, en el Salón Azul, Arroyo Salgado desgranaba su discurso que fungió como un cross a la mandíbula de la oposición al cuestionarle el oportunismo político.
Pichetto volvió a hablar hacia el final de la sesión. El jefe del bloque del FPV reconoció la deuda de la política con la investigación de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel, pero también cuestionó la denuncia de Nisman contra la presidenta, de cuya lectura destacó «las escuchas patéticas de personajes lamentables y patéticos». La referencia era sobre Luis D’Elía y Jorge Alejandro «Yussuf» Khalil, a quienes caracterizó como «personajes que rondan la periferia y que no tienen ningún valor desde el punto de vista del compromiso de un gobierno que ha tenido decisión permanente de buscar la verdad y de lograr que esta causa se esclarezca».
Hoy, a partir de las 10, en la Cámara de Diputados comenzarán a debatir la media sanción. El discurso de Arroyo Salgado ya tuvo consecuencias. Por lo pronto, ya anunciaron su participación los opositores Claudio Lozano y Alcira Argumedo. Se especula que no serán los únicos.
Puntos sobresalientes
A continuación los puntos sobresalientes de la iniciativa:
En el capítulo referido a los Derechos y Garantías de los habitantes se avanzó sobre las prohibiciones de las tareas de los espías. No podrán «realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales». Tampoco podrán «cumplir funciones de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico y fundado realizado por autoridad judicial».
El tiempo para la desclasificación de archivos fue bajada de 25 a 15 años. El acceso a ella sólo se podrá hacer cuando una persona u organización «acredite interés legítimo».
La Dirección de Observaciones Judiciales y sus delegaciones estará bajo la órbita de la Procuración General y será «el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente».
En cuanto al presupuesto la nueva norma prevé que serán pública y deberá cumplir con la Ley de Administración Financiera. «Sólo podrán mantener carácter reservado los fondos que sean necesarios para labores de inteligencia.»
Se prevé la jubilación de los actuales agentes de inteligenci,a que podrán «disponer la jubilación extraordinaria».
