Evo Morales anuncia un referéndum para reformar el sistema judicial
Durante la inauguración del Año Fiscal, el presidente Evo Morales anunció su intención de convocar a un referéndum para aplicar “una profunda revolución a la justicia” boliviana, ante la falta de cambios y reestructuración en el Órgano Judicial, por parte de las autoridades electas, en 2011.
“Yo me voy a quejar el pueblo y el pueblo que defina, mediante un referéndum, una profunda revolución dentro de la justicia boliviana. Si hay que hacer una reforma a la Constitución, hay que hacerlo mediante un referéndum”, señaló el Jefe de Estado.
Morales señaló que impulsará la realización de la consulta en la presente gestión, después del 22 de enero, cuando se registre su posesión como Mandatario por el periodo 2015 – 2020.
La máxima autoridad de Estado señaló que para llevar adelante el referéndum se consultará a profesionales en materia jurídica y constitucional, “qué nos digan qué preguntas hay que formularle al pueblo boliviano para hacer una revolución, dentro un referéndum, en la justicia boliviana. Eso va a ser el próximo camino”, señaló y no dudó en convocar a las actuales autoridades del Órgano Judicial para que aporten al proceso.
“El pueblo es tan sabio, ya me han pedido antes (el referéndum), aguanté, callé, pero ahora tenemos la obligación de preparar un gran referéndum sobre la justicia boliviana”, señaló.
Morales lamentó que las autoridades judiciales, electas en 2011 no hayan podido aplicar los cambios en la justicia que la gente tanto demanda, pese a la expectativa y esperanzas que generaron.
Afirmó que lamentablemente hoy en día, “el pueblo no se siente protegido por la justicia, el pueblo es víctima de la justicia”.
De acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE) las autoridades del Órgano Judicial son electas por voto ciudadano.
Medidas
El Presidente Morales lamentó que muchos delincuentes, especialmente narcotraficantes, apelan a la figura del “debido proceso”, para evadir y retardar la justicia, coludidos con algunos fiscales asi como abogados, incluso grandes bufetes de juristas, que los ayudan a evadir la justicia y ser liberados pese a que fueron detenidos en flagrancia, pues argumentan que no se cumplieron los procedimientos.
El Mandatario afirmó que se debe buscar que esta figura, incluida en la Constitución, sea aplicada en su verdadero sentido, respetando el derecho de todos de ejercer su defensa y no como un argumento para la extorsión y corrupción.
En este marco, demandó sanciones para los malos fiscales, jueces, servidores públicos y abogados que cometen delitos en el ejercicio de su profesión.
Reiteró que tiene información fidedigna sobre funcionarios judiciales que aceptan y piden montos de dinero a litigantes y acusados de delitos, para beneficiarlos en procesos judiciales, lo cual afirmó hace un gran daño a la justicia boliviana.
Sugirió, por ejemplo, que todas las personas que ingresen a trabajar en entidades vinculadas al Órgano Judicial, que realicen una declaración jurada de bienes, y que su patrimonio sea investigado.
Asi también sugirió que los abogados que hagan mal uso de las leyes y normas para favorecer a delincuentes, sean sancionados con la imposibilidad de ejercer su profesión.
Proyecto: Fiscalía resolvió 315 casos en dos meses
El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero informó que en el marco del proyecto piloto de Atención de Casos en Flagrancia, se atendieron 370 casos, dando solución, a 315 de ellos, desde el 20 de octubre hasta la fecha.
Dicho plan, puesto en práctica en coordinación con el Consejo de la Judicatura, tiene una efectividad del 85 por ciento, pues permitió resolver en plazos de 24 a 72 horas, casos con sentencias de hasta 30 años, por delitos de violación, asesinato, homicidio o robo agravado.
Durante su discurso por la inauguración del Año Fiscal, la autoridad del Ministerio Público llamó a las autoridades del Órgano Judicial a aplicar este plan piloto en todo el país, para mostrar resultados concretos en la mejora de la justicia.
Guerrero no sólo se refirió a la implementación de esa iniciativa, sino también a las tareas aplicadas para el mejoramiento de la nueva estructura organizacional de la entidad, asi como el fortalecimiento institucional y la nueva currícula de la Escuela de Fiscales, que busca formar nuevos operadores de justicia, que apliquen la Justicia Indígena Originaria y Campesina, las salidas alternativas y la resolución rápida de procesos por delitos en flagrancia.
Descolonizar la justicia
El Fiscal General Guerrero afirmó que es necesario “dejar de lado el ritualismo, formalismo y burocracia” en los procesos judiciales, en el marco de la lucha por descolonizar la administración de justicia en el país.
En este marco, Guerrero afirmó que hay una demanda insatisfecha de justicia en la población, pues “asi como se ha trasformado la economía, la política”, la demanda de la gente es revolucionar la justicia
Cuestionó duramente a los fiscales que no cumplen sus deberes, faltando a audiencias y paralizando los procesos, por lo que anunció la próxima implementación del Modelo de Despacho Fiscal, desde el mes de enero.
A través de esta medida se conformarán grupos de tres o cuatro fiscales que trabajen de manera conjunta en la resolución de casos, de manera que si uno de ellos tiene imponderables, otro pueda reemplazarlo en las audiencias y en la atención de casos.
También, mencionó la propuesta de Ley presentada por el Ministerio Público y otras instancias del Órfgano Judicial, para aprobar una Ley de Descongestionamiento.
La autoridad no dejó de referirse al proyecto de configuración de una Política Criminal de Estado, en una transformación del Código Penal y su procedimiento, de la ley del Régimen Penitenciario.
Informó sobre la aplicación del Inventario Nacional de Casos (INCA), el cúal estará terminado hasta mayo de este año y permitirá diseñar y definir políticas de lucha contra la delincuencia para el Ministerio Público y para el mismo Estado.
En el ámbito internacional destacó el posicionamiento del Ministerio Público, tras que Bolivia sea declarada sede de la 13° Asamblea Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), por primera vez en 60 años.
El 30 % de carga procesal es por violencia a la mujer
De acuerdo a datos del Ministerio Público, el 30 por ciento de la carga procesal corresponde a denuncias por delitos contra la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero afirmó que este dato no significa que se esten dando más casos de violencia contra la mujer, sino que gracias a la existencia de la normativa este tipo de delitos es denunciado.
Guerrero también destacó que durante los dos años en que dirige el Ministerio Público, se resolvieron 90.814 casos, de los 194.789 que se presentaron.
Estos datos contrastan con los que se tenían en el periodo 2006 – 2012, cuando se recepcionaron 252.206 casos y sólo se resolvieron 97.000.
Sin embargo, la autoridad lamentó que de un tiempo a esta parte se haya desarrollado una extrema judicialización, donde la gente pretende resolver sus conflictos a través de la vía penal, cuando los problemas pueden definirse por la vía familiar, laboral, civil o administrativa.
Afirmó que esta situación hizo que suba la carga procesal para el Ministerio Público en 105 por ciento, ya que en 2006 se tenían 46 mil casos y en 2014 se tienen 105 mil casos.
Lamentó que algunos malos fiscales acepten este tipo de casos que no tienen sustento por la vía penal, y los acusó de aceptar dinero para viabilizar demandas irrisorias.
