El fin del poder – Diario El mostrador, Chile
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Una elite sorda, que vive obsesionada en las ganancias de una pasada económica es lo más nocivo para la democracia, pues la hace incapaz de calcular el valor de los intangibles que otorgan a sus negocios las buenas instituciones y la buena política. Más perjudicial aún es que una parte de ella actúe convencida de estar más allá de la igualdad ante la ley, cubierta por impunidad social, como si ello fuera parte del orden natural de las cosas.
Donde eso sucede, la sociedad alumbra un origen lumpen, de empresarios incultos, que no escuchan ni analizan la ecología social de sus negocios, y hacen caso omiso de valores éticos, reglas del juego, igualdad ciudadana o respeto de la ley.
La crisis del Grupo Penta es un ejemplo de esto. Es verdad que golpea frontalmente a la idea de impunidad, pero deja profundas evidencias de lumpen-empresariado y lumpen-política, y alumbra la idea de una crisis de proporciones del modelo económico que rige el país, y los fundamentos políticos que lo sostienen.
Parece evidente que el financiamiento ilegal de la política salido a la luz no es un caso aislado sino una práctica corriente para financiar a “los muchachos” por fuera del marco legal. Dados los vínculos de interés entre política y negocios y la promiscuidad de una economía de asociación público-privada con muy bajos controles, es propio pensar en el canje de favores o sospechar que la captura de las decisiones políticas del Estado resulta un negocio rentable para los corruptores.
Con todo, parece que la elite se niega a admitir que el escenario político y social cambió en materia de estándares sobre lo permitido y lo ilegítimo en los últimos tres años. Lo que ayer era astucia empresarial o trabajo de lobbistas, hoy es un acto repudiable para la ciudadanía, y los asesores de imagen ya no pueden apostar al empate político y al manejo de la prensa, y se ven obligados a recomendar a sus clientes colaborar con la justicia.
De esta colaboración, si efectivamente es tal, pueden salir a la luz datos que pongan transparencia sobre hechos y temas que hemos sostenido permanentemente en nuestros editoriales los últimos años, motivados en su mayoría por la seguidilla de escándalos que conmovieron al sistema financiero, al retail, los temas ambientales en el pasado reciente y la total impasibilidad efectiva de la política, más allá de la retórica del momento.
Es esa sordera persistente lo que hoy aumenta el tono de crisis frente a temas que debieran haberse controlado a tiempo:
“El empresariado nacional debiera tener la sensibilidad suficiente para percibir que los hechos anómalos que han golpeado el sistema financiero nacional el último tiempo constituyen una bomba de tiempo para la credibilidad y legitimidad de todo el sistema financiero. Y entender que entorpecer las investigaciones que, en muchos casos obligada por la evidencia pública de los hechos, lleva adelante la autoridad regulatoria es literalmente dispararse en los pies”.
“Si el funcionamiento del mercado deja en evidencia una concentración de operaciones y actividades al borde de la legalidad, con gran amparo de vínculos familiares o de negocios y una malla de poder con ramificaciones políticas a todas partes, significa que los empresarios están horadando su propia base de poder en un escenario de cambio” (editorial “La Política de los Intocables”, 29-11-2013).
“La pérdida de legitimidad del régimen político, sus problemas de representación, el desprestigio de la elite y el empate político permanente que genera el sistema electoral, frente a una sociedad movilizada, ponen al país en senda de bloqueo institucional y de crisis. Tarde o temprano”.
“Es evidente que no es solo un cambio de gobernantes lo que espera el país, sino algo más profundo, que tiene que ver con soberanía popular, instituciones, libertades y derechos sociales, con igualdad y bienes públicos. Hasta ahora las elites, cómodamente instaladas en la administración del poder, no acaban de percibir en toda su magnitud esa demanda (…)” (editorial “Camino a una crisis social”, 21-8-2012).
“En toda sociedad, la relación entre intereses económicos y poder político resulta sustancial para medir el nivel de salud de su democracia. En Chile, hay que decirlo claramente, hace rato que existen síntomas de franca intoxicación. No solo por los conflictos de interés que el signo empresarial del gobierno devela de tanto en tanto, sino también por la falta de límites claros entre negocios y política. Este hecho queda en evidencia en la composición de muchos directorios y gobiernos corporativos en la actualidad, o en el fluido paso desde un empleo público a uno privado, y viceversa”.
“Por lo mismo, no resulta impropio hablar de crisis de las elites, en medio de un descrédito social amplio de los partidos políticos, baja representatividad, débil separación entre el interés público y el privado, y una enorme brecha de desigualdades” (editorial “La crisis de las elites”, 10-8-2012).
“Hay financiamiento legal y financiamiento oficioso o secreto, que es el más lesivo, porque es oculto o con transgresión de las reglas”.
“El dinero oficioso busca crear un monopolio político de aquellos que reciben el dinero y controlar con ello la competencia; y de aquellos que lo colocan para afianzar y extender su poder económico, privatizando factualmente la esfera de lo público. Eso derechamente es un delito político de alta traición a la democracia e investigarlo por todos los medios no debería tener contradictores” (editorial “Pentagate: La rebelión de las elites frente a la igualdad ante la ley”, 15-10-2014).
El país se ha acostumbrado al déjà vu de prácticas irritantes y reacciones insuficientes. De ahí su desconfianza. La pregunta es si vamos derechamente a una crisis institucional de la política, cuya única solución sea generar una nueva legitimidad, lo que lleva derechamente a la Asamblea Constituyente.
