Un revólver en la nuca – Diario El País, Uruguay
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Contrariando una costumbre nacional bien asentada, este fin de año viene con importantes novedades. Una inusitada actividad parlamentaria ha parido la Ley de Medios, los partidos políticos están proclamando a sus candidatos para las distintas intendencias, y los anuncios del presidente electo Tabaré Vázquez agitan el inexorable final del año 2014.
Dentro de estas nuevas, sin dudas las más relevantes vienen desde la Avenida de las Leyes. Luego de marchas y contramarchas finalmente el Parlamento aprobó la Ley de Medios cuya reglamentación quedará para el próximo gobierno. Su finalidad última evidentemente, copiando los malos ejemplos de la región, es procurar ejercer el control político sobre los medios de comunicación, en particular las radios y la televisión. Como expresó gráficamente el expresidente Sanguinetti: «es un revólver cargado en la nuca del periodismo independiente».
Siguiendo una estrategia habitual, el oficialismo utiliza títulos floridos y melifluos en sus iniciativas más polémicas. Así como la ley para soltar presos de José Díaz se intituló «de humanización del sistema carcelario», o la ley del aborto llevó por nombre «de salud sexual y reproductiva», ahora la ley que limita la libertad de expresión se llama «de servicios de comunicación audiovisual».
Es esencial para el desarrollo de la Libertad un Estado de Derecho que garantice un marco de normas a las que el individuo sabe que debe atenerse. La ley debe ser clara y de aplicación general y universal, más aún la que conlleva castigos en caso de que no se cumpla, de lo contrario el ciudadano queda a merced de la arbitrariedad del gobierno.
Es una típica ley de gobiernos populistas, el que dentro de una redacción intencionadamente larga y abstrusa, se le otorga al Ejecutivo potestades que chocan con el amparo que garantiza nuestra Constitución a las libertades individuales.
De contrabando, dentro de fines presumiblemente loables como «controlar» los contenidos a los que pueden acceder los niños y adolescentes a través del «horario de protección al menor» por ejemplo, se busca indisimuladamente poner una espada de Damocles sobre la cabeza de los medios.
Porque tan importante como lo que dice la ley es lo que no dice, o lo que queda librado a la reglamentación o las decisiones que pueda tomar la próxima administración.
Una ley que necesita un ejército de abogados para poder ser interpretada y, aún así, hay aspectos que son dudosos, genera en quienes deben cumplirla desconcierto e incertidumbre. Lleva a que deban cuidarse en exceso o estar expuestos a que un buen día les caiga el burócrata o político de turno a imponerle sanciones en nombre de las buenas costumbres.
No llama la atención que un gobierno que se ha caracterizado por su desprolijidad, en particular en materia legislativa, engendre este mamarracho, ni que el presidente de la República se desdijera de su posición de que la mejor ley de medios es la que no existe, o de que si le acercaban un proyecto en ese sentido, lo iba a tirar a la papelera.
La línea de tendencia, más allá de los zigzagueos del camino, de los gobiernos frentistas ha sido claramente antiliberal y contraria a los más elementales aspectos de un Estado de Derecho fundado en los derechos del ser humano. Esta ley es una nueva escalada en el proceso de deterioro de nuestra democracia y de las garantías de que debe disponer cualquier persona en el ejercicio de su libertad, la que lamentablemente venimos sufriendo sin solución de continuidad.
La defensa de la libertad de expresión, tan cara para nuestros primeros constituyentes, hoy se encuentra en peligro ante un avance retrógrado de concepciones extremistas. José Ellauri en su informe a la Asamblea Constituyente expresó: «En cuanto a los derechos reservados a los ciudadanos, ellos se ven diseminados en todo el proyecto. Entre otros muy apreciables, me fijaré solamente, para no ser tan difuso, en el de la libertad de imprenta, esa salvaguardia, centinela y protectora de todas las otras libertades: esa garantía, la más firme contra los abusos del Poder, que pueden ser denunciados inmediatamente ante el tribunal imparcial de la opinión pública»; y en cuyo elogio, dice un célebre publicista de nuestros días, «que mientras un pueblo conserve intacta su libertad de prensa no es posible reducirlo a la esclavitud».
Cada vez más lejos de las ideas liberales que nos hicieron un gran país, hoy caminamos con rumbo incierto hacia esa esclavitud a la que temía el ilustre constituyente.
