Por primera vez, el Gobierno colombiano y las FARC revelan avances de los Diálogos
En un hecho inédito desde la instauración de los diálogos en 2012, el Gobierno de Colombia y las FARC hicieron públicos los avances de la negociación. Las revelaciones –correspondientes a los puntos 1,2 y 4 de la agenda inicial- tuvieron el objetivo de fortalecer el espacio de negociación y poner freno a las especulaciones de diversos sectores.
Gobierno revela acuerdos con Farc para despejar “especulaciones”
Los negociadores del Gobierno y las Farc decidieron divulgar, por primera vez, los borradores de los tres acuerdos parciales alcanzados en el proceso de paz de La Habana, con el fin de lograr una mayor “transparencia” y frenar especulaciones “malintencionadas”.
El anuncio lo hizo el presidente Juan Manuel Santos, quien, desde Estados Unidos, informó que se darían a conocer los acuerdos ya que el proceso “ha avanzado lo suficiente” como para hacer público los borradores parciales.
Santos insistió en que esa decisión reafirma la transparencia de los diálogos y que “no se está negociando” ni el modelo económico, democrático o de desarrollo del país.
Minutos más tarde, y a través de un comunicado conjunto, las partes aseguraron que desde que comenzaron las conversaciones han divulgado “de la manera más fidedigna” los avances de la mesa, pero “persisten todo tipo de especulaciones sobre lo acordado”.
“Por esa razón, y como una medida de transparencia, decidimos hacer públicos los textos de los borradores conjuntos”, reiteraron y subrayaron que su implementación “representaría un avance enorme” en el bienestar, la garantía de sus derechos y de participación política y apertura democrática para la paz.
En una alocución ante los medios de comunicación desde La Habana, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, explicó esta decisión y defendió la confidencialidad como “necesaria para poder discutir libremente y avanzar” en el proceso.
“Tenemos que reconocer que los esfuerzos de transparencia no han sido suficientes y han dejado un margen demasiado grande a la especulación, incluso malintencionada”, advirtió.
De acuerdo con De la Calle, “los opositores del proceso han aprovechado el desconocimiento general” y han divulgado “toda clase de versiones y rumores que pretenden desinformar” y “crear desconfianza” entre los colombianos.
“Además, ha habido filtraciones de los acuerdos que han contribuido a confundir aún más a la opinión”, dijo.
En concreto, se trata de 65 páginas que contienen lo acordado sobre el tema de la tierra y la reforma rural integral, la participación política de los guerrilleros desmovilizados y las drogas ilícitas, los tres temas sobre los que se han cerrado pactos parciales.
A pesar de la decisión bilateral, De la Calle anunció que la mesa no va a “renunciar a la necesaria confidencialidad de futuras discusiones y acuerdos en construcción”.
Insistió hoy en que ahora los colombianos podrán formarse su opinión tras conocer los acuerdos –y los puntos en los que no se ha logrado consenso– y compararlos con los informes que las partes han venido divulgando en los últimos meses.
Clase política celebra. Los dirigentes políticos del país se pronunciaron sobre la divulgación de los borradores de los tres preacuerdos alcanzados entre el Gobierno y las Farc.
El anuncio del presidente Juan Manuel Santos fue aplaudido por el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras, quien explicó que “los colombianos vienen demandando saber en qué va ese proceso. Creo que ha habido bastantes avances y ya es hora de empezar a dar esas buenas noticias”.
Algo más crítico se mostró el procurador general, Alejandro Ordóñez, que indicó que la decisión de publicar los textos “estaba en mora”, pero que aún así le parece bien porque “esas conversaciones deben conocerse y ser públicas”.
La presidenta del Polo Democrático, Clara López, manifestó que el hecho de conocer los textos del proceso de paz genera confianza y “permite a la ciudadanía disipar los señalamientos que existían respecto al hecho de que se está entregando el país” a la guerrilla.
La exsenadora liberal Piedad Córdoba, consideró que esta decisión es fundamental para el proceso y que “es importante que el presidente y las Farc dejen conocer el fondo”.
Desde el Centro Democrático, la representante María Fernanda Cabal, dijo que la decisión es positiva porque los colombianos deben saber “hasta qué punto el Gobierno está comprometiendo el futuro y la seguridad”.
La senadora Paloma Valencia advirtió que espera que los documentos no sean “los simples comunicados que todos conocemos”.
Por la Alianza Verde se pronunció la representante Ángela María Robledo. “Hubiese sido mejor que Santos hiciera esos anuncios en su país y no en el exterior, donde no puede ver la reacción”, criticó.
La excandidata presidencial conservadora, Marta Lucía Ramírez, manifestó que ahora se podrá “analizar la calidad de lo acordado, así como los silencios que hay en temas fundamentales en La Habana”.
Los cuatro pilares de la Reforma Rural Integral acordada entre el Gobierno y las Farc
El acceso y el uso de la tierra, el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, la reducción de la pobreza rural y la eliminación de la pobreza extrema, y un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional, constituyen los cuatro pilares fundamentales del Punto 1 de la agenda acordada entre el Gobierno y las Farc, denominado ‘Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral’.
De acuerdo con los textos revelados por el Gobierno, estos cuatro puntos “son de enorme importancia para la gente del campo”.
En el primero de ellos, acceso y uso de la tierra, las partes acordaron un fondo de tierras de distribución gratuita para los campesinos sin tierra, o con tierra insuficiente. “Pero no se trata solo de entregarle tierra al que no la tiene, sino de darle acceso integral: que la tierra esté acompaña de riego, crédito, asistencia técnica y apoyo para la comercialización, entre otros”, establece el texto.
El acceso a la tierra incluye el ofrecimiento de un subsidio integral y crédito especial para la compra de tierra, así como garantizar el derecho a la propiedad. Además, el Gobierno definirá lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocación, y delimitará la frontera agrícola para la protección de las áreas de especial interés ambiental.
El segundo punto es el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, para reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto.
El tercer punto acordado en la Reforma Rural Integral son la ejecución de planes nacionales que reduzcan en un 50% la pobreza rural en todas sus dimensiones, así como la eliminación de la pobreza extrema, en un término de 10 años.
Y el cuarto punto es la creación de un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional que, a juicio de las Farc, debería ser de soberanía alimentaria.
Así, deben ser fortalecidos los mercados locales y regionales; se deben hacer campañas para el manejo adecuado de alimentos y se aplicarán programas especiales contra el hambre.
Participación política con garantías para la oposición
El segundo punto acordado por el Gobierno y las Farc en La Habana hace referencia a la participación política de los guerrilleros una vez se reinserten a la vida civil y la “apertura democrática para construir la paz”. En este tema no existen mayores novedades entre lo que contempla el borrador revelado ayer y lo divulgado por las partes en el comunicado conjunto del pasado 8 de diciembre, cuando se anunció el acuerdo parcial.
En las consideraciones iniciales, el documento compromete a las Farc a “la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política” una vez se firme e implemente el Acuerdo Final.
En adelante, el texto reseña un cúmulo de compromisos del Gobierno, donde se establece la participación del “nuevo movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal”.
Además, las partes acordaron 3 medidas para garantizar el ejercicio de la oposición: una distribución más equitativa de los recursos destinados a partidos y movimientos políticos, mayor transparencia en el proceso electoral y una revisión al régimen electoral a cargo de una “Misión Especial”, conformada por expertos que en 6 meses deberán hacer “recomendaciones para una reforma a la organización electoral”.
Al respecto, el Gobierno se compromete a crear un “Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política”.
También contempla “desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso (…)”, medida que llama la atención pues justamente el pasado martes, en el debate de la reforma de equilibrio de poderes, la Comisión Primera del Senado no aprobó la iniciativa del Polo de bajar el umbral del 3% al 2%.
Finalmente, el documento demuestra que el Gobierno y las Farc no han logrado un acuerdo en cuanto al número total de circunscripciones territoriales de paz, representantes y periodos electorales por los cuales se mantendrá esta medida en las zonas de conflicto.
Narcotráfico, sustitución de cultivos y consumidores
El pasado 16 de mayo, el Gobierno Nacional y las Farc dieron a conocer el acuerdo sobre la “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Comparado ese texto con el liberado ayer con todo lo acordado, no hay variaciones de fondo.
Por un lado, el Gobierno se compromete a poner en marcha políticas y programas para “romper de manera definitiva” cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública; las Farc, por su parte, asumen el compromiso de “contribuir de manera efectiva”, de “diferentes formas y mediante acciones prácticas”, con la solución definitiva a este problema. Y a “poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.
El acuerdo detalla lo que será un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS–, sus principios y objetivos; se anuncian compromisos sobre la seguridad de las comunidades en los territorios afectados por estas siembras, y de manera conjunta las partes se comprometen a trabajar en el desminado de los campos. Delinean lo que serán los acuerdos de “carácter voluntario y concertado” con las comunidades para acabar con los cultivos ilícitos; anuncian un “tratamiento penal diferencial” para los pequeños agricultores que estén o hayan estado vinculados a estas actividades y establecen los mecanismos para construir con las comunidades los planes de sustitución de cultivos. Igualmente, explican lo que serán las acciones y políticas para la prevención del consumo y la atención de los consumidores.
De la lectura del documento surgen preguntas como: ¿dentro del PNIS cuál será la participación y de qué manera contribuirán las Farc a solucionar los problemas de los cultivos ilícitos? ¿En la estrategia contra los activos provenientes de la venta de drogas, a qué se compromete de manera concreta la guerrilla frente a la operación y financiación de las redes mafiosas, testaferros, rutas del narcotráfico, etc? JGF
“No hay novedades”
De acuerdo con Álvaro Sierra, periodista y experto en conflictos armados, este paso que decidieron dar el Gobierno y las Farc “desmonta uno de los argumentos más importantes de los opositores al proceso y es que supuestamente se estaba negociando el país y que se estaban haciendo pactos secretos con la guerrilla”. Sierra manifestó a EL HERALDO que si uno compara los comunicados conjuntos que anuncian los acuerdos con estos borradores, “no hay ninguna cosa distinta, nueva o importante que no se haya dicho en su momento por los negociadores”. En su opinión, esta “sí es una medida de transparencia” porque le permite a los ciudadanos y a la opinión pública contrastar los acuerdos parciales con lo que se ha dicho de cada tema y conocer lo que se ha negociado.
Principales aspectos de los puntos hasta ahora acordados entre el Gobierno y las Farc
Tal como lo había anunciado el presidente Juan Manuel Santos desde Nueva York, se dieron a conocer de manera pública los textos de los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno con las Farc en la mesa de negociación.
Punto 1
Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral
El borrador conjunto contempla tres componentes base:
1. Acceso y uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
El Gobierno Nacional creará un fondo de tierras de distribución gratuita, con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto.
Otros mecanismos a los que se compromete el Gobierno para promover el acceso a la tierra son el subsidio integral para la compra de tierras por parte de los beneficiarios en las zonas priorizadas y con la creación de líneas de crédito especial, subsidiadas de largo plazo, para la compra de tierras. Para garantizar los derechos de la pequeña y mediana propiedad rural, el Gobierno formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia. Las tierras entregadas a las familias beneficiarias serán inalienables e inembargables por un período de siete años.
El Gobierno y las Farc comparten que se restituyan a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado con el retorno voluntario. El Gobierno delimitará la frontera agrícola y protegerá las zonas con interés ambiental desarrollando en un plazo no mayor a dos años un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y permita inventariar las zonas de reserva ambiental.
2. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
Los PDET buscan la transformación estructural del campo y el ámbito rural. Para ello se establece un plan de acción que contemple ordenamiento territorial, concertado con las autoridades locales y las comunidades. El Gobierno destinará los recursos necesarios para garantizar el diseño y ejecución de los planes de acción y transformación.
3. Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral: estos planes buscan la superación de la pobreza, para ello Gobierno y Farc contemplan mejoras en la infraestructura vial con la creación de un plan nacional de vías terciarias; infraestructura de riego, eléctrica y de conectividad; inversión en salud, educación, vivienda y en la erradicación de la pobreza, así como estímulos a la producción agropecuaria y la creación de un sistema de seguridad alimentaria.
Punto 2
Participación política: apertura democrática para construir la paz
El borrador conjunto contempla tres componentes base:
1. Derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Acceso a medios de comunicación.
Se creará un programa de protección especializado para los miembros del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las Farc-EP a la actividad política legal que sea concertado entre las Farc-EP y el Gobierno.
Firmado el acuerdo final de la negociación entre Gobierno y Farc, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica serán convocados en una comisión para definir los lineamientos de un estatuto de garantías para las colectividades que se declaren en oposición.El Gobierno garantizará el derecho a las personas de constituir organizaciones sociales del más variado tipo, a formar parte de ellas y a difundir sus plataformas.
2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.
El Gobierno garantizará la movilización y la protesta de los ciudadanos, promoverá la transparencia y dará las garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad.
El Gobierno se compromete a revisar y de ser necesario modificar las normas que se aplican a las movilizaciones y la protesta.
3. Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local, de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
Desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y los movimientos políticos de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso y redefinir los requisitos para su constitución, uno de estos será el número de afiliados.
No se ha acordado el número de circunscripciones, ni representantes, ni por cuantos períodos electorales se aplicarán las circunscripciones nacionales de paz en las zonas de conflicto.
Punto 4
Solución al problema de las drogas ilícitas
El borrador conjunto contempla tres componentes base:
1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.
El Gobierno se compromete a impulsar procesos de planeación participativa para que las mismas comunidades, de la mano de las autoridades, construyan una visión conjunta de sus territorios, identifiquen sus necesidades y propongan proyectos y soluciones que quedarán plasmados en planes comunitarios y municipales de sustitución de cultivos.
Se pondrán en marcha planes de asistencia inmediata para cultivadores. Si ellos incumplen sus compromisos, el Gobierno erradicará los cultivos de forma manual y si la situación no lo permite el Gobierno se reserva la posibilidad de recurrir a la aspersión. Para ello se acordó un programa para desminar las áreas rurales del país, al que las Farc contribuirán con información.
No hay acuerdo aún sobre el tiempo de manutención de los cultivadores y recolectores por cuenta del Gobierno. Las Farc proponen que la entrega del mercado sea por dos años y el Gobierno por seis meses.
2. Programas de prevención del consumo y salud pública.El Gobierno se compromete a la creación de un programa nacional de intervención integral frente al consumo de drogas ilícitas, que articule a las autoridades para prevenir y abordar este tema y un sistema nacional de atención al consumidor.
3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.
Se acordó una estrategia integral para reforzar y ampliar la lucha contra el crimen organizado, en especial en las regiones. El Gobierno pondrá en marcha una política para judicializar a quienes estén comprometidos en la producción y comercialización de drogas ilícitas; activará planes para perseguir los activos involucrados en el narcotráfico y el blanqueo de dineros; también deberá revisar y establecer estrictos controles sobre la producción, importación y comercialización de insumos químicos y debe luchar contra la corrupción asociada al tráfico de drogas.
El Gobierno promoverá una conferencia internacional en el marco de la ONU para evaluar la política de lucha contra las drogas.
