Para reparar una injusticia – Diario El País, Uruguay
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Una de las injusticias más flagrantes cometidas en el Uruguay pos-dictadura es haber indemnizado a las víctimas del terrorismo de Estado, pero no a los familiares de las víctimas de los tupamaros. Tan flagrante es, que durante su presidencia, el propio Vázquez presentó un proyecto de ley de reparación a las víctimas de quienes se alzaron en armas contra la democracia uruguaya. Sectores radicales, en particular el MPP, bloquearon la iniciativa en el Parlamento.
Bajo el gobierno de José Mujica, el Partido Nacional replanteó el proyecto de Vázquez con pequeños cambios, pero una vez elevado al Parlamento, en 2011, corrió la misma suerte. A instancias de los ex-tupamaros, el Frente Amplio se opuso a discutirlo pese a la insistencia de la oposición. Tanta insistencia que el debate afloró en diversas ocasiones, la última de las cuales ocurrió en mayo de este año cuando el senador Luis Alberto Lacalle reclamó reparaciones para las familias de quienes fueron asesinados por los terroristas, entre ellos decenas de policías, varios militares y algunos civiles como el peón rural Pascasio Baez. Valiéndose de su mayoría, el oficialismo frentista desoyó el pedido.
En una carta publicada en la prensa, el hijo de un chofer de Cutcsa ultimado por los tupamaros en junio de 1972 recordaba que los asesinos de su padre jamás pidieron disculpas. Pedía también algún tipo de reparación no pecuniaria: una placa, su nombre incluido en un memorial, algo que lo recuerde como víctima inocente de la violencia. Son cerca de setenta los muertos a manos de los tupamaros. En su mayoría se trata de uniformados asesinados por los insurgentes en el período democrático por cumplir con su deber de defender las instituciones. Entre ellos se destaca el caso de policías ultimados por resistirse a entregar sus armas de reglamento en los años 60, época en que los tupamaros buscaban enriquecer su arsenal bajo la consigna «Ármate y espera». Además del peón rural ejecutado porque descubrió por azar un refugio tupamaro en medio del campo, debería indemnizarse a familiares de civiles inocentes como la limpiadora del bowling dinamitado por los tupamaros o al trabajador herido de muerte durante el fallido copamiento de Pando en 1969.
En la elaboración de ese proyecto debería intervenir la Institución Nacional de Derechos Humanos que de acuerdo a la ley 18.466 tiene competencia para investigar violaciones de los derechos humanos y proponer medidas reparatorias para los afectados. Según algunos, el violador de los derechos humanos solo puede ser el Estado, en tanto que los crímenes de guerrilleros como los tupamaros se consideran como meros delitos. Eso es lo que sostuvo no hace mucho el funcionario encargado del Museo de la Memoria cuando se evocaron las penurias de los civiles secuestrados en la llamada «cárcel del pueblo». Empero, los organismos internacionales, con Naciones Unidas a la cabeza, reconocen que los abusos cometidos por grupos insurgentes también podrían calificarse como violaciones de los derechos humanos.
Sobre esa base, dicha Institución debería abocarse a restablecer el equilibrio con relación a los damnificados «del otro lado» que hasta ahora no recibieron siquiera una disculpa de carácter oficial. Debería comenzar por las víctimas fatales y proseguir incluso con aquellos que sufrieron asaltos a mano armada, copamientos, secuestros y extorsiones, con la consiguiente secuela de dolencias físicas y psíquicas. Que esas personas hayan evitado movilizarse para exigir reparaciones no significa que se los deba olvidar para siempre. Ellos también fueron víctimas de aquellos años de plomo que desembocaron en el golpe de Estado de 1973. Un artículo de la revista británica The Economist resaltó semanas atrás, la falta de balance en la consideración de los crímenes cometidos por la represión en América Latina y los perpetrados por movimientos armados como el de los tupamaros. Allí se señalaba que se cargaron las tintas sobre la represión en aras de recuperar la «memoria histórica» y condenar a los culpables del terrorismo de Estado, pero se actuó con complacencia y permisividad al juzgar las fechorías de los grupos guerrilleros. Según la revista, esta actitud conduce a «reescribir la historia» con una visión inexacta y sesgada hacia la izquierda. Eso, precisamente, es lo que ha pasado en Uruguay.
