La disputa del Gobierno argentino contra los “fondos buitre”

Grupos financieros –conocidos internacionalmente como “fondos buitre”- que decidieron no entrar en los procesos de renegociación de deuda llevados a cabo por Argentina en 2005 y 2010, demandaron al país en la Justicia norteamericana reclamando el cobro total de sus bonos. La situación devino en un complejo litigio judicial que aún permanece abierto y en un debate mundial sobre la necesidad de fundar una nueva arquitectura financiera  

 

Argentina contra los “fondos buitre”. Opinan Claudio Katz, Mark Weisbrot y Aldo Ferrer

Quién le disparó a Argentina? – por Mark Weisbrot

Cuando en 2007 Cristina Fernández de Kirchner era candidata a la presidencia de Argentina, su equipo de campaña presentó un comercial televisivo donde unos adorables niños respondían a la pregunta, “¿qué es el FMI (Fondo Monetario Internacional)?”

En el comercial, los niños ofrecían tiernas y ridículas respuestas como “el FMI es un lugar donde hay muchos animales” y la frase final del narrador era “logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan ni idea de lo que significa el FMI”.

Hasta la fecha no existe gran afecto entre el FMI y Argentina, desde que el Fondo presidiera el terrible colapso económico de Argentina entre 1998 y 2002, así como las numerosas políticas fracasadas en los años previos. Pero cuando la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Segundo Circuito falló a favor de los fondos buitre y su intención de cobrar el valor total de la deuda argentina que habían adquirido a un precio de 20 centavos por dólar, hasta el propio FMI estuvo en contra de la decisión.

De manera que muchos observadores fueron sorprendidos el lunes 16 de junio cuando la Corte Suprema de Estados Unidos se rehusó siquiera a examinar la decisión de la Corte de Apelaciones, la cual era a favor de los fondos buitre.

La Corte solamente necesita a cuatro de los jueces para aprobar una petición decertiorari (avocación), o de revisión, y éste era un caso extremadamente importante. La mayoría de expertos concuerda en que el caso tiene serias implicaciones para el sistema financiero internacional. Quizá lo más importante es que la Corte de Apelaciones decidió que Argentina debe pagarles a los fondos buitre el total de lo que reclaman, pese a que el país acordó en las reestructuraciones de 2005 y 2010 una quita con más del 90 por ciento de los tenedores de bonos.

¿Qué significa esto? En medio de una profunda recesión y sin poder financiar enormes pagos de deuda, Argentina declaró el impago de su deuda a finales de 2001. El impago fue la decisión correcta: la economía inició una sólida recuperación apenas tres meses después. Pero solamente fue en 2005 que el 76 por ciento de los tenedores de bonos acordaron aceptar una reestructuración que incluyó un “recorte” de alrededor de dos tercios del valor de los bonos. Para el año 2010, más del 90 por ciento de los tenedores habían aceptado este acuerdo, a través del cual recibieron bonos nuevos a cambio de los bonos en mora.

La decisión de la Corte significa que un fondo buitre, o cualquier acreedor que se rehúse a participar, puede prevenir o destruir un acuerdo vigente, negociado con el resto de los tenedores de deuda. Debido a que no existen leyes de bancarrota para prestatarios gubernamentales, esto limitaría severamente la capacidad de acreedores y deudores para lograr un acuerdo ordenado en los casos de crisis de deuda soberana. Esto es algo muy importante para el funcionamiento de los mercados financieros internacionales.

Así que, ¿por qué es que la Corte Suprema decidió no escuchar el caso? Es posible que la Corte haya sido influenciada por un cambio de posición por parte del gobierno estadounidense, lo cual pudo haberla convencido de que el caso no tenía tanta importancia. Al contrario de Francia, Brasil, México y el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz, el gobierno estadounidense no presentó un escrito en calidad de amicus curiae (“amigo de la Corte”) ante la Corte Suprema, a pesar de haberlo hecho en el caso de apelación. Y, aquí está el gran misterio, tampoco lo hizo el FMI, incluso cuando en ocasiones anteriores había expresado públicamente su preocupación por el impacto de esa decisión.

El 17 de julio de 2013, la directora general del FMI, Christine Lagarde, presentó un escrito ante la Corte Suprema declarando que el Fondo presentaría un escrito de amicus. Pero luego el directorio del FMI se reunió y, de manera un tanto vergonzosa y debido a las objeciones de Estados Unidos, decidió en contra de presentar dicho escrito. Esta puede ser la razón por la cual la Corte Suprema no haya invitado al procurador general de Estados Unidos a que presentara un escrito y finalmente haya decidido no escuchar el caso. ¿Pero quién es responsable del cambio de posición de Washington?

Al igual que en una novela de Agatha Christie, existen varios sospechosos que pudieron haber cometido el hecho. El grupo de presión de los fondos buitre –un grupo bien conectado y liderado por ex funcionarios del gobierno de Clinton–, conocido como el Grupo de Tareas Estadounidense para Argentina (American Task Force Argentina), gastó más de un millón de dólares en el caso en el año 2013. Luego están los sospechosos habituales en el Congreso, en su mayoría neoconservadores y la delegación de Florida, que desean tener un partido político diferente en el poder en Argentina después de las elecciones.

Además, estos individuos tienen aliados dentro del gobierno de Obama, el cual ha adoptado principalmente una estrategia al estilo de la guerra fría hacia los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, incluso hacia Argentina. En este caso, el gobierno estaba priorizando sus intereses estratégicos en los mercados financieros internacionales, como lo muestra su escrito de amicus ante la Corte de Nueva York, hasta que alguien le hizo cambiar de opinión. ¿Pero, quién?

Es posible que todos los sospechosos hayan estado involucrados, como en Asesinato en el Expreso Oriente. Pero una clave importante puede ser el fuerte interrogatorio al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, por el congresista de Florida Mario Díaz-Balart. Sobrino de la primera esposa de Fidel Castro, este congresista es parte de un grupo de presión de línea dura anti Cuba, el cual, al igual que los neoconservadores en general, ve a todos los gobiernos de izquierda en Latinoamérica como enemigos que se verían mucho mejor fuera del poder.

Ahora bien, está bastante claro que México no hubiera presentado un escrito de amicus ante la Corte Suprema sin haber recibido siquiera un guiño de aprobación por parte del Tesoro. En un agresivo interrogatorio en la Cámara de Representantes, Díaz-Balart intentó hacer que Lew admitiera que el Tesoro era culpable del crimen de haber hecho que México presentara un escrito en favor de Argentina.

Lew logró evitar dar una respuesta directa, pero el episodio muestra justamente qué tan interesada estaba esta facción política en que la Corte Suprema se negara a examinar el caso. También indica que el mismo Tesoro estaba al menos dividido ante la decisión de silenciar al FMI. Así que yo buscaría en el Congreso, y especialmente en la facción de Díaz-Balart, a los culpables. Históricamente, el Congreso le ha causado problemas al Tesoro y al Fondo al retrasar el financiamiento al FMI. Aunque al final siempre han obtenido el dinero, en ocasiones, esto ha sido con condiciones. Existe además una oposición sin precedentes en la Cámara de Representantes al aumento del financiamiento del FMI que el gobierno de Obama ya les ha prometido a los otros países del G-20. Es probablemente allí donde esté enterrada el arma del crimen.

Luego del voto del directorio del FMI en contra de presentar un escrito ante la Corte Suprema, un periodista en una conferencia de prensa le preguntó al portavoz del FMI, Bill Murray, por qué el Fondo había cambiado de curso. “Vaya al Tesoro de Estados Unidos y pídales que le expliquen sus decisiones”, respondió. Pero nadie lo hizo.

* Codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (www.cepr.net ) en Washington, DC. También es presidente de Just Foreign Policy

Fuente: Mark Weisbrot – Tiempo de Crisis

La negociación con los buitres – por Aldo Ferrer

La apertura de las conversaciones con los representantes de los Fondos Buitre requiere tener en claro las condiciones que determinan la posición argentina. La primera es que, desde la salida de la crisis del 2001, el Estado y los bancos se están financiando con recursos propios.

El Estado está cumpliendo puntualmente los servicios de la deuda reestructurada sin pedirle nada a nadie. Acaba de ratificarlo, depositando los fondos para pagar los vencimientos del 30 de junio. A su vez, los bancos están rentables, con carteras sólidas, fondeados en pesos, sin burbujas especulativas ni descalce de monedas dependiente del crédito externo. Las reservas internacionales son genuinas fundadas en dólares, resultantes de la economía real, no de deuda externa.

Conviene recordar, sobre esto último, que la crisis mundial, iniciada con el derrumbe de las hipotecas norteamericanas y la caída de Lehman Bros., tuvo su origen en la insolvencia de los bancos “muy grandes para quebrar”. Nuestra propia crisis y el derrumbe de la convertibilidad fueron consecuencia de la dolarización y el fondeo externo del sistema bancario. Nada de esto sucede hoy en la Argentina.

Podríamos estar más fuertes, si la restricción externa se hubiera manejado mejor en los últimos años. De todos modos, la fortaleza que conservamos es suficiente para negociar sin miedo ni urgencias. Haya o no acuerdo, el país está parado en sus propios recursos, sin depender de las calificadoras de riesgo ni del salvataje internacional.

Si no hay acuerdo, se sumarán nuevos embargos a los 900, incluida la fragata, ya entablados, sin que se interrumpieran las relaciones normales de la economía argentina con el resto del mundo. Si, como está sucediendo, Argentina pone a disposición de los acreedores los servicios de la deuda reestructurada, los problemas son responsabilidad de quien interfiere en la interrupción de la cadena de pagos.

Si hay arreglo, en términos compatibles con la fortaleza y el interés argentinos, mejor. Se habrá resuelto otra de las herencias del neoliberalismo, como se acaban de resolver, los diferendos con Repsol, el Ciadi y el Club de París. Pero, en este caso, debe descartarse la fantasía de que van a llover los dólares y las inversiones, que sólo son realizables en una economía sólida y soberana.

Conviene no darle a esta cuestión más importancia de la que merece. Los problemas reales de la economía argentina siguen siendo exactamente los mismos el día antes, que el día después del fallo del juez Griesa. No se arreglan ni empeoran por el resultado de estas negociaciones, Por esto mismo es conveniente, como lo vengo sosteniendo desde el principio, que la negociación debe ser entablada al nivel jerárquico que corresponda. Alcanza con la Subsecretaría de Finanzas y el equipo jurídico necesario, sin involucrar a las máximas autoridades del Gobierno, que tienen otras cosas más importantes de que ocuparse. A este nivel superior, ya se ha dicho lo necesario. Es preciso que nos respetemos a noso-tros mismos, preservando el orden jerárquico.

¿Cuáles deberían ser los límites de la oferta argentina? Los mismos que los de los canjes del 2005 y 2010, que recibieron el apoyo de más del 90 por ciento de los tenedores de la deuda en default. No sólo por la cláusula RUFO sino, principalmente, por una cuestión de principios que nos compromete y ayudaría a implantar las reformas necesarias en el orden financiero internacional. Convendría una ley de nuestro Congreso, que fije una fecha límite para adherir al último canje posible. Después de esa fecha, Argentina debería desconocer los papeles no canjeados. Conviene señalar a la contraparte que corre el riesgo de no cobrar nunca.

Por último, recordemos que operamos dentro de un orden mundial, dentro del cual la inmunidad soberana de los Estados pone límites a la extrapolación de la jurisdicción de tribunales nacionales sobre terceros países. En este escenario mundial, la razonabilidad de la posición argentina ha recogido un consenso prácticamente unánime. Podemos estar tranquilos, no somos el “patio trasero” de nadie.

* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.

Fuente: Aldo Ferrer – Tiempo de Crisis

Cuántos buitres acosan a la Argentina? -por Claudio Katz

Argentina afronta nuevamente un chantaje financiero, pero esta vez la extorsión no tiene precedentes. Los especuladores que compraron bonos por 48 millones de dólares lograron en Nueva York una sentencia de cobro por 1500 millones.

Este fraude retrata cómo funciona el capitalismo actual. Al pueblo argentino le quieren imponer la misma confiscación que padecen los pequeños deudores norteamericanos, los desalojados de viviendas de España y los empobrecidos de Grecia.

Cuando se convoca a reforzar la integración internacional a este sistema se empuja al país a nuevos padecimientos. Los buitres se disponen a repetir el mismo despojo que ya realizaron en otros lugares como Perú.

Cómplices y ausencias

En esta crisis ha salido a flote como opera la justicia estadounidense que muchos elogian como un ejemplo de independencia. No sólo Griessa, sino todos los magistrados que confirmaron el fallo demostraron su dependencia de Wall Street. Con este tipo de sentencias protegen a los especialistas en estafas de alto riesgo y a los evasores de los paraísos fiscales.

Como estos especuladores colocan periódicamente al sistema financiero al borde del abismo, también chocan con los gobiernos y organismos que pretenden regular su actividad. Por esta razón el propio FMI está descontento con un dictamen que afecta los ajustes que monitorea, para refinanciar las deudas de los países europeos colapsados por el socorro concedido a los bancos. La sentencia socava su proyecto de ordenar la quiebra de los estados mediante normas de negociación mayoritaria con los acreedores.

Pero estos conflictos en los pasillos del poder no atenúan la expropiación de Argentina. Desde el inicio de la crisis global (2008) se discutieron incontables propuestas para limitar las aventuras financieras y no se aplicó ninguna. En este escenario de impunidad para la usura ningún poderoso va a impedir la ejecución de un fallo contra un país latinoamericano.

No hay que ilusionarse con los formalismos diplomáticos. El maltrato contra un deudor incomodo como Argentina es plenamente compartido por Obama. El presidente del imperio exige sometimiento a Griessa y a su cobro de tributos.

Es cierto que el país ha recibido muchas declaraciones de solidaridad, desde el G 77 más China hasta la UNCTAD. Pero son mensajes cordiales sin efectos prácticos. Ningún escrito altisonante neutralizará el pago forzoso que se le impone a la Argentina. Esta falta de acompañamiento es más grave en Sudamérica. ¿Dónde están las Cumbres de Presidentes para afrontar situaciones de emergencia? ¿Qué medidas preparan UNASUR o CELAC para responder a esta bofetada contra toda la región?

Hasta el momento tampoco aparecieron propuestas de intermediación de Brasil o iniciativas conjuntas para cambiar las jurisdicciones de litigio con los bonistas. Tampoco se habla de reactivar el fondo latinoamericano de estabilización de reservas, frente a un peligro de default. Esta ausencia de la región probablemente obedece al propio mareo que exhibe el gobierno ante lo que está ocurriendo.

Desconcierto frente a la hipoteca

El oficialismo confiaba en un gesto de la Corte estadounidense para posponer el conflicto. Esperaba un reconocimiento por el giro ortodoxo que inició a principio año con la devaluación. Se aceptó la demanda de cinco empresas litigantes en el CIADI, se desembolsó la indemnización pedida por Repsol y se pagaron en tiempo récord las viejas deudas con el Club de Paris. Pero ninguna de estas medidas disuadió a los protectores de los buitres. Al contrario, al observar disposición de pago reforzaron sus presiones de cobro.

Cristina no tenía previsto el fallo adverso. Apostó con la miopía a un escenario opuesto, sin ningún plan para afrontar el dilema actual. Por esta razón improvisa respuestas. Un día denuncia la extorsión de los buitres y al otro sugiere el desembolso integro del dinero.

El gobierno ha quedado atrapado en el peor de los mundos. Si resuelve abonar en las condiciones que estableció Griessa se arriesga a ingresar en un pozo de demandas judiciales y erogaciones infinitas. Y si amenaza sin ninguna convicción con maniobras para eludir el pago, afronta un retorno al escenario de diciembre pasado con el dólar paralelo fuera de control.

Al momento de escribir este artículo el gobierno no se atrevió a cambiar el domicilio de pago, pero intentó cumplir con los viejos bonistas soslayando la negociación que reclama Griessa. Los buitres exigieron el embargo de esos fondos y el juez bloqueó la operación, confirmando que empujará al país al default si no se aceptan las exigencias de los especuladores.

Hay un mes de plazo para cerrar las tratativas, pero lo más probable (y coherente con viraje ortodoxo del gobierno) es un acuerdo oneroso. Se ha creado un gran consenso entre el oficialismo y la oposición derechista para aceptar esa salida. Sólo divergen en los detalles del convenio.

Algunos proponen abonar todo en efectivo y otros promueven cancelar el grueso de la factura en bonos. Algunos alertan contra la inconveniencia de hacer depósitos voluntarios y otros promueven esa vía. Algunos miran bien las bravuconadas en la negociación y otros piden no irritar al sultán Griessa. Pero todos ocultan los costos inmediatos del pago.

La deuda pública aumentará de inmediato si se repite la emisión de bonos consumada para acordar con REPSOL. Lo mismo ocurrirá si se abonan las comisiones y punitorios que obtuvo el Club de Paris. Pero lo más grave viene después, ya que los 1300-1500 millones de dólares que se llevaran los primeros buitres constituirán el anticipo de los 12.000-15000 millones, que exigirá la segunda oleada de bonistas en litigio.

Se estima que la mitad de ese 7% de ?hold outs? reúne a fondos muy agresivos (?buitres de los buitres?), que harán demandas para obtener rápidos fallos favorables en Nueva York. El otro grupo tendría localizadas sus peticiones en Inglaterra, Alemania e Italia y una porción litigaría en el CIADI. En ese tribunal del Banco Mundial, Argentina tiene acumuladas demandas por unos 20.000 millones de dólares.

Pero lo más problemático fue explicitado por Cristina antes de avenirse a ingresar en el abismo. Si en los próximos años algún juez de alguna jurisdicción obliga a extender la mejora concedida a los buitres a los viejos bonistas, la hipoteca podría llegar a cifras incuantificables. Ese contexto situaría al país en un limbo jurídico, frente a las decisiones de cualquier émulo de Griessa.

Esta perspectiva quedará particularmente abierta si los nuevos bonos en discusión mantienen los tribunales extranjeros como sede de controversias. En este caso se eternizaría el sometimiento financiero que Argentina conoce muy bien desde la época de la Baring Brothers.

Fantasías tranquilizadoras

arg kicilof y cristinaEl gobierno y la oposición derechista vislumbran igualmente un futuro promisorio, luego de superar las turbulencias de la negociación actual. Estiman que el país accederá a los beneficios de un gran reingreso al mercado internacional. Afirman que ¿conseguiremos refinanciación barata?, para acceder a muchos dólares con bajas tasas de interés.

Pero ese dorado escenario no sería tan inmediato, puesto que todas las emisiones próximas están previstas con costos que duplican el promedio mundial. Se tomarán créditos para cancelar préstamos, con el pálido consuelo de un abaratamiento ulterior de esa intermediación.

Por ahora existen fuertes vencimientos con bajas reservas. Las obligaciones suman 30.000 millones de dólares hasta fines del 2015, con divisas actuales de resguardo por 27.000 millones. Esta fotografía ilustra un escenario de tratativas al filo de la navaja.

Además, los créditos del futuro no vendrán gratis. Exigirán al estado solvencia de repago, con la consiguiente contraparte de ajustes fiscales. La famosa pregunta mediática (¿cómo afectará esa situación a la vida cotidiana de la gente??) tiene una respuesta contundente: habrá recortes del gasto para los trabajadores, los jubilados y los desempleados.

Es muy posible que ese reingreso al circuito de la refinanciación incluya un retorno del FMI, que es el gran encargado internacional de gestionar nuevos créditos para pagar deudas anteriores. Un economista predilecto de Scioli (Blejer) ya declaró que la reconciliación con el Fondo será el punto de partida de su plan económico.

El gobierno construye un puente hacia ese escenario, argumentando que el país necesita crédito externo para obras de infraestructura. Pero omite señalar que el grueso de la financiación en curso apunta a solventar gastos corrientes. Especialmente las provincias (Buenos Aires en primer lugar) utilizarán ese dinero para pagar sueldos.

Por otra parte, los préstamos de inversión priorizan la minería y el petróleo. Solventarán a las empresas que dinamitan la Cordillera o a las compañías que se aprestan a seguir el formato de los acuerdos secretos que YPF firmó con Chevron. Tendrán un nuevo precio en boca de pozo, autorización para girar dividendos y libertad para exportar a partir de cierto nivel de extracción.

Muchos economistas neoliberales igualmente declaran que ?la deuda es baja y podemos endeudarnos?, olvidando que con ese mismo diagnóstico gobernaron y crearon la montaña de pasivos que arruinó al país. Los oficialistas describen el mismo contexto de desahogo financiero, afirmando que constituye un mérito de la política de des-endeudamiento.

Pero la disminución del pasivo total de 130 % o 90% del PBI (según el momento de comparación con el colapso del 2001) al 46% actual, mantiene porcentajes históricos significativos de endeudamiento público. Es un promedio semejante a los años 90, inferior a los momentos críticos de los 80 y superior a la media de los 70.

El carácter problemático de la deuda argentina radica en la capacidad de pago, más allá de la reducida proporción frente al PBI que presenta en comparación a muchos países. El gobierno afirma que la solvencia ha crecido con el cambio de composición de compromisos externos hacia obligaciones internas.

El total de la deuda en moneda extranjera disminuyó de 94% (2000) a 59% (2012). Y el grueso de ese pasivo local es intraestatal, puesto que las obligaciones con organismos públicos pasaron en el mismo período del 6% al 58%. Se destaca que esta estructura de pagos es manejable, ya que los vencimientos se refinancian mediante simples decretos gubernamentales.

¿Pero qué quiere decir que la mitad de la deuda actual constituye un compromiso del estado con sí mismo? Qué se ha construido una ficción estadística para descargar los costos del pasivo sobre las mayorías populares. Gran parte del endeudamiento inter-estatal es con Banco Central, que ha sido convertido en una máquina de emisión con impacto inflacionario. El otro soporte es el ANSES que aumenta su tenencia de bonos públicos, mientras pospone el pago de sentencias por mala liquidación de haberes. Algunas estimaciones elevan ese pasivo a 28.200 millones de dólares.

La deuda inter-estatal es actualmente solventada por los jubilados que no cobran los atrasos de sus remuneraciones. En este terreno rige una doble vara de respuestas gubernamentales a las sentencias judiciales. Lo que ordena Griessa se negocia y las intimaciones de la Corte Suprema argentina para normalizar la situación de los jubilados son ignoradas.

El trasfondo del problema es la total ineficacia de la política oficial de des-endeudamiento. En la última década se pagaron unos 50.000 millones de dólares a los organismos internacionales y 80.000 millones a los acreedores privados (otros cálculos elevan ese total a 173.000 millones). Mientras el gobierno exhibía con orgullo su comportamiento de ?pagador serial?, las reservas se desplomaban y las salidas de capitales sumaron otros 80.000 millones.

Este proceso pasará a la historia como un ejemplo mayúsculo de ceguera económica. Sólo competirá en ese terreno con la opción neoliberal de retomar alegremente el endeudamiento, para repetir lo que hacen nuestros vecinos?. Una larga experiencia de la región indica que abrir las fronteras al libre ingreso y salida de capitales otorga un pasaporte directo al temblor financiero.

Sólo con el tiempo se podrá establecer, además, un real balance del canje del 2005 que tanto enorgullece al gobierno. Si ese intercambio inicial de títulos hubiera sido tan exitoso, no enfrentaríamos actualmente el escenario de terror que han detonado un juez y sus buitres. El monto real de la famosa quita deberá ser recalculado a la luz de todos los pagos adicionales que se realizaron a través del cupón de crecimiento.

Los defensores del canje también olvidan que gran parte de los bonos emitidos en esa operación incluyeron la aceptación de dirimir litigios en Nueva York. Esta concesión fue justificada por la excepcionalidad del momento. ?No se podía hacer otra cosa a salida del colapso del 2001?. Pero se omite mencionar que los títulos colocados en los últimos meses (por ejemplo con REPSOL), también incorporan la misma aceptación de tribunales internacionales. ¿Tampoco ahora se pudo hacer otra cosa?

Siempre hay alternativasfondos buitres y griesa

Con el episodio de los buitres el gobierno refuerza el giro hacia el ajuste que inicio con la devaluación, pero mantiene un discurso contestatario. Disfraza con retórica progresista el puente que construye hacia la sucesión conservadora del 2015.

La derecha se burla de este divorcio entre ¿el relato y la realidad?. Pero esas ironías no logran ocultar sus propios mitos y veneraciones de los capitalistas. Se ríen de Boudou pero hablan con solemne respeto de Griessa, hacen chistes sobre la Cámpora pero no sobre Rocca o Grobocopatel. Especialmente eluden que actualmente acompañan las decisiones del gobierno. Todos marchan por el mismo rumbo. La derecha se congratula con el viraje pos-devaluación del oficialismo y el gobierno irrita verbalmente a los poderosos mientras implementa sus mandatos.

Las incongruencias del kirchnerismo son patéticas. Empapelan la ciudad contra los buitres mientras negocian sus exigencias. Convocan a un ?frente nacional? contra los especuladores que ya incluye a todos los subordinados a Griessa.

En este mundo invertido el sometimiento a demandas foráneas es presentado como una gran victoria nacional. Los ministros declaran que ?vencimos a Repsol? con un cheque de pago y que ?le torcimos el brazo al Club de Paris? desembolsando una fortuna. Este doble discurso oficial exige minimizar todas las capitulaciones o contrastarlas con eventualidades más catastróficas. Hubo devaluación (pero frenamos un dólar a 13 pesos?), se pagó a Repsol (pero menos de lo que querían?), se arregló con el CIADI (pero no fue muy caro?) y se acordó con el Club de Paris (?pero era un pasivo que heredamos?).

Lo llamativo es la ausencia de reacciones críticas en vasto campo del oficialismo. El conformismo kirchnerista contrasta con la tradición de rechazos, que en el pasado generaban los virajes conservadores del justicialismo. Los ahijados de la gloriosa JP se mantienen por ahora en silencio.

Afortunadamente ya despuntan fuertes cuestionamientos de la izquierda y los sectores progresistas y antiimperialistas, que no aceptan el chantaje descalificatorio de los planteos alternativos. Al igual que en los 90 vuelven a circular las advertencias del purgatorio que le espera al país ?si nos aislamos del mundo?. Con esos augurios se justificó el endeudamiento que condujo al colapso.

Las opciones actuales no se reducen al default o al pago a los buitres. Esa disyuntiva es un episodio coyuntural derivado del enredo que auto-generó el oficialismo. La solución a esta encerrona exige reconocer que Argentina no necesita endeudarse significativamente. Tiene suficientes recursos propios para administrar sus gastos, si ordena su ahorro e impide el drenaje de excedentes.

Los 80.000 millones de dólares expatriados durante la ?década ganada? surgieron de ganancias y rentas creadas en el país. La estimación oficial de 205.000 millones de dólares de capitales argentinos localizados fuera de las fronteras se ha quedado corta frente dos estudios recientes, que elevan esa cifra a 379.000 millones (Gaggero) y 440.000 millones (Henry).

Este vaciamiento fue tradicionalmente financiado con endeudamiento público. Un peligroso anticipo de repetición de esa pesadilla es el blanqueo en curso para todos los evasores de gran porte. Desde hace meses se renueva un perdón fiscal para quienes sustrajeron fondos. La complicidad oficial con la salida de capitales se extiende ahora a su reingreso.

No tiene sentido volver a endeudarse frente a este escenario de dinero sustraído del circuito nacional. Pero más hipócrita es afirmar que semejante despojo se corrige ?restaurando la confianza? para que ?vuelvan los capitales?. El arreglo con los buitres, el recorte del gasto social, los techos a las paritarias y una escalada de tarifazos son las primeras medidas que exigen los poderosos para considerar ese retorno.

La recomposición del ahorro nacional exige el control estatal de las rentas generadas por las exportaciones (nacionalización del comercio exterior) y la estricta regulación de las divisas (mediante un control de cambio en serio y un sistema bancario estatizado).

En este marco se puede replantear la deuda, investigando su contenido y discriminando los montos que corresponde abonar. Un principio de esa auditoría fue cajoneada por el alfonsinismo, el menemismo, la Alianza y el Kirchnerismo. Ninguno quiso destapar la olla de ese pasivo. Pero los incontables canjes no han borrado las huellas de estos delitos, ni impiden separar lo fraudes de los compromisos legítimos.

Esa investigación permitiría conocer cuáles son los grupos económicos que deben ser gravados con impuestos especiales. No son intocables. Un gobierno con autoridad puede cerrar las canillas de sus transferencias al exterior y poner la lupa sobre sus recursos dentro del país. La investigación es también indispensable para reemplazar definitivamente los bonos en circulación por títulos sujetos a la legislación argentina.

La suspensión del pago es una medida insoslayable, pero sujeta al momento y conveniencia de la nueva estrategia. La existencia de este plan diferencia tajantemente un replanteo de la deuda del simple default, que es una cesación de pagos indeseada e inmanejable para el deudor. Con otra política se podría reorientar los créditos concertados en el futuro hacia proyectos productivos.

La batalla contra la deuda vuelve a reaparecer en un contexto muy distinto al pasado. La propia marcha de esta resistencia delineará las demandas y las medidas requeridas para cada momento. El punto de partida es recuperar la mirada crítica y la disposición a luchar.

*Economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda). Su página web es: www.lahaine.org/katz

Fuente: Claudio Katz – Tiempo de Crisis

 

Radiografía de los “buitre”: quiénes son los fondos especulativos que demandan a la Argentina

“Fondos buitre”, qué hay detrás de este fenómeno – Por Esteban Rafaele

Paul Singer es un republicano entusiasta. Aportó miles de dólares para las campañas presidenciales de George W. Bush y Mitt Romney, otros tantos para el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y más dinero para varios congresistas. Pero también puso mucha plata para legalizar el matrimonio igualitario en ese país. A Kenneth Dart las crónicas lo pintan como un escrupuloso que no tuvo pruritos en pelearse con su familia por dinero ni en renunciar a la ciudadanía estadounidense para pagar menos impuestos. Singer y Dart parecerían tener sólo dos cosas en común: la condición de millonario y los miles de millones de dólares en bonos argentinos en default, que compraron para exigirlos en la Justicia. Son los dueños de los fondos “buitre” que desvelan al Gobierno con acciones judiciales, embargos y un sostenido poder de lobby.

Los fondos buitre no son un invento argentino. Merodearon sobre distintas crisis desde los ochenta, cuando un grupo de inversores encontró una veta legal para perseguir deuda corporativa y soberana al borde del default. Estos inversores compran deuda de emisores -una empresa, un país- al borde de la cesación de pagos o con un default declarado. Adquieren esos bonos a una fracción de su valor real. Compraron deuda argentina a unos 20 dólares por cada lámina de cien, por ejemplo. Luego, la exigen ante la Justicia por todo su valor.

Paul Singer y Kenneth Dart son los principales tenedores de deuda argentina que no entraron a ninguno de los dos canjes propuestos desde 2005 a esta parte, en los que el país reestructuró el 92,4 por ciento de sus compromisos. Tienen en conjunto unos u$s 2.000 millones en bonos en default. NML Capital, controlada por la firma de Singer, Elliot, logró el mes pasado que un juez de primera instancia de Nueva York, Thomas Griesa, dictara que la Argentina le debe pagar u$s 1.330 millones por el ciento por ciento de su reclamo, más intereses a definir. La medida quedó en suspenso hasta el 27 de febrero, día en que la Corte de Apelaciones fijó una audiencia entre el país y el fondo de Singer. Dart controla el fondo EM, que reclama otros u$s 700 millones.

Singer nació el 22 de agosto de 1944 y se hizo rico con Elliot Management, su firma de inversiones. En su página web, Elliot se define como un fondo con intereses en distintos sectores de la economía, “principalmente software”. Suele capitalizar compañías, participar de sus directorios y retirarse a los cinco o diez años, una vez recuperada la inversión.

Para el diario británico The Guardian, la mayor parte de la fortuna de Elliot llegó apostando a bonos en default. Actualmente litiga contra la Argentina, Costa de Marfil, Turkmenistán y Nicaragua. “Nunca hemos tenido una disputa con un país que no pueda pagar sus deudas. Litigamos siempre con países que pueden pagar pero se niegan a hacerlo”, se defendió.

Como sea, su modelo de negocios hizo que Elliot Management pasara de administrar un millón de dólares en sus comienzos, en 1977, a manejar u$s 20.000 millones en la actualidad, con una rentabilidad anual promedio del 14 por ciento, aun en tiempos de crisis. Esa destreza le valió ubicarse entre los 400 hombres más ricos de Estados Unidos, para la revista Forbes (ocupaba en setiembre último el puesto 392) y entre los 1.200 más acaudalados del mundo (1.153). NML Capital, sin embargo, está radicado en Islas Caimán.

Singer cobró notoriedad en octubre, cuando sus abogados pidieron a la justicia de Ghana el embargo de la Fragata Libertad. “No compramos deuda argentina para quedarnos con un barco demasiado grande para navegar en Long Island”, dijo el inversor. La Argentina y Ghana definían al cierre de esta edición la suerte del buque escuela en el Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.

Kenneth Dart, a diferencia de Singer, no se hizo de abajo. Es uno de los herederos del imperio del telgopor, que levantó su padre, William. Por los años 50, Dart creó una fórmula para realizar vasos térmicos a partir del poliestireno expandido y conquistó el mundo. Hoy, la empresa factura unos u$s 1.100 millones al año y tiene presencia en América, Europa y Oceanía. Los vasitos de telgopor de Dart se fabrican en la Argentina, en una fábrica radicada en el Parque Industrial de Pilar, que cuenta con beneficios de radicación. Y llegaron a los dispenser de agua del Ministerio de Economía y de tantas oficinas de la city porteña.

Pero Kenneth no es William ni tiene mucho que ver con el telgopor. Hábil para las finanzas, se apalancó en la empresa de su padre para crecer en el mercado bursátil. El ex presidente estadounidense Bill Clinton lo destrozó en 2005: “Recuerdo a su hermano decirle a un periodista que (Kenneth) Dart odiaba tanto el pago de impuestos que, después de su muerte, quiere mantener su cerebro con vida artificialmente, para que sus hijas no tengan que pagar los impuestos sucesorios”, argumentó en una carta publicada en su blog al rechazar fondos para el Partido Demócrata. Y relató cómo opera el fondo EM: “Compra grandes cantidades de deuda pública de países del Tercer Mundo a 20 centavos de dólar y obliga a los gobiernos a pagar dólar por dólar. Su última apuesta es forzar al gobierno argentino a abonar la deuda en mora. Una vez más pagó diez centavos de dólar de la deuda y quiere que los argentinos le paguen el valor nominal”.

En 1994, Dart renunció a la ciudadanía estadounidense y se radicó en Belice para evitar pagar impuestos. El patrimonio de toda la familia alcanzaba entonces los u$s 3.000 millones. En los noventa, el millonario empezó a apostar a la deuda en problemas. Primero lo sufrió Brasil. Compró por u$s 375 millones títulos Brady de Brasil de unos u$s 1.400 millones de valor nominal y amenazó al entonces presidente Fernando Henrique Cardoso con obstaculizar la renegociación de deuda que ese país encaraba. Brasil buscaba entonces reestructurar pagos por unos u$s 35.000 millones. Dart reclamó u$s 980 millones y obtuvo u$s 605 millones. Se hizo con una ganancia del 61 por ciento.

Dart se especializó en sobrevolar países en problemas. Lo sufrieron Perú y Polonia y también Rusia, durante ese escandaloso proceso de privatización de empresas de servicios, tras la salida del comunismo.

Singer y Dart son los principales exponentes de los fondos que le reclaman al país, en conjunto, un total de u$s 3.600 millones por sus bonos en default. “En total, identificamos a quince grupos, de los cuales nueve operan desde las Islas Caimán”, detalló el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, que dedica gran parte de su trabajo a desarticular el lobby de los fondos buitre en el Congreso estadounidense y en otros espacios de la arena pública. Ademas de NML Capital, EM y Aurelius -de un ex ejecutivo de Singer-, reclaman por su deuda en default Blue Angel, Capital Ventures, Capital Markets y Caronte, entre otros.

Según las estimaciones oficiales, la deuda que quedó sin reestructurar luego de los dos canjes (2005 y 2010) totaliza u$s 11.200 millones. De ese monto, sólo unos u$s 930 millones está en manos de bonistas domiciliados en Estados Unidos. En ese país, sin embargo, se llevan adelante las causas judiciales que desvelan a los mercados y que lograron poner nervioso al Gobierno a fines  de noviembre, cuando el juez de Nueva York, Thomas Griesa dispuso que antes de pagar el vencimiento de deuda más importante del año, la Argentina debía constituir un depósito por u$s 1.330 millones para satisfacer el 100% del reclamo del fondo de Singer, NML Capital. Una semana más tarde, la Corte de Apelaciones puso esa medida en suspenso hasta fines de febrero.

La actividad de los fondos buitre es difundida a través de la American Task Force Argentina (ATFA). Este “grupo de tareas” -ésa es, trágicamente, la traducción exacta del término- está patrocinado por Elliot, por otros fondos buitre y por asociaciones de granjeros o de “taxpayers” (pagadores de impuestos) de Kansas, Nebraska, Michigan y Montana, con lo que busca una fachada de representacion a pequeños bonistas “estafados” por la  Argentina. “Según los fondos buitre, la Argentina adeuda u$s 3.500 millones ‘a los estadounidenses’ y se niega a pagar”, escribió Argüello, en uno de los tantos boletines en los que intenta desarticular la estrategia de ATFA, Singer, Dart y compañía.

El presidente de ATFA es Robert Shapiro, ex subsecretario de Comercio para Asuntos Económicos durante la presidencia de Bill Clinton. En su currículum, dice también haber asesorado al ex primer ministro británico Tony Blair y a Barack Obama en su campaña de 2008. Shapiro es una de las voces que aseguran a los litigantes ser escuchados en el Congreso estadounidense.

Lobby, de eso se trata. El sitio Web de ATFA es un compendio de noticias que maximizan todas las deficiencias económicas de Argentina. También se aplauden cualquier derrota en el plano internacional. Desde ATFA se llevó adelante la campaña de tarjetas rojas con la inscripción “Basta K” que se vieron durante las presentaciones de la presidenta Cristina Fernández en las universidades de Georgetown y Harvard, durante su última gira por Estados Unidos. Pero, sobre todo, ATFA opera sobre los congresistas.

El ataque es permanente. Y, se sabe, continuará.

A principios de año, el juez de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, dictó una sentencia a favor de los fondos buitre, que exigían la cláusula de “tratamiento igualitario” de sus bonos. Según la petición, la Argentina discriminaba a los tenedores de deuda en default al no hacerles pagos como a los bonistas con deuda reestructurada.
En octubre, la Corte de Apelaciones convalidó el fallo de Griesa y pidió al juez que definiera cómo y cuánto debe pagar la Argentina. Griesa desató la histeria al obligar al país a constituir un fondo de garantía por el total del reclamo, unos u$s 1.330 millones, por considerar que el país no tenía voluntad de cumplir con la justicia. Dijo que ese depósito debía efectuarse antes del 15 de diciembre, cuando la Argentina debe pagar el Cupón PBI por u$s 3.500 millones. Caso contrario, alertó, los distintos agentes financieros involucrados en la operación no debían girar los pagos de deuda reestructurada. El fallo puso en alerta a todo el mercado financiero.

La Argentina apeló (la Presidenta habló de “economía casino” y de “colonialismo judicial”, incluso) y ganó tiempo. La Corte de Apelaciones pospuso su decisión hasta el 27 de febrero próximo. Los pagos de deuda, hasta entonces, están a salvo. La actitud del país fue determinante: por primera vez, sugirió la posibilidad de reabrir el canje de deuda, lo que implicaría ofrecer un pago con quita del 65 por ciento. Demostró cierta voluntad de negociación que fue bien considerada por el tribunal. Hasta entonces, el juego quedó abierto.

Con la mira en el 27-F

Los otros bonistas

Hay trece bonistas argentinos que acompañan la batalla judicial en Estados Unidos que llevan adelante los fondos buitre. Se trata, en su mayoría, de jubilados que se quedaron con sus papeles en default y no participaron de ninguno de los dos canjes.

Estos bonistas son representados por Horacio Vázquez, un ingeniero de 56 años con bonos impagos por 70 mil dólares emitidos bajo legislación estadounidense. “Es la primera vez que tengo esperanzas en serio de que la Argentina se siente a negociar de buena fe”, dijo Vázquez a la agencia Reuters tras el fallo de Griesa, luego suspendido por la Corte de Apelaciones hasta el 27F.

Vázquez preside la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd). “No somos buitres. Lo único que hicimos fue ahorrar en la Argentina con deuda pública emitida por la Argentina”, dijo. En su página web, Adapd se presenta como una entidad “de ahorristas particulares que confiaron en el país y fueron damnificados por la pesificación y el default declarados en 2002”.

Los bonistas participan de la acción de clase, por lo que se beneficiarán ante un fallo a favor de los fondos más poderosos que litigan contra el país. La Argentina se resistía a pagar cualquier suma de dinero, pero al apelar la decisión de Griesa abrió la posibilidad de efectuar un nuevo canje en los mismos términos que los de 2010, lo que implicará una quita del 65 por ciento para quienes ingresen a él.

http://www.revistadebate.com.ar/?p=1895

 

Entrevista a Carlos Burgueño, periodista especializado en endeudamiento externo argentino

¿Cuáles considera que son losa portes más relevante que hace su libro?

El país tiene la necesidad de continuar con el proceso de desendeudamiento y de enfrentar el juicio contra los fondos buitre, considerando ambos capítulos como políticas de Estado. Es imposible que los dos procesos puedan ser enfrentados y finalizados por el actual gobierno con éxito, sin que se los considere por toda la clase política como problemas que se deberán continuar más allá de 2015. Creo, entonces, que el mayor aporte del libro es una contribución a esta consideración, luego de décadas de aumento del endeudamiento; y de la consideración del juicio contra los fondos buitre como la principal espada de Damocles en contra del proceso de desendeudamiento.

En ese sentido y a pesar de su seguimiento permanente de esta cuestión, ¿qué es lo que más le sorprendió en la reconstrucción de esta “historia oculta”?

Lo más sorprendente fue bucear en los orígenes de estos fondos y comprobar que existe unmodus operandi que no surgió para el caso argentino, sino que se viene repitiendo en países del Tercer Mundo y Estados en desarrollos desde hace casi veinte años. Al conocer de cerca cómo surgen estos fondos y descubrir quiénes son, con nombre y apellido, los hombres que los dirigen, se descubre también la identidad del problema. Lejos de los bancos financieros de primer y segundo piso, y de las entidades de inversión del Primer Mundo, no siempre con buenas consideraciones de imagen, por cierto, pero con una visión global de los negocios, aparecen estas inversiones que se manejan al margen de los negocios financieros mundiales.

El juicio contra los fondos buitre quedará en la historia de la economía mundial

¿Cuál fue la modalidad más común?

Compraron siempre al borde del default y de una bancarrota, para luego accionar judicialmente en cualquier tribunal internacional. Son fondos relacionados con los gobiernos más corruptos de la región (el Brasil de Collor de Mello) y el mundo (la Rusia de Boris Yeltsin), y a menudo (como el caso de Dart) sufrieron represalias de parte de las mafias más peligrosas del globo. Estos son los fondos que exigen que la Argentina “cumpla sus compromisos” luego de haber cerrado exitosamente dos canjes de deuda en 2005 y 2010. El juicio no es entonces contra bancos o entidades serias, sino contra los marginales del capitalismo mundial.

El término “fondos buitre” resulta hoy bastante extendido, por más que no se sepa bien cuáles son sus  características concretas. ¿Cómo los definiría?

No hay que confundir “holdouts” con “fondos buitre”. Los primeros, equivocados o no, compraron deuda de buena fe y no aceptaron por cuestiones personales o de convencimiento ingresar en los dos canjes lanzados por el gobierno de Néstor Kirchner, primero, y Cristina Fernández de Kirchner, después. Optaron por una salida judicial, buscando que se cumpla un contrato. Los fondos buitre son otra forma de hacer negocios. Voluntariamente esperan que un país esté a punto de caer en default (en el caso argentino comenzaron a comprar deuda en noviembre de 2001) y aguardan el momento del lanzamiento de un canje de deuda para plantear que “no están de acuerdo con la oferta” y que optan entonces por una salida judicial. Mientras tanto, avanzan en negociaciones no siempre claras ni honestas y buscan embargos de bienes del Estado que emitió la deuda en default por el mundo. Presionan con la humillación de mantener un bien preciado embargado para luego buscar una negociación que les permita obtener rendimientos exponenciales. Por ejemplo, compran a 80 lo que luego buscarán cobrar por más de mil.

El juicio no es contra bancos o entidades serias, sino contra los marginales del capitalismo mundial

¿Cuáles son los aciertos y los errores más importantes del gobierno argentino respecto a estos fondos?

El acierto más importante es haber realizado dos canjes y conseguido un porcentaje de 94% de aceptación global, mientras tanto se dejó desarrollar el juicio contra los fondos buitre en Nueva York. Esto hizo que el Gobierno ganara un tiempo precioso (casi ocho años ya), mientras solucionaba su problema interno de deuda. Hoy el planteo contra esos fondos es en una posición de fortaleza: se ganó tiempo, cosa que ningún otro Estado en juicio contra estos fondos consiguió. También fue un logro haber optado, en su momento, por recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para destrabar el conflicto por el embargo de la Fragata Libertad en el puerto en Ghana. Incluso si se hubiera optado rápidamente por esta opción (recomendada por la embajadora Susana Ruiz Cerutti), se habrían ganado dos meses, mínimo.

¿Y los errores?

El más importante, quizá llevados por momentos de soberbia –que vienen desde que Roberto Lavagna llevaba adelante el proceso de canje de deuda y que continuaron con las gestiones personales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández–, es no haber hablado desde un primer momento con los líderes de Wall Street, el Fondo Monetario Internacional y, fundamentalmente, del gobierno de Estados Unidos sobre la importancia del “Juicio del Siglo” (según la definición del Financial Times) para las finanzas mundiales y los mercados de capitales de colocación de deuda soberana por parte de los Estados en desarrollo. Se optó, quizá, por una posición de soberbia cuando, en realidad, lo que se necesitaba en esos momentos era una posición de humildad extrema, lo que no necesariamente implicaba dejar de lado la fortaleza o las convicciones.

¿En qué sentido?

Tener del lado argentino al FMI y al gobierno norteamericano hubiera sido fundamental, y la llave para que la justicia de Estados Unidos tuviera en cuenta el planteo que la Argentina llevaba hasta esos niveles. Sostener conflictos políticos con los gobiernos de George Bush y de Barack Obama, aunque hayan sido atractivos en otros terrenos, jugaron muy en contra de las posibilidades de tener activamente la administración de la Casa Blanca como aliada en los tribunales de Estados Unidos. Eso hoy se está pagando con la poca voluntad del gobierno de Obama de intervenir para convencer a alguno de los jueces demócratas (son cuatro) que integran el máximo tribunal de EE.UU. para que acepten tomar el caso argentino contra los fondos buitre. También considero un error no haber planteado más seriamente ante la sociedad argentina quiénes son seriamente los que manejan estos fondos.

Un fallo en contra es una amenaza a los procesos de reestructuración de deuda de Grecia y de Turquía

¿De qué manera?

Era necesario mostrar claramente quiénes están detrás, qué fue lo que hicieron en el mercado financiero mundial, el desprecio que les tienen los fondos de inversión que habitualmente operan en los mercados de capitales y la forma en que se los rechaza entre sus pares. Debería haber habido una campaña, quizá de toda la clase política, para mostrar quiénes son estos fondos buitre, qué es lo que pretenden y cuáles serían los riesgos de darles la razón y pagarles lo que buscan en este “Juicio del Siglo”. Vinculado a lo anterior, considero también un error haber manejado, desde el gobierno de los Kirchner, el caso como una cuestión partidaria y relacionar a la oposición con personas aliadas a los “buitres”, cuando definitivamente no era así. Quizá sí, entre 2010 y 2013, cuando se definió el juicio a favor de los “buitres”, el kirchnerismo debería haber llamado a la clase dirigente argentina, mostrar abiertamente el peligro que representan estas acciones, pedir ideas y plantear desde todo el arco político nacional un respaldo a la consecución del juicio en los tribunales norteamericanos. Hubo un momento clave que el Gobierno desaprovechó: la llegada de la Fragata Libertad a Mar del Plata, en enero de 2013. Ese debía haber sido un momento de reencuentro político, y terminó siendo un acto cerrado del kirchnerismo.

¿Por qué sostiene que la larga batalla con los fondos buitre quedará en la historia de la economía mundial?

Hacer un juicio contra un país soberano que emitió deuda y luego cayó en default, negoció dos canjes y logró la aceptación del 94% de los acreedores; que tiene fallos en contra en los tribunales de Nueva York, donde precisamente se emite casi la totalidad de la deuda voluntaria de los países en desarrollo, es algo que por primera vez les toca vivir a los mercados financieros internacionales. Está en juego un negocio (el de emisión de títulos públicos de Estados en desarrollo en Wall Street) por unos 40 mil millones de dólares anuales. Además, de haber un fallo favorable a los fondos buitre, implicaría una amenaza directa a los procesos de reestructuración de deuda de Grecia, de Turquía y de otros Estados en problemas actuales y futuros. Obviamente, cuanto más lejano al desarrollo esté ese país, y en consecuencia más cercano a actos de corrupción, mayor es el peligro.

¿En qué sentido?

El problema de fondo es que, a diferencia de los defaults o bancarrotas de las empresas privadas, en el caso de los países soberanos no hay leyes. Una compañía en bancarrota, si logra mostrar a los tribunales de Estados Unidos que el 75% de sus acreedores está de acuerdo con una propuesta de pago, inmediatamente sale de su condición concursal y vuelve a operar con absoluta normalidad. En el caso de un país soberano, no hay leyes de protección, y ante un default  (inevitable, como el argentino en 2001), queda a merced de la acción de los “buitres” ante los tribunales para cobrar el ciento por ciento de la deuda más los intereses y costas, aunque un 94% esté a favor de una propuesta de canje.

http://www.revistadebate.com.ar/?p=5687

 

¿Qué son los “fondos buitre”? – Por Raúl de Sagastizabal

Los fondos rapaces o fondos buitres son especuladores que compran por centavos deuda de países pobres en problemas con el propósito ilícito de entablar procedimientos judiciales a su respecto para obtener sumas considerablemente mayores, de hasta el 400% de lo que pagaron por ellas.
Qué deudas compran: deuda de países en situación de incumplimiento o cerca de estarlo, o que se encuentran ya en procesos de reestructuración de deudas o de rescate que comprenden cierta quita, o bien viejas deudas sin ningún valor de mercado próximas a vencer o a ser canceladas en el marco de programas de alivio de la deuda.

Cómo se hacen de esas deudas: cuando un país tiene problemas económicos y se presume que éstos pueden empeorar, sus bonos pierden valor en el mercado secundario y muchos bonistas se asustan y corren a venderlos al precio que sea, y es allí donde los fondos rapaces compran en masa. Si el país ya ha anunciado una reestructuración salen a la búsqueda de bonistas con problemas de liquidez, y recurren también a otros métodos u oportunidades, incluso ilícitos, como más abajo se menciona.

Hay algunos grupos internacionales que hacen campaña contra ellos, como Jubilee Debt Campaign, y medios de prensa internacionales (BBC, The Guardian) que les siguen la pista, advirtiendo sobre sus prácticas deshonestas y contando quiénes son y cómo operan. La siguiente selección de algunos de sus artículos ilustra con ejemplos concretos qué son los fondos buitres:

BBC Newsnight[i] – FG Hemisphere: Este fondo procura cobrar US$100 millones a Zaire (actualmente Congo) por una deuda comprada por US$3 millones.

Cuando Newsnight le preguntó a Grossman sobre esta operación de su fondo buitre, éste respondió: “No estoy mortificando al Congo. Busco cobrar una deuda legítima”.

No obstante, una investigación conjunta de la BBC Newsnight y The Guardian ha establecido que la deuda en cuestión, que fue originalmente un préstamo otorgado por Yugoslavia al Zaire 30 años atrás, fue ilegalmente vendida al fondo de Grossman, FG Hemisphere.

La policía bosnia mostró al equipo de Newsnight/Guardian un documento que revela que FG Hemisphere pagó US$3,3 millones por el instrumento de deuda, de los cuales más de medio millón fue aportado por otro operador “buitre” que ayudó a armar el trato, Michael Sheehan, un americano que se llama a sí mismo “Goldfinger”, como el villano de las películas de James Bond.

Preguntado por el reportero Greg Palast si le parecía justo embolsarse US$100 millones del Congo por una deuda que le costó US$3 millones, contestó: “Sí, claro que sí”, pero negó haber pagado sólo US$3 millones.

BBC Newsnight[ii] – Donegal International: Fondo que trató de cobrar a Zambia US$55 millones por una deuda comprada por US$3 millones.

Michael Sheehan (Donegal International) [el mismo mencionado en el caso anterior] sacó provecho de los acuerdos de cancelación de la deuda del tercer mundo. Compró por US$3 millones deuda de Zambia de la década de los setenta, justo antes de que fuera cancelada y luego amenazó con impedir toda  actividad económica de Zambia presentando demandas contra todo aquel que tuviera negocios con el país, a menos que éstos le pagaran US55 millones – el equivalente del presupuesto de educación de Zambia. Luego demandó a Zambia ante tribunales británicos y ganó US$15 millones.

BBC Newsnight: El Reino Unido impide que los ‘fondos buitres’ depreden a los países pobres[iii] (2010).

El Parlamento británico votó la prohibición de los llamados “fondos buitres” que sacan provecho de la deuda de países del tercer mundo.

La ley entrará en vigor este año (2010) y una de sus primeras consecuencias será impedir que un fondo cobre a Liberia £12 millones por una deuda que data de 1978.

La ley se inspiró en una investigación de BBC Newsnight sobre los fondos buitres.

The Guardian[iv] (2011): Fondos buitres que persiguen cobrar £1.000 millones amenazan programas de alivio de la deuda.

El Fondo Monetario Internacional advirtió este fin de semana que demandas por alrededor de £1.000 millones planteadas por “fondos buitres” contra los países más pobres del mundo amenazan los programas de cancelación de deudas puestos en marcha por el Grupo de los Ocho en Gleneagles en 2005.

Quienes hacen campaña contra los fondos buitres dicen que una mera declaración del Fondo no basta: Sarah Williams, de Jubilee Debt Campaign, sostuvo que “los países necesitan con urgencia asistencia y asesoramiento jurídicos accesible” y que “es preciso cambiar la legislación, a nivel nacional e internacional, para acabar con las operaciones de estos fondos”.

Según un informe del personal del FMI sobre los fondos buitres 11 de 24 países pobres considerados en el estudio manifestaron estar sometidos a demandas por un total de US$1.800 millones (£900 millones) planteadas por 46 acreedores. Sarah Williams dijo que “el problema es que esas cifras seguirán aumentando, a menos que se adopten medidas urgentes”.

The Guardian[v] (2011) – Fondos buitres: ¿Cómo trabajan?

El Banco Mundial estima que más un tercio de los países que han cumplido los requisitos de sus respectivos programas de alivio de la deuda han sido blanco de al menos 26 fondos buitres, que han recibido hasta ahora pagos por un total de US$1.000 millones.

Muchos países están prohibiendo que los fondos buitres puedan demandar ante sus cortes el cobro de esas deudas. Pero quedan todavía algunas jurisdicciones, como la Isla de Jersey y las Islas Vírgenes Británicas, que todavía no les han cerrado el paso. Un fondo buitre espera obtener el mes próximo US$100 millones por medio de una demanda planteada ante una corte de Jersey.

Otro caso que describe la estrategia de estos fondos es Elliot Associates Inc. versus Perú, fondo que logró cobrar US$56 millones por deuda peruana comprada cuando Perú terminaba su acuerdo de reestructuración Brady (informe del FMI y sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Juez Robert W. Sweet, 6 de agosto de 1998):

En un caso reciente, por ejemplo, un ‘fondo rapaz’ chantajeó de hecho a Perú al convencer a los tribunales de EE UU y Europa de que le impidieran pagar deudas a otros acreedores[vi]. (Anne Krueger, FMI)

Alrededor de 18 meses después que Perú anunció el plan Brady [en 1996], un grupo de acreedores rapaces denominado Elliot Associated compró US$20,7 millones de préstamos comerciales que habían sido garantizados por Perú. A diferencia de la mayoría de los acreedores, Elliott no aceptó bonos Brady a cambio de sus tenencias de deuda peruana, y en lugar de participar en la reestructuración presentó una demanda en su propio nombre en tribunales de Nueva York reclamando el cobro del valor nominal de los préstamos más los intereses[vii]. (Informe del FMI)

Elliott compró deuda peruana con la intención y el propósito de entablar un juicio. Tal intención y propósito pueden inferirse de la estrategia de inversión utilizada por Elliott, los antecedentes profesionales de las personas que se juntaron para materializar el proyecto de la deuda peruana, la dilación, por parte de Elliot, del cierre de las operaciones de adquisición de la deuda peruana hasta que el Segundo Circuito esclareciera los riesgos post-litigio en el caso Pravin Banker, la carencia de credibilidad de las alternativas propuestas por Elliot y la conducta del antedicho con posterioridad a las compras[viii]. (Sentencia del tribunal de Nueva York)

Tal como surge de lo que antecede, tras comprar deuda soberana de países pobres, estos fondos aplican una estrategia legal que casi no deja margen para la defensa, como en el caso de Perú (y el de Zambia), en que extorsionaron al país en el momento en que vencían los intereses de sus bonos Brady, con lo cual si Perú no pagaba esos intereses incurría en cesación de pagos y se vio obligado a transar el litigio con Elliot.

Este caso fue sometido a tribunales de Nueva York, jurisdicción en que está prohibido comprar deuda con la finalidad de litigar contra ella (N.Y. JUD. LAW § 489 : NY Code – Section 489).

El juez de primera instancia falló a favor de Perú, demostrando que este fondo compró deuda peruana con la única finalidad de litigar y exponiendo la estrategia jurídica aplicada intencionalmente por Elliot para acorralar a Perú. La sentencia de segunda instancia revocó esa decisión sosteniendo que la primera finalidad de Elliot era cobrar, y si no cobraba, recién litigar, por tanto el juez entendió que litigar contra la deuda no era la “finalidad primaria” de Elliot. El caso finalmente se resolvió por acuerdo, como ya se mencionó, de modo que no hubo interpretación definitiva de las disposiciones en juego.

Discrepamos con la sentencia de segunda instancia; naturalmente que el que compra un bono quiere cobrarlo, y en caso de no cobrarlo reclamar ante los tribunales apropiados. Pero la sección 489 no aborda esos casos, sino que tipifica la conducta del que “compra con la finalidad de litigar”. Conforme  a esta sentencia cualquiera que aduzca “quiero cobrar  y si no cobro plantearé un juicio” queda fuera del alcance de la disposición, con lo cual ésta pierde todo sentido jurídico.

Elliot compró la  deuda peruana 18 meses después que Perú anunciara la reestructuración Brady con una quita sobre sus bonos soberanos. Lo mismo había hecho en Panamá, donde compró cuando el país finalizaba un acuerdo similar, y en ambos casos se rehusó a participar en la reestructuración de deudas y demandó en tribunales estadounidenses y europeos, y posteriormente hizo lo mismo con Argentina.

Las prácticas de estos fondos rapaces no sólo son deshonestas, perversas y criminales, sino además ilegales, sin embargo en algunos países no hay leyes específicas al respecto y esto permite a los consejeros y abogados de estos fondos “armar” un caso desde el inicio con el fin de manipular el litigio en su favor.

En la sentencia del caso Elliot se relata en detalle como la empresa conformó un equipo de inversión para la compra de deuda en mercados emergentes, formado principalmente por operadores de negocios y consejeros que ya habían asesorado a otro fondo buitre en la compra de deudas soberanas de Polonia, Ecuador, Cote d’Ivôire, Panamá y el Congo, experimentados en litigar contra Estados soberanos en tribunales estadounidenses[ix].

La reiteración de estas conductas y las campañas en su contra han llevado a que muchos países están prohibiendo que estos especuladores puedan demandar ante sus cortes el cobro de esas deudas, sin embargo, esto no es suficiente: es preciso contar con una acción concertada a nivel mundial.

Acciones para cercarlos y detenerlos

Es posible pararlos; para ello hay que tipificar estas prácticas como delito a nivel global, por un lado, y prohibir la ejecución de sentencias dictadas en jurisdicciones que no penalicen tal conducta, por el otro. Esto último porque siempre queda algún rincón del mundo que no adopta determinada norma y es allí donde litigarán estos especuladores y luego tratarán de cobrarse en activos soberanos ubicados en cualquier lugar del mundo.

Puede parecer complicado, sin embargo no se trata de la primera conducta ilícita que se persigue y reprime a nivel global. El mundo ya ha logrado celebrar acuerdos o coordinar acciones comunes para reprimir la evasión fiscal y el lavado de dinero, por ejemplo, y aun delitos más graves como el narcotráfico y la trata de personas.

Entre tanto no existan tales disposiciones los países podrían emitir sus bonos con cláusulas de acción colectiva; mecanismo que permite al soberano y a una mayoría especial de acreedores llegar a un acuerdo (previo o posterior) al default, que luego es vinculante para todos los acreedores sujetos a la reestructuración, o bien disposiciones de aplicación preceptiva, que permiten que una mayoría calificada limite la capacidad de una minoría de hacer valer sus derechos tras el default.

También podrían eliminar la cláusula pari passu o disponer que ésta no se aplica a los bonos negociados en el mercado secundario e introducir disposiciones que impidan reclamar judicialmente el cobro de deudas adquiridas del modo que fuere a determinado valor inferior al valor nominal luego del default, el anuncio de una reestructuración o de un plan de rescate con quita.

Finalmente los gobiernos podrían impulsar y/o apoyar campañas en contra de estos fondos rapaces, iniciativas de divulgación de información sobre los mismos, sus directivos y asesores, sus prácticas y operaciones previas y actuales, y sus litigios, y crear mecanismos de intercambio de información que adviertan a otros del peligro de negociar con ellos, y eviten que puedan aprovecharse de países con problemas de deuda soberana, en particular de los países más pobres de la Tierra.

Notas:

[i] http://www.bbc.co.uk/news/business-15745003[ii] http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/8610062.stm[iii] http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/8610062.stm[iv] http://www.guardian.co.uk/business/2007/oct/22/debt.imf[v] http://www.guardian.co.uk/global-development/2011/nov/15/vulture-funds-how-they-work[vi] http://www.imf.org/external/np/vc/2002/011802.htm,[vii] http://www.imf.org/external/pubs/ft/series/03/IPS.pdf[viii] http://ny.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.19980806_0000406.sny.htm/qx[ix] http://ny.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.19980806_0000406.sny.htm/qx

http://www.politicapress.com/2011/12/%C2%BFque-son-los-fondos-buitres/