Congreso uruguayo sanciona ley de medios que busca evitar los monopolios
La Cámara de Representantes sancionó definitivamente este lunes el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobado el pasado 16 de diciembre en el Senado, que pretende evitar los monopolios y oligopolios en el sector.
La ley, apoyada por los votos de 50 de los 75 diputados presentes en la Cámara Baja, contó con el respaldo de la bancada oficialista de la coalición de izquierda Frente Amplio (FA) en su totalidad y el rechazo en bloque de la oposición, como ya ocurrió en el Senado.
El FA quiere con esta ley, cuestionada en diferentes puntos por la oposición, establecer la regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual.
En concreto, el Partido Nacional (PN) la considera «hiperdetallista» y «estatista», «monopólica» y violatoria del Derecho Internacional.
En una columna de opinión de El País, el expresidente Julio María Sanguinetti también criticó ayer la Ley de medios presentada por el Gobierno de José Mujica, a la que calificó de «revolver cargado sobre la nuca del periodismo independiente».
Este texto, conformado por 186 artículos, se presenta redactado «en medio de frondosas frases sobre garantías y libertades», afirmó el veterano político, quien añadió que se trata de una Ley «inconstitucional».
Mujica, por su parte, se expresó la semana pasada a favor del texto, al defender que no quiere «que Clarín -grupo mediático de Argentina- Globo -grupo brasileño- o Slim (Carlos) -empresario mexicano- se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay».
Según el artículo 106 del proyecto, las personas jurídicas aspirantes a titular de un servicio de comunicación audiovisual deberán cumplir, como mínimo, requisitos como «no ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero en la conducción de la persona jurídica licenciataria».
Además, el artículo 51 concreta que «es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la existencia y formación de monopolios y oligopolios en los servicios de comunicación audiovisual, así como establecer mecanismos para su control».
Durante esta jornada parlamentaria, se aprobó, asimismo, la nueva Ley Orgánica Policíal, un acuerdo con la República del Brasil sobre Intercambio de información tributaria, además del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, en una larga sesión en la que se encadenaron recesos y retrasos.
