Defensorías del Pueblo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela crearán mesas de trabajo de derechos de indígenas, afrodescendientes y migrantes
Las Defensorías del Pueblo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela decidieron crear mesas de trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas, afrobolivianos y personas migrantes.
Según un boletín de prensa de esa institución difundido el domingo, además acordaron implementar una serie de modificaciones al Estatuto del Consejo Andino de defensores del Pueblo (CADP).
Tales determinaciones fueron plasmadas en las conclusiones de un encuentro que duró dos días y que terminó el viernes.
El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, en esa reunión, ponderó el cumplimiento de los objetivos del encuentro al ratificarse el compromiso de continuar fortaleciendo el CADP y consolidar una agenda común que se traduce en los resultados alcanzados en cuanto a las acciones para prevenir la trata y tráfico de personas, el intercambio de experiencias para la prevención y gestión de conflictos socioambientales.
Así como la generación de niveles de acercamiento coordinación y la implementación de un modelo de planificación estratégica que permitirá hacer más eficiente el trabajo del organismo.
En lo referido a la trata y tráfico de personas, destacó la definición de un plan de acción consensuado para incidir en la formulación de políticas públicas de protección y eliminación o readecuación de barreras normativas que limitan la protección dentro y fuera de las fronteras compartidas.
En la segunda jornada del encuentro, el CADP realizó modificaciones a su estatuto en el que aprobaron 12 objetivos principales entre ellos el promover la defensa, cumplimiento y difusión de los derechos humanos en los países de la región andina; la autonomía e independencia de las Defensorías del Pueblo y sus titulares; el fortalecimiento institucional de las Defensorías del Pueblo.
Como también la solidaridad, la mutua cooperación y el auxilio recíproco; la coordinación de acciones para la promoción de los derechos humanos de las comunidades y personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, pueblos indígenas y comunidad afrodescendientes, personas privadas de libertad y personas migrantes de la región andina.
