Bolivia: presentan proyecto para prohibir a agresores de mujeres ejercer cargos públicos
«¡Queremos justicia. Basta de impunidad!”. Con ese grito cientos de mujeres y hombres de luto marcharon en repudio al feminicidio ayer, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Cinco ministras anunciaron un decreto supremo que impedirá que quienes tengan antecedentes de agresión sean funcionarios públicos.
«Ya no queremos más mujeres y niñas golpeadas, maltratadas psicológicamente y asesinadas”, enfatizó ayer la directora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), Mary Marca, en la marcha contra la violencia organizada por más de 60 instituciones junto a la Defensoría del Pueblo.
Más temprano, en un acto en la Vicepresidencia, las ministras de Justicia, Sandra Gutiérrez; de Autonomías, Claudia Peña; de Comunicación, Amanda Dávila; de Producción, Teresa Morales y de Transparencia, Nardy Suxo anunciaron un decreto para que personas con antecedentes de violencia intrafamiliar no puedan postular, ascender o ser contratadas como funcionarios públicos.
«Las ministras hemos planteado un decreto supremo para que no sólo los maestros y los policías -como se ha establecido-, sino también que los representantes de las Fuerzas Armadas, los servidores públicos y los candidatos denunciados por un hecho de violencia no puedan asumir cargos en ninguna de las entidades públicas”, afirmó la titular de Transparencia.
Su par de Comunicación, Amanda Dávila, puntualizó que con la norma los cargos ejecutivos en el Órgano Ejecutivo, Judicial y Legislativo estarán vetados a personas con antecedentes de violencia a la mujer. Destacó que cuando se promulgue la norma los ministerios, empresas del Estado e instituciones públicas deberán establecer el requisito en sus convocatorias a ascensos de categoría y contrataciones.
El decreto nace después de que los ministerios de Educación y de Gobierno anunciaron, el pasado viernes, que no podrían ascender maestros y policías con antecedentes, tal como informó Página Siete.
Por su parte, Suxo pidió a las empresas privadas que también asuman la misma medida para combatir la violencia desde la sociedad en su conjunto. Su par de Justicia, Gutiérrez, dijo que hoy entregarán la norma al presidente Evo Morales en Gabinete.
Recordó que desde marzo de 2013 -cuando se promulgo la Ley 348 Para Garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia- a la fecha, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) registró 26.000 denuncias. Por su parte el CIDEM informó que en el mismo periodo se registraron 115 casos de feminicidios.
En la marcha, que partió de la plaza del Bicentenario y llegó hasta El Prado, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, exigió a la Asamblea Legislativa conformar una comisión que resuelva los casos de feminicidio.
En la plaza Venezuela se realizó un plantón que comenzó con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de violencia. «Todos estamos de luto. Declaren alerta ya”, decían las pancartas. En la manifestación, la titular de Autonomías aclaró que aún no es posible emitir una alerta nacional por esta causa.
Testimonios
Marco Huanca
Hermano de víctima
Pido sentencia por mi hermana
El 31 de marzo de 2012 mi hermana fue estrangulada por su esposo. Ocurrió a la una de la mañana y al día siguiente como si nada él se fugó. Después de tres meses lo detuvieron. Ella era enfermera y desde que comenzó a convivir sufrió violencia. Ahora no hay una sentencia, pedimos justicia.
Elvira Gavincha Madre de víctima
Clamo por justicia
Mi hija ha muerto a golpes. Todo su cuerpo estaba con moretones, sus riñones estaban aplastados. Ella murió hace tres meses con hemorragia interna. Mi hija era joven y tenía toda una vida por delante, pero su pareja le quitó la vida, por eso clamo por justicia y 30 años de cárcel para él.
ONU Mujeres identifica 3 falencias en el sistema
Fallas en el registro e investigación durante los primeros siete días después de las denuncias, la insuficiente coordinación entre instituciones que recogen las quejas y la falta de tecnología en el ámbito judicial son las tres principales falencias del sistema ante una denuncia de violencia contra las mujeres, informó la representante de ONU Mujeres, Natasha Loayza.
Explicó que no hay coordinación entre los distintos operadores del ámbito judicial, la Policía, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM). «Eso hace que el trabajo que una institución realiza no sirva a otra”.
La falta de tecnología en las oficinas donde se reciben las denuncias dificulta aún más la atención de las quejas. «Aún se escriben con lápices y en cuadernos las denuncias. Eso hace que se borre la fecha y se pierdan datos”.
Esos factores sumados a fallas en la investigación convierten a Bolivia en uno de los países con mayores índices de violencia.
Por su parte, la viceministra de Salud, Ariana Campero, mostró el certificado médico único de violencia que se enviará a todos los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) para acelerar las denuncias, tal como informó ayer Página Siete.
La Alcaldía de La Paz lanzó la canción Más que una voz como parte de la campaña Cartas de Mujeres. Según la Alcaldía, en los SLIM en lo que va del año se atendieron a 2.300 víctimas. La mayoría entre 20 y 24 años.
