Aprueban comisión bicameral para investigar crimen de periodista y narcopolítica
La Cámara de Diputados aprobó ayer, igual que antes lo hizo el Senado, la creación de una comisión bicameral para investigar el asesinato del periodista Pablo Medina y de Antonia Almada, así como los vínculos de la mafia en la política. La próxima semana ambas cámaras designarían a sus miembros.
A pesar de algunas críticas a la redacción de la resolución, la comisión bicameral fue aprobada en la Cámara Baja por unanimidad.
De acuerdo al documento, el organismo estará integrado por tres senadores y tres diputados. La designación de los mismos correrá por cuenta de la mesa directiva, a propuesta de los líderes de bancada, según se acordó.
La resolución establece un plazo de 45 días para que la comisión eleve un informe a cada una de las cámaras sobre sus actividades, que incluirá el estado en que se encuentren las investigaciones.
Diputados de distintas ancadas, como los colorados Ramón Romero Roa, Mario Soto Estigarribia y el liberal Eusebio Alvarenga, destacaron la importancia de que esta comisión colabore con las investigaciones por la trascendencia nacional e internacional de lo ocurrido y por estar en juego además un ataque directo a la libertad de expresión.
Los diputados liberales, Celso Kennedy y Víctor Ríos, expresaron reparos a la creación de esta comisión por el hecho que existe una investigación fiscal y judicial y pueden producirse colisiones y se podría llegar a conclusiones no deseadas.
En el mismo sentido, Hugo Velázquez (ANR), presidente de la cámara, dijo que la redacción de la resolución no era “la mejor”, pero desestimó la posibilidad de hacerle modificaciones al texto, ya que eso retrasaría nuevamente por 15 días la creación de la comisión. Indicó que era necesario dar un mensaje claro a la ciudadanía de que la clase política tiene la decisión de investigar y echar luz sobre lo ocurrido.
El diputado colorado Bernardo Villalba dijo que la Constitución Nacional da atribuciones a las cámaras del Congreso para la creación de comisiones de investigación y que no debería colisionar con la investigación de las autoridades judiciales, sino que, al contrario, pueden cooperar.
También el diputado Soto Estigarribia, presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, dijo que evaluaron la posibilidad de aclarar que la comisión no hará una investigación judicial de los hechos. Sin embargo, concluyeron que la resolución estaba respaldada por el texto constitucional, por antecedentes de otras comisiones creadas en el pasado y que además no era conveniente retrasar la puesta en marcha de la comisión.
El diputado Romero Roa, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, destacó la importancia de que la cámara asuma una postura política en este caso, en el sentido de buscar que los crímenes ocurridos en Canindeyú sean aclarados y que los organismos judiciales sientan el apoyo del Poder Legislativo. En ese sentido, dijo que quienes integran la comisión bicameral deberán estar en contacto y coordinación con los responsables de la investigación.
Velázquez instó a los líderes de las bancadas de proponer a sus representantes en la próxima reunión de mesa directiva, de tal manera a oficializar las designaciones para la siguiente sesión ordinaria.
Preocupa infiltración
La infiltración del crimen organizado en el ámbito político y las instituciones del Estado constituye una preocupación especial para los congresistas, según coincidieron el diputado liberal Amado Florentín, vicepresidente primero de la Cámara Baja, y el colorado Ramón Romero Roa.
Ambos apuntaron al hecho de que el principal sospechoso del crimen tiene vinculación directa con la política y que hay una preocupación genuina de la ciudadanía sobre ese punto.
Exigen juicio a Núñez o que renuncie
Tras marchar hasta el Palacio de Justicia, varios gremios de periodistas pidieron al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, que se someta al juicio político si este se da, o en su defecto que renuncie “en el más breve plazo posible”.
Ello porque su figura “es incompatible con las normas y procedimiento jurídicos”, según una nota presentada ayer por el Sindicato de Periodistas del Paraguay, el Foro de Periodistas Paraguayos y la Coordinadora de Periodistas en Alerta.
En el escrito se acusa a Núñez de pretender aplastar el derecho al ejercicio del periodismo libre y al derecho del ciudadano a informarse.
Ello con referencia a las críticas realizadas a la labor del asesinado periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada.
En el escrito entregado en la mesa de entrada del Palacio se señala además que “para confundir a la opinión pública, Núñez se presenta como perseguido político”, pero sin dar datos al respecto.
La marcha se inició frente al diario ABC y contó con la participación de personal de dicho medio y el acompañamiento de periodistas de otros sectores.
Se hizo una breve pausa frente al monolito de Santiago Leguizamón, sobre la calle Carlos Antonio López, y culminó frente al Palacio de Justicia, donde se metió por mesa de entrada una carta dirigida a Víctor Núñez.
Justicia para Pablo. Durante la marcha se pidió “justicia para Pablo” y “que renuncie Núñez”.
También se hizo referencia a la narcopolítica y sus protectores en los diversos estamentos del Estado, y se resaltó que hasta ahora no se detuvo a los autores del crimen.
