México: incidentes en nueva marcha por los estudiantes desaparecidos y universitarios llaman a paro
Palacio de Gobierno destruido. Trabajadores retenidos. Normalistas y burócratas enfrentados a pedradas. Caos. Carro incendiado. Policías antimotines replegados. Acoso de helicóptero de la Fiscalía. Maestros cetegistas y antimotines midieron fuerza a empujones. Sótano de Palacio Municipal arruinado.
Todo ocurrió hoy en la jornada de protestas, al día 16 de la violencia desatada en Iguala, que se resume en el ataque a normalistas de Ayotzinapa por policías municipales, con el saldo de seis personas muertas, 24 heridas, y 43 normalistas desaparecidos. La demanda de presentación con vida de todos ellos genera la protesta en Palacio de Gobierno.
A las 11 de la mañana, normalistas tomaron Palacio de Gobierno, con la consigna de no dejar entrar ni salir a nadie. Eran unos 2 mil empleados, y no más de 200 normalistas, acompañados por padres y familiares de sus 43 compañeros desaparecidos, que llegaron en ocho camiones de las empresas Estrella de Oro y Estrella Blanca.
Sólo algunos trabajadores pudieron salir antes. Uno de la Secretaría de Gobierno, diría más tarde, en el conteo del saldo en el inmueble del Ejecutivo, que vieron cómo el personal de la Secretaría de Finanzas se anticipó a la protesta, porque la dinámica conocida es que Gobernación avisa a la Dirección de Personal de cada manifestación.
Cerca de las 14 horas el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) de la entidad, Ramón Navarrete Magdaleno, acudió a Palacio de Gobierno, dijo, por la llamada de las mujeres trabajadoras. Acordó con los normalistas que pudieran salir las mujeres, niños, y personas con discapacidad. Salieron tres largas hileras de personas que inició a formarse desde las 13 horas.
Dos horas y media transcurrieron sin novedad de la protesta. Pero al rozar las cinco de la tarde, los trabajadores varones se arremolinaron en la puerta trasera de Palacio de Gobierno, la que da salida a la calle que se crea con el costado de la tienda de autoservicios Soriana. Para ese momento, la presencia de normalistas de ese lado escaseaba: un grupo importante incendiaba una camioneta repartidora de Bimbo, en la lateral del encauzamiento Huacapa, frente al Instituto Tecnológico de Chilpancingo. Así replegaron a las decenas de centenas de antimotines que llegaban de ese lado.
Los trabajadores rompieron el cerco de cadenas y carritos del súper sobre las puertas. Algunos, quienes encabezaban, se veían como si estuvieran molestos, quizá por las horas de encierro. Los normalistas se juntaron para frenarlos y alguien, del lado de los burócratas, ya en la calle, lanzó una botella de vidrio e inició el enfrentamiento a pedradas. Duró menos de cinco minutos. Una maestra de la Ceteg se puso en medio de los normalistas y burócratas, y a gritos dirigiéndose a los trabajadores, paró el enfrentamiento: “¡Déjenlos!, ¡Déjenlos!, ¡Porquerías!”.
Los normalistas, dispersados los trabajadores, y el inmueble libre por completo, volvieron a la carga: las piezas de adoquín de las jardineras las convirtieron en al menos cuatro piedras, las cuales arrojaron en los cristales, primero, desde afuera, los edificios que dan a la calle; después, a todos, los siete que llevan por nombre cada una de las siete regiones del estado, desde adentro.
Una comisión de normalistas cuidó la puerta de rejas para que nadie entrara, pero entre los espacios entre una y otra se vio cómo arrojaban cuanto objeto se encontraron. La puerta de cristal del edificio Centro, el de las oficinas y salas que ocupa el gobernador Ángel Aguirre Rivero, cedieron hasta el final y con mayor golpes de piedras.
De afuera sólo se escuchaba los objetos estrellarse al piso y detonaciones más intensas a los cohetones que lanzaban cuando iniciaron la toma de Palacio de Gobierno, o a los que lazaban en dirección al cielo cada vez que veían acercarse al helicóptero de la Fiscalía General de Justicia que rodeó el perímetro de protesta.
El humo y objetos quemados al centro de la explanada del edificio gubernamental adelantaban más. Incendiaron el edificio Tierra Caliente por completo, se comprobó una vez el paso libre. Todos los demás, con todos los vidrios rotos.
En el edifico incendiado, funcionaban el Copladeg, Contraloría Interna, Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y oficinas de la Sedeso.
Bomberos, policías estatales y antimotines llegaron a Palacio de Gobierno a apagar el fuego. También salió del edificio Acapulco el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, en dirección al edificio Centro, al que entró apresurado, al parecer para evitar a reporteros que buscaban una entrevista. Logró evitarlos. Unos cinco minutos después llegaron decenas de antimotines, y formaron una hilera frente a ese edificio, como si protegieran al funcionario.
Los bomberos terminaron de hacer el trabajo fuerte: apagar la furia de una protesta nunca antes en el pasado reciente documentada.
Ceteg allanó el camino
Las protestas de hoy las iniciaron los maestros de la Ceteg en el Congreso del estado, donde los diputados entregaban la presea Eduardo Neri a la ex diputada Guadalupe Gómez Maganda, por su “destacado trabajo legislativo”.
Los maestros se encontraron con una barricada de policías antimotines que cuidan desde hace varios días la sede del Poder Legislativo. Intentaron entrar por la fuerza: con el esqueleto de una valla metálica empujaron a los policías protegidos con sus escudos y cascos, y les arrojaban piedras que después les regresaban los uniformados.
Los maestros para entonces habían incendiado una bodega del Congreso o antiguo espacio de cajero automático, de donde salía un humo espeso que dramatizó el ambiente. El contingente magisterial de algunas decenas se retiraron, hicieron parada en la delegación de la PGR para exigir resultados de la investigación del caso Iguala, y se trasladaron a la autopista del Sol y tomaron la caseta de Palo Blanco.
Más tarde se sumaron a Palacio de Gobierno, pero al igual que los padres sin participar en su destrucción. Palacio Municipal, sí fue por su cuenta.
Estudiantes de la UNAM llaman a paro y movilizaciones en solidaridad con Ayotzinapa
Estudiantes de escuelas de la UNAM convocaron a un paro de labores de 48 horas el próximo martes 14 y miércoles 15 de octubre como parte de su plan de acción para exigir la presentación con vida de los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa desparecidos el 26 de septiembre pasado.
Se prevé la visita de normalistas sobrevivientes al ataque de la policía municipal de Iguala a Ciudad Universitaria el 15 de octubre como parte de sus acciones de vinculación con universidades.
En un comunicado emitido este lunes 13 de octubre, los estudiantes de 11 facultades y cuatro instituciones de educación media superior, informaron que realizarán una movilización nocturna el 22 de octubre del Ángel de la Independencia al Zócalo. Además, se concentrarán frente a la PGR el 15 de octubre, a las 16:00 horas, para exigir una investigación justa y castigo a los responsables.
Asimismo, prevén continuar la movilización para conseguir un segundo paro de 48 horas en las escuelas para el miércoles 22 y jueves 23 de octubre.
Las facultares e instituciones de educación media superior de la UNAM que se irán a paro el 14 y 15 de octubre son:
CCH Azcapotzalco, CCH Sur, ENP 2, ENP 3, Escuela Nacional de Trabajo Social, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Economía, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ingeniería, Facultad de Psicología, Facultad de Química, FES Aragón, FES Zaragoza.
La impunidad que subsiste en Guerrero viene desde la guerra sucia: Comverdad
En vísperas de que se dé a conocer el informe final de la Comisión de la Verdad (Comverdad) sobre las secuelas de la guerra contrainsurgente en Guerrero entre 1969 y 1979 –mañana en Chilpancingo–, los comisionados Pilar Noriega García y Nicomedes Fuentes García reflexionan sobre la situación actual en ese convulso estado: La impunidad que subsiste hoy se gestó desde aquellos años
.
Durante 30 meses, cinco comisionados –el presidente, Enrique González Ruiz; Aquiles González, Hilda Navarrete, Pilar Noriega y Nicomedes Fuentes, este último secretario– removieron viejos archivos, hicieron excavaciones y peritajes, realizaron foros en las comunidades afectadas por los años de conflicto, para generar confianza, y encontraron, nos cuenta Nicomedes Fuentes, que a pesar de las cuatro décadas transcurridas, en las comunidades afectadas y entre los sobrevivientes subsiste el miedo.
Pero al final fue más fuerte la necesidad de saber qué fue lo que pasó, dónde quedaron sus padres, sus esposos y hermanos. Y pensar que todo esto lo podríamos obviar solamente si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se decidiera a contar la verdad, que diga qué pasó y precise lo que seguramente sabe: dónde quedaron las personas de las que nunca se volvió a saber nada
. Fuentes García fue preso político en los años sesenta, y al salir libre pasó a la clandestinidad y se sumó a la lucha armada de aquellos tiempos.
Vuelos de la muerte
Entre las novedades que aporta el informe de Comverdad destacan las evidencias desconocidas hasta ahora sobre los vuelos de la muerte
, en los que militares arrojaron al océano Pacífico a opositores y presuntos guerrilleros en el contexto de la guerra contrainsurgente.
Logramos obtener declaraciones de testigos que hasta ahora no habían declarado, tanto sobrevivientes como pilotos que participaron en esos vuelos, que amplían las versiones que hasta ahora se conocen
, adelanta la penalista Pilar Noriega García.
Estas declaraciones, cotejadas con la línea de tiempo y las rutas del conflicto armado que se reconstruyeron con centenares de documentos internos de la Sedena y otras instituciones, confirman y amplían una narración –recopilado en el libro Obligado a matar– sobre estosvuelos de la muerte
revelada hace 26 años por el militar desertor Zacarías Osorio durante un juicio para obtener asilo en Canadá.
Comverdad agrega a la narrativa de lo sucedido esa década tres nuevos relatos: los de dos sobrevivientes y de un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, que revelan detalles hasta ahora desconocidos, minuciosamente descritos
, sobre los sobrevuelos que llevaban a bordo presos políticos que eran arrojados al mar.
Son descripciones minuciosas sobre la forma de operar, sobre cómo los aviones descendían para tirar los cuerpos, cómo los vuelos recorrieron mayor distancia mar adentro y los militares empezaron a meter a las víctimas en sacos de ixtle llenos de piedras. También cuando en las comunidades costeras algunos restos empezaron a aparecer, que en un momento evaluamos la posibilidad de realizar una búsqueda en el lecho marino en determinados lugares. Pero después de consultar con buzos profesionales desistimos, ya que las posibilidades de encontrar algo eran mínimas y el costo era altísimo
, aclaró Noriega García.
Durante 30 meses, los investigadores de Comverdad sufrieron amenazas de muerte, saqueos a sus oficinas, incluso un atentado con armas de fuego contra la vida de dos de ellos, la penalista Pilar Noriega y Nicomedes Fuentes.
En el último semestre, el Congreso estatal suspendió la entrega del presupuesto asignado por ley para su operación en la fase final. Fue justamente después de una exhumación en la comunidad de El Posquelite, en Coyuca, que dio positivo en el hallazgo de los restos de un guerrillero muerto.
A lo mejor los señores diputados ya no se sintieron tan comprometidos con el tema de la verdad histórica cuando empezaron a ver que aparecían algunas verdades que todavía son incómodas. Pisamos callos, y no sólo metafóricamente
, agrega Noriega García.
La fecha del hallazgo en El Posquelite (junio de 2014) coincidió con un atentado que sufrieron Fuentes García y la abogada Noriega García en la carretera entre Iguala y Chilpancingo.
Si hubiéramos tenido fondos suficientes, probablemente habríamos encontrado más restos. La verdad es que por esa negativa de entregar la última partida presupuestal muchas líneas de investigación quedaron pendientes. No se pudo llegar a fondo
, lamenta Fuentes García.
Crímenes de lesa humanidad
El reto central de Comverdad, señala Pilar Noriega, será demostrar que en la década de los años 70 del siglo pasado en México, y especialmente en Guerrero, hubo represión masiva y generalizada y que la serie de esos delitos cometidos por militares y policías estatales y federales constituyen, jurídicamente, crímenes de lesa humanidad que tendrán que ser materia de juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
El informe documenta 463 casos de severas violaciones al derecho humanitario, que comprenden 24 ejecuciones sumarias, 230 desapariciones forzadas y –algo que ninguna de las averiguaciones previas tomó en cuenta– 205 casos de sobrevivientes de desaparición forzada, es decir, de personas que pasaron largas temporadas en cárceles clandestinas del Ejército y lograron salir con vida.
“Demostramos, con peritajes, exhumaciones, análisis de documentación oficial, correspondencia interna de la Sedena y nuevos testimonios, que se cometieron masivamente delitos que no han prescrito, a pesar de que han pasado entre 35 y 45 años. Probamos que todos –detención ilegal, desapariciones forzadas o transitorias, tortura, ejecuciones extrajudiciales– tienen derecho a reparación del daño, según el criterio de la Coidh”, puntualiza.
Se rastrearon y digitalizaron centenares de expedientes depositados en el Archivo General de la Nación de los fondos de las extintas Dirección Federal de Seguridad, Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, así como de la Sedena y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Fueron consultadas 28 tesis académicas relacionadas con los hechos en Guerrero de 1960 a 1980.
En los momentos más críticos del conflicto se estima que fueron destacados hasta 24 mil soldados para combatir a la insurgencia y controlar a la población en las zonas donde ocurrían operaciones militares.
Se reconstruyeron las rutas de operativos castrenses, como el denominado Plan Telaraña, para el control de poblaciones, desplegado de abril a junio de 1971 y descrito en más de 100 escritos y mapas militares.
En el cruce de datos entre estos operativos contrainsurgentes y las evidencias de violaciones a los derechos humanos se trata de identificar si el Ejército se abocó únicamente a combatir a los grupos guerrilleros o si además atacó y causó daño a comunidades sin presencia rebelde.
Se establecieron 18 rutas en las que se produjeron incidentes de este tipo. Se documentaron los hechos con 373 testimonios, tanto de familiares de víctimas como de sobrevivientes de desaparición forzada. A estos testimonios se agregaron 10 casos documentados profusamente en investigaciones anteriores.
En 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que durante la guerra sucia en México se registraron 536 casos de desaparición forzada. Sólo en Guerrero se registra la mayor parte, con 332. Sin embargo, en este informe no se tomaron en cuenta los casos de cientos de sobrevivientes de desaparición forzada.
