La presidenta promulga el nuevo Código Civil y Comercial y anuncia reformas al Procesal
“Es un producto cultural de la democracia” – Por Nicolás Lantos
Por primera vez en su historia, la legislación argentina contará con un Código Civil y Comercial unificado, que reemplazará, desde el 1º de enero de 2016, a los compendios de normas redactados por Dalmacio Vélez Sarsfield hace más de un siglo y remendados desde entonces por incontables leyes y decretos. “Es un producto cultural profundamente argentino, hijo de la democracia, ya que no pertenece a ningún partido político, y totalmente moderno, porque incorpora los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tal como manda la Constitución Nacional”, celebró la presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de estampar la firma que promulga el flamante texto, ayer por la tarde, en un acto en el Museo del Bicentenario. Allí, además, anunció el envío al Congreso para su tratamiento de un nuevo Código Procesal Penal para todo el país, con el ánimo de unificar los criterios de ejecución judicial en materia delictiva en todas las provincias, cambiando un modelo inquisitivo por uno acusatorio, que permitirá reducir los tiempos y hacer más eficientes a los tribunales.
“Un día histórico”, lo definió Fernández de Kirchner al comenzar con su discurso. El lugar elegido, la ex Aduana Taylor, reservada para grandes anuncios, así lo daba a entender. También la decoración (detrás de ella había un retrato de Eva Duarte y Juan Perón que utiliza en contadas ocasiones) y la presencia a su lado de varios gobernadores, incluyendo a los presidenciables Daniel Scioli (Buenos Aires) y Sergio Urribarri (Entre Ríos), además de gran parte del gabinete y la presencia en primera fila de jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a su titular, Ricardo Lorenzetti, sentado en un lugar central, codo a codo con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
También estaban allí las otras dos encargadas de lo que fue la confección del anteproyecto: la jueza del máximo tribunal Elena Highton de Nolasco y la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci. Ellos fueron quienes trabajaron, por pedido de la Presidenta, durante un año, para redactar la primera versión del texto, que entregaron en marzo de 2012. Tres meses más tarde el Ejecutivo lo envió al Congreso, que se tomó más de dos años para analizarlo en una comisión bicameral, conformada por treinta legisladores de todas las procedencias políticas, mientras se debatía, en simultáneo, en audiencias públicas en todo el país. El Senado, tras introducir más cambios, le dio media sanción a fines del año pasado y hace una semana fue aprobado por los diputados. Aun así, todos los partidos de la oposición se levantaron de sus bancas a la hora de dar el debate, alegando un tratamiento a libro cerrado y de carácter “express”.
Al respecto, Fernández de Kirchner sostuvo que “no hay tratamiento en el mundo más participativo” que el que tuvo este proyecto, que finalizó con cientos de correcciones respecto del primer borrador. El nuevo código, que es “el instrumento más importante que rige la vida cotidiana” de los ciudadanos argentinos, viene a reemplazar “instrumentos que databan de la época de las carretas en un mundo tan vertiginoso que exigía cambios”. El nuevo compendio tuvo también una “interacción profunda y federal incluyendo 18 audiencias públicas en todo el país”, que se transmitieron en vivo para ser seguidas por los miembros de la bicameral y desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyas máximas autoridades escoltaron ayer a la Presidenta durante el acto.
Además, agregó CFK, “el proyecto que hasta ahora regía fue elaborado por Vélez Sarsfield y aprobado por el Congreso sin debate y a libro cerrado”, mientras que la principal reforma que había tenido en casi un siglo y medio se llevó a cabo “durante la dictadura de Onganía” y, en cambio, el actual texto es “hijo de la democracia”. Por eso, “hoy la sociedad argentina tiene una gran madurez y exige reglas que tengan esa madurez”, agregó. Sobre el final de su discurso, además, apuntó contra los diputados opositores que abandonaron la Cámara baja para no formar parte del debate sobre el nuevo Código: “Lo valioso del sistema no es dejar un espacio vacío, es llenarlo de ideas, de debate, y luego someterse a la decisión de la mayoría. Se puede ganar o perder, pero no se puede seguir hablando de democracia, no se puede seguir hablando de respeto, no se puede seguir hablando de instituciones, cuando no se respeta lo que decide una mayoría que surge de la voluntad popular, del pueblo que se ha expresado en las urnas”, señaló.
La Presidenta también destacó el carácter “auténticamente argentino”, “hijo de la democracia” y “totalmente moderno” del nuevo texto, en contraposición con el origen foráneo de los fundamentos de la versión redactada por Vélez Sarsfield. “Aquel Código tuvo una tradición europea. Este une la tradición europea con nuestra propia cultura, nuestras propias necesidades, nuestras propias vivencias, nuestras propias experiencias”, manifestó. Otro punto que destacó es que el Código Civil y Comercial promulgado ayer simplifica el que regía hasta ahora, que tras casi un siglo y medio de emparches, contaba con más de cuatro mil artículos, y resaltó la importancia de alcanzar un resultado de “fácil lectura, fácil comprensión y acceso” para que no sea sólo comprensible por los especialistas. “Los derechos deben poder leerlos quienes deben ejercerlos”, manifestó Fernández de Kirchner.
Entre los cambios más importantes, señaló que el nuevo texto “incorpora el principio de igualdad y el de diversidad”, lo que se evidencia en las leyes de identidad de género, matrimonio igualitario, y en la aparición de nuevos sujetos de derecho. También adopta un “paradigma no discriminatorio” que “incorpora al niño, la mujer y las personas con capacidades diferentes” así como los derechos colectivos, ausentes en un original guiado por una mentalidad de época profundamente liberal. “El único bien que reconocía era la propiedad privada, mientras que ahora reconoce también el cuerpo, los órganos y los genes”, agregó CFK, que también hizo énfasis en las “nuevas formas y contratos”, incluyendo la creación de sociedades unipersonales, la protección de la moneda nacional, y la regulación de relaciones “entre los débiles y los poderosos”, como las que rigen la defensa del consumidor.
Entre las mejoras que impactarán en el ámbito de lo privado, hizo hincapié en la incorporación de la figura de unión convivencial, además del matrimonio igualitario. También en los cambios en las leyes de divorcio y adopción y en el reconocimiento de “la voluntad procreacional”, que abre la puerta a la aplicación de técnicas de fertilización asistida. Al haber sido adaptado a los tratados internacionales de orden constitucional, el texto incorporó los derechos del niño y de la infancia, que no existían en el original. “Si hay algo en lo que el Estado no puede intervenir es en las decisiones íntimas de las personas”, explicó la Presidenta.
Por último, anunció el envío al Congreso para su tratamiento de un nuevo proyecto de Código Procesal Penal, que es “una demanda de toda la sociedad” ante la “deficiencia de resultados” del Poder Judicial en esa materia. El nuevo sistema, que reemplaza el redactado por el ex juez de la Corte Suprema Ricardo Levene en 1991, transforma el proceso de inquisitivo (la investigación la lleva adelante el juez) en acusatorio (la investigación la lleva adelante el fiscal) lo que, en palabras de Fernández de Kirchner, “agiliza todo” porque “el actual no está funcionando”.
En ese sentido, destacó la longitud de los procesos penales, cuatro años en promedio, y la efectividad: de cada cien procesados, hoy sólo treinta son condenados, cuando la media mundial es de setenta. “Con esto queremos dar respuesta a un pedido de la ciudadanía sobre la Justicia, que no pasa por mano dura o por mano blanda sino por tener los recursos adecuados”, explicó, ante la mirada atenta de Lorenzetti, para concluir con una parábola: “Pero aun cuando los recursos son adecuados y el quirófano es bueno, si el cirujano no sabe o no quiere hacer las cosas bien, la operación no tiene éxito”.
La otra reforma que se viene
La Presidenta anunció que enviará la iniciativa al Congreso. Se acortan los plazos y se pasa al sistema “acusatorio”, en donde investiga el fiscal y no el juez. Las audiencias serán orales y quedarán grabadas. También se contempla el juicio por jurados.
El proyecto de reforma del Código Procesal Penal que Cristina Kirchner tiene entre manos permite imaginar que tarde o temprano deje de existir la historia de los juicios que demoran diez, quince o veinte años. Los jueces tendrán que trabajar en vivo y en directo en audiencias orales a la vista de todos, que serán filmadas, y ya no manejarán las investigaciones, algo que harán los fiscales bajo el formato de un sistema acusatorio. Es decir, el que investiga no podrá ser el mismo que juzga. Habrá un límite de un año de duración para toda pesquisa inicial y ninguna causa debería durar más de tres. Plazos cortos para los planteos y recursos, que suelen ser el mayor motivo de demora. Las víctimas también podrán tener intervención en el proceso y acusar si la fiscalía desiste. La agilidad y la inmediatez son dos conceptos centrales de la propuesta. Si se consiguen sentencias más prontas, se espera que eso reduzca el índice de prisión preventiva, ya que quienes estén presos estarán condenados. Los criterios para detener a alguien son iguales que ahora. Está previsto el juicio por jurados.
La agenda judicial de los últimos días ofrece, con el caso del Megacanje, un ejemplo contundente de cómo falla el sistema procesal actual y de su capacidad de generar impunidad, en especial para los poderosos. Al pedir la pena para Domingo Cavallo en el juicio oral por negociaciones incompatibles, la fiscal dijo que la morigeraba porque había pasado mucho tiempo desde los hechos, en 2001, y que el ex ministro había vivido la condena social. El tribunal directamente lo absolvió. Para peor, la acusación había sido elevada a juicio en el 2007: o sea, hubo siete años de instrucción y otros siete el expediente estuvo estancado en un tribunal oral. En el camino fueron desvinculados todos los directivos de bancos beneficiados por el canje y sobreseídos por prescripción los funcionarios. No es que el Código actual no fije plazos ni exigencias, sino que habilita que nadie los respete, artilugios legales mediante. El paso del tiempo conspira contra la preservación de pruebas y los relatos inmediatos, somete tanto a imputados (a veces por decisión de sus defensores) como a víctimas a procesos interminables, que incluso pueden prescribir sin más precisamente por su extensión.
Buena parte de las provincias argentinas ya tienen un código procesal acusatorio, pero a nivel nacional nunca se pudo avanzar políticamente en la discusión. En el Poder Judicial hay consenso en la necesidad de una reforma procesal. El código actual es de 1991 y si bien incorporó los juicios orales, mantuvo una etapa de instrucción de formato inquisitivo, donde el juez hace todo: investiga y se controla a sí mismo. Esto ha impedido o disuadido la existencia de una política criminal para todo el sistema de Justicia, donde cada cual atiende su juego.
El proyecto de nuevo Código Procesal fue elaborado en el Ministerio de Justicia y combinó diseños variados de distintos proyectos de larga data (entre ellos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, del ex diputado Oscar Albrieu, un modelo elaborado por el jurista Julio Maier y de comisiones de años atrás del Ministerio de Justicia). Tiene 347 artículos (el actual 535) y otra lógica completamente distinta. Un proceso habitual funcionaría así: el/la fiscal inicia una investigación ante un posible delito (puede hacerlo de oficio, por denuncias o presentaciones policiales); luego lo formaliza ante el juez/a, que le dirá si avala que “hay caso” para analizar. La fiscalía puede presentar las primeras pruebas y, según el caso, dictar prisión preventiva o no. Ahí empieza la investigación preliminar, que no puede durar más de un año, lapso que se duplica si lo que están en juego son delitos complejos. Luego formula la acusación con todas las evidencias recolectadas y comienza la etapa de juicio oral. Una ley aparte definirá si es el mismo fiscal el que continúa con la causa. De este modo, dejarán de existir dos momentos que hoy se consideran cruciales: la indagatoria y el procesamiento. El imputado puede declarar cuando quiera o el fiscal citarlo cuando lo decida. Todo termina en condena o absolución, a lo sumo en tres años.
Todo el procedimiento estará reglado por plazos. Apenas se utilizarán papeles, ya que todo se hará en audiencias de las que quedará registro audiovisual. Los criterios de la prisión preventiva seguirán siendo los mismos que ahora: se dicta cuando hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, y se tiene en cuenta la naturaleza del hecho (una cosa es un hurto, otra un homicidio) y la pena en expectativa (posible). Algunos de los proyectos más garantistas apuntaban a quitar estos dos últimos, pero el Gobierno decidió mantenerlos. Si los juicios son realmente rápidos, no tendrían por qué discutirse excarcelaciones.
El texto prevé múltiples mecanismos de abreviación. En casos de flagrancia (en que una persona es sorprendida mientras comete o intenta cometer un delito), se habilitan acuerdos para ir directamente a juicio en pocos días si se dispone de las pruebas.
Los fiscales, en sus investigaciones, podrán guiarse por el “principio de oportunidad procesal”. Esto implica que podrán renunciar a acusar en casos en que consideren que no tiene sentido, como los casos insignificantes. Los jueces serán garantes, jueces de garantía. El Ministerio Público de la Defensa tendrá facultades para generar investigaciones propias y mecanismos útiles para su defensa. Las asociaciones y fundaciones podrán ser querellantes en la investigación de delitos de lesa humanidad. Las víctimas podrán tener un papel activo en las investigaciones. Estarán facultadas para acusar cuando el fiscal no lo haga. Podrán intervenir incluso en la audiencia previa al egreso de un condenado.
Está prevista la participación de la ciudadanía en los procesos judiciales a través del juicio por jurados, que en rigor está establecido en la Constitución, pero nunca fue implementado a nivel nacional sino sólo en algunas provincias. Los jurados populares están enunciados en el proyecto, pero deberán implementarse en una ley especial.
