Gobierno y oposición preparan propuestas para modificar la Ley Antiterrorista
La próxima semana, el gobierno y la oposición mostrarán finalmente sus cartas para modificar la legislación antiterrorista.
Si bien ha existido un diálogo entre el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y senadores opositores y oficialistas, cada grupo presentará sus propuestas por separado.
Sin embargo, ya hay algunas medidas sobre las que existe consenso. Así, una de las novedades que incorporará la propuesta gubernamental, que cuenta con respaldo de la Alianza y de la Nueva Mayoría, es reforzar el rol de los agentes policiales encubiertos, de los informantes y de los testigos protegidos en el combate a la actividad terrorista, para poder recoger elementos probatorios en un juicio.
Hoy, estas actividades secretas están permitidas en la legislación. Incluso, los agentes encubiertos pueden ser empleados para detectar riesgos de terrorismo, siempre y cuando se trate de policías con autorización de un tribunal. Pero este instrumento casi no es usado, porque los tribunales no consideran válidas las pruebas (testimonios, registros de video o audio) que se recolectan en actividades encubiertas.
Sólo en la legislación para combatir el narcotráfico existen este tipo de herramientas, practicadas por policías bajo la autorización de un juez, y con suficientes atribuciones para recoger elementos probatorios en un juicio. Por eso, la idea del Ejecutivo es asimilar esa misma alternativa en la investigación por delitos terroristas.
Sin embargo, la propuesta gubernamental contempla algunas restricciones. Estas pruebas deben quedar en un registro secreto del Tribunal de Garantía, a través de un sobre sellado que debe ser entregado en un plazo acotado. Si no se cumplen esos requisitos, las pruebas no serán válidas.
El senador independiente Pedro Araya dijo que simplemente se debe aplicar la misma norma que existe en la Ley de Drogas en la legislación antiterrorista, pero aclaró que esto no está relacionado con el debate para reforzar las facultades de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), a la que también se le pretende dotar de agentes especiales. “Estamos hablando de carabineros o funcionarios de Investigaciones, que actúan a petición del Ministerio Público y autorizados por un tribunal. No estamos hablando de operaciones de inteligencia, porque eso es materia de otra ley”, dijo Araya.
El senador RN Alberto Espina expresó que los agentes encubiertos para enfrentar el terrorismo son una medida que ya habían solicitado al gobierno. “Vamos a incluir los agentes encubiertos y los informantes. Lo que se establece es que los tribunales puedan ponderar las pruebas tomadas por agentes encubiertos, considerando que serán policías”, sostuvo Espina, quien agregó que el lunes entregarán su propuesta final al ministro Peñailillo.
Cambios discutidos
A pesar de que las actividades encubiertas (siempre que sean de policías y visadas por un tribunal) concitan un respaldo amplio, hay otros cambios legales que propondrá el Ejecutivo que generan discusión.
Entre ellos figura la idea de eliminar la Ley de Conductas Terroristas, creada durante el régimen militar, y traspasar toda la legislación antiterrorista al Código Penal. Este hecho, sin embargo, requiere de un cambio a la Constitución (ya que la Ley de Conductas Terroristas es aludida en la Carta Fundamental).
En esa línea, un cambio de esa naturaleza necesitaría un acuerdo amplio, que incluya a la oposición, ya que los votos de la Nueva Mayoría no son suficientes.
Bachelet destaca cambios a ley
En medio de la promulgación de la Ley de Aumento de Dotación de Personal de la PDI, la Presidenta Michelle Bachelet destacó ayer el próximo envío al Congreso del proyecto que modifica la Ley Antiterrorista.
“Lo fundamental es que estamos trabajando para que nuestro país tenga una normativa moderna, legítima, pero a la vez eficaz”, dijo la jefa de Estado.
La iniciativa -que ingresaría a trámite el martes, a través de la Comisión de Constitución del Senado- plantea poner fin a una legislación especial e incorporar la figura de delito terrorista en un capítulo del Código Penal.
“En Chile no hay espacio para quienes pretenden amenazar el sistema democrático y el derecho de nuestros compatriotas a vivir en paz”, agregó la Mandataria.
